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Miller Armín Dussán Calderón

ASOQUIMBO

PESCADORES DEFIENDEN EL TERRITORIO Y SUS DERECHOS

PESCADORES DEFIENDEN EL TERRITORIO Y SUS DERECHOS

Neiva, junio 25 de 2011

 

Doctora

BEATRIZ URIBE BOTERO

Ministra de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial

CARLOS CASTAÑO URIBE

Viceministro de Ambiente

LUZ ELENA SARMIENTO

Directora de Licencias, Permisos y Trámites Ambientales

 

Referencia: Derecho Petición Extensión medidas preventivas (Resoluciones 1096 de MAVDT y 1346 de la CAM del 14 de Junio de 2011) de suspensión de las obras del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo para garantizar la protección de los derechos de los pescadores artesanales. Anexar al Expediente 4090

La Asociación de Afectados por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo -ASOQUIMBO- y los pescadores artesanales de la Zona El Quimbo, con fundamento en los artículos 23, 74 y 87 de la Constitución Política nos dirigimos a Ustedes con el propósito de presentar Derecho de Petición con fundamento en los siguientes:

 HECHOS

1.- El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial otorgó licencia ambiental al Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo mediante Resolución 0899 del 15 de mayo de 2009, modificada mediante las Resoluciones 1628 y 1814 de 2010

2.- El 7 de Junio de 2011, mediante oficios 1746 y 1749, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia notificó a Emgesa y al Alcalde del Municipio de Gigante respectivamente se “suspendan de inmediato las obras que está adelantando la Empresa Emgesa”

3.- A partir del 7 de Junio, los pescadores artesanales se movilizaron por el Río Magdalena hasta la Zona contigua a la vereda Domingo Arias con el propósito de exigir el cumplimiento de los oficios 1746 y 1749 del ICANH. Aún permanecen en dicho lugar exigiendo, además,  la indemnización de los daños causados por la construcción del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo y el restablecimiento de la actividad productiva y las condiciones de bienestar, con fundamento en las siguientes evidencias:

 

-          Desde inicios de construcción de las obras de El Quimbo, Emgesa ha venido depositando el material procedente de las obras del túnel de desviación y de vías sobre el Estrecho el Quimbo en cantidades inimaginables, al río Magdalena. Esta tierra que sacan viene contaminada con material explosivo. Fue así como en la ventana uno encontramos entre la tierra residuos de un gel explosivo del cual tomó evidencias la CAM en su visita del 13 de junio de este año.

-          Del interior del túnel también sale constantemente un excedente de agua sedimentada que viene contaminada con acelerantes para secar el cemento y del material de los explosivos que utilizan con frecuencia. Estas aguas las han depositado directamente al río por medio de unos tubos que sobresalen de las obras de túneles aunque recientemente han ubicado unos des sedimentadores. Hemos visto morir peces después que sueltan estos fluidos sobre el río.

-          Residuos de concreto revuelto con alambres acerados utilizados para las paredes del túnel, las sacamos en nuestras atarrayas. Esto destruye nuestras redes de pesca.

-          La tala de árboles la realizan de manera irresponsable ya que sólo recogen las partes de los árboles que les representa ganancia, pero es común que ramas, aserrín, y cortezas se dejen a orillas del río para que los arrastre.

-          Las consecuencias que estas irregularidades han generado sobre los pescadores, poseedores y propietario son muy graves. El sedimento en el río ha disminuido su profundidad y éste se ha anchado recuperando y removiendo orillas, muchas de ellas cultivadas. En el caso del caserío de Puerto Seco, el sedimento llegó a descansar allí y algunas casas quedaron enterradas a mitad de pared. Los pescaderos se acabaron o desfiguraron con palizada y sedimento. El pescado se disminuyó a una proporción que nunca habíamos tenido. Hoy a pesar de los esfuerzos, la pesca no nos alcanza ni para comer. Las explosiones, la contaminación, la sedimentación ha ahuyentado el pescado o lo habrá matado en el caso de los alevinos.

4.- El 14 de Junio de 2011, mediante Resolución 1096 el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial impuso a la empresa Emgesa S.A. E.S.P., medida preventiva, consistente en “la suspensión inmediata de las actividades de compra y de negociación de predios afectados por el proyecto y la suspensión inmediata de las actividades de extracción de materiales y operación de la zona industrial contigua a la vereda de Domingo Arias del Municipio de Paicol, ubicadas dentro de la misma”. La Resolución no consideró las evidencias señaladas anteriormente que ocasionaron la destrucción de las actividades productivas y los proyectos de vida de la población de pescadores.

5.- El 14 de Junio de 2011, mediante Resolución 1346 del 14 de junio de 2011 la CAM impuso “unas medidas preventivas” a Emgesa que “impidan la continuación de la ocurrencia de actividades que atentan contra el medio ambiente y los recursos naturales renovables”. La CAM confirmó, entre otros, los hechos denunciados por los pescadores al considerar que “Del concepto técnico obrante en el plenario, se concluye existencia probable de efectiva vulneración de los recursos naturales y el medio ambiente habida cuenta de la existencia de impacto ambiental negativo sobre los mismos lo que implica la inobservancia al deber de protección y preservación que a todos nos atañe como patrimonio común que es, su carácter de utilidad pública e interés social. En el presente caso, se está ante la presencia de grave afectación del componente suelo, agua, forestal, fauna entre otros, por razón de la ejecución de actividades dañinas cuyo ejercicio se deplora habida cuenta de la magnitud de sus efectos nocivos” Entre esos efectos nocivos se destaca la destrucción de la actividad productiva y los proyectos de vida de los pescadores.

6.- El 19 de junio durante la edición del Noticiero Noticias Uno TV “Minambiente ordena suspensión de la construcción de la Hidroelectrica El Quimbo” se aportaron evidencias   y testimonios que confirman las  medidas preventivas impuestas por la CAM, producto de verificación en campo, razón por la cual corresponde al MAVDT como autoridad ambiental competente investigar las denuncias publicadas por Noticias Uno y evaluar,  conforme al Artículo 16 de la ley 1333 de 2009, si existe mérito para iniciar procedimiento sancionatorio ambiental en contra de la empresa EMGESA SA E.S.P., titular de la licencia para el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo y suspender definitivamente la Licencia Ambiental

7.- La Asociación de Afectados por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo, ante la ausencia de las autoridades ambientales y culturales, decidió apoyar la presencia permanente de pescadores artesanales en la Zona contigua a la Vereda Domingo Arias con el propósito de verificar y exigir a Emgesa que cumpla con las disposiciones del ICANH, MAVDT y de la CAM y se restablezcan los derechos e indemnice a todos los afectados por los daños causados para lo cual se requiere hacer extensiva la Resolución 1096 de suspensión de obras para la protección de los pescadores.

PETICIÓN

En ejercicio del Derecho de Petición consagrado en la Constitución Política de Colombia, solicitamos se sirva:

1.-        Expedir un Acto Administrativo a través del cual se imponga a la empresa EMGESA S:A: E;S:P:, medida preventiva consistente en suspensión inmediata de todas las obras del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo para garantizar la protección de los derechos de los pescadores, restituir su actividad económica debido a que han sido desplazados y se han perdido o disminuido sus ingresos, tal como se evidencia en los testimonios aquí registrados, las pruebas y medidas preventivas aportadas e impuestas por la CAM (Resolución 1346) y las denuncias e imágenes publicadas por el Noticiero Noticias Uno TV el 19 de Junio. (ver: http://www.youtube.com/watch?v=brmn2IOrVec&feature=player_embedded

 

http://www.noticiasuno.com/noticias/director-general-de-emgesa-dice-que-no-suspendern-las-obras-.html

2.- Proceder a evaluar si existe mérito para iniciar procedimiento sancionatorio ambiental en contra de la Empresa Emgesa y suspender definitivamente la Licencia Ambiental con base en los testimonios y pruebas registradas en las Resoluciones 1096 de MAVDT, 1346 de la CAM y los oficios 1746 y 1749 del ICANH.

3.- Ordenar a una Institución Independiente se investigue e informe a Asoquimbo sobre la identificación y la valoración de los impactos ambientales, sociales y económicos “no previstos” según la Resolución 1096.

4.-  Verificar de inmediato el cumplimiento de las medidas preventivas impuestas a Emgesa y designar las autoridades ambientales responsables de permanecer en la Zona de El Quimbo monitoreando el cumplimiento de las Resoluciones 1096 y 1346 del 14 de junio de 2011.

5.- Con fundamento en los derechos de información y participación, informar y consultar de manera permanente a Asoquimbo y a los Terceros Intervinientes sobre los resultados de las visitas de monitoreo sobre el cumplimiento de las medidas preventivas y no levantar dichas medidas hasta tanto no se consulte a Asoquimbo y a los Intervinientes.

6.- Con fundamento en el Derecho de Participación, Asoquimbo dispondrá del tiempo que considere necesario para evaluar las disposiciones recientemente expedidas por el MAVDT y la CAM, investigar los nuevos impactos y afectaciones en cada una de las poblaciones y formular y evaluar las diferentes propuestas de compensaciones, razón por la cual solicita al MAVDT socializar las Resoluciones 1096 y 1346 y garantizar que para efectos de compensaciones, además de la presencia de los organismos de control (Defensoría del Pueblo, Procuraduría Ambiental y Personerías Municipales)  Asoquimbo contará con el acompañamiento permanente de representantes del Movimiento Nacional por la Defensa de los Territorios y las Comunidades Afectadas por Represas, de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, de PNUD- Región Surcolombiana, entre otras.

NOTIFICACIONES

Recibimos notificaciones en Gigante Huila, carrera 4 con calle 3 esquina, Edificio de la Alcaldía Municipal, Secretaría del Concejo de Gigante y en la Calle 8 B No. 37 A – 01 Apartamento 303 Torres El Curíbano II de la ciudad de Neiva.

Atentamente,

ELSA ARDILA MUÑOZ

Presidenta

Representante Legal ASOQUIMBO.

ROLANDO BOTELLO RODRIGUEZ

Miembro de Asoquimbo

Concejal del Municipio de Gigante

Representante de los Concejales de Gigante para el acompañamiento

Permanente de los Afectados por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo.

Se anexan firmas de Pescadores Artesanales

c.c.

MARIANA GARCÉS CÓRDOBA

Ministra de Cultura

MARIA CLAUDIA LÓPEZ

Viceministra de Cultura

ENZO RAFAEL ARIZA

Secretario General Cultura

ALEJANDRO ORDOÑEZ MALDONADO

Procurador General de la Nación

OSCAR DAVID AMAYA NAVAS

Procurador Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios

VOLMAR PÉREZ

Defensor del Pueblo de Colombia

GLORIA ELSA RAMIREZ VANEGAS

Secretaria General con Funciones Asignadas de Defensor del Pueblo.

VIVIANE MORALES HOYOS

Fiscal General de la Nación

SANTIAGO A CANYON

Secretario Ejecutivo

Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Washington

JOSE MIGUEL VIVANCO

Director para las Américas de Human Rights Watch (HRW)

CRISTIAN SALAZAR VOLKMANN

JORGE ENRIQUE ROBLEDO CASTILLO

Senador de la República

ALEXANDER LÓPEZ MAYA

Senador de la República

ALFONSO DECOLSA

PNUD- Región Surcolombiana

 

 

ASOQUIMBO DENUNCIA VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS AFECTADOS POR EL PROYECTO HIDROELÉCTRICO EL QUIMBO DE ENDESA-EMGESA ENEL Y EXIGE PRESENCIA INMEDIATA DE ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS

ASOQUIMBO DENUNCIA VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS AFECTADOS POR EL PROYECTO HIDROELÉCTRICO EL QUIMBO DE ENDESA-EMGESA ENEL Y EXIGE PRESENCIA INMEDIATA DE ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS

La Asociación de Afectados por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo Huila Colombia ante la extrema gravedad de violación de los derechos fundamentales de las comunidades y daños ambientales exige la presencia inmediata de organismos nacionales e internacionales de Derechos Humanos con fundamento en los siguientes hechos:

1.- La Defensoría Nacional del Pueblo mediante Oficio  4050 –0388 de marzo 30 de 2011, de acuerdo con lo observado en los municipios del área de influencia del proyecto hidroeléctrico, en recorrido que también realizó el MAVDT durante la semana del 20 al 24 de marzo del presente año, solicita al Ministerio de Ambiente se suspenda la licencia ambiental a Emgesa para la realización del proyecto El Quimbo, Resolución 899 del 15 de mayo del 2009, modificada por la Resolución 1814 de septiembre de 2010, hasta tanto no se adelanten los estudios y se implementen las medidas que garanticen el pleno ejercicio de los derechos de todas las comunidades que están siendo afectadas o que ven amenazados sus derechos por el avance de las obras del proyecto”. Según la Defensoría:

 

  • Se iniciaron las obras sin haberse dado el proceso de reubicación o reasentamiento de la comunidad Domingo Arias.
  • Presión a las comunidades para que vendan en lugar de que opten por la reubicación o el reasentamiento como primera opción (casos referidos en Ríoloro y otras zonas de la región).
  • Restricción del derecho a la información a los grupos en situación de vulnerabilidad, lo que implica que desconozcan las medidas de compensación que deben beneficiarlos.
  • Con la adquisición de predios por parte de Emgesa, se pierden los empleos relacionados con los proyectos productivos de esos predios y la empresa no ha implementado las medidas de compensación para las personas que se afectan por ello. 

2.- En el mismo Oficio reitera la solicitud de revocatoria de la Resolución 1814 de septiembre de 2010 e insiste en las siguientes razones para ello: 1) Desconoce acuerdos logrados en las mesas de concertación. 2) No tiene en cuenta a las comunidades para modificar la licencia ambiental. 3) Contribuye a que se disminuya la inversión de la Empresa en el cumplimiento de las obligaciones ambientales y sociales sin aclarar los efectos que esta medida pueda tener sobre los diferentes grupos poblacionales. 4) Amenaza el derecho al acceso y la tenencia de la tierra en concordancia con los derechos a la vivienda, a la prestación de los servicios públicos, a la seguridad alimentaria, entre otros, de los grupos poblacionales más vulnerables de la región. La entidad señaló que “la empresa no ha hecho entrega de algunos estudios exigidos en la licencia ambiental respecto de temas muy impactantes sobre derechos de las comunidades”.

3.- El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, mediante Oficio del 15 de abril de 2011, dirigido a la presidenta de Asoquimbo anuncia que “de acuerdo a los resultados de las socializaciones efectuadas en el mes de marzo del presente año y de acuerdo a la visita de seguimiento realizada en el mes de noviembre del 2010, este Ministerio se encuentra elaborando las correspondientes actuaciones administrativas a través de las cuales se fijará la posición Ministerial en torno a todas y cada una de las problemáticas evidenciadas tanto en la visita como en las socializaciones”. Hasta el momento el Ministerio no ha expedido el Acto Administrativo tantas veces anunciado  y a cambio de proteger los derechos fundamentales de los afectados, ha garantizado las condiciones para que la empresa incumpla sin escrúpulos con las obligaciones sociales establecidas en la licencia que demandan por lo menos la compensación de los proyectos de vida, el restableciendo de las condiciones económicas, la conservación del tejido social, el reasentamiento  colectivo e individual de manera concertada, coordinada y con participación de un organismo de control. En la zona de El Quimbo no existe ninguna autoridad ambiental ni organismo de control que vigile de manera permanente y sistemática las actuaciones de las empresas Endesa Emgesa-Enel.

4.- El Procurador Delegado para asuntos Ambientales y Agrarios, Oscar Amaya,  incumplió con el compromiso de solicitar al MAVDT la suspensión de las obras del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo y a visitar a las comunidades afectadas en la segunda semana de abril, compromiso adquirido durante la realización del foro sobre impactos de megaproyectos energético-mineros realizado en el Congreso de Colombia el 16 de marzo de 2011. Por su comportamiento de emitir conceptos cuestionados por el Tribunal de Cundinamarca por afectar la legalidad, el patrimonio del Estado y los derechos fundamentales relacionados con la modificación de la Licencia Ambiental del Proyecto El Quimbo, se compulsaron copias a través del Senado para que se le investigue por su responsabilidad administrativa, civil y penal.

5.- De las 400 familias, cerca de 2000 personas que perderían sus fuentes de empleo,  ya fueron desplazados por el Estado y las transnacionales  166 campesinos de 11 fincas que negoció Emgesa.  Se han paralizado las actividades agropecuarias afectando los proyectos de vida de todos los pobladores residentes en la Zona, causando la muerte de 5 ancianos por afectación sicosocial y otros se encuentran en situación de cuidados intensivos.

6.- Existen denuncias por el trato inhumano de que son víctimas los trabajadores contratados residentes en el Huila debido a la pésima remuneración, extensas jornadas de trabajo e insultos por parte de la jefatura de obras. La destrucción de bienes de pescadores como sus ranchas y las amenazas a jornaleros y moradores que históricamente han habitado el territorio para que abandonen sus actividades productivas negándoles el acceso a los recursos mínimos para su subsistencia. Las empresas afirman que son las propietarias de la Zona y, en consecuencia, restringen el ingreso a los colombianos a lugares reservados exclusivamente para los Españoles e Italianos.

 7.- En respuesta a derecho de petición, el Comité Local de Atención y Prevención de Desastres del Municipio de Tesalia Huila con funcionarios de la Corporación Autónoma del Magdalena realizaron visita de verificación a la Reserva Forestal de la Sociedad Civil el Viche cerca a la Zona de El Quimbo, constatanto “agrietamiento en el predio en un área aproximada de cero. tres (0.3) hectárea y en la vía en una longitud de 70 metros”, rompiendo la Roca de formación Gualanday y Peñon del Magdalena. Moradores de la Zona afirman que es posible que dichas fallas geológicas estén relacionadas con  los deslizamientos de tierras en la zona de los altares – jurisdicción  del municipio de Gigante, Huila. 

8.- La científica climática, Payal Parekh, directora del Programa Climático de International Rivers había solicitado ante la Asociación Española de Normalización y Certificación, AENOR (SASC por su nombre en inglés) que el proyecto hidroeléctrico El Quimbo no sea certificado como Mecanismo de Desarrollo Limpio, fundamentalmente porque el costo socioeconómico, ambiental y cultural no compensa los beneficios para la sociedad huilense, y en su implementación está desconociendo recomendaciones de la Comisión Mundial de Represas, en particular, la omisión de la participación de los afectados,  el desconocimiento de la normatividad ambiental y de procedimientos legales en el proceso de licitación y licenciamiento del Proyecto violando convenios y tratados firmados por Colombia en el ámbito ambiental y los altos riesgos de fallas geotécnicas tales como los deslizamientos de tierra y terremotos.

9.- Ante la ausencia de cualquier autoridad ambiental y de control no se ha podido confirmar sobre posibles hallazgos arqueológicos producto de las excavaciones ni del arrojo al Río Magdalena de tierra, piedras y escombros con el fin de disminuir costos por el traslado adecuado de los mismos.

La Asociación de Afectados –Asoquimbo- exige la suspensión de la licencia y las obras del proyecto, el restablecimiento pleno de los derechos y de la actividad productiva de todas las comunidades indemnizándolas por los daños causados, la restitución de los predios adquiridos por Emgesa para quienes han sido desplazados de los mismos ilegalmente por el Estado, la conformación de una Mesa por la Defensa y Protección de los Derechos de las Comunidades, la presencia inmediata de una Misión Especial del Comité Interamericano de Derechos Humanos y la movilización de organizaciones sociales por la defensa de nuestro territorio y la construcción de una Reserva Campesina Agroalimentaria para la Región de El Quimbo. 

Neiva,  4 de Mayo de 2011.

Asociación de Afectados por El Quimbo ASOQUIMBO

POBLADORES DE VERACRUZ Y RIOLORO RATIFICAN DECLARACIÓN DE DOMINGO ARIAS DE SUSPENCIÓN DE LICENCIA Y OBRAS EN EL QUIMBO

El 23 de Abril de 2011 pobladores de Veracruz y Rioloro Gigante Huila, reunidos en el poblado de Veracruz después de conocer cada uno de los considerandos de la Declaración aprobada en la Asamblea de Asoquimbo realizada el 16 de abril en el poblado Domingo Arias, ratificaron la Declaración y el compromiso con las siguientes decisiones:

1)      No asistir a ninguna reunión convocada por Emgesa o sus representantes ni realizar procesos de reasentamiento o negociación individual o colectiva de predios. Aún no se han realizado estudios de valoración de predios y el Manual de Precios Unitarios de Predios desconoció la Unidad Agrícola Familiar: comprendida entre el rango de 30 a 50 hectáreas para el reasentamiento en la Zona de El Quimbo.

2)      No participar de ningún "estudio", etnográfico, de vulnerabilidad, de tierras, pago por Emgesa debido a que su único propósito es reducir los costos de las compensaciones sociales tal como ocurrió con el “estudio biótico” pago a la Fundación Natura por Emgesa y que fue utilizado para justificar la reducción de los costos ambientales, primero  a través de una fallida “conciliación extrajudicial” y luego mediante la imposición de la Resolución 1814.  El Tribunal de Cundinamarca, al negar la conciliación extrajudicial sustentada en dicho estudio,  sentenció que una conciliación es para proteger "el patrimonio del Estado y los derechos fundamentales de las comunidades" y no para favorecer los intereses de la transnacional Emgesa. En consecuencia, cualquier estudio que sea requerido por las comunidades deberá ser realizado por una Institución Pública como la Universidad Nacional y cancelado en su totalidad por el Estado. Es indignante admitir que Emgesa continúe siendo juez y parte, con el aval del Ministerio de Ambiente.

3)      Participar en la Mesa por la Defensa de los Derechos de las Comunidades, integrada por representantes de los afectados (Asoquimbo), la Defensoría Nacional del Pueblo, El Ministerio de Ambiente con el acompañamiento de PNUD Regional Huila y Alto Comisionado de Naciones Unidas para la Protección de los Derechos Humanos en Colombia. En este espacio  se abordará, en adelante, la problemática económica, social, ambiental, y psicosocial, generada por la construcción del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo. El punto de partida es la Indemnización y  Restitución de los Derechos de las Comunidades afectadas por la Declaratoria de utilidad pública y los incumplimientos de las obligaciones de Emgesa y el MAVDT, institución oficial que se le demanda la suspensión de la Licencia Ambiental y las obras en El Quimbo atendiendo la solicitud de la Defensoría del Pueblo. De negarse a aceptar dicha solicitud, el MAVDT será el principal responsable de las acciones de resistencia por la restitución de los predios comprados por Emgesa para los desplazados y afectados por El Proyecto El Quimbo y el desalojo de todos los operarios que vienen destruyendo el medio ambiente y la tranquilidad de las comunidades como la de Domingo Arias que no soportan el tenebroso ruido de las máquinas que operan ilegalmente en la Zona.

Estas acciones iniciarán a partir del Primero de Mayo, Día Internacional de los Trabajadores, donde estará vinculado el "Movimiento Nacional por la Defensa de nuestros Territorios y las Comunidades, contra represas. ¡Rios Vivos!"

 El Quimbo ni se vende, ni se expropia ni se inunda. Será Una Reserva Campesina Agroalimentaria. !Rios para la vida no para la muerte!

¿A Quién sirve la Fundación Natura?

Después de las exitosas manifestaciones del 1 de diciembre por la defensa del territorio, la biodiversidad, la indemnización de los afectados  y contra la Resolución 1814, convocadas por la Asociación de Afectados por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo, -Asoquimbo- aparece la Fundación Natura anunciando que “el Huila lidera la conservación de la biodiversidad en el país porque existen 9 mil hectáreas protegidas con la certificación Rainforest Alliance”. (http://www.lanacion.com.co/2010/12/18/huila-lider-en-proteccion-de-la-biodiversidad/)

Esta misma Fundación guardó silencio con relación a las 9 mil hectáreas, el 95% de la Reserva Forestal protectora de la Amazonía, que serían inundadas de construirse la represa El Quimbo, destruyendo “unas de las mejores tierras con aptitud agrícola de la región, cuando se considera que el Huila es pobre en tierras productivas y porque es difícil restituir la actividad productiva por la dificultad de encontrar tierras semejantes”, según la Procuraduría General de la Nación.

El silencio obedece a que Émgesa le pagó por  un “estudio biótico” que avaló el Ministerio de Ambiente para burlarse de la decisión del tribunal de Cundinamarca que improbó la conciliación extrajudicial” y sustentar la modificación de la licencia Ambiental como efectivamente ocurrió con la promulgación de la resolución 1814 del 17 de septiembre de 2010 a través de la cual se redujeron en grandes proporciones las obligaciones ambientales,  sociales e infraestructurales de la italiana-española ENEL -ENDESA

Emgesa, una vez conocida la decisión del Tribunal de Cundinamarca,  había notificado que se  retiraría del negocio si el Gobierno no expedía un Acto Administrativo que garantizara la disminución de los “excesivos”  sobrecostos ambientales. El Ministerio de Ambiente, cumpliendo órdenes superiores y apoyado en la Resolución No. 2820 expedida el 5 de agosto, que modificó la Ley Ambiental, dos días antes de concluido el mandato del Presidente Uribe, promulgó la Resolución 1814 del 17 de septiembre de 2010 para cumplir con las exigencias de las multinacionales Enel-Endesa-Emgesa. . Esta entrega del territorio y su biodiversidad fue acreditada por la Fundación Natura,  ONG  quien recibió de Emgesa dinero por el “estudio biótico” sobre El Quimbo que no fue consultado a  instituciones como  la Universidad Nacional ni a la Fundación El Curíbano” ni a las comunidades afectadas, como lo establece la Ley.  (http://www.surcolombiano.com/index.php?option=com_content&view=article&id=292:la-jugada-de-emgesa&catid=47:editorial).

El estudio está incorporado como justificación de la Resolución 1814 para  modificar  la licencia ambiental (que ya estaba en firme) al servicio de Emgesa- Enel. Una vez expedida la norma, estas empresas convocaron rueda de prensa para anunciar la  iniciación inmediata de la obra. El gobierno Departamental, los parlamentarios del Huila y los contratistas celebraban ebrios la entrega del territorio a cambio de migajas.

Mientras la Fundación Natura, a nombre de la  preservación de la biodiversidad, realizaba la investigación para justificar la reducción de los costos ambientales y sociales del proyecto El Quimbo ocultando sus impactos negativos,  Emgesa solicitaba el  registro del mismo proyecto como Mecanismo de Desarrollo Limpio[1] -MDL- sosteniendo que “tener que proporcionar una indemnización adecuada a la comunidad local y proteger el medio ambiente aumenta el costo del proyecto y disminuye la Tasa Interna de Retorno TIR”[2] desconociendo que las empresas tienen la obligación de promover el desarrollo sostenible y que proporcionar una compensación adecuada a las comunidades afectadas es parte integrante de este requisito. En consecuencia, argumentar que las compensaciones son las que hacen financieramente inviable el proyecto,  confirma que el registro de las grandes represas como  MDL sólo buscan mayor rentabilidad debido a las ganancias adicionales generadas a través de bonos de carbono, pero también que ONG como la Fundación Natura cumplen la función de contribuir a la certificación como parte integrante del negocio ocultando que los impactos negativos son superiores a los beneficios  y que los proyectos son impuestos destruyendo empresas comunitarias, los planes de vida de las comunidades, la memoria histórica, entre otros.

Presentar al Huila como modelo de preservación de la biodiversidad es una estrategia perversa que pretende ocultar la catástrofe social y ambiental que se generaría de construirse la represa El Quimbo y minimizar el gran impacto causado por las recientes acciones de resistencia de Asoquimbo estimuladas por la articulación de organizaciones sociales que han acordado la Jornada Nacional contra los Megaproyectos y por la defensa de los territorios convocada para el 14 de Marzo del 2011 y por el ejemplo del Consejo Mayor Comunitario, AZA, que sepultó la represa Porce IV.

 



[1] Al invertir las empresas en estos proyectos MDL reciben reducciones certificadas de emisiones RCE (uno de los tres tipos de bonos de carbono) los cuales pueden adquirir a un menor costo que en sus mercados y simultáneamente logran completar las metas de reducciones a las que se han comprometido.

 

[2] International Rivers Comments on CDM Project Design Document for El Quimbo Hydroelectric Project (Colombia) http://www.internationalrivers.org/node/5985

De cuando los impactos sociales y los riesgos re-constituyen patrimonio cultural

Xerardo Pereiro Pérez. Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (Portugal)

Introducción

A raíz de la presentación pública de un proyecto de construcción de trece embalses en el río Ulla (Galicia), la coordinadora de afectados y varias asociaciones culturales apoyadas por uno de los ayuntamientos afectados, solicitaron a nuestra universidad un informe (Pereiro Pérez y otros: 1999) sobre los impactos socioculturales y socioeconómicos producidos por el proyecto. Reunimos un equipo interdisciplinar de investigadores –antropólogos, geógrafos y economistas- gallegos y portugueses que contribuyó seriamente para llamar la atención de las administraciones públicas sobre el problema, pero también sirvió para orientar las alegaciones presentadas al proyecto por los habitantes afectados. Como ejercicio de antropología aplicada, el trabajo pasó de ser una acción de mediación cultural para convertirse, por reflexión, en una experiencia de defensa de la comunidad local denominada antropología de urgencia o de emergencia (Castro Seixas: 1999), en la línea de la antropología social de apoyo (Colombres: 1997). Analizo en esta comunicación el seguimiento de ese trabajo, bajo el prisma de lo que sucede cuando el patrimonio cultural está en situación de riesgo o amenaza. Intento explicar el timo para desconstruir el mito, y explicar el mito para descontruir el timo.

1. El patrimonio cultural: perspectivas

Desde el punto de vista jurídico el “patrimonio” es una noción que define todos los recursos que se heredan, bienes mobiliarios e inmobiliarios, capitales, etc., por lo tanto puede tener un sentido eminentemente privado o eminentemente público. En los dos casos, el objetivo es garantizar la supervivencia de los grupos sociales y conectar unas generaciones con las otras (Rodríguez Becerra: 1997). Bajo este punto de vista los aspectos morales tienen escasa o nula regulación, pero si que se tiene en cuenta que el patrimonio es modificable por las generaciones siguientes, de ahi que pueda ser acumulado, perdido o transformado.

También desde el punto de vista jurídico el “patrimonio cultural” (Gómez Pellón: 1999) deja poco a poco de adoptar una definición materialista, monumentalista, esteticista e historicista, para adoptar una visión más antropológica en las últimas legislaciones (1). Esto quiere decir que se ha dejado de reducir el patrimonio a objeto material y monumento, para tener en cuenta los bienes culturales inmateriales y la vida social alrededor del objeto, además se ha dejado de valorizar unicamente las creacciones estéticas extraordinarias e idolatradas por las elites -“las bellas artes”-, para ser quebrada en algún grado la distinción entre lo culto y lo popular, y para ser valorizado en igual medida lo denominado “popular”. También es  importante destacar como el patrimonio cultural ha dejado de ser unicamente “históricoartístico”, entendido como algo únicamente heredado del pasado que merece ser conservado, para pensar que el pasado es interpretado desde el presente de acuerdo con criterios de selección y valoración determinantes en cada época, en un juego de memorias y olvidos, que de todas formas debe responder a las necesidades sociales del presente y del futuro. Siguiendo esta óptica antropológica la noción de patrimonio cultural no es sinónima de la noción de cultura. Esta es una de las confusiones conceptuales más comunes entre los estudiosos pero tanbién entre los agentes de la patrimonialización. La respuesta también no es dicotómica ni simple, pues si bien los antropólogos manejamos una noción de cultura como un todo referente a la vida cotidiana, el património cultural mantiene una relación metafórica y metonímica con la cultura, por lo tanto lo que distingue el patrimonio cultural de la cultura es su representación de la cultura por medio de la conservación y de la transformación de valor de los elementos culturales. De la cultura no podemos patrimonializar ni conservar todo, de ahí que el patrimonio cultural sea sólo una simbólica de la cultura, y por eso los procesos de selección y de negociación de los significados. El patrimonio no puede incluir todo lo que las culturas han creado (Rodríguez Becerra: 1997), y el discurso de la “pérdida del patrimonio” o de las urgencias en su recuperación puede llevar al abuso en la recuperación patrimonial, produciendo una imagen de “estatismo” en la dinámica de las culturas. Además, la patrimonialización tiende a fijar alguna permanencia, cuando por el contrario la cultura está en constante cambio. La cultura puede ser estudiada y conocida, pero no toda puede ser patrimonializada, porque sino estariamos condenados a vivir irremediablemente como nuestros antepasados. El cambio es inerente a la noción misma de cultura, pero también a la de patrimonio cultural. Las dos nociones están intimamente ligadas y necesitan la una de la otra.

En lengua inglesa esta confusión conceptual no existe porque además del sentido jurídico específico que consiguió obtener el patrimonio cultural, se distingue claramente entre “culture” e “heritage” ou “cultural heritage”.

Puesta esta aclaración conceptual previa en consideración, pasemos a subrayar algunas aproximaciones teórico-prácticas sobre el patrimonio cultural, y que son de grande interés para la problemática explicitada más abajo. Desde mi punto de vista son varias las posturas que inciden en los procesos de recuperación y conservación del patrimonio cultural. No todas se excluyen entre ellas y todas nos ayudarán a entender mejor el problema humano estudiado, veamos estas con algún detenimiento:

a) Tradicionalista o folclorista. El patrimonio cultural es aquí reducido a un conjunto de bienes materiales e inmateriales que representan la cultura popular preindustrial. Su visión es historicista, pues considera el patrimonio cultural como objetos y relicarios del pasado, pero también conservacionista, pues se piensa que el fin último del patrimonio cultural debe ser su conservación, independentemente de su uso actual. Los criterios de preservación de artefactos y edificios del pasado deben ser los de época y belleza.

b) Constructivista (Prats: 1998). El patrimonio cultural es entendido como fruto de un proceso de construcción social, es decir, de acuerdo con las épocas y los grupos sociales, se valorizan y legitiman unos bienes patrimoniales y no otros. Ejemplo: En el caso de Brasil hay una tendencia a no patrimonializar el legado africano e indígena, ni tampoco el de los subalternos (Funari: 2001). Desde esta óptica el património cultural es entendido como una representación simbólica de la identidad, pero en muchas ocasiones también como sinónimo de cultura.

c) Patrimonialista (Rodríguez Becerra: 1997). El patrimonio cultural es la recuperación del pasado desde una perspectiva presente, para explicar la mudanza de los modos de vida. El patrimonio cultural está integrado por elementos culturales que adquieren un nuevo valor a través de un proceso de “patrimonialización”, pero que no es lo mismo que la noción de cultura, podríamos decir que es una intervención en la cultura. Los bienes patrimoniales representan formas de vida de un grupo humano en el tiempo.

d) Productivista (Ashworth: 1994). Aquí el patrimonio cultural es entendido fundamentalmente como un recurso para el turismo cultural y para otras actividades económicas. Esta postura considera el patrimonio cultural como una actividad económica que debe satisfacer el consumo contemporáneo, de ahí la necesidad de un proceso de interpretación que convierta recursos en productos o mercancías necesarias para el funcionamento de un sistema de producción posindustrial. Esta postura sigue el criterio del consumo y de la demanda utilizando el patrimonio cultural como representativo de las identidades culturales, pero tiene poco en cuenta los riesgos de la sobre-explotación turística.

e) Participacionista (García Canclini: 1999). Desde esta perspectiva, la recuperación y conservación del patrimonio cultural debe ponerse en relación con las necesidades sociales presentes, y con un proceso democrático de selección de lo que se conserva. También debe estar ligada a la participación social con el objetivo de evitar la monumentalización y la cosificación de objetos, es decir, es muy importante pensar primero en las personas y luego en los bienes culturales. Primero el artesano y luego la artesanía.

2. Viejos y nuevos embalses en Galicia

De acuerdo con algunos autores (De Torres Luna y otros, 1988: 77) la primera iniciativa hidroeléctrica en Galicia fue obra de Laureano Salgado, que construyó en 1874 la central de Segade, cerca de Caldas de Reis (Pontevedra), y que funcionó hasta 1952. Lo destacable es que el proceso de electrificación de Galicia fue en sus comienzos obra de pequeñas iniciativas familiares (De Torres Luna y otros, 1988: 79). Más tarde, concretamente en 1930, la SGGE (“Sociedad General Gallega de Electricidad”), fundada en Madrid en 1900, llegará a liderar el 90% de la electricidad gallega. En 1943, Pedro Barrié de la Maza funda FENOSA (“Fuerzas Eléctricas del Noroeste S.A.“), pero también la época de los grandes embalses, el primero de  los cuales será el de As Conchas (Ourense), en el río Limia, inaugurado en 1948. En 1955 FENOSA absorberá a la SGGE y liderará el mercado hidroeléctrico gallego (De Torres Luna y otros, 1988: 81).

Si la oposición a los embalses ya tuvo en Galicia algunos antecedentes en el siglo XIX, como los acontecidos en la parroquia de Santa María de Tebra (Tui-Pontevedra), durante el periodo de la política hidráulica franquista el temor a las autoridades condicionaba en gran medida los movimientos sociales de protesta contra los grandes embalses: “Unha palabra e xa non che pagaban ou pagábanche a metade” (2). Los grandes embalses eran construidos no sólo para producir electricidad, sino también para regadíos y para el abastecimiento de las ciudades. La agonía de la gente, el “grande Apocalipsis”, como lo definió el escritor Xosé Fernández Ferreiro (3), fue narrado literariamente con el objetivo de recuperar una memoria del conflicto.

Llegado el periodo democrático, algunos grandes embalses proyectados en la época franquista, volvieron a ser retomados en Galicia. Un buen ejemplo es el embalse de Sela, en la frontera galaico-portuguesa del río Miño, el cual no se llevó a cabo gracias a la resistencia de la identidad local y a la solidaridad tras fronteriza luso-galaica (Wateau, 1999: 231-234). Otro que si se llevó a cabo fue el de Lindoso, en la zona portuguesa del río Lima y que afectó al sur de Galicia.

Hoy en día las grandes presas son puestas en cuestionamento en el mundo ocidental, pero no así en países en desarrollo como la India o China(4). Sin embargo, la política hidraúlica

de la “democracia orgánica” actual utiliza en algunos casos los mismos métodos coercitivos que antes, como por ejemplo el de Buscalque -Lobios, 1992- o el del río Umia –1998-. Estos métodos coercitivos se acompañan de una retórica tecnicista (5) que aplasta y anestesia las consciencias (6) de los afectados. Esta retórica tecnicista, propia de las administraciones públicas y de las grandes empresas hidroeléctricas expropia la ecomemoria y la patrimemoria en nombre del “mito do progreso” y de un desarrollo etnocéntrico que pretende “civilizar” y modernizar lo pensado como “atraso”.

En los últimos años, las políticas hidraúlicas en Galicia se han plasmado en la presentación ante la Xunta de Galicia de más de 300 proyectos de “minicentrales” (7) que afectan a más de 1600 núcleos de población. La justificación mercantil está baseado en una  retórica tecnicista que habla de “minicentrales”, pero que en realidad son “maxicentrales”, porque son proyectos límite en el curso medio y alto de muchos pequeños ríos. El lucro que estes proyectos de producción de energía aparentemente limpia viene dado en gran medida por los subsidios de la Unión Europea a este tipo de proyectos, presentados en su mayoría por

la multinacional hidroeléctrica Unión Fenosa.

Estos proyectos no dejan de ser una hiperrealidad virtual que genera en algunos casos dramáticos impactos socioculturales, expresados en los riesgos culturales autopercibidos (Beck: 1992; Mairal Buil y otros: 1997). Las comunidades locales, en asociación de grupos ecologistas, reaccionan afirmando los valores del patrimonio natural e cultural, y utilizando este como estrategia de defensa de las identidades en riesgo. Sin embargo, el patrimonio cultural tiende a ser ocultado e ignorado por las grandes empresas hidroeléctricas a la hora de desarrollar sus proyectos de explotación eléctrica. Paradojicamente, algunas de estas empresas invierten grandes capitales en fundaciones que conservan viejos patrimonios culturales y que acumulan otros nuevos. Detengámonos ahora en el caso del río Ulla arriba señalado. En el año 1962 el gobierno español concede a Hidroeléctrica de Moncabril S.A. el aproveichamiento integral de la cuenca do río Ulla (BOE del 21-11-1962), transferido luego a Unión Eléctrica S.A en 1971 (Orden ministerial del 8-10-1971), después a Fuerzas Eléctricas del Noroeste S.A (Resolución del 7-7-1979) y finalmente a Unión Eléctrica-Fenosa (Resolución del 18- 5-1984). Pero el único gran embalse que se construyó en la cuenca del río Ulla fue el de Portodemouros (1968), una obra que provocó fuertes impactos negativos en la zona, de acuerdo con la autopercepción anamnésica de los afectados.

A mediados de los años 1990 un conjunto de rumores sobre la construcción de embalses se extendió por la comarca de Ulloa (Alto Ulla), algunos alcaldes alertaron de los proyectos a algunos posibles afectados directos, pero nada se concretó hasta el año 1997, fecha en la cual la Comisión Galega de Medio Ambiente acepta el proyecto presentado por la empresa Unión Fenosa para la construcción de 13 embalses en la cuenca del río Ulla(8). El

problema regresa a la palestra pública a comienzos de 1999, cuando Unión Fenosa presenta en el organismo “Augas de Galicia” (Xunta de Galicia) y en los 9 municipios afectados los proyectos para construir 13 embalses en la cuenca del río Ulla. La información es recogida por los periódicos (9), que también se hacen eco de una primera reunión de alcaldes y de otra de los afectados en Melide (A Coruña) (10).

Después de estas primeras reuniones, y del estudio de los proyectos, las posiciones de los líderes sociales y políticos locales fueron expresadas claramente: oposición frontal a los proyectos en virtud de sus impactos ambientales y socioeconómicos negativos. Esta oposición será matizada en el decurso del conflicto. En cada comarca de la cuenca, los líderes que protagonizaron estas reuniones asamblearias son jóvenes con alto grado de consciencia ecológica y con valores afectivos muy fuertes por la tierra en la cual viven o quieren vivir. Esto es muy importante porque representa una inversión de las relaciones jerárquicas tradicionales entre dos grupos de edades: jóvenes/adultos. Por lo tanto, no son ya los padres –segunda generación- los que detentan el liderazgo social, por otro lado acostumbrados a aceptar imposiciones arbitrarias y autoritarias, sino que son los jóvenes los que protagonizan públicamente la oposición a los proyectos, expresan de esa manera su deseo de reinvertir la dinámica estructural que condena al abandono demográfico de estas zonas del interior gallego.

El papel que ocupa el patrimonio cultural dentro de los discursos, acciones sociales y mapas cognitivos de los diferentes protagonistas es un tropos central a la hora de entender las dinámicas sociales alrededor de estos proyectos hiperreales (Baudrillard, 2002: 190) y de momento virtuales.

3. Cuando el patrimonio cultural está en riesgo

Los efectos o consecuencias de la construcción de embalses sobre las estructuras sociales y la cultura de una población afectada pueden ser estudiados a través de sus impactos socioculturales específicos (Mairal Buil y otros: 1997; Pereiro Pérez y otros: 1999; Willigen: 1986; Goldman: 2000). Estos impactos, que pueden ser generados por la misma hiperrealidad virtual de los proyectos, acostumbran a crear incertidumbres sobre el futuro, desorganización socioeconómica, desarticulación política, crisis identitarias, rupturas de sociabilidades y destrucción del patrimonio cultural. Sobre este último impacto, la posibilidad de pérdida de patrimonio siempre es un gesto dramático(11), más aún cuando lo que está en juego es la expropiación de espacios-puente locales y la ruptura de mapas colectivos mentales y emocionales. El riesgo de topocidio y de muerte de la ecomemoria e la patrimemoria crean entre los afectados una sensación de luto, porque se están intentando matar signos evocadores de memorias colectivas generacionales.

Lo que para os ingenieros significa “un paseo más por la campiña gallega”, como así llegó a afirmarlo uno de la empresa Unión Fenosa en una reunión con los afectados del municipio de Agolada, para los afectados directamente por la sombra inmediata de percepción de los riesgos, como por ejemplo los vecinos del municipio coruñés de Santiso(12) significa un previsible y agónico ecocidio y patrimonicidio. Lo que para la administración pública autonómica es “o progreso e a modernización”, para la mayoría de los afectados (13) significa  una pérdida irreparable y una involución en la propuesta de definición de los espacios rurbanos como espacios de recreación, ocio y sociabilidade. En el folleto de la “Coordinadora de Afectados polos Encoros do Ulla” podemos ler lo siguiente: “Veríase afectado o entorno de lugares de gran interés etnográfico e histórico, como o que rodea ás numerosas mámoas que salpican o territorio dos nosos concellos, que son patrimonio histórico-artístico de gran interés”.

En el informe de impactos medioambientales (14) presentado por Unión Fenosa ante Aguas de Galicia (Xunta de Galicia) se opta por silenciar la existencia de muchos bienes culturales catalogados e inventariados, como el castillo de Pambre. El informe describe una naturaleza sin historia ni memoria y sin protagonistas humanos de su construcción, además de utilizar constantemente una retórica tecnicista acientífica, baseada en una idea neoevolucionista y etnocéntrica del progreso.

En el folleto de la “Coordinadora de Afectados Polos Encoros do Ulla” podemos ler: “Frádegas e Pambre: Lugares a protexer”. En el informe encomendado por la coordinadora a un equipo de antropólogos, uno de los aspectos que más se destacan es el de los impactos sobre el patrimonio cultural. La estrategia retórica del no reconocimiento del patrimonio cultural por parte de Unión Fenosa, se confronta con varios iconos patrimoniales de la identidad territorial local: el castillo de Pambre, las torrentes de Mácara y el balneario de Frádegas.

Frente a estos iconos la empresa y la administración autonómica potencian los embalses como un icono del desarrollo, algo que paradójicamente pudiera contraponerse al “modelo de desarrollo endógeno” vendido por las fundaciones comarcales articuladas por la Xunta de Galicia sobre el territorio gallego.

La conservación del patrimonio cultural también es preciso entenderla dentro de procesos identitarios estratégicos. En el caso etnografiado, el propietario del castillo de Pambre, se va a posicionar con los afectados por la afectación de su bien patrimonial de propiedad particular; “el señor de lo jurídico” como algún miembro de la coordinadora lo ha definido, va a ayudar a los locales y va a argumentar la necesidad de conservación del castillo y de su contorno. Paradójicamente este actor nunca tiene reconocido la tutela pública de este BIC, y nunca se tiene mostrado abierto a colaborar en la valorización turístico-patrimonial del castillo. También paradójicamente el “señor” se une a los “siervos” en la defensa de su signo encarnado de distinción aristocrática, pues es uno de los nobles con el título de “Grande de España”. Tradicionalmente el patrimonio cultural fue utilizado para promover el proprio “patrimonio” de las elites y negar la importancia del “patrimonio” de los subordinados. Pero en este caso, el señor “de lo jurídico” se une puntualmente al “pueblo” y a los de “lo reivindicativo” como estrategia de conservación de su “patrimonio”. Esta será una de las claves para entender la declaración de impacto medioambiental negativo por parte da administración pública y respecto al embalse proyectado en Pambre. Por lo tanto, si la activación del patrimonio cultural es generalmente una fuente de cohesión y de identidad, la desactivación del mismo es una fuente de disputa, como tiene sucedido en muchas ciudades poscoloniais que tiraran abajo gran parte de su arquitectura patrimonial (15). Frente a ese riesgo de pérdida del patrimonio cultural, re-activar y conservar patrimonio cultural se convierte en un medio de objetivar la tradición, pero también en un argumento empírico y emotivo de las identidades colectivas, pues es a través de este proceso que los grupos humanos re-inventan sus modos de vida.

Y si para algunos miembros de la coordinadora (16) todo estaba perdido y poco había que hacer, otros miembros más posibilistas y resistentes (González Millán: 2000) llamaron equipos de antropólogos, geógrafos y economistas para realizar informes de impactos socioculturales, organizaron “raftings”, rutas de senderismo, obras de teatro, debates, charlas informativas, concentracións en Santiago de Compostela, elaboraron alegaciones asesoradas por expertos, etc. La adesión social a estas acciones simbólicas tienen un sentido profundo e intenso: los riesgos de destrucción del patrimonio cultural son riesgos que afectan a la memoria colectiva de lo que fuimos en el pasado, y de lo que queremos ser en el futuro. Así lo expresaba un intelectual gallego en un artículo titulado “Los ríos son sagrados”: “Si en la Xunta hay y funciona algo de Cultura, Medio Ambiente, Ordenación del Territorio... ya saben por dónde tienen que empezar: ley urgente para bloquear la propagación de la peste minicentralera/maximierdera, ley urgente para dejar en paz a Ulla, Deza, Arnego, Pambre, Boente, etc. cuya riqueza e importancia solamente en el ruido del agua que corre vale muchísimo más que todos los electrones del mundo en frenesí de calambre. Bueno lo anterior me ha salido un tanto extraño o chorra, pero el Ulla y adláteres que no me lo toquen. Aviso, soy capaz de ir a pescar con pistola porque, con otro poeta, los ríos están dentro de mí y, ya sin poeta, a mí no me embalsa nadie”. (Juán José Moralejo Álvarez, La Voz de Galicia, 16-3-1999, p. 16, Opinión) Pero el proceso de marginación de la población de su propio patrimonio cultural continua, y frente a ese discurso emotivo y afectivo local la empresa promotora de los embalses elabora un discurso arrogante y burlesco, siempre en connivencia con la administración pública autonómica: “existe una relación estrecha entre las compañías eléctricas, como Unión Fenosa, Iberdrola o Endesa, con la Xunta”. (Pedro Brufao, AEMS-Ríos con vida, premio nacional de Medio Ambiente 1998, en El Progreso, 7-07-2002, p. 34) `No nos interesan las tres minicentrales de abajo de Portodemouros, pero fuimos obligados por Aguas de Galicia para regular el cauce de los ríos´. (Ingeniero de Unión Fenosa, reunión en Santiso – A Coruña- con los vecinos, diciembre de 1999) `No han sido convocados todos los propietarios de terrenos afectados porque no presentaron alegaciones´. (Técnico de Aguas de Galicia, reunión informativa, Agolada –Pontevedra-, 20-12-1999) “Venimos a conocer la campiña gallega”. (Ingeniero de Unión Fenosa, Agolada – Pontevedra-, 20-12-1999) “¿Nos puede acompañar alguien que conozca el terreno?”. (Técnico de Aguas de Galicia, reunión informativa, Agolada, 20-12-1999) Después de ser presentadas aproximadamente unas 8.000 alegaciones al proyecto, el discurso político arrogante continuará también en la declaración de impacto ambiental del proxecto(17), que reconociendo “carencias observadas na documentación ambiental” y que “os estudios realizados referentes á flora e fauna, especialmente acuática, resultan pobres e imprecisos”, declara positivamente el impacto ambiental del aprovechamiento hidroeléctrico del río Ulla, con algunas notables excepciones, como la “non viabilidade ambiental do Salto de Pambre”, porque “o azude proxéctase a uns 100 metros do Castelo de Pambre, polo que se considera existe una importante afección paisaxística a un ben patrimonial”.

De esto último se desprenden varias ideas, pero una importante para nuestra interpretación, que es que el poder dominante tiene una idea monumentalista del patrimonio cultural, el monumento es utilizado para legitimarse, pero también para evitar una negativa rentabilidad política desprendida potencialmente del rechazo social al proyecto. Además, este discurso del poder dominante exterioriza unas presencias y oculta otras ausencias importantes desde una lectura social del patrimonio cultural: balnearios en processo de construcción en el contorno próximo, casas de turismo rural, sistemas de regadío –“tostas”, rutas patrimoniales en recuperación, etc.

En relación con el discurso del poder dominante tenemos el del Mercado (Sierra Rodríguez: 416), representado por Unión Fenosa, quien converge con el discurso hegemónico, y frente a eses dos, el discurso vecinal se rebela apoyado por elementos translocales como algunos intelectuales y gran parte de la opinión pública (18). De esta manera los herederos reclaman la herencia (Sierra Rodríguez: 412) y autoelaboran un discurso social experiencial y resistente (González Millán, 2000) que justifica su anclaje al patrimonio cultural en riesgo.

4.- Cuando los locales re-semantizan el “patrimonio”

Desde una perspectiva de dinámica social, el patrimonio cultural se ha convertido en iconografía de territorios, naciones y grupos sociales específicos, y ha sido fundamental a la hora de redefinir los espacios rurales como neorurales y rurbanos (19). Pero la pluralidad de cosmovisiones resemantiza la propia noción de patrimonio cultural, relativiza una visión única y coesionada entre los locales, al mismo tiempo que matiza los valores pensados como propios y piensa en ellos como atributos y construcciones sociales. Esto puede observarse en la oposición a los embalses del Ulla e en la no oposición u oposición minoritaria a la instalación del Parque Eólico del Careón, un monte bastante baldío entre los municipios de Palas de Rei (provincia de Lugo), Toques y Melide (provincia de Coruña). Aquí el monte no representa para los habitantes locales un patrimonio amenazado o en riesgo, como es el auga, el río y su contorno en el caso de los embalses. El Careón, un monte que en el siglo XVIII llegó a producir vino, pero que hoy es un monte yermo en su parte más alta, de poco aprovechamiento agrario y con incendios frecuentes. El dinero producido por el alquiler de los terrenos llega a ser entendido como un buen complemento para la reproducción social de las familias. Además el patrimonio no es expropiado como en el caso de los encoros, sino que es negociado en sus usos sociales, algo más satisfactorio para ambas partes. En el caso de los embalses, estos son percibidos como un peligro y una expropiación de tierras, valles e recursos necesarios para la supervivencia y la conservación de las identidades.

Pero los sentidos que el patrimonio cultural tiene para los afectados, también son plurales. Para algunas personas el problema de la instalación de embalses “é un problema de turbinas”(20), es decir, un problema exclusivamente tecnológico, pues para ellos el patrimonio cultural es sinónimo de cultura, entendida ésta como un saco sin fondo, en el cual todo cabe, y sin posibilidad de ser utilizado como estrategia retórica o jurídica contra los proyectos.

Frente a esa postura, la coordinadora de afectados utilizó el “patrimonio cultural” como un instrumento de defensa afectiva pero también jurídica contra los embalses. De las ocho mil alegaciones presentadas a los proyectos, el patrimonio cultural fue una herramienta discursiva central en la mayor parte de ellas (21), entendido fundamentalmente como patrimonio inmobiliario y como patrimonio histórico protegidos por las legislaciones vigentes. Esa herramienta discursiva se unió al discurso ambientalista y ecologista, que acabó por centrarse en los posibles impactos sobre un medio ambiente pensado como asocial y ahistórico.

Pero si la mayoría de los afectados directos (22) en el Alto Ulla, se manifestan contra la posible construcción de embalses, una minoría piensa y actúa de otra manera. Esta minoría piensa el “patrimonio” desde la ideología de la casa-familia y de la pequeña empresa o negocio. Es el caso de una señora de Santa Mariña (Antas de Ulla) que tenía varios prados afectados por el proyecto de embalse en las “Torrentes de Mácara”, y que los vendió a un comprador a un precio superior al “normal” en el mercado de tierras, con el objetivo de comprar un coche a su hija, que trabaja en la ciudad, y que con el coche podrá regresar diariamente a la casa de su madre. Otro ejemplo es el de un empresario local que fornece tecnología eléctrica para Unión Fenosa, y que defiende la buena utilidad de los proyectos, en la espera de continuar a ganar patrimonio en sus relaciones comerciales con la empresa. Otros dos ejemplos explicitan mejor esta percepción cultural. El primero es el de una propietaria de una casa de turismo rural que piensa que los embalses traerán más clientes a su establecimiento.

El segundo es el del propietario de una minicentral en el río Ulla, que se posiciona en contra de los proyectos si no se le respetan sus derechos, o si no se le abona o compensa economicamente su empresa.

En estas re-semantizaciones, los usos fundamentales del patrimonio son privados y subrayan la necesidad de acumulación económica y de reproducción de la fuerza de trabajo, incluso a costa de riesgos como la degradación de la naturaleza o de la pérdida de patrimonio cultural colectivo.

Sin embargo, entre los afectados opositores, la noción de patrimonio cultural tiende a destacar el sentido público y el colectivo, dintinguiendo las nociones de propiedad y de tutela, y ligando esa noción con las de desarrollo endógeno y sustentable. Esta última corresponde en primera instancia a los habitantes locales, en su versión de los derechos sobre el patrimonio cultural. La resemantización que ellos hacen del patrimonio cultural lleva a matizar profundamente su oposición a los embalses, ellos no están en contra de las minicentrales, sino en contra de las “maxicentrales” proyectadas por Unión Fenosa. Las primeras pueden producir energía recuperando y preservando patrimonio cultural y natural (23). Las segundas expropian el patrimonio cultural y natural, pero también la ecomemoria y la patrimemoria. Además las segundas no dan oportunidad a los locales de competir con proyectos endógenos que reviertan la riqueza en los topos locales y que genere una sustentabilidad.

5. Conclusiones

Cuando el patrimonio cultural está en riesgo, puede existir una disfunción entre la cosmovisión de la Política sobre el patrimonio cultural y la cosmovisión de la Sociedad Civil. La cosmovisión política defiende cada vez más en Galicia los negocios de las multinacionales y menos los derechos de los ciudadanos a participar democráticamente en decisiones transcendentales sobre el patrimonio cultural y el territorio, que les van a afectar en el futuro. El aumento del Mercado en detrimento de la Política hace que los ciudadanos se auto-organicen en la defensa de los intereses públicos colectivos. La recuperación del patrimonio cultural para usos sociales colectivos es un objetivo ciudadano cada vez más importante para la sociedad civil. Para eso rescatan democráticamente el patrimonio cultural para uso y disfrute de todos, aunque sin movilización social no hay percepción de esas necesidades cotidianas por parte de los gobiernos.

La movilización social de la sociedad civil por la defensa del patrimonio cultural fue clave en la declaración negativa de algún embalse como el previsto al lado del castillo de Pambre, pero también es cierto que la visión predominante fue la monumentalista, que es

propia de las administraciones públicas, pues es una heráldica más visible y emblemática,

capaz de estructurar con gran potencia imágenes icónicas del poder dominante. Al mismo

tiempo, esta heráldica sirve para representar una memoria que legitima el orden social del

presente (Connerton: 1989).

El patrimonio cultural es para los afectados una síntesis simbólica de los valores identitarios del grupo, a través del que se reconoce, se presenta a otros grupos y se mercantiliza la retórica del paisaje. La patrimonialización (Sierra Rodríguez: 2000) del mismo es una reacción que responde en situaciones de riesgo de olvido del pasado, una herramienta utilizada ante un futuro que se presenta incierto. La activación del mismo se presenta también como una huida al riesgo de la monocultura (Levi-Strauss: 1988) homogeneizadora. Lo definido como riesgo de “muerte” del patrimonio cultural provoca la revitalización y reconstrucción de la memoria inscrita en él, evitando que se borren las huellas y revalorizando el legado, pues es el patrimonio uno de los tropos donde se condensa la historia vivencial. Pero este proceso no está exento de selecciones, pérdidas y renuncias con el fin último de fijar y garantizar la definición de la permanencia de los grupos humanos. Es por eso que en algunos casos el patrimonio se impone al patrimonio cultural y su sentido público colectivo.

La reconstrucción de patrimonio cultural en situación de riesgo es una forma cultural de reaccionar frente a un sentimiento de pérdida provocada por el “progreso” (Ariño, 2001),

creando así una máquina de producción de raíces. Los riesgos socioculturales auto percibidos por la sociedad civil y derivados de los impactos producidos por los embalses, contribuyen decisivamente para la reconstrucción y la redefinición del patrimonio cultural, relativizando así el discurso etnocéntrico del “Mercado” y de la “Política”. Al mismo tiempo, los riesgos sobre el patrimonio cultural contribuyen para la reconstrucción social y la autoorganización comunitaria en la defensa de su ecomemoria y patrimemoria.

NOTAS

(1)    “A los efectos de la presente Convención se considerará “patrimonio cultural”: -los monumentos: obras arquitectónicas, de escultura o de pintura monumentales, elementos o estructuras de carácter arqueológico, inscripciones, cavernas y grupos de elementos, que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia, -los conjuntos: grupos de construcciones, aisladas o reunidas, cuya arquitectura, unidad e integración en el paisaje les dé un valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia, -los lugares: obras del hombre u obras conjuntas del hombre y de la naturaleza así como las zonas incluidos los lugares arqueológicos que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista histórico, estético, etnológico o antropológico.”  (Art. 1, Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural, Unesco, París, 16-11-1972) “O património cultural português é constituído por todos os bens materiais e imateriais que, pelo seu reconhecido valor próprio, devam ser considerados como de interesse relevante para a permanência e identidade da cultura portuguesa através do tempo.”  (Art. 1, Lei n.º 13/85 do Património Cultural Português, 1985) “Integran el Patrimonio Histórico Español los inmuebles y objetos muebles de interés artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico o técnico. También forman parte del mismo el patrimonio documental y bilbiográfico, los yacimientos y zonas arqueológicas, así como los sitios naturales, jardines y parques, que tengan valor artístico, histórico o antropológico.” (Art. 1, Ley 16/1985 del Patrimonio Cultural Español, 1985) “O patrimonio cultural de Galicia é constituído por todo los bens materiais e inmateriais que, polo seu recoñecido valor próprio, deban ser considerados como de interesse relevante para a permanencia e a identidade da cultura galega a través do tempo.” (Art. 1, Lei 8/1995 do Patrimonio Cultural de Galicia, 1995

(2)    Amalia Porto Quintela, una afectada por el embalse de As Conchas –Ourense-, que sepultó el campamento romano de Aquis Querquennis y que inauguró la producción de electricidad por parte de FENOSA, en O Correo Galego, 29-5-1997, p. 18.

(3)    Fernández Ferreiro, X. (1978): Morrer en Castrelo de Miño. Sada (A Coruña): Ediciós do Castro. Se prohibió su publicación en 1975, y sólo fue editada en 1978. Esta obra relata el proceso social de lucha contra la construcción del embalse de “Castrelo de Miño” (Ourense), en la segunda mitad de los años 1960. Esta área es denominada por el autor como el “Delta del Nilo gallego” por la fertilidad de las tierras, especialmente orientadas para la producción de vino del Ribeiro. El embalse será inaugurado en 1968. Otra obra literaria que relata esos procesos en Galicia, es la novela de Daniel Cortezón publicada por Xerais en el año 1981: “A vila asolagada”, en ella se narra literariamente la tragedia de “Castromiño”.

(4)    (4) Coles, P. (2000): “As grandes presas, ¿a fin dunha época?”, en O Correo da Unesco (mayo de 2000), pp. 10-11. Citando la CIGP –Cimisión Internacional de Grandes Presas-, dice que en China existen más de 22.000 grandes presas –altura superior a 15 metros-, casi la mitad de las del mundo, y en la India unas 3.000, el tercer constructor del mundo.

(5)    (5) Cuando hablo de “retórica tecnicista” me refiero a la utilización de nombres técnicos como “minicentral” para referirse a embalses que pretenden ser construidos en el curso alto de los ríos, y que en realidad son más “maxicentrales” que minicentrales. Aquí observamos una tentativa de control de la ética por la técnica y por la “ciencia”.

(6)    (6) Concepto tomado de Zonabend, F. (1989): La Presque´île au Nucleaire. Paris: Editions Odile Jacob. Sobre los impactos socioculturales de las centrales nucleares en Normandía.

(7)    (7) Veiras García, X. (2000): “Plano Hidrolóxico de Galicia-Costa: 24 encoros máis”, en Cerna- Revista Galega de Ecoloxía e Meio Ambiente n.º 31, pp. 31-32.

(8)    (8)  Ver El Correo Gallego, jueves, 21-1-1999, p. 46 (Área de Compostela) y A Nosa Terra, 28- 1-1999, p. 11.

(9)    (9) Ver El Correo Gallego, jueves, 21-1-1999, p. 46 (Área de Compostela).

(10)                      Ver El Progreso, Domingo, 7-2-1999, p. 17.

(11)                      El embalse de Iliso, en Turquía va a sumergir 52 aldeas y desplazar 78.000 kurdos –Vidas: Expresso, 18-8-2001- .La presa de Cerro del Oro desplazó más de 500.000 personas en México . Ver: Bartolomé, M. e Barabás, A. (1990): La presa Cerro de Oro y El Ingeniero “El Gran Dios”. Relocalización y etnocidio chinanteco en México. México: Instituto Nacional Indigenista / Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. La presa de las “Tres Gargantas” (Río Amarillo) en China sumergirá 1.045 kilómetros cuadrados, destruirá 800 sitios culturales y desplazará a 1.000.000 de personas. En Yugoslavia la presa de “Studenica” modificó la situación prevista en el proyecto, por situarse a 20 kilómetros del monasterio de Studenica (declarado patrimonio mundial de la humanidad), al cual afectaría por el aumento de la humedad.

(12)                      Asamblea de vecinos celebrada en febrero de 1999. Destacar que este municipio se vio muy afectado por la construcción del gran embalse de Portodemouros (1968), sobre el río Ulla.

(13)                      Cuestionario de preguntas abiertas realizado a 100 personas de los municipios de Palas de Rei, Monterroso, Antas de Ulla y Santiso entre marzo del año 1999 y mayo del año 2000. El cuestionario fue elaborado con el objetivo de conocer la autopercepción local pero también consciencializar a la gente, al estilo de Paulo Freire. Sin embargo la mayoría de los cuestionarios fueron recogidos por entrevistadores ligados a la coordinadora de afectados. Esta subjetividad se objetiva en las respuestas. Agradezco sinceramente a Marcial Barral su estimable e importantísima ayuda. Entre las respuestas alternativas a los embalses destacan: la recuperación del patrimonio cultural y el uso social del mismo, el turismo rural, la potenciación de las segundas residencias y de ecomuseos.

(14)                      Unión Fenosa Ingeniería (1998): Aprovechamiento Hidroeléctrico Integral. Río Ulla. Documento de Análisis de Sinergias Ambientales. Madrid: Unión Fenosa. -Unión Fenosa Ingeniería (1998): Aprovechamiento Hidroeléctrico Integral. Río Ulla. Estudio de impacto ambiental. Madrid: Unión Fenosa.

(15)                      Es el caso de la parte medieval de la ciudad del Cairo en la época inmediatamente después de la independencia, cuando dominaba el paradigma modernizador en arquitectura.

(16)                      Activistas como la secretaria de Adega –“Asociación de defensa ecolóxica de Galicia”- como Elvira Cienfuegos, en una reunión de la coordinadora de afectados en Melide (A Coruña), durante el mes de marzo de 1999.

(17)                      La declaración de impacto ambiental del aprovechamiento hidroeléctrico integral de la cuenca del río Ulla es aprobada por la Resolución del 18 de abril de 2001 (Diario Oficial de Galicia, 20-6-2001, pp. 8309-8330).

(18)                      El periódico provincial “El Progreso” emitió reiterados reportajes sobre el asunto desde febrero de 1999, y publicó de manera destacada la opinión de decenas de opositores al proyecto. La postura del periódico fue de apoyo a los afectados, ejerciendo de verdadero cuarto poder. La causa de esta postura combativa une razón, emoción y corazón, y radica desde nuestro punto de vista en la relación afectiva con el Alto Ulla (provincia de Lugo) y la postura crítica de los redactores jefe. Al mismo tiempo la línea política del periódico se había vuelto algo contra hegemónica desde finales de los años 1990.

(19)                      Tengo utilizado este concepto para referirme a los modos de vida característicos de las “vilas” o pequeñas ciudades gallegas y sus contornos, en las cuales se mimetizan los modos de vida rurales y urbanos. Ver: -Bauer, G. e Roux, J. M. (1976). La rurbanisation ou la ville éparpillée. Seuil : Paris. -García de León, M. A. (1992). La ciudad contra el campo. Diputación de Ciudad Real: Ciudad Real. Es significativa en este modelo “rurbano” la inversión de ideas, pues si antes la ciudad era pensada como el lugar de la calidad de vida, ahora es pensado el campo.

(20)                      Hombre, 50 años aproximadamente, propietario do “Muíño dos Canizos”, no río Ulla, y con un proyecto en curso de minicentral hidroeléctrica. Recordar que en la zona próxima, y concretamente en el río Furelos la minicentral hidroeléctrica “Pita” (proyecto familiar) ofrece electricidad para una buena parte de la “vila” coruñesa de Melide.

(21)                      Una copia del conjunto de alegaciones a los proyectos se encuentra en manos de la coordinadora de afectados. La asociación cultural “Os Lobos”, de Vilar das Donas –Palas de Rei- fue una de las más activas en la defensa del patrimonio cultural como estrategia de oposición al proyecto. Agradezco a su presidente, Xosé Manuel Pérez Paredes, toda su ayuda en el desarrollo de esta investigación-acción.

(22)                      Cuestionario de la UTAD citado más arriba.

(23)                      Durante el pasado siglo XX existieron en el Alto Ulla minicentrales de bajo impacto ambiental como la de “Coello” –río Pambre-, en el contorno de Pambre. Ejemplos actuales de minicentrales son la de Ponte Vilariño –río Arnego- , y la Hidroeléctrica Pita -río Furelos-; en breve funcionará como minicentral el “muíño das Canizas” –río Ulla-, también dedicado a mesón-restaurante.

 

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LEYES AL SERVICIO DE ENDESA-EMGESA-ENEL CONTRA COMUNIDADES AFECTADAS Y EL MEDIO AMBIENTE

En el recurso de reposición interpuesto por la Fundación El Curíbano -Tercer Interviniente- contra la Resolución No. 1814 del 17 de septiembre del 2010 del Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial -MAVDT- se reafirma con fundamento en la Constitución Política, Sentencias de la Corte Constitucional y pruebas fácticas que el Gobierno Nacional, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial no sólo violaron y expidieron normas a favor de las exigencias de las transnacionales Endesa-Emgesa-Enel, sino que permitieron el incumplimiento de las obligaciones establecidas en la licencia ambiental, vulnerando gravemente los derechos de las personas y las poblaciones afectadas y los bienes patrimoniales y culturales de la nación,  tal como lo venían denunciando Plataforma Sur de Organizaciones Sociales y la Asociación de Afectados por la construcción del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo.

Emgesa, en la solicitud de conciliación extrajudicial, enero de 2010, plantea que “las obligaciones de la licencia eran impuestas, desproporcionadas, excesivas, carentes de fundamento legal y contrarias a los principios de legalidad y equidad” y “ocasiona cuantiosísimos perjuicios patrimoniales y extra patrimoniales”. Emgesa, afirmó en repetidas ocasiones, ante los medios, ante los tribunales, que sólo continuaría con el proyecto hidroeléctrico El Quimbo “si se modifican las excesivas cargas ambientales y obligaciones que le fueron impuestas (…) de lo contrario los cuantiosos perjuicios que se les ocasionaría deben ser reparados por el Ministerio” y se retirarían del negocio.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca improbó la conciliación extrajudicial considerando que el mecanismo previsto para la modificación de la licencia ambiental no era éste recurso jurídico,  ni fueron consultadas las instancias administrativas que habían conceptuado previamente sobre el Estudio de Impacto Ambiental, que sirvió de fundamento a la expedición de la licencia ambiental, el desconocimiento de la participación de las comunidades y el desacato de los funcionarios al no sujetarse al estricto cumplimiento de la Ley, porque una conciliación extrajudicial, según el Tribunal, es para “proteger la legalidad y los intereses patrimoniales del Estado y los derechos fundamentales”.

El Ministerio de Ambiente recurrió, entonces, al Decreto 2820 del 5 de agosto de 2010, (expedido por este despacho dos días antes de concluir el mandato del presidente Uribe) y que fue  hecho a la medida para incorporar las pretensiones de Emgesa que habían sido  rechazadas por el Tribunal de Cundinamarca.  Según lo dispuesto en el parágrafo primero del artículo 51 Régimen de transición “…las autoridades ambientales continuarán realizando las actividades de control y seguimiento necesarias, con el objeto de determinar el cumplimiento de las normas ambientales. De igual forma, podrán realizar ajustes periódicos cuando a ello haya lugar, establecer mediante acto administrativo motivado las medidas de manejo ambiental que se consideren necesarias y/o suprimir las innecesarias”. Con fundamento en lo anterior, expidió la Resolución No. 1814 del 17 de Septiembre de 2010  “por la cual se toman medidas de ajuste a las Resoluciones 0899 del 15 de mayo y 1628 del 26 de agosto de 2009 y se adoptan otras disposiciones”, burlando de esta manera el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y violando el mismo Decreto 2820 debido a que no cumple de fondo con ninguna de las condiciones establecidas para modificar la licencia ambiental. (Artículo 29°) que, además, se encontraba en firme. El Ministerio concluye que “en este orden de ideas…una vez verificada la documentación presentada por EMGESA S.A., en el Informe de Cumplimiento Ambiental; específicamente el documento elaborado por la Fundación Natura, se hacía necesario ajustar los requerimientos de la Resolución 1628 de 2010, toda vez que la información presentada por la Empresa resultaba pertinente y eficaz”.

El MAVDT, sin lugar a dudas, ha desempeñado la función de proteger los intereses de las corporaciones transnacionales, contando con el aval del gobierno del Huila, la bancada parlamentaria y apoyado en "estudios"  pagados por Emgesa a la Fundación Natura para ’ajustar’ la licencia a favor de esta compañía reduciéndole los costos ambientales y las compensaciones de los más pobres de la Zona de El Quimbo en 140 millones de dólares. Pero además, ha cohonestado con las actuaciones de Emgesa de incumplir con las obligaciones establecidas en la licencia ambiental (ver recurso de reposición) y de atropellar a las comunidades a través de presión indebida, coacción sicológica, engaños,  ofrecimientos económicos amañados para generar desconfianza y división y, en general, vulneración de los derechos de los afectados.

Asoquimbo y Plataforma Sur de Organizaciones Sociales ratifican su decisión de acudir a diversas acciones de resistencia civil, a la solidaridad ciudadana y al acompañamiento de organismos nacionales e internacionales de Derechos Humanos por la defensa del territorio, contra el desarraigo, el despojo y el ecocidio y por el derecho a vivir dignamente.

EL QUIMBO NI SE INUNDA, NI SE EXPROPIA NI SE VENDE SERA UNA RESERVA CAMPESINA AGROALIMENTARIA

Plataforma Sur de Organizaciones Sociales

¿Por qué el MAVDT se ha convertido en una empresa de licencia de obras?

 
En días recientes pequeños y grandes propietarios de los predios que serían inundados por El Quimbo,  denunciaron las presiones indebidas y el acoso de los funcionarios de Emgesa  para que vendan sus fincas a los precios que les imponen y en las condiciones que a Emgesa conviene. Por estos hechos, conocidos en el terreno y de la voz de los campesinos,  Plataforma Sur solicitó un pronunciamiento del Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, MAVDT.
 
En la respuesta del MAVDT (oficio radicado 4120-E1-94099, del 27-07-2010, expediente 4090), quien fungía hasta ese momento como directora de Licencias, Permisos y Trámites Ambientales, la Ingeniera Diana Marcela Zapata Pérez, evade las denuncias y se limita a pedir un “listado de propietarios” que se hayan visto en la situaciones de presión, y de paso eludió hacer referencia a la denuncia según la cual  “el Ministerio de Ambiente viola el Artículo 23 de la Constitución Política al no resolver de fondo la petición para que se  expedida y se notifique a todos los afectados el Acto Administrativo, resultante de la visita de seguimiento a la Gestión Social de Emgesa, sobre identificación de impactos ocasionados por la aplicación de la Resolución 321 del 1 de septiembre de 2008”.
 
¿Por qué la jefa de Licencias del MAVDT se niega a responder sobre el Acto Administrativo de seguimiento a la Gestión Social de Emgesa que se realizó en octubre del 2009 y que estaba obligada a hacerlo? ¿Qué pasa en el Ministerio? ¿Terminó la era Uribe, de feria de licencias de obras o ese será otro de los huevitos que protegerá el gobierno de Juan Manuel Santos? Si eso es así, el juramento con los mamas de la Sierra Nevada que pronto Se quebrantó.
 
Existe una hipótesis sobre el comportamiento de la dama Zapata: La funcionaria es consciente de las irregularidades denunciadas por las comunidades, pero prefiere el silencio para mantener la impunidad, debido a su  compromiso directo con el gobierno de Uribe (ambos son paisas) y la transnacional Endesa-Emgesa de realizar el negocio a favor de intereses particulares contra el interés público, afectando al Huila y las comunidades, muy al contrario de la forma como se resolvió el proyecto Pescadero Ituango en Antioquia.
 
Mientras en el Huila se entrega parte del territorio a la transnacional Endesa-Emgesa (hoy ENEL) para la cuestionada construcción de El Quimbo, sin un solo peso de participación del Departamento y sus 37 municipios, los antioqueños no permitieron que el gobierno de Uribe vendiera parte sustancial de las acciones del Proyecto Pescadero Ituango a empresas particulares (“delito de lesa patria”, lo llamó el ex gobernador Gómez Martínez) y pactaron que la obra será construida, operada y administrada por las  Empresas Públicas de Medellín y su rentabilidad favorecerá a todos los Municipios de Antioquia, pues éstos son sus accionistas.
 
Claro, en el Huila el gobierno de Uribe y su gendarme de licencias en el MAVDT contó con el respaldo miope y egoísta de políticos clientelistas y gamonales, el director de la Cámara de Comercio, el aval del director de la CAM y hasta de académicos silenciosos y licenciosos. ¡Qué huilensidad, eso sí es hacer patria!
 
En ocho años, el MAVDT expidió cerca de 100 mil permisos (energéticos, mineros, de agro-combustibles, vías, etc.), que se traducen en una carta abierta para la destrucción de los más diversos ecosistemas en los cuatro puntos cardinales del territorio y hasta en la última de las cumbres de nuestras cordilleras andinas. ¿Y todo esto para qué? Para defender y beneficiar a las empresas multinacionales en el expolio de las riquezas nacionales a nombre de la llamada confianza inversionista. De esta manera, la señora Zapata adquirió poder en el MAVDT. Ahora, en el ocaso de su tarea impone el silencio en el despacho frente a las graves denuncias que desde distintos lugares del país se vienen formulando por las comunidades y organizaciones sociales y ambientales.
 
Es urgente establecer una veeduría que vigile directamente el comportamiento de estos funcionarios y se haga seguimiento riguroso a las acciones jurídicas (Populares, de Tutela, nulidad) en curso en los estrados judiciales, que buscan hacer prevalecer la constitución, defender los derechos de las personas, las comunidades, evitar el daño ambiental y ecológico y, como decía el ex gobernador Gómez Martínez, atajar el delito de lesa patria, y añadiríamos de lesa humanidad, que se consumaría de construirse  El Quimbo.

El Tribunal Permanente de los Pueblos pide que Endesa y Enel abandonen su proyecto en la Patagonia chilena

Emgesa S. A. en Colombia, concesionaria del proyecto El Quimbo, es filial de Endesa y Enel en Europa. (N. de la R.)

España — El Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) ha reclamado esta mañana en su sentencia la paralización cautelar del proyecto de Endesa y Enel para construir cinco mega-represas hidroeléctricas en la Patagonia de Chile. También se ha pedido que queden sin efecto proyectos y megaproyectos de inversión de empresas europeas en América Latina que están ahora en proceso de desarrollo y que, como los de Endesa, “van a tener impactos negativos enormes sobre la vida de las personas y el medio ambiente, sin contrapartidas significativas para el desarrollo de las comunidades afectadas”.

El Consejo de Defensa de la Patagonia (CDP), CODESA-Chile, Ecosistemas y Greenpeace presentaron ante el Tribunal el caso de Endesa (España) y Enel (Italia), por su proyecto de construcción de cinco mega-represas hidroeléctricas en la Patagonia chilena, que degradarían esta bio-región única de un valor cultural y ambiental incalculable.

Después de conocer la sentencia, han expresado su satisfacción por la misma y reclaman a las empresas involucradas, y al Gobierno de Chile, que tengan en cuenta esta condena moral y ética y hagan lo que el tribunal claramente ha indicado: paralizar estos proyectos, que son innecesarios para el abastecimiento energético, degradarían un ecosistema prácticamente virgen y consolidarían el monopolio de estas compañías sobre los sistemas energético y de aguas en Chile, poniendo en grave riesgo la propia democracia en el país.

El Tribunal Permanente de los Pueblos se reunió en Madrid los días 14 y 15 de mayo para juzgar los abusos que las multinacionales españolas y europeas cometen en América Latina, y la complicidad de los Estados y de la propia Unión Europea en sus actuaciones. El Tribunal está compuesto por personalidades de gran prestigio moral y ético, asesorados a su vez por un comité jurídico. Se basa en el precedente de los Tribunales Russell, que juzgaron desde la guerra de Vietnam hasta la dictadura de Pinochet en Chile o la construcción del muro en Palestina. Sus dictámenes no son vinculantes pero tienen un elevado valor ético y moral, además de estar sustentados sobre argumento jurídicos.

El jurado estaba compuesto por 14 personalidades muy reconocidas como el presidente del jurado, Perfecto Ibáñez, vocal del Consejo General del Poder Judicial; Blanca Chancoso, ex dirigente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador; Judith Brown Chomsky, abogada en el juicio estadounidense a Shell por sus crímenes en Nigeria; Carlos Taibo, profesor titular de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Madrid, y el Secretario General del TPP, Gianni Tognoni, entre otros.

En el acto donde se ha dado a conocer la sentencia, el jurado ha denunciado un modelo de progreso y de desarrollo que camina en dirección contraria al interés de los seres humanos y ha denunciado la impunidad de las grandes empresas multinacionales frente a la ley y a sus cómplices necesarios en el ámbito político, que permiten que la situación se perpetúe.

El miembro del tribunal Carlos Taibo, catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid, ha denunciado las políticas de la Unión Europea “por su apoyo incondicional a la expansión de las empresas europeas en América Latina, pasando por encima de los intereses de las comunidades y del medio ambiente”. La ecuatoriana Blanca Chancoso ha reclamado a la sociedad civil que se apropie de la sentencia, y que la utilice “como un precedente que pueda servir para lograr instrumentos con los que hacer justicia”.

Alirio Uribe, presidente del Colectivo de Abogados de Colombia, ha resaltado en su exposición cómo la sociedad civil puede utilizar esta sentencia. El tribunal, en este sentido, ha instado a la ciudadanía europea a “usar mecanismos como la iniciativa legislativa incluida en el Tratado de Lisboa, que requiere sólo un millón de firmas en toda la UE para proponer iniciativas concretas de legislación para el control de las multinacionales”.

“Esta sentencia es un gran paso para la verdad y la justicia. Los estados y las empresas europeas deben escuchar las recomendaciones de este tribunal”, ha señalado Mabel González, portavoz de Greenpeace. “En cuanto a Endesa y Enel, les pedimos que acaten sus términos y paralicen los proyectos para construir represas e inundar la Patagonia de Chile. Al rechazo, ampliamente manifestado de los ciudadanos de Chile, se suma ahora una condena del Tribunal de los Pueblos. Ese proyecto debe ser abandonado con carácter inmediato”, afirma.

El Tribunal se ha celebrado en el marco de la cumbre de movimientos sociales “Enlazando Alternativas IV”, con el telón de fondo de la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno UE-América Latina. La sesión de Madrid es la cuarta en un proceso que pretende dar visibilidad a los movimientos sociales y luchas ciudadanas contra los abusos de las multinacionales en aquel continente, y coordinar las resistencias frente al poder antidemocrático de estos poderosos actores.

El Tribunal de los Pueblos pide a la UE que controle sus empresas

El Tribunal Permanente de los Pueblos condena a la Unión Europea por su complicidad en los delitos sociales y ecológicos de las transnacionales (descargue aquí el texto completo del fallo)

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