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Miller Armín Dussán Calderón

ASOQUIMBO: LA PAZ SE CONSTRUYE DESDE LOS TERRITORIOS

ASOQUIMBO: LA PAZ SE CONSTRUYE DESDE LOS TERRITORIOS

 

La política minero energética y los agronegocios del Gobierno de Santos es producto del regreso al sector primario de la economía basada en la extracción intensiva de los recursos naturales, especialmente energéticos y mineros.

Las empresas nacionales y transnacionales (Isa, Isagen, Endesa, Enel, Emgesa, Emerald Energy, Anglo Gold  Ashanti, Hydrochina, etc) invierten sus excedentes financieros en la explotación de nuestros recursos naturales con el propósito de incrementar su capital, explotando al máximo la fuerza laboral, desplazando  a las comunidades de sus territorios, destruyendo los tejidos sociales, la seguridad alimentaria,  la fauna, la flora e incrementando el calentamiento global.  

En la actualidad existen 31 solicitudes de licencias en la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales  -ANLA- para proyectos hidroeléctricos en todo el país. Se suma a lo anterior la imposición de nuevas represas en el Huila: Isnos, Guarapas, Chillurco, Oporapa, Pericongo, Paez, Aranzazu, La plata y Paicol, que hacen parte del Plan Maestro de Aprovechamiento del Río Magdalena en convenio con la empresa estatal Hydrochina. Lo que significará la privatización y la apropiación de una de nuestras más grandes riquezas: el agua.

Toda esta abundancia de energía en vez de ser factor de desarrollo humano incrementa la desigualdad. “Los industriales que consumen mayores cantidades de energía y de mayor voltaje pagan el KW/h mucho más barato, entre 85 y 100 pesos, porque lo pueden negociar con las empresas directamente. Los pobres consumen a 350 pesos el KW/h”.

El presidente Santos declaró 17,6 millones de hectáreas del Chocó, Amazonas, Guaviare, Guainía, Vaupés, y Vichada como Reserva Estratégica Minera. Santos ve en estas regiones una bolsa de minerales estratégicos como el uranio, el oro, el cobre, el coltán, este último, indispensable en la producción de teléfonos móviles, satélites artificiales, armas teledirigidas, televisores de plasma, ordenadores portátiles, cohetes espaciales y cámaras fotográficas, entre otros. El presidente multiplicó por más de 1000 las áreas de Reserva Estratégica del país y estaría decretando, el principio del fin de la riqueza biológica y cultural de la Amazonia oriental colombiana, así como de las otras áreas incluidas en esta declaratoria, ubicadas en el Chocó y en la Orinoquia”.

Hoy, en total, existen más de 30 millones de hectáreas en exploración y alrededor de 2,5 millones en explotación petrolera que si las sumamos con las mineras y las de la agroindustria, significarán un cambio radical del mapa territorial y profundos conflictos sociales, ambientales, económicos.

La política gubernamental pretende alcanzar la meta de 3 millones de hectáreas destinadas a la producción de agrocombustibles en 2020. Estos proyectos se han concedido despojando de los territorios a campesinas, indígenas y negros y otorgando grandes incentivos al capital a través del Programa Agro Ingreso Seguro (AIS), mientras se destruye la producción agrícola y la seguridad alimentaria a través de Tratados de Libre Comercio.

Los proyectos minero – energéticos se declaran de  utilidad pública e interés social facilitando los procesos de expropiación por vía administrativa, se flexibilizan las exigencias ambientales y se agilizan los trámites, eliminando la licencia ambiental en la fase exploratoria para el caso minería, y en la sísmica para el caso del petróleo.

Razón tiene la Contralora General de la Nación al declarar que “Colombia está al borde de un desastre ambiental. Está en riesgo porque, al lado de la explotación minera y al lado del uso de los recursos naturales, no hay autoridades ambientales que estén exigiéndole a todo el mundo, no solo a Cerro Matoso, que dejen de deforestar y de contaminar”. Afirma, además que, “en el centro del país hay también hallazgos preocupantes: la represa del Quimbo, cuyas obras representan una afectación ambiental y social de enormes proporciones. Se abrió juicio de responsabilidad por un daño valorado en 352.000 millones de pesos”, comprometiendo a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) en irregularidades en el trámite de la licencia, así como en el grave impacto social, ambiental y económico que surgió dentro de la expedición de la misma.

El ente de control halló graves fallas en el censo realizado por Emgesa para identificar la población afectada por el proyecto El Quimbo y la exclusión de muchas personas impactadas que cumplen con las condiciones para ser indemnizadas y censadas, concluyendo que ¨el censo continua abierto y que existen herramientas para corregirlo”. Sin embargo, la ANLA responde que  "el censo se encuentra cerrado y no será objeto de apertura", confirmando que está al servicio de Emgesa.

El Movimiento Rios Vivos y Asoquimbo consideran que el principal obstáculo que atenta contra el proceso de paz es la imposición de las “locomotoras del desarrollo” del Gobierno de Santos que garantiza, a nombre de la confianza inversionista y la supuesta utilidad pública, el control corporativo de los territorios por parte de las empresas nacionales y transnacionales para la ejecución  de megaproyectos minero energéticos y agronegocios.

En tal sentido, para abordar los problemas estructurales es necesario  evaluar los nuevos conflictos socio – ambientales y organizar desde los territorios a todos los afectados para construir Agendas desde lo local y regional que incluyan, entre otros, el cese inmediato del fuego y la  suspensión y no otorgamiento de Licencias Ambientales a los megaproyectos ecocidas, una política minero energética agroalimentaria autónoma y soberana, reservas campesinas, el reconocimiento de los derechos de la naturaleza y de las comunidades indígenas y campesinos. Para tal efecto, es necesario mantener la resistencia civil permanente y avanzar en nuevas acciones como la propuesta de Paros Cívicos Regionales y Nacionales, como fuentes de Derecho Alternativo y de construcción de nuevas formas de gobernabilidad como el autocontrol colectivo de nuestros territorios por los actores sociales que los habitan.

TRANSNACIONALES FUERA DE NUESTROS TERRITORIOS

EL MONUMENTO AL PESCADOR DE EMGESA ENEL ENDESA

EL MONUMENTO AL PESCADOR DE EMGESA ENEL ENDESA

El pescador derribado de su pedestal, que se encuentra cerca al río Magdalena en Neiva Huila, es la expresión simbólica del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo de Emgesa-Enel Endesa. Refleja las pésimas condiciones que viven los pescadores por los graves impactos sociales y ambientales ocasionados por las obras. 

Los pescadores afirman que la pesca ha disminuido en más del 80% debido a que desde inicios de construcción de las obras de El Quimbo, Emgesa ha venido depositando el material procedente de las obras del túnel de desviación y de vías sobre el Estrecho el Quimbo en cantidades inimaginables, al río Magdalena. Esta tierra que sacan viene contaminada con material explosivo. Fue así como en la ventana uno encontramos entre la tierra residuos de un gel explosivo del cual tomó evidencias la CAM en su visita del 13 de junio de este año…Residuos de concreto revuelto con alambres acerados utilizados para las paredes del túnel, las sacamos en nuestras atarrayas”.

El INCODER, confirmó lo anterior al señalar que “la productividad de los pescadores del Hobo Huila disminuyó 7.95 toneladas entre el año 2009 y diciembre del año 2011”, que corresponde al periodo de construcción de obras.

Los pescadores que se encontraban en su hábitat natural fueron desalojados violentamente por el Estado el 14 y 15 de febrero de 2012 para garantizarle a las transnacionales la continuidad de sus obras de generación de energía “limpia y necesaria” como lo afirmó el presidente Santos, el 27 de febrero de 2012

La Contralora General de la Nación, el 13 de octubre de 2012 afirma que ’Colombia está al borde de un desastre ambiental’ y que  “en el centro del país hay también hallazgos preocupantes: la represa del Quimbo, cuyas obras representan una afectación ambiental y social de enormes proporciones. Se abrió juicio de responsabilidad por un daño valorado en 352.000 millones de pesos”.

Los pescadores vienen construyendo su nuevo monumento en la Resistencia Civil por la Defensa del Territorio, el Patrimonio Nacional y la Soberanía y Seguridad Alimentaria

LA CONTRALORIA TIENE LA PALABRA ANTE BURLA DE LA ANLA

LA CONTRALORIA TIENE LA PALABRA ANTE BURLA DE LA ANLA

 Luz Helena Sarmiento-Directora de la ANLA

La Autoridad Nacional Ambiental –ANLA- dio respuesta al Derecho de Petición de Asoquimbo sobre actualización y complementación del censo de población afectada por el P.H. El Quimbo y otras solicitudes relacionadas con la grave problemática generada por Emgesa.

La respuesta de la ANLA, es que  "el censo se encuentra cerrado y no será objeto de apertura", confirmando que está al servicio de Emgesa, burlándose de los resultados  de la investigación realizada por la Contraloría General de la Nación  que constata el hallazgo de “graves fallas en el censo realizado por Emgesa para identificar la población afectada por el proyecto y ante la exclusión de muchas personas impactadas que cumplen con las condiciones para ser indemnizadas y censadas”, concluyendo que “el censo continua abierto y que existen herramientas para corregirlo” razón por la cual envió“comunicación al Ministerio del Medio Ambiente, Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, Defensoría del Pueblo, Procuraduría General de la Nación, para que se tomen las acciones inmediatas al Censo practicado por Emgesa".

Con relación a la apertura de juicio de responsabilidad fiscal por parte de la Contraloría General de la Nación debido al detrimento patrimonial causado por la represa El Quimbo que supera los 352.000 millones de pesos por daños ambientales y sociales, la ANLA responde que “no nos consta”. 

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –ANLA- en respuesta   a Asoquimbo, expresa que “el Ministerio de Agricultura no cuenta con recursos para comprar 2700 hectáreas y que este tema debe ser tratado por los Gobiernos departamental (Asamblea y Gobernación) y nacional para buscar una solución”.

La compra de dichas hectáreas quedó incorporada en la Licencia Ambiental del Proyecto para ser adecuadas por Emgesa, con distrito de riego por gravedad y drenaje, para compensar a jornaleros, partijeros, mayordomos, pescadores, entre otros,  que perdieron su trabajo al ser desalojados de las fincas que adquirió la empresa.  

Mientras tanto el alcalde de Gigante, IVAN LUNA, acogiendo amparo policivo de Emgesa, ordena desalojar precisamente a los jornaleros de los predios de la Honda a quienes debió restituírsele la actividad productiva con las 2700 hectáreas que el Ministerio de Agricultura se niega a comprar porque no tiene recursos, violando la Licencia Ambiental.

Asoquimbo como respuesta a las burlas de la ANLA, anunció a los medios regionales la propuesta de un Paro Cívico Regional por la Defensa del Territorio y contra todos los proyectos minero energéticos proyectados para el Huila. Espera un pronunciamiento inmediato de la Contraloría General de la Nación.

ENEL-ENDESA EMGESA Y MADS A JUICIO POR ECOCIDAS

ENEL-ENDESA EMGESA Y MADS A JUICIO POR ECOCIDAS

Fulvio Conti, Director de la Italiana ENEL

ENEL, ENDESA, EMGESA especializados en autoproclamarse  ejecutores ejemplares de los principios de la  "Responsabilidad Social Empresarial" y del "Desarrollo Sostenible" que actúan en connivencia con el Ministerio de Ambiente de Colombia, son procesados por  responsabilidad fiscal por parte de la Contraloría General de la Nación por detrimento patrimonial que supera los 350.000 millones de pesos Colombianos (cerca de 200 millones de dólares). Además, se dio traslado a la Procuraduría General de la Nación para efectos disciplinarios y la Fiscalía General adelanta investigación contra los responsables del delito de “Daños Ambientales”.

Los costos de los daños causados ( US 200 millones) son superiores a la inversión que Emgesa está obligada a realizar por compensaciones sociales y ambientales; costos que equivalen aproximadamente a la cuarta parte de la inversión que demanda el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo, calculada en 830 millones de dólares.

Asoquimbo, mediante estudios de seguimiento y control al Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo había demostrado la existencia de una crisis humanitaria causada por la destrucción de las cadenas productivas y la seguridad alimentaria, el desplazamiento estatal, el desempleo, el daño de los ecosistemas, las afectaciones psicosociales, la ruptura de los tejidos sociales, daños al Patrimonio Arqueológico y la vulneración de todos los derechos fundamentales de los afectados y el derecho colectivo al medio ambiente sano.

De acuerdo con la valoración de los hechos y las pruebas, la Contraloría General precisa los costos por afectación a la “movilidad; pérdida de la productividad marginal de la tierra; vertimientos de material al río Magdalena; incumplimientos en la realización de revegetalización; retrasos en la restitución de empleos asociados a las zonas productivas y en la restauración de los servicios ambientales de los bosques; e impacto ambiental sobre la fauna y la flora”.

Fulvio Conti, Director de la Italiana ENEL, accionista de Emgesa, sostuvo en la reciente Junta General de Accionistas realizada en Roma, el 30 de abril de 2012, que su empresa se caracterizaba por ser responsable y por cumplir estrictamente con lo establecido en la Licencia Ambiental y las normas,  razón por la cual el Gobierno Colombiano estaba obligado a garantizarle la seguridad jurídica y, en consecuencia, expresó que compartía el desalojo de las personas que se encontraban, según Conti, “invadiendo predios de las obras del Quimbo”, cuando en realidad eran pescadores que realizan su oficio en su hábitat natural, el río Magdalena y estaban exigiendo el cumplimiento de la Licencia Ambiental.

Ahora que han sido vinculados a los procesos de responsabilidad fiscal, disciplinaria y penal por ecocidas, ENEL, ENDESA, EMGESA y EL MADS ¿estarán dispuestos a reparar los daños irreversibles suspendiendo definitivamente el proyecto hidroeléctrico y a  indemnizar por las afectaciones a la Nación, al Huila y a las comunidades? o ¿Continuarán las obras burlándose de la Constitución y la Ley, acudiendo al poder del dinero, a la laxitud de  altos funcionarios y a la represión contra afectados?

Con la fuerza de los argumentos y la resistencia civil, Asoquimbo continuará la defensa del Territorio y por una política minero energética soberana y autónoma.

Ver registro de noticias en:

http://www.diariodelhuila.com/site/index.php/menu-actualidad/27251-dano-patrimonial-de-350644-millones-por-el-quimbo

http://www.opanoticias.com/politica/por-dano-patrimonial-de-$352-mil-millones-contraloria-abre-proceso-fiscal-contra-el-quimbo_15699

 

PLANES BASICOS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL IMPUESTOS POR EMGESA

 

El INFORME DE AUDITORIA  de la Contraloría General de la Nación, ( 14 07 2012) practicada a la CAM, con relación al Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo se refiere a que “el proceso de revisión y ajuste de los POT está siendo asesorado por EMGESA, mediante una consultoría, cuando este proceso debe ser adelantado y liderado por las administraciones municipales, en razón a que este ordenamiento se entiende como una política de Estado y a la vez una herramienta de planificación, a través del cual se pretende orientar la planeación del desarrollo de una región desde una perspectiva integral, participativa y prospectiva ... Lo anterior por deficiencias de control y seguimiento del Ministerio de Ambiente y la CAM lo que no permite a los Municipios orientar la autonomía de sus decisiones y el riesgo de un posible conflicto de intereses. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria.

Como se infiere  del Informe de Auditoria, la pretensión de Emgesa es lograr que a través de los Concejos Municipales de los Municipios afectados por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo se aprueben los Planes Básicos de Ordenamiento Territorial –PBOT- que han sido contratados y financiados por la Empresa a CODEIN para legalizar el ordenamiento de facto que se viene imponiendo contra la autonomía de los municipios y la participación ciudadana. En otros términos, garantizar que los EOT y PBOT incorporen las modificaciones en el uso del suelo y la reubicación de reasentamientos por la presencia del proyecto.

La actividad de Apoyo a la Gestión Administrativa Local y reestructuración de los EOT y PBOT fue planteada para el segundo año de ejecución del proyecto, lo cual  no coincidió con el periodo de formulación  desarrollado por los municipios. Por tal motivo no se logró imponer, contra la constitución y la ley, las modificaciones señaladas.

En momentos en que la Contraloría advierte de la presunta incidencia disciplinaria debido al incumplimiento de los artículos 2, 311 y 313 de la Constitución Política y la Ley 388 de 1997, el Director del Departamento Administrativo de Planeación del Huila, Armando Saavedra Perdomo, en respuesta al Consejero de Planeación, Zoilo Chauz, fechada el 19 de octubre de 2012 le comunica que “en el presente Plan de Desarrollo ‘Haciendo el Cambio’ en el ‘Programa FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y GESTIÓN, se ha propuesto la meta de resultado ‘un Plan de ordenamiento territorial actualizado y regiones en proceso de planificación’, programa que incluye la reformulación del Plan de Ordenamiento Territorial Departamental y 2 Regiones del Departamento con procesos de Planificación y una de ellos por supuesto, será el ordenamiento territorial de la Región de El Quimbo”

Antes de definir el “ordenamiento territorial de la Región de El Quimbo” el Director de Planeación debiera certificar si los municipios convocaron a sus habitantes a Consultas Populares para que se pronuncien, de conformidad con los procedimientos previstos  en la ley 134 de 1993, sobre la conveniencia de la construcción del proyecto hidroeléctrico del Quimbo, en el territorio de cada municipio afectado.

Emgesa ha expuesto su preocupación debido a las expresiones de inconformidad de Concejales Municipales  con los procedimientos ilegales que se vienen adoptando para imponer los PBOT desconociendo la advertencia de la Contraloría. Debido a lo anterior la empresa recurre al Departamento para que establezca el “ordenamiento territorial del Quimbo”  por encima de los municipios a quienes corresponde según el artículo 311 constitucional “ordenar el desarrollo de su territorio” y los numerales 7 y 9 del artículo 313 que establecen que corresponde a los concejos municipales “reglamentar los usos del suelo” y “dictar  las normas necesarias para el control, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural del municipio”.

Emgesa y el Gobierno Departamental saben que “el ordenamiento territorial de El Quimbo” es fundamental para legalizar y garantizar El proceso de reasentamiento de la población y todos los Programas y Proyectos Sociales y ambientales que hacen parte del Plan de Manejo Ambiental. Emgesa, para eludir dicho proceso de reasentamiento, que en algunos casos compromete a varios municipios y que requiere de la aprobación de los PBOT,  viene ofreciendo dinero y amenazando con expropiación a quienes tienen derecho al reasentamiento.

Asoquimbo, con fundamento en la Ley y la advertencia de la Contraloría General de la Nación ha formulado el siguiente Derecho de Petición.

Neiva, octubre 20 de 2011

Señores Alcaldes

Honorables Concejales

Municipios de Garzón, Gigante, Altamira, Agrado, Paicol y Tesalia Afectados directamente por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo

Doctora

SANDRA MORELLI RICO

Contralora General de la Nación

Doctor

JORGE ENRIQUE CRUZ FELICIANO

Contralor Delegado para el Medio Ambiente

Doctora

CECILIA QUIMBAYO CARVAJAL

Gerente Departamental Huila CGN

Doctor

ALEJANDRO ORDOÑEZ MALDONADO

Procurador General de la Nación

 

Referencia: Planes Básicos de Ordenamiento Territorial asesorados por Emgesa

La Asociación de Afectados por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo, Asoquimbo, con fundamento en los artículos 23, 74 y 87 de la Constitución Política,

CONSIDERANDO

1.- El artículo 2º de la Constitución Política consagra como uno de los fines esenciales del estado “facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica administrativa y cultural de la Nación”.

2.- El artículo 311 constitucional estipula que corresponde al municipio “ordenar el desarrollo de su territorio” y los numerales 7 y 9 del artículo 313 establecen que corresponde a los concejos municipales “reglamentar los usos del suelo” y “dictar  las normas necesarias para el control, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural del municipio”.

3. El artículo 1 numeral 2 de la Ley 388 de 1997 establece “los mecanismos que permitan al municipio, en ejercicio de su autonomía, promover el ordenamiento de su territorio, el uso equitativo y racional del suelo, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural localizado en su ámbito territorial y la prevención de desastres en asentamientos de alto riesgo, así como la ejecución de acciones urbanísticas eficientes”.

4.- El INFORME DE AUDITORIA  de la Contraloría General de la Nación, ( 14 07 2012) practicada a la CAM, con relación al Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo se refiere a que “el proceso de revisión y ajuste de los POT está siendo asesorado por EMGESA, mediante una consultoría, cuando este proceso debe ser adelantado y liderado por las administraciones municipales, en razón a que este ordenamiento se entiende como una política de Estado y a la vez una herramienta de planificación, a través del cual se pretende orientar la planeación del desarrollo de una región desde una perspectiva integral, participativa y prospectiva, además les fue suministrada información y estudios que la CAM ha adelantado en estos temas. Lo anterior por deficiencias de control y seguimiento del Ministerio de Ambiente y la CAM lo que no permite a los Municipios orientar la autonomía de sus decisiones y el riesgo de un posible conflicto de intereses. (Se trasladará al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial MAVDT). Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria.

SOLICITUDES

En ejercicio del Derecho de Petición consagrado en la Constitución Política de Colombia, Asoquimbo solicita:  

1.- A los Señores Alcaldes y Honorables Concejales de los Municipios directamente Afectados por la construcción del Proyecto Hidroeléctrico El QuimboABSTENERSE DE APROBAR los Planes Básicos de Ordenamiento Territorial, asesorados por Emgesa, con fundamento en los numerales 1,2,3,4 consignados en el punto Considerando del presente Derecho de Petición.

2. A la Procuraduría General de la Nación: Conceptuar si previo a la expedición de la Licencia Ambiental al Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo se garantizó el cumplimiento de los artículos 2, 311 y 313 de la Constitución Política y la Ley 388 de 1997.

3. A la Contraloría General de la Nación: Informar si se comunicó a los Alcaldes y Concejales de los Municipios directamente Afectados por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo el Informe de Auditoría del 14 07 de 2012 y, específicamente, lo consignado en el aparte HAD17 Gestión sobre Determinantes Ambientales del mencionado informe.

 

 

 

 

 

 

SOLIDARIDAD CON EL HERMANO PUEBLO DE HAITI

SOLIDARIDAD CON EL HERMANO PUEBLO DE HAITI

Artículo publicado en la contratapa del Semanario Brecha del 30/9/2011
Haití, país ocupado 

Eduardo Galeano

Consulte usted cualquier enciclopedia. Pregunte cuál fue el primer país libre en América. Recibirá siempre la misma respuesta: Estados Unidos. Pero Estados Unidos declaró su independencia cuando era una nación con 650 mil esclavos, que siguieron siendo esclavos durante un siglo, y en su primera Constitución estableció que un negro equivalía a las tres quintas partes de una persona. Y si a cualquier enciclopedia pregunta usted cuál fue el primer país que abolió la esclavitud, recibirá siempre la misma respuesta: Inglaterra. Pero el primer país que abolió la esclavitud no fue Inglaterra, fue Haití, que todavía sigue expiando el pecado de su dignidad. Los negros esclavos de Haití habían derrotado al glorioso ejército de Napoleón Bonaparte, y Europa nunca perdonó esa humillación. Haití pagó a Francia durante un siglo y medio, una indemnización gigantesca, por ser culpable de su libertad, pero ni eso alcanzó. Aquella insolencia negra sigue doliendo a los blancos amos del mundo.  

De todo eso sabemos poco o nada. Haití es un país invisible. Sólo cobró fama cuando el terremoto del año 2010 mató más de 200 mil haitianos. La tragedia hizo que el país ocupara, fugazmente, el primer plano de los medios de comunicación. Haití no se conoce por el talento de sus artistas, magos de la chatarra capaces de convertir la basura en hermosura, ni por sus hazañas históricas en la guerra contra la  esclavitud y la opresión colonial. Vale la pena repetirlo una vez más, para que los sordos escuchen: Haití fue el país fundador de la independencia de América y el primero que derrotó a la esclavitud en el mundo. Merece mucho más que la notoriedad nacida de sus desgracias.

Actualmente, los ejércitos de varios países, incluyendo el mío, continúan ocupando Haití. ¿Cómo se justifica esta invasión militar? Pues alegando que Haití pone en peligro la seguridad internacional. Nada de nuevo. Todo  a lo largo del siglo XIX, el ejemplo de Haití constituyó una amenaza para la seguridadde los países que continuaban practicando la esclavitud. Ya lo había dicho Thomas Jefferson: de Haití provenía la peste de la rebelión. En Carolina del Sur, por ejemplo, la ley permitía encarcelar a cualquier marinero negro, mientras su barco estuviera en puerto, por miedo de que pudiera contagiar la peste antiesclavista. Y en Brasil esa peste se llamaba “haitianismo”. Ya en el siglo XX Haití fue invadido por los marines, por ser un país “inseguro para sus acreedores extranjeros”. Los invasores empezaron por apoderarse de las aduanas y entregaron el Banco Nacional al City Bank de Nueva York. Y ya que estaban se quedaron diecinueve años.

El cruce de la frontera entre República Dominicana y Haití se llama “El mal paso”. Quizás el nombre es una señal de alarma: está usted entrando en el mundo negro, la magia negra, la brujería…

El vudú, la religión que los esclavos trajeron de África y se nacionalizó en Haití, no merece llamarse religión. Desde el punto de vista de los propietarios de la civilización, el vudú es cosa de negros, ignorancia, atraso, pura superstición. La Iglesia Católica, donde no faltan fieles capaces de vender uñas de los santos y plumas del arcángel Gabriel, logró que esta superstición fuera oficialmente prohibida en 1845, 1860, 1896,1915 y 1942, sin que el pueblo se diera por enterado. Pero desde hace ya algunos años las sectas evangélicas  se encargan de la guerra contra la superstición en Haití. Esas sectas vienen de Estados Unidos, un país que no tiene piso 13 en sus edificios, ni fila 13 en sus aviones, habitado por civilizados cristianos que creen que Dios hizo el mundo en una semana. En ese país el predicador evangélico Pat Robertson explicó en la televisión el terremoto del año 2010. Este pastor de almas reveló que los negros haitianos habían conquistado la independencia de Francia, a partir de una ceremonia vudú, invocando la ayuda del diablo desde lo hondo de la selva haitiana, El Diablo, que les dio libertad, envió al terremoto para pasarles la cuenta.

¿Hasta cuándo seguirán los soldados extranjeros en Haití? Ellos llegaron para estabilizar yayudar, pero llevan siete años desayudando y desestabilizando a este país que no los quiere. La ocupación militar de Haití está costando a la Naciones Unidas 800 millones de dólares al año. Si las Naciones Unidas destinaran esos fondos a la cooperación técnica y la solidaridad social, Haití podría recibir un buen impulso al desarrollo de su energía creadora. Y así se salvaría de sus salvadores armados, que tienen cierta tendencia a violar, matar y regar enfermedades fatales. Haití no necesita que nadie venga a multiplicar sus calamidades. Tampoco necesita la caridad de nadie. Como bien dice un antiguo proverbio africano, la mano que da está siempre arriba de la mano que recibe. Pero Haití sí necesita solidaridad, médicos, escuelas, hospitales y una colaboración verdadera que haga posible el renacimiento de su soberanía alimentaria, asesinada por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y otras sociedades filantrópicas. Para nosotros, latinoamericanos, esa solidaridad es un deber de gratitud: será la mejor manera de decir gracias a esta pequeña gran nación que en 1804 nos abrió, con su contagioso ejemplo, las puertas de la libertad.

(Este artículo está dedicado a Guillermo Chifflet, que fue obligado a renunciar a la Cámara de diputados cuando votó contra el envío de soldados uruguayos a Haití)

Los firmantes consideran que la solidaridad con el hermano pueblo de Haití debe concretarse con el envío de médicos y ayuda para superar la miseria. 
La sed de justicia  no se detiene con fuerzas militares de ocupación.
Naciones Unidas debe apostar a la paz y evitar toda colaboración con las tareas sucias del imperialismo.
La realidad de Haití exige pan, libertad, y el retiro inmediato de las tropas de ocupación.
 
Para firmar ingresa aquí: https://sites.google.com/site/fundacionbenedettihaiti/

 
 
Firmantes:

Sylvia Lago – Presidente FMB

Guillermo Chifflet – Secretario FMB

Ricardo Elena – Tesorero FMB

Daniel Viglietti – Vocal FMB

Eduardo Galeano – Vocal FMB

Ariel Silva – Gerente FMB

María Inés Silva – Secretaria FMB

Judith Parnás

Cecilia Michelini 
Juan Angel Urruzola
Alicia Torres
ALFREDO FONTICELLI
Jorge Basilago
Viviana Garcia
Macarena Montañez
estela peri
Renée Saravia 
Claudia Díaz 
Elisa Silva
Katherine Fettinger
Ana Díaz
Ramiro Bonilla
Silvia D’Ursi
Gustavo Musto
Maria Magdalena Rodriguez
Mario Licandro
Nancy Puig
Naguy Marcilla
Juan Carlos Rodríguez Castro
Manuela Abrahan
Coriún Aharonián
maria laura silveira lawlor
María Soledad Montañez
Mauro Silvera
Daniel Stapff
José Jesús Gómez Marcano
Laura Varela
Alma Bolón
Jorge Bonaldi
Alejandro Andrade
Rafael Cantera
Virginia Gramaglia
Jorge Zabalza
Daniel Gatti
Veronika Engler
Andrés Capelán
MERCEDES LABORDE
Jose Tcherkaski
Esther Trivel
Gastón Díaz
Alejo Schettini
Martín Freigedo
Mariana Méndez
Graciela Paraskevaídis
María Cristina Raviolo
Mónica Riet
Ana Guerra
gerardo riet
teresa garat 
Carlos M. Casares 
Maria Cecilia Duffau
Comunicacion Participativa desde el Cono Sur - COMCOSUR
Víctor L. Bacchetta
Pablo Rocca
Silvia Martínez del Río
Miller Dussán Calderón

ACUERDOS INCUMPLIDOS POR EL GOBIERNO Y PROPUESTAS DE ASOQUIMBO Y ORGANIZACIONES SOCIALES

ACUERDOS INCUMPLIDOS POR EL GOBIERNO Y PROPUESTAS DE ASOQUIMBO Y ORGANIZACIONES SOCIALES

Introducción

El 16 de agosto de 2012, el Movimiento por la Liberación y Defensa de la Madre tierra, firmó un Acta de Acuerdos con Delegados del Gobierno Nacional en el Puente sobre el río Pescador del Municipio de Hobo en el contexto de la Minga desarrollada por el Consejo Regional Indígena del Huila –CRIHU-  y la Asociación de Afectados por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo -Asoquimbo- que incluía como primer compromiso para el 30 de agosto de 2012  “dar respuesta por escrito a las solicitudes, indagaciones, investigaciones e informes que quedaron consignados en el acta”, acuerdo incumplido por el Gobierno  y que era básico como insumo para la realización de una Mesa de Compromisos con el Gobierno que debería instalarse a más tardar el 20 de septiembre. Para esta fecha los delegados del gobierno se comprometieron a gestionar y garantizar la infraestructura para la realización del diálogo en Neiva entre  las comunidades afectadas por megaproyectos minero energéticos y  los nuevos Ministros del Interior, Fernando Carrillo, de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Gabriel Uribe, de Minas y Energía, Federico Renjifo, de Agricultura, Juan Camilo Restrepo y el Consejero para el Diálogo Social, Lucho Garzón  con el propósito de abordar la problemática generada por la política minera energética y agronegocios del Gobierno de Santos.

1.- Movilización social  y solicitudes

Ante el incumplimiento de lo pactado, Asoquimbo, convocó  a una movilización Social realizada en Neiva  el 20 de septiembre y se vinculó a las acciones de indignación iniciadas el 11 de octubre y que aún se mantienen con la presencia masiva de campesinos a la espera de ser escuchados por el Gobierno Nacional con relación a las siguientes solicitudes consensuadas con las organizaciones sociales Congreso de los Pueblos, Red Proyecto Sur, Coordinador Nacional Agrario, Plataforma Sur de Organizaciones Sociales:

  1. El derecho a la vida, plenas libertades democráticas y respeto a los derechos humanos. 
  2. La defensa del territorio, el río Magdalena, la seguridad alimentaria, los afectados por la política minero energética y los agronegocios del actual gobierno, la suspensión inmediata de las licencias ambientales a los proyectos hidroeléctrico el Quimbo y la Emerald Energy para la explotación petrolera en el páramo de Miraflores.
  3. La realización de un nuevo censo de afectados por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo, en cumplimiento de lo ordenado por la Contraloría General de la Nación  y la indemnización por los daños causados por Emgesa, Endesa, Enel.
  4. Rechazo a los Planes Básicos de Ordenamiento Territorial contratados por Emgesa a la firma Codein de Neiva, desconociendo la autonomía de las comunidades
  5. La suspensión del Plan Maestro de Aprovechamiento del río Magdalena y, específicamente, la no construcción de nuevas represas en el Huila.
  6. El respeto a los derechos de las comunidades indígenas y el respaldo a la solución política del conflicto armado que garantice, entre otros, el control soberano y autónomo de nuestros territorios.
  7. La concertación de una política pública de acceso a la tierra con las organizaciones campesinas
  8. Constitución de zonas de reserva campesina, que permitan la pervivencia de nuestra cultura y un modelo de desarrollo que potencie la pequeña producción.
  9. La garantía de un precio fijo para la compra y venta del café, precios justos de agro insumos y un subsidio de cosecha cafetera para los pequeños productores de café, que garantice el desarrollo económico de los caficultores del Huila.  Por una salida definitiva a la crisis cafetera.
  10. El rechazo total al plan departamental de aguas y la derogatoria de la ley 142 de 1994, que privatiza los acueductos comunitarios y convierte el agua en una mercancía y no en un derecho fundamental para todos los ciudadanos.
  11. La derogatoria inmediata de la Ley 100 de 1993, y construcción colectiva de una ley de salud gratuita, pública y humana
  12. Una infraestructura vial digna para el libre tránsito por el departamento del Huila.
  13. Una educación básica, media y superior de calidad y verdaderamente gratuita.
  14. La declaratoria de Parque Natural Regional la Tatacoa, elimina la actividad agropecuaria en 35.000 hectáreas pertenecientes a los municipios de Villavieja, Tello y Baraya, lo que desplazaría una cultura ancestral de más de 500 años. Por eso exigimos que sea reconocida la cultura campesina de Tatacoa y su relación estrecha con el territorio que habita, cualquier intento de desplazamiento o reubicación de estas personas será rechazada.
  15. Entrega de una casa campesina en comodato a la Asociación de Trabajadores Campesinos del Huila (ATCH), en la ciudad de Neiva. Este será el lugar de encuentro de las organizaciones campesinas del departamento donde se difundirá su cultura e identidad.
  16. Derogatoria de la resolución 187 de 2006, del Instituto de Crédito Agropecuario que privatiza las semillas tradicionales campesinas y criminaliza a los campesinos que no compren semillas certificadas.
  17. Cumplimiento inmediato de los acuerdos firmados entre el gobierno nacional y las organizaciones campesinas e indígenas CRIHU, ATCH, ASOQUIMBO y respeto al legítimo derecho a la protesta.
  18. El pago inmediato de los 23 mil millones de pesos que le adeuda la gobernación del Huila a la Universidad Sur Colombiana.

2.- Nuevas Represas se proyectan en la Cuenca Alta del río Magdalena y afectan otras fuentes hídricas.

En el Departamento del Huila se proyectaron once represas sobre la cuenca del Alto Magdalena y otras fuentes hídricas, nueve de las cuales hacen parte de la "Formulación del  Plan Maestro de Aprovechamiento del Río Magdalena" que actualmente adelanta Cormagdalena  en convenio con el Gobierno de China, la empresa estatal Hydrochina con un presupuesto de cooperación superior a los seis millones de dólares. El Plan incluye, entre otras, la navegabilidad, la navegación, la adecuación de tierras (expropiación), la generación de energía, la recreación social y el saneamiento ambiental, en síntesis, la privatización del río Magdalena en el marco de los tratados de libre comercio. El Plan propuesto y, específicamente, la construcción de nuevas represas en el Huila, ha sido rechazado por las comunidades que se vienen sumando a la resistencia civil por la defensa del territorio, el río Magdalena y contra el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo encabezada por Asoquimbo. Las ejemplares movilizaciones del 20 de septiembre y el 11 y 12 de octubre en el Huila son expresiones de indignación contra la política minero-energética del Gobierno de Santos.

3.- Pronunciamiento de la Contraloría General de la Nación

Asoquimbo destaca el Pronunciamiento de la Contralora General de la Nación, Sandra Morelli, el 13  de octubre de 2012 en entrevista a Yamid Amat, titulada ‘Colombia está al borde de un desastre ambiental’ al reafirmar que “en el centro del país hay también hallazgos preocupantes: la represa del Quimbo, cuyas obras representan una afectación ambiental y social de enormes proporciones. Se abrió juicio de responsabilidad por un daño valorado en 352.000 millones de pesos”,comprometiendo a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) en supuestas irregularidades en el trámite de la licencia, así como en el grave impacto social, ambiental y económico que surgió dentro de la expedición de la misma¨. 

La Contraloría General de la Nación, además, mediante Oficio de agosto 23 de 2012, presenta el informe final obtenido  en desarrollo de la “Denuncia de Participación Ciudadana -Censo Desarrollado por Emgesa sobre los Beneficiarios del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo-“ y anunció el “envío de comunicación al Ministerio del Medio Ambiente, Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, Defensoría del Pueblo, Procuraduría General de la Nación, para que se tomen las acciones inmediatas al Censo practicado por Emgesa. El ente de control halló graves fallas en el censo realizado por Emgesa para identificar la población afectada por el proyecto y la exclusión de muchas personas impactadas que cumplen con las condiciones para ser indemnizadas y censadas, concluyendo que ¨el censo continua abierto y que existen herramientas para corregirlo¨. 

4.- Exigencias

Asoquimbo exige el cumplimiento por parte del Gobierno de la instalación de la Mesa de Compromisos con la presencia de los Ministros anteriormente relacionados con el propósito de abordar las demandas formuladas por las organizaciones sociales y, específicamente, la problemática generada por los Proyectos Minero energéticos en la Región.

Asoquimbo solicita a la Contraloría se disponga que el nuevo censo de afectados por El Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo sea realizado por organismos del Estado o Universitarias Públicas, con veeduría ciudadana; se ordene a la autoridad competente se especifiquen los costos por los daños económicos y sociales causados por las obras de El Quimbo y los instrumentos legales para la indemnización de los afectados y de la Nación por el detrimento patrimonial y se informe sobre el seguimiento, control y  estudios geológicos y de sismicidad del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo producto de la última visita realizada por el ente de control.

De igual manera se espera conocer quiénes son los responsables por el delito de “Daños en recursos naturales” según averiguación de la Fiscalía y se exige la intervención inmediata de la Defensoría del Pueblo  para que interponga el recurso de la Acción de Tutela y/o valoración de la ruta jurídica a seguir para la Protección de los Derechos Fundamentales de los Afectados por los daños económicos, sociales, ambientales y culturales causados por el Proyecto Hidroeléctrico garantizando la restitución inmediata de su actividad productiva, el derecho al trabajo, al medio ambiente sano y todas las condiciones necesarias para la dignificación de la persona humana y el libre desarrollo de su personalidad. En cuanto a los derechos de la población afectada y, en particular, en lo referente a los daños causados por el mencionado proyecto y  no reconocidos durante el trámite correspondiente a la aprobación, desarrollo de la licencia ambiental y de las obras de El Quimbo se solicita, adicionalmente,  establecer las medidas que garanticen la indemnización de todos los afectados y de la nación por el detrimento patrimonial al que hace referencia la Contraloría. 

 Neiva, octubre 16 de 2012

ASOCIACIÓN DE AFECTADOS POR EL PROYECTO HIDROELÉCTRICO EL QUIMBO

 

'Colombia está al borde de un desastre ambiental': Sandra Morelli

'Colombia está al borde de un desastre ambiental': Sandra Morelli

 

"En el centro del país hay también hallazgos preocupantes: la represa del Quimbo, cuyas obras representan una afectación ambiental y social de enormes proporciones. Se abrió juicio de responsabilidad por un daño valorado en 352.000 millones de pesos"

YAMID AMAT, 13 de Octubre del 2012

http://www.eltiempo.com/vida-de-hoy/ecologia/entrevista-de-yamid-amat-a-la-contralora-sandra-morelli_12303681-4

"Colombia está al borde de un desastre ambiental". Así lo sostiene categóricamente la contralora general de la República, Sandra Morelli.

La alta funcionaria enfrenta además, duramente, al ministro del Medio Ambiente, Juan Gabriel Uribe; lo ataca, lo rectifica y reafirma que Cerro Matoso no tiene licencia ambiental. Y advierte además que la eventual prórroga del contrato de explotación de ferro níquel "se caerá" si no tramita la licencia ambiental.

"Colombia firma todos los tratados de medio ambiente, de transporte de residuos tóxicos, de protección de los trabajadores en las zonas mineras, de controles al agua, de edad de los trabajadores; hace parte del observatorio informativo sobre la explotación del níquel; suscribe convenciones de medio ambiente de Kyoto, de Río de Janeiro, y los funcionarios parecen olvidar su carácter vinculante".

Pero el Ministro de Medio Ambiente dijo que las cumplía con creces...

No es así. En licencias ambientales estamos muy mal. El Ministro está equivocadísimo. Él no puede actuar como abogado y afirmar, sin que ello sea cierto, que ellos sí tienen licencia ambiental. Resulta que los permisos que invocan los concesionarios fueron declarados inconstitucionales por la Corte, y hubo también decisión del Consejo de Estado. Cerro Matoso no tiene licencia ambiental y no hace manejo adecuado del medio ambiente. La exploración y la explotación tienen trato jurídico distinto; no se ha pagado tasa de vertimiento, no tienen plan de manejo de aguas y nunca han tramitado ante el Ministerio un estudio de impacto ambiental y de mitigación de ese impacto. No es una mera información de que van a explorar, como la que presentaron desde 1981. La Corte Constitucional y el Consejo de Estado declararon la inconstitucionalidad de los decretos que establecían el llamado Dema (Documento de evaluación y manejo ambiental). Luego hubo prórrogas y adiciones contractuales y se siguió con los mismos permisos, a pesar de que ya se había promulgado la Ley 99 de 1993, o sea, la ley ambiental.

¿Qué riesgos corre Cerro Matoso si no gestiona su licencia ambiental?

No tener licencia ambiental genera la caducidad de contrato, y en vez de estar alegando con la Contraloría, deberían empezar los trámites rapidito.

¿En la negociación de prórroga se debe incluir la exigencia de la licencia?

Eso no se puede negociar; no podemos negociar las leyes. Si no hay licencia, no puede haber contrato. Es muy duro decirlo, pero no me lo inventé yo. Afirmo categóricamente: no tienen licencia. Y mientras no la tengan, no puede haber prórroga. Pretermitir la licencia puede originar responsabilidad disciplinaria.

¿Contra Cerro Matoso o contra el Ministro?

Contra los dos. El Procurador pidió todas nuestras actuaciones y él investiga. Tiene serias preocupaciones, como las tiene el Defensor del Pueblo, sobre los efectos nocivos contra la comunidad, porque se sabe que hay residuos posiblemente tóxicos, y no se conocen los efectos; eso internacionalmente podría generar serias sanciones. Recuerde que el Consejo de Estado planteó adaptar el contrato a la legislación vigente y a los estándares internacionales en materia ambiental, minera y social.

¿Lo que usted dice puede interpretarse como una amenaza al Ministro?

No. Lo que quisiera recordarle al Ministro y también pedirle al Gobierno es que entienda que la legalidad nos somete; es un yugo que obliga al Gobierno, obliga a Cerro Matoso, obliga al Ministro y me obliga a mí. No es que yo sea mala ni el Procurador sea malo, que ellos son buenos y amigos del desarrollo y nosotros los perseguimos. Es que la ley se debe cumplir.

¿Concretamente, Cerro Matoso a qué se expone?

A que un juez declare la caducidad del contrato. La obligación de la licencia surgió desde 1993 y nunca hicieron los trámites para obtenerla. No es solamente un tema semántico; el permiso con que ellos funcionan era el Dema, que fue declarado inconstitucional por la Corte en 1998; es decir que desapareció del orden jurídico, y no es una licencia ambiental. Lo digo claramente: si no se consigue la licencia ambiental, el contrato se caerá en los tribunales.

¿Ante quién se tramita la licencia?

Ante el Ministerio de Medio Ambiente.

Pero si el Ministerio dice que no la necesita porque la tiene, ¿qué se hace?

Cerro Matoso está en esa encrucijada. El Ministro les quería facilitar la prórroga y parece que les va a terminar haciendo un daño.

¿Pero a quién le debe creer Cerro Matoso: a usted o al Ministro?

Al ordenamiento jurídico. Yo estoy segura de lo que digo. Además, en Cerro Matoso no sabemos qué pasó con el ferro, o sea, el hierro. Tuvieron licencia para explotación de níquel, nunca para hierro. Y no están pagando regalías por la explotación de hierro. Estamos revisando eso.

¿El problema de medio ambiente en el país está limitado a este asunto?

No, no, no. Tenemos realmente un problema ambiental serio en el país: Santa Marta, Cartagena, El Cerrejón en La Guajira, la minería del Cesar...

¿Cómo va el problema de la bahía de Santa Marta?

Hay mal manejo de aguas, transporte descubierto de carbón, barcazas no permitidas en la zona. Cuando vierten el carbón en estas viejas embarcaciones con banderas de países muy raros, están contaminando playas y mar. A eso súmele que el río Manzanares fue desviado por la construcción de la marina; el sedimento y el mugre que viene como de la deforestación caen a la bahía y permanecen allí. Las fábricas de aceite no ayudan; hubo dos derrames y dijeron que, como era aceite natural, no contaminaban. Y tampoco el manejo de lixiviados ni las condiciones del emisario submarino responden a parámetros exigibles.

¿Cuál es la compañía responsable de eso?

Primero que todos, las autoridades que nada les exigen a los hoteles, ni a Prodeco, ni a Drummond.

¿Qué ha hecho la Contraloría?

Frente a todos ellos, estamos contra viento y marea, contra infiltrados y corruptos, calculando el monto del daño ambiental para proceder a obtener los recursos para reparar el daño causado.

¿Cuál es el problema con la marina de Santa Marta?

Es una concesión a los Dávila Abondano, sin contraprestación para el Estado. Ellos manejan la Sociedad Portuaria, y el Distrito modificó el POT mediante un extraño procedimiento que incluye el mar. Se están valorando los daños ambientales que causó esa construcción por la dinámica de las corrientes que dañan la fauna y la flora marina de la bahía. El paisaje se alteró, y el material usado causó un grave deterioro sobre la quebrada la Lata.

En resumen: crisis en medio ambiente por Cerro Matoso, crisis por la Drummond, crisis en Santa Marta, crisis en Cartagena, crisis por Cerrejón....

Mire: Colombia está expuesta a un desastre ambiental. Está en riesgo porque, al lado de la explotación minera y al lado del uso de los recursos naturales, no hay autoridades ambientales que estén exigiéndole a todo el mundo, no solo a Cerro Matoso, que dejen de deforestar y de contaminar. Los que están diseñando mal el canal del Dique van a acabar con todas las islas del Rosario. Ojalá el país reaccione: la perspectiva ambiental de Colombia es terrible. Agréguele el Tayrona. No tenemos autoridad ambiental. Recuerde que en años pasados se desarticuló el sistema nacional ambiental y se fusionó el Ministerio de Medio Ambiente con el de Vivienda y Desarrollo Territorial. Es como si siguiéramos en el siglo XIX. Es increíble no darle importancia a lo que más le preocupa hoy al mundo: el medio ambiente. Las lagunas se están secando. En el embalse del Neusa, la CAR de Cundinamarca mandó quitar todo el bosque y se demoró en reforestar, de tal manera que la capa vegetal terminó en el agua. Y no olvide el Tolima con la Colosa y Santander con Santurbán. En el primer caso, el tema del agua debe ser resuelto; en el segundo, explotación y exploración se confunden. Y está la minería ilegal. Y el carbón en Boyacá. Y el oro en Antioquia, Caldas y Chocó. Y el coltán, que el Gobierno ni siquiera clasificó como mineral sujeto al pago de regalías. Colombia está al borde de un desastre ambiental.

¿Cuál es el inventario completo?

Todo el escenario terrible que le acabo de describir; en ese inventario ambiental está la bahía de Santa Marta, la manipulación y transporte anti- técnico del carbón en toda la bahía; acumulación de residuos de carbón. Contaminación del río Manzanares por ocupación incontrolada de viviendas en la cuenca. Para el emisario submarino, que recoge las aguas negras de la ciudad, no hay tratamiento previo, y eso causa daño al ecosistema marino. La marina internacional en el puerto causa daño ambiental y ecológico, además de una invasión incontrolada del espacio público, y hay un manejo ineficiente de residuos sólidos de la planta de Palangana.

¿Y en Cartagena?

El emisario submarino, por deficiencias en diseño y construcción, está generando un daño ambiental y social, para un detrimento fiscal estimado de 19.000 millones de pesos.

¿Y el caso del río Ranchería, en La Guajira?

Daño ambiental y daño cultural múltiple por el impacto de la reubicación del río, que significa mover de su cauce al río a una distancia de 26 km, sin haber tenido en cuenta los efectos ambientales y sociales del proyecto. En el centro del país hay también hallazgos preocupantes: la represa del Quimbo, cuyas obras representan una afectación ambiental y social de enormes proporciones. Se abrió juicio de responsabilidad por un daño valorado en 352.000 millones de pesos.

¿Y qué pasa en el interior?

En varios departamentos, la Contraloría ha comprobado daños en los ecosistemas de páramo provocados por la explotación minera ilegal, que no ha tenido adecuado control por parte de las autoridades locales ambientales. Es el caso de los páramos de Rabanal y Pisba, en Boyacá; Guerrero, en Cundinamarca y Santurbán en Santander. Se está produciendo afectación en nacimientos de ríos. En la sabana de Bogotá avanza una auditoría a 65 entidades oficiales por debilidad institucional y deficiencias en el manejo y control de aguas residuales, que causan enorme contaminación en el río Bogotá. En la región de la Orinoquía, se han establecido graves riesgos ambientales y sociales relacionados con la agroindustria y con hidrocarburos, contaminación química de aguas, pérdida de diversidad cultural, presión sobre los pueblos indígenas y cambio de uso del suelo por proyectos agroindustriales, ganadería extensiva y actividad minera, sin un adecuado ordenamiento territorial.

Este resumen presenta al país en un estado de asombrosa gravedad en lo ambiental...

No tenga dudas: Colombia está al borde de un colapso ambiental sin antecedentes en nuestra historia.

Espere mañana: Contraloría denuncia telaraña seudojurídica contra plan de ejecución del presidente Santos.

YAMID AMAT
Especial para EL TIEMPO