CENSURA, ESTIGMATIZACIÓN Y FRAUDE: ESTRATEGIA DE LA CAMPAÑA DE IRIARTE

Es un hecho incuestionable que desde el momento en que el Diario del Huila realizó la primera encuesta, donde se muestra la fortaleza del VOTO EN BLANCO, la campaña de Iriarte diseñó una estrategia perversa dirigida fundamentalmente contra Asoquimbo, ACAS, Com-Unidad y EL Movimiento Colombiano por la Defensa de los Territorios ¡Rios Vivos!, organizaciones sociales que radicaron el 28 de febrero de 2013 ante la Registraduría el Programa por La Defensa del Territorio, el Poder de los Ciudadanos y la Dignidad de los Huilenses, aclarando que no lo inscribían porque no estaban interesados en “la reposición de gastos de campaña”, establecido en el artículo 28 de la Ley 1475 de 2011. 

El propósito inicial de la estrategia era manipular la opinión  insistiendo a través de los medios que la candidatura única de Iriarte obedecía exclusivamente al interés de los gremios económicos y todos los parlamentarios de fortalecer la “huilensidad” a través de una supuesta “Unidad Regional” para superar la interinidad del Gobierno y avanzar en el “progreso” del Departamento. 

Cuando las organizaciones sociales y ciudadanos independientes de partidos y credos expresaron su inconformidad al no haber sido consultados y al demostrar que se trataba de una coalición burocrática, excluyente y clientelista, denominada “manguala politiquera”, la estrategia se orientó a lograr la censura del VOTO EN BLANCO.

Para tal efecto, la campaña de Iriarte a través de su gerente, acudió ante el magistrado Ardila Ballesteros “quien vivió muchos años en Neiva, fue congresista liberal y compartió bancada con el hoy senador huilense Rodrigo Villalba, quien también es liberal y es el padrino de Carlos Mauricio Iriarte" (La silla Vacía) para que el CNE prohibiera toda forma de expresión del VOTO EN BLANCO que lograron con la expedición  de la Resolución 977 de 2013. Este hecho insólito generó múltiples reacciones pero en especial la del exmagistrado del CNE, Antonio Lizarazo, quien expresó “El Consejo probablemente se equivocó. Me parece exagerada esta prohibición pues la participación en política hace parte de las libertades ciudadanas, independientemente de que el comité promotor se hubiese inscrito o no”.

Ballesteros, ante la incontenible protesta por la censura a la libertad de expresión de los ciudadanos, intenta recular con cinismo señalando que “no se podrá realizar propaganda pero sí proselitismo” …  “los medios de comunicación pueden entrevistar a una persona que esté con el voto en blanco… se pueden hacer reuniones a favor del Voto en Blanco” cuando ninguno de estos aspectos se incluye en la Resolución 977.  

El pueblo Huilense ha rechazado la censura en defensa de la Constitución  y ha expresado que multiplicará los esfuerzos para impedir que el Gobierno del Huila quede en manos de una coalición dictatorial, VOTANDO EN BLANCO masivamente el próximo 14 de abril de 2013.

Ante esta indignación y la inexistencia de argumentos para defender a la “manguala parlamentaria” y a su candidato, la estrategia hace énfasis en la estigmatización al calificar a los promotores de la iniciativa Popular y Ciudadana de VOTAR EN BLANO como “un grupo demencial de fanáticos del caos y la anarquía” que con un “eventual triunfo se seguiría aplazando el desarrollo de obras y proyectos” (que interesa sólo a los contratistas).

La respuesta ciudadana a la difamación fue contundente: “Se requiere de mente en blanco para encontrar con creatividad Terceras Alternativas ( Stephen R. Covey ). El inmediatismo que se propone es solo angustia por no tener manejo de los recursos para seguir alimentando la ineptitud de muchos. Por lo pronto continúan insultando la inteligencia de quienes disentimos calificándonos de enemigos y financiados. Aún no leemos un mea culpa por lo que pretendieron hacer, ni una agenda mínima que inicie el debate. Quizás salgan mejores mentes de un caos al que no hay que temerle porque creo que en él camina el Departamento desde hace rato y más abajo no es posible descender”. 

Otro eslabón de la estrategia es ocultar la esencia del VOTO EN BLANCO, es decir, la defensa del territorio y el castigo a los políticos que lo entregaron a las empresas Emgesa, Enel, Endesa, Emerald Energy, Hydrochina  y que a través de las “agendas de productividad y competitividad” están comprometidos con las “locomotoras del desarrollo minero energético y los agronegocios”, que el parlamentario Villalba reclama sean de inmediato incorporadas a través de un nuevo CONPES para que se incremente la presencia del capital transnacional en el Huila contra los intereses de las comunidades.

Esta estrategia consiste en encubrir el origen ciudadano y popular de la iniciativa del VOTO EN BLANCO, adjudicándoselo a políticos como Cielo González, sancionada por la Procuraduría General de la Nación, y quien se desempeñó como Gobernadora avalada por el Uribismo y protegida por el Senador Géchen, defensor acérrimo ahora de la candidatura de su antiguo rival Carlos Mauricio Iriarte. Se pretende manipular la opinión con la falacia según la cual “votar en blanco es favorecer a Cielo”. La intencionalidad es clara: Desconocer el VOTO EN BLANCO como un Derecho de todo Ciudadano a disentir y expresar su inconformidad. Pero además, ocultar el pánico que les causa el Poder de Decisión de los Ciudadanos y la sanción política que implica su eventual triunfo el 14 de abril. Razón le asiste a José Saramago cuando a propósito de la publicación de su obra “Ensayo sobre la Lucidez” advirtió: “Si el VOTO EN BLANCO asusta a los políticos es precisamente por ser democrático”. Y aquí el susto es tan evidente que solicitaron la censura al CNE.

Esta estrategia se aplicó recientemente en el Paro Cafetero. El Gobierno de Santos difundió ante los  medios que “la protesta social no era justa porque detrás de ella estaba el expresidente Uribe y las FARC” con quien viene adelantando negociaciones en Cuba. La intencionalidad era clara: reprimir y desconocer las justas reivindicaciones de los cafeteros. Pero no le funcionó porque la fuerza de la razón y de la resistencia lo obligó a sentarse a dialogar.

El último eslabón de la estrategia, después de la censura y la estigmatización, y ante el auge incontenible del VOTO EN BLANCO es el fraude electoral.  Ya se está fraguando no sólo con la mordaza impuesta a los medios de comunicación y la negación a participar como veedores electorales  sino con el terror que se viene difundiendo de detener a quienes promuevan el VOTO EN BLANCO.

Desde ya se percibe una militarización sin precedentes de los centros de votación con requisas minuciosas y miradas castrenses que denotan sospechas de sufragios en blanco.

Hay que exigir desde ya la presencia de la prensa y observadores internacionales. Y concentrarnos masivamente en los parques o frente a las Registradurias en cada municipio el 14 de abril a partir de las 4 de la tarde a protestar por la censura y a exigir transparencia por lo menos en los escrutinios.  

EL VOTO EN BLANCO es la única alternativa que le queda a los ciudadanos para expresar su indignación y avanzar en la realización del Programa por la Defensa del Territorio y los Proyectos de Vida de las Comunidades víctimas del modelo neoliberal, traducido en los Programas y Proyectos de Desarrollo de la coalición dictatorial  en torno a Iriarte, responsable también de la crisis estructural que vive el departamento,  y que se expresó recientemente, en las  manifestaciones de protesta de los cafeteros y de todos los sectores del agro Colombiano afectados por los Tratados de Libre Comercio y la revaluación de la moneda. Agréguese la caída de las exportaciones, cero crecimiento industrial, mayor desempleo, y miseria, donde el Huila se destaca por los más altos índices de pobreza extrema lejos de la media nacional.

CONTRA LA CENSURA, LA ESTIGMATIZACIÓN Y EL TERROR…VOTE EN BLANCO

EL VOTO EN BLANCO ES UNA EXPRESIÓN DE RECHAZO AL PROGRAMA DE GOBIERNO DEL CANDIDATO IRIARTE

 

Las organizaciones sociales, Asoquimbo, ACAS, Comunidad, Movimiento por la defensa de los territorios ¡Rios Vivos!, promotoras del voto en Blanco por la Defensa del territorio, convocan a los ciudadanos a expresar en las urnas el próximo 14 de abril el rechazo al Programa neoliberal de la coalición  burocrática y excluyente que apoya la candidatura de Carlos Mauricio Iriarte a la Gobernación del Huila.

El Programa de Iriarte, es copia del Plan de Desarrollo del Gobierno de la exgobernadora Cielo González. La esencia del mismo es continuar con la imposición en el Huila de las “locomotoras de desarrollo” minero energéticas y los agronegocios del Gobierno de Santos. Por esa razón aprobaron y defienden el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo y  la utilización intensiva de los recursos hídricos para la generación de energía,  con nueve represas más para el Huila,  que hacen parte del Plan de Privatización de la Cuenca del río Magdalena concesionado por el Gobierno de Santos a la empresa Hydrochina, cuando todo el movimiento social y ciudadano viene exigiendo la suspensión inmediata de la Licencia Ambiental del proyecto El Quimbo y no más represas en nuestro territorio.

El Programa y el Plan Regional de Competitividad que tanto aplauden los denominados "gremios económicos" hacen parte de los Tratados de Libre Comercio avalados por todos los sectores políticos que apoyan su candidatura. El Plan se sustenta en las denominadas Zonas de Reserva Industrial,  para el impulso de los agronegocios (biocombustibles)  donde se estimula la inversión de capital nacional y transnacional privado. En otros términos, es la entrega de nuestras tierras, sin límite y plenas garantías, a inversionistas extranjeros, contra la producción campesina e indígena que demandan subsidios del Estado, apropiación de tecnologías adecuadas, protección de las semillas nativas y, en especial, la creación de Zonas de Reserva Campesina, estigmatizadas por el Ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo como “republiquetas independientes”, cuando están reconocidas en la Ley 160 de 1994.

El Programa de Iriarte y el Plan Regional de Competitividad "estimulan la conversión de la extracción minera artesanal hacia la explotación industrializada", es decir, acabar con la minería artesanal para entregar su explotación a las transnacionales al igual que los agronegocios que atentan contra la seguridad alimentaria y la economía campesina.

Precisamente, esa política neoliberal ya fracasó. La prueba está en las  manifestaciones de protesta de los cafeteros y de todos los sectores del agro Colombiano afectados por dichos tratados y la revaluación de la moneda. A lo anterior se agrega la caída de las exportaciones, cero crecimiento industrial, mayor desempleo, y miseria, donde el Huila se destaca por los más altos índices de pobreza extrema lejos de la media nacional.

Para evitar que se continúe con el mayor desastre económico y social anunciado, la mejor opción es VOTAR EN BLANCO por la defensa de nuestro territorio. VOTAR EN BLANCO, es al mismo tiempo ahorrar los recursos del Estado debido a que se impide que sean apropiados para intereses privados, a través de contratos para pagar los favores a cada sector político que hace parte de la coalición burocrática y excluyente.  

Contra EL VOTO EN BLANCO se vienen tejiendo triquiñuelas, maniobras, calumnias, por parte de los burócratas de la coalición excluyente autodenominada “unidad regional”.  Están atentando contra el legítimo derecho ciudadano a decidir libremente, por el VOTO EN BLANCO, porque  sienten pánico por su naturaleza democrática y no cuentan con argumentos para defender el respaldo a la candidatura de Iriarte. Le están haciendo daño a su candidato, pero ante todo están demostrando que no tienen identidad, que se sienten cómodos como subordinados y supongo que algunos ven amenazados los contratos a cambio de votos.

El VOTO EN BLANCO, como proceso de formación ciudadana, propende por la superación de la minoría de edad y el logro de la autonomía, es decir, la capacidad de tomar decisiones con fundamento en la razón, en los argumentos, en la inteligencia. 

El VOTO EN BLANCO y su Programa de Unidad por la Defensa del Territorio, fueron radicados en la Registraduría, de manera transparente, autónoma,  razón por la cual las organizaciones promotoras renunciaron a la reposición de gastos electorales y, en consecuencia, solicitan al candidato Iriarte que asuma similar comportamiento.

Lo importante es que al VOTAR EN BLANCO, se está defendiendo el Territorio contra la política minero energética y los agronegocios impulsados por el Uribismo a nombre de la “confianza inversionista” y la “seguridad democrática”  y fortalecida por el Gobierno de Santos. Recuerden que Uribe dijo “El Quimbo va porque va” y todas las burocracias de los partidos, liberal, conservador, uribistas (encabezados por Cielo González) se subordinaron y son responsables de la entrega de nuestro territorio a las empresas transnacionales. 

Hoy existen múltiples expresiones de inconformidad que vienen estimulando el VOTO EN BLANCO, sin distingos de partidos y credos, especialmente de sectores excluidos y afectados por el modelo neoliberal. Lo importante es que se mantenga la iniciativa ciudadana y popular que lo reivindica como expresión de indignación, resistencia y autonomía.  Una propuesta de unidad del pueblo por la defensa del territorio y nuestros proyectos de vida.

Radicación del Programa y Voto en Blanco Registraduría del Huila

La Asociación de Afectados por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo -Asoquimbo-, la Asociación Cultural y Ambientalista del Sur -ACAS-, la Corporación ComUnidad y Movimiento Colombiano en Defensa de los Territorios y Afectados por Represas, Rios Vivos, radicaron ante el Registrador de la Delegación Departamental del Huil, Doctor HUMBERTO CARRILLO, el Programa de Unidad por la Defensa del Territorio y el VOTO EN BLANCO para las elecciones atípicas de Gobernador del Huila,  el 28 de febrero de 2013 

Las Organizaciones Promotoras del Voto en Blanco  decidieron no registrar un “número de apoyos representado en firmas” tal como lo establece el Artículo 2º de la Resolución No. 0920 del 18 de agosto de 2011, “Requisitos para la inscripción de las Campañas de Promoción del Voto en Blanco” debido a que no existe ningún interés por “la reposición de gastos de campaña”, establecido en el artículo 28 de la Ley 1475 de 2011. En ese sentido, las Organizaciones no se harán acreedoras de dicha reposición y ejercerán su legítimo derecho constitucional de promover el VOTO EN BLANCO con fundamento en la Constitución y la Ley.

La Promoción del VOTO EN BLANCO se constituye para los organizadores en una actividad pedagógica para la formación ciudadana, con fundamento en la autonomía o  capacidad individual y colectiva de tomar decisiones libres y conscientes para la transformación de la sociedad y el mejoramiento de la calidad de vida de sus integrantes. 

El VOTO EN BLANCO es la expresión de la voluntad de los ciudadanos que no sólo cumplen con su deber de concurrir a los comicios sino que lo utiliza para señalar su inconformidad con el comportamiento de la clase política, deslegitimada al no representar los intereses de las y los ciudadanos ni de la región, con el funcionamiento clientelista y mercantilista del sistema electoral y la falta de confiabilidad respecto de los aspirantes al cargo de Gobernador del Huila y de la autodenominada “unidad regional”, responsables de la crisis institucional y social. 

En otros términos, “se trata  de una herramienta legítima y valiosa de expresión política de disentimiento, abstención o inconformidad por parte de los sufragantes”, (Resolución 0920) que de lograr la mayoría de votos en blanco del total de votos válidos “deberá repetirse por una sola vez la votación sin la presencia de los mismos candidatos”, generándose condiciones favorables para construir nuevas alternativas que respondan a las demandas de los ciudadanos como la defensa y autocontrol de su territorio amenazado por la presencia de corporaciones transnacionales que por su voracidad económica han causado destrucción de las cadenas productivas, de los ecosistemas, desplazamiento, desarraigo, entre otros. 

El Programa del Voto en Blanco es una respuesta al Plan de Desarrollo Departamental 2012-2015 “HACIENDO EL CAMBIO” y su Agenda Interna de Productividad y Competitividad que incorpora las “locomotoras del desarrollo” minero energética y los agronegocios incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno de Santos   en cumplimiento de los Tratados de Libre Comercio TLC.

El Plan de Desarrollo Departamental, el Plan Nacional, las Agendas de competitividad y los Tratados de Libre Comercio fueron avalados por todos los sectores políticos que hoy hacen parte de la denominada “Unidad Regional” en torno a la candidatura de Carlos Mauricio Iriarte que entregaron nuestro territorio a las transnacionales y son los responsables de los desastres económicos, sociales, ambientales y culturales causados por los megaproyectos minero energéticos como el del Quimbo de Emgesa, la exploración petrolera en el Páramo de Miraflores de la Emerald Energy, el Plan de privatización del río Magdalena con nuevas represas, y la crisis del sector agropecuario, expresada en las actuales movilizaciones en todo el país, entre otros.

El Programa de Unidad por la Defensa del Territorio que sustenta el VOTO EN BLANCO contiene:

1.- Reordenamiento Territorial que garantice no modificar los usos del suelo de vocación agropecuaria para la gran minería, megaproyectos hidroeléctricos, hidrocarburos y agrocombustibles. En tal sentido, se exige:

- La suspensión de títulos mineros en territorios colectivos y en zonas ambientales y de producción campesina y étnica y de las licencias ambientales de todos los proyectos minero-energéticos que vienen causando graves afectaciones económicas, sociales ambientales y culturales y abstenerse de otorgar licencias ambientales que actualmente cursan para  dichos proyectos.  

 - La suspensión inmediata de la Licencia Ambiental al Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo y la construcción de una Zona de Reserva Campesina -ZRC-

- La realización de un nuevo censo socioeconómico de afectados por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo con base en el Informe de la Contraloría General de la República, Sentencia del Consejo de Estado, Derecho de Petición de Asoquimbo al Ministerio de Ambiente y la indemnización por los daños causados por las transnacionales Emgesa, Endesa, Enel.

- La suspensión de la licencia Ambiental para la exploración petrolera en el Páramo de Miraflores y su declaratoria como Parque Nacional.

- Indemnización por parte de la Emerald Energy de todos los afectados por la exploración petrolera en el Páramo de Miraflores

- Suspensión del Plan Maestro de Aprovechamiento (privatización) del rio Magdalena" y de la construcción de nuevas represas en el Huila.

- Proyecto Sendero Ecoturístico y Plan de Buen Manejo de Conservación para el Cañón del Río Magdalena desde el Bosque de los Petroglíficos- Estrecho del Magdalena hasta el Puente del cruce de Isnos.

- Indemnización por parte de Emgesa de todos los afectados por la destrucción del  Puente El Paso del Colegio.

2.- Declaratoria de la producción indígena, campesina y afrodescendiente, de la Soberanía y Autonomía Alimentaria y la conservación, libertad de circulación y manejo de semillas ancestrales y nativas como de utilidad pública e interés social de la Nación.

3.- Construir colectivamente entre comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas un Modelo de Desarrollo desde la diversidad, con relaciones territoriales solidarias entre comunidades, fortalecimiento de mercado interno y reconstrucción de relaciones urbano rurales entre sectores populares. Reafirmar la  autonomía territorial, el gobierno propio, la jurisdicción indígena y el control territorial.

4.-Impulsar y desarrollar las Zonas de Reserva Campesina constituidas y su conformación y su reconocimiento legal en los lugares del Huila en donde las condiciones agroecológicas y económico-sociales lo justifiquen, preservando y respetando la territorialidad ancestral indígena y los territorios colectivos de comunidades afrodescendientes.

5.- Garantizar por parte del estado la naturaleza inalienable, imprescriptible e inembargable de los ecosistemas hídricos y la defensa del agua como derecho fundamental y bien público y contra la mercantilización de la misma.

6.- Solución inmediata a las demandas de los caficultores, paneleros, arroceros y demás sectores del agro afectados por los Tratados de Libre Comercio.

7.- Respaldo de la propuesta de Reforma Universitaria elaborada por la Mesa Amplia Nacional Estudiantil -MANE- en defensa de la Educación Pública, Gratuita y de Calidad.

8.- Por una nueva Ley de Salud Pública que garantice la prestación del Servicio de Calidad, Gratuito para toda la población.

9.- Suspensión del cobro por el servicio de agua potable para toda la población.

10.- Reducción de los costos de todos los servicios domiciliarios.

Justicia social y ambiental: imperativos de la paz en Colombia

Febrero 28 de 2013

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El Movimiento Colombiano en Defensa de los Territorios y Afectados por Represas ¡Ríos Vivos! saluda los diálogos de paz entre el Gobierno del Presidente Juan Manuel  Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – FARC- que se llevan a cabo en la cubana ciudad de La Habana. También, y principalmente, resalta los espacios autoconvocados por los pueblos para la búsqueda de acuerdos y propuestas hacia la construcción de un país con justicia social y ambiental que persiguen el mismo objetivo: la paz para Colombia.

Desde nuestras vivencias entendemos que la paz no se logra únicamente con la firma de un acuerdo bilateral entre actores en disputa del poder y que aplican el uso de las armas, ese es uno de los primeros pasos. La paz es un proceso permanente que debe llegar a cada uno de los territorios de Colombia, el cual implica transformaciones profundas de las formas en que se relacionan las diversas culturas del país, del modelo de desarrollo que condiciona esas relaciones y que al tiempo genera conflicto y relaciones de dominación entre los seres humanos y de estos con la naturaleza; es decir, implica la transformación del modelo económico neoliberal y del modelo de sociedad basado en el individualismo y el antropocentrismo.

Para ello es necesario reconocer el carácter pluricultural y biodiverso de Colombia dentro de los planes y políticas gubernamentales, pues generalmente se desestima que existen prácticas ancestrales arraigadas en territorios en los que la apropiación y explotación de los bienes naturales ('recursos' para los economistas neoclásicos) no es una condición natural ni aceptada por la población. Este reconocimiento de las diversidades y del control y manejo territorial basado en relaciones de reciprocidad, respeto y complementariedad pueden convertirse en una vía eficaz para aliviar la desigualdad y pobreza en el país.

Nosotr@s, afectad@s por represas, entendemos que el vocablo paz debe ser alimentado desde el respeto por las culturas y cosmovisiones, con participación real y efectiva de los pueblos en la toma de decisiones que afectan los territorios que han construido y proyectado; por tanto, la paz, desde nuestra concepción, implica, necesariamente, el desmantelamiento de las estrategias y mecanismos para la imposición de hidroeléctricas, trasvases, explotaciones mineras y petroleras.

Construir caminos para la paz entonces implica garantizar los derechos humanos fundamentales de todos los pueblos afectados por megaproyectos bajo la concepción social de derecho que dicta la constitución política de Colombia dado que la construcción de grandes represas  en las condiciones actuales conlleva a que se violen sistemáticamente las garantías y el derecho a la vida de los pueblos. Por ejemplo, las herramientas de participación, como la consulta previa que demanda el convenio 169 de la OIT no se adelantan de acuerdo a las realidades socioculturales; y el grueso del sector rural, el campesinado, no cuenta con ninguna herramienta vinculante u obligatoria que le permita decidir sobre el uso de sus tierras, sobre el futuro de sus territorios y sobre la afectación de sus planes de vida.

En este sentido, la búsqueda de la paz requiere la detención del avance de proyectos mineroenergéticos pues a medida que estos avanzan se agudiza el conflicto armado en las regiones, aumentan los señalamientos, las estigmatizaciones, las criminalizaciones, las desapariciones y los asesinatos de las personas y comunidades que además sufren las afectaciones directas de estos proyectos y, que por tanto, rechazan estas obras de infraestructura. En el caso de Hidroituango la agudización del conflicto armado mina las posibilidades de ejercer el derecho a la participación ciudadana y a la satisfacción de los derechos fundamentales; afectados directos por esta represa han tenido que salir de sus tierras en las últimas semanas por el temor a caer dentro de campos minados o resultar afectados por operaciones militares; en el caso de Hidrosogamoso varios líderes que públicamente manifestaron su rechazo a la hidroeléctrica han sido asesinados desde 2009, o desaparecidos como Miguel Ángel Pabón Pabón quien fue visto por última vez el 31 de octubre de 2012.  

Paz es tranquilidad, progreso, buen vivir y bienestar para todos y todas. Sin embargo, las comunidades afectadas de proyectos como El Quimbo, Hidroituango, Anchicayá, Urrá I, Hidrosogamoso, Salvajina, El Cercado, Desviación Río Guarinó, entre otros, han demostrado que son mayores los impactos y conflictos de estas obras que los beneficios que generan;  se pierde más por el rompimiento de cadenas productivas y del tejido social, inundación de tierras fértiles, contaminación de aguas, pérdida de biodiversidad, desestabilización de taludes y riberas, empleos permanentes, exenciones tributarias, aumento de la conflictividad social, entre otros, que lo que se 'gana' por concepto de transferencias del sector eléctrico, empleos, etc.

En este contexto, consideramos que para alcanzar la paz deben generarse condiciones objetivas, necesarias y suficientes en las que el diálogo supere la relación bilateral  y cerrada entre los agentes en disputa, y se dé un proceso incluyente, con incidencia y diálogo entre los pueblos y de éstos con las fuerzas armadas que afectan al cuerpo social en su conjunto. Así, creemos necesario avanzar en:

-     Entender a profundidad los conflictos en los territorios para atender sus causas y no sus consecuencias. Por ejemplo, la agudización del conflicto armado en las regiones puede obedecer a los intereses que se cruzan en la construcción de megaproyectos, narcotráfico, zonas de consolidación militar, control territorial de actores armados ilegales, etc, con una víctima en común: los pueblos.

-     Decretar una moratoria de proyectos mineroenergéticos hasta tanto se evalúen los conflictos actuales, la destrucción territorial futura, y la viabilidad de dichos emprendimientos no en términos económicos, sino respecto a las licencias sociales y las afectaciones a la soberanía territorial y comunitaria.

-     Abrir un espacio de diálogo con la participación de los afectados por megaproyectos para buscar definiciones conjuntas y comunes hacia la transformación de la política mineroenergética acorde con las relaciones de reciprocidad y respeto antes enunciadas.

-     Repensar de manera crítica, constructiva y ética, los actuales mecanismos de participación que se violan sistemáticamente cuando se impone un megaproyecto.

-     Reconocer, por parte del gobierno y empresarios, que el modelo económico adoptado ha incrementado la desigualdad social; esto ha conllevado a que minorías mejoren sus condiciones de vida por medio del despojo y privatización de los bienes comunes y que las mayorías vean cercenado su futuro y sus posibilidades de buen vivir y sobrevivencia. En un reconocimiento tal, escuchar y atender las demandas de los afectados por megaproyectos es una condición necesaria. Pedimos Verdad, Justicia y Reparación para las víctimas de los megaproyectos

-     En los diálogos que actualmente se adelantan también debe discutirse el conflicto urbano, donde las expresiones del paramilitarismo cobran vigencia con la consolidación de Bandas Criminales en la mayoría de los municipios del país, pues personas que han sido desplazadas forzadamente de sus territorios por la construcción de un megaproyecto han tenido que soportar los señalamientos, estigmatizaciones o nuevos desplazamientos por el conflicto en la ciudades.

También reiteramos las propuestas surgidas del Foro Política de Desarrollo Agrario Integral, adelantado entre el 17 y 19 de diciembre de 2012,  contenidas en el documento Unidad en la Lucha por el Territorio y la reforma agraria integral[1]; entre las que resaltamos:

Ø Reordenamiento territorial que respete la autonomía de las comunidades rurales y étnicas con base en usos potenciales, cambiando una parte de los usos actuales en ganadería hacia la agricultura y conservación ambiental

Ø No aceptar las políticas actuales de cambiar los usos del suelo de vocación agropecuaria hacia la gran minería, megaproyectos hidroeléctricos, hidrocarburos y agrocombustibles.

Ø Declaratoria de la producción indígena, campesina y afrodescendiente, de la soberanía y autonomía alimentaria, y la conservación, libertad circulación y manejo de semillas ancestrales y nativas como de utilidad pública e interés social de la Nación.

Ø Limitar la inversión extranjera en tierras en el país evitando el acaparamiento y los procesos legislativos que no respetan los derechos a la consulta y el consentimiento previo.

Ø Generar la figura jurídica de “territorios interétnicos e interculturales” que permita la convivencia en la diversidad y el desarrollo territorial conjunto, de manera concertada y autónoma, entre indígenas, campesinos y/o afrodescendientes, allí donde tengan un común ámbito territorial

Por último, reivindicamos la declaración y el llamado de la Ruta Social por la Paz[2] en torno a que: persistimos e insistimos en la necesidad de abrir espacios de participación directa de la sociedad en los escenarios de diálogo y construcción de paz, considerando que el actual y los futuros procesos entre el Estado y las insurgencias, estarán siempre incompletos sin el aporte de las organizaciones sociales y populares.

 

¡RÍOS LIBRES, PUEBLOS VIVOS!

¡Aguas para la vida, no para la muerte!

http://defensaterritorios.wordpress.com // [e-mail]

 

PARO REGIONAL Y VOTO EN BLANCO POR LA DEFENSA DEL TERRITORIO

La Asociación de Afectados por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo  -Asoquimbo- ratificó el Paro Cívico Regional el 14 de marzo (XIV Día de Acción Internacional contra represas y por los Ríos, el Agua y la Vida y III Jornada Nacional en Defensa de los Territorios), el respaldo al Paro Cafetero del 25 de febrero y la convocatoria a VOTAR EN BLANCO para la gobernación del Huila el 14 de abril con la decisión unánime de las  Asambleas realizadas entre el 9 y el 17 de febrero de 2013 en los municipios de Agrado, Garzón, Gigante, Hobo, La Plata, San José de Isnos, Tarqui y San Agustín Huila.

Los asistentes a las Asambleas expresaron su indignación por la connivencia del Ministerio de Ambiente y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales con las empresas transnacionales, tales como Enel Endesa Emgesa Emerald Energy al otorgar y modificar la Licencia Ambiental al proyecto hidroeléctrico El Quimbo, hecho que es confirmado en la denuncia de W Radio del 8 de febrero de 2013, según la cual, “los conceptos técnicos preparados por expertos en diversas ramas (biólogos, ingenieros ambientales, ingenieros forestales) son modificados por empleados del área administrativa y jurídica de la entidad con el fin de "suavizar" las exigencias a las empresas que solicitan licencias. Documentos que están en manos de La W demuestran cómo se borra de los conceptos técnicos algunos de los apartes más estrictos en términos de protección ambiental, facilitando así la entrega de licencias a los solicitantes” 

Las Asambleas expresaron inconformidad por la falta de celeridad de la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, el Programa Presidencial para los Derechos Humanos y el DIH, frente al Detrimento Patrimonial  y la vulneración de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales –DESCA- de los Afectados por el Proyecto Hidroeléctrico y reconocidos por la Contraloría General de la República.

Con gran satisfacción se recibió EL PROGRAMA DE UNIDAD POR LA DEFENSA DEL TERRITOIO que sustenta la propuesta del VOTO EN BLANCO para la Gobernación del Huila, que será inscrita en la Registraduría del Estado Civil por un Comité Independiente promotor  del VOTO EN BLANCO como expresión política de Resistencia, Soberanía y Defensa del Territorio con fundamento en la Sentencia C-490 de 2011 de la Corte Constitucional que establece que el voto en blanco “constituye una valiosa expresión  del disenso con efectos políticos a través del cual se promueve la protección de la libertad del elector y como consecuencia de este reconocimiento la misma Constitución le adscribe una incidencia decisiva en procesos electorales orientados a proveer cargos unipersonales y de corporaciones públicas de elección popular, tal como lo establece el parágrafo 1º del artículo 258 de la Constitución que precisa que “[d]eberá repetirse por una sola vez la votación para elegir miembros de una corporación pública, gobernador, alcalde o la primera vuelta en las elecciones presidenciales, cuando del total de votos válidos, los votos en blanco constituyan la mayoría; y tratándose de elecciones unipersonales no podrán presentarse los mismos candidatos, mientras que en las de corporaciones públicas, no se podrá presentar a las nuevas elecciones la lista que no haya alcanzado el umbral”.

El Programa del Voto en Blanco es una respuesta al Plan de Desarrollo Departamental 2012-2015 “HACIENDO EL CAMBIO” y su Agenda Interna de Productividad y Competitividad que incorpora las “locomotoras del desarrollo” minero energética y los agronegocios incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno de Santos   en cumplimiento de los Tratados de Libre Comercio TLC.

El Plan de Desarrollo Departamental fue aprobado por todos los partidos que hoy se disputan la Gobernación del Huila que entregaron nuestro territorio a las transnacionales y son los responsables de los desastres económicos, sociales, ambientales y culturales causados por los megaproyectos minero energéticos como el del Quimbo de Emgesa, la exploración petrolera en el Páramo de Miraflores de la Emerald Energy, el Plan de privatización del río Magdalena con nuevas represas, y la crisis del sector agropecuario, entre otros.

El Programa de Unidad por la Defensa del Territorio que sustenta el VOTO EN BLANCO y el Paro Regional contiene:

1.- Reordenamiento Territorial que garantice no modificar los usos del suelo de vocación agropecuaria para la gran minería, megaproyectos hidroeléctricos, hidrocarburos y agrocombustibles. En tal sentido, se exige:

- La suspensión de títulos mineros en territorios colectivos y en zonas ambientales y de producción campesina y étnica y de las licencias ambientales de todos los proyectos minero – energéticos que vienen causando graves afectaciones económicas, sociales ambientales y culturales y abstenerse de otorgar licencias ambientales que actualmente cursan para  dichos proyectos.  

 - La suspensión inmediata de la Licencia Ambiental al Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo y la construcción de una Zona de Reserva Campesina -ZRC-

- La realización de un nuevo censo socioeconómico de afectados por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo con base en el Informe de la Contraloría General de la República, Sentencia del Consejo de Estado, Derecho de Petición de Asoquimbo al Ministerio de Ambiente y la indemnización por los daños causados por las transnacionales Emgesa, Endesa, Enel. 

- La suspensión de la licencia Ambiental para la exploración petrolera en el Páramo de Miraflores y su declaratoria como Parque Nacional.

- Indemnización por parte de la Emerald Energy de todos los afectados por la exploración petrolera en el Páramo de Miraflores

- Suspensión del Plan Maestro de Aprovechamiento (privatización) del rio Magdalena" y de la construcción de nuevas represas en el Huila.

- Proyecto Sendero Ecoturístico y Plan de Buen Manejo de Conservación para el Cañón del Río Magdalena desde el Bosque de los Petroglíficos- Estrecho del Magdalena hasta el Puente del cruce de Isnos.

- Indemnización por parte de Emgesa de todos los afectados por la destrucción del  Puente El Paso del Colegio.

2.- Declaratoria de la producción indígena, campesina y afrodescendiente, de la Soberanía y Autonomía Alimentaria y la conservación, libertad de circulación y manejo de semillas ancestrales y nativas como de utilidad pública e interés social de la Nación.

3.- Construir colectivamente entre comunidades indígenas y afrodescendientes y campesinas un Modelo de Desarrollo desde la diversidad, con relaciones territoriales solidarias entre comunidades, fortalecimiento de mercado interno y reconstrucción de relaciones urbano rurales entre sectores populares. Reafirmar la  autonomía territorial, el gobierno propio, la jurisdicción indígena y el control territorial.

4.-Impulsar y desarrollar las Zonas de Reserva Campesina constituidas y su conformación y su reconocimiento legal en los lugares del Huila en donde las condiciones agroecológicas y económico-sociales lo justifiquen, preservando y respetando la territorialidad ancestral indígena y los territorios colectivos de comunidades afrodescendientes.

5.- Garantizar por parte del estado la naturaleza inalienable, imprescriptible e inembargable de los ecosistemas hídricos y la defensa del agua como derecho fundamental y bien público y contra la mercantilización de la misma.

6.- Solución inmediata a las demandas de los caficultores, paneleros, arroceros y demás sectores del agro afectados por los Tratados de Libre Comercio.

7.- Respaldo de la propuesta de Reforma Universitaria elaborada por la Mesa Amplia Nacional Estudiantil -MANE- en defensa de la Educación Pública, Gratuita y de Calidad.

8.- Por una nueva Ley de Salud Pública que garantice la prestación del Servicio de Calidad, Gratuito para toda la población.

9.- Suspensión del cobro por el servicio de agua potable para toda la población.

10.- Reducción de los costos de todos los servicios domiciliarios.

TODAS Y TODOS AL PARO REGIONAL Y A VOTAR EN BLANCO POR LA DEFENSA DEL TERRITORIO Y LA DIGNIDAD DE LOS HUILENSES. 

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LA DOBLE FAZ DE LUZ HELENA SARMIENTO DE LA ANLA

El trastorno disociativo de la identidad de la jefe de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –ANLA- es cada día más evidente. La tensión psíquica ha sido ocasionada por la “silla giratoria” debido a que proviene del sector privado transnacional de quien depende y en el sector público es asediada por los fuertes movimientos de resistencia contra la política minero energética y sus impactos ambientales y sociales causados por las corporaciones transnacionales que la sostienen.

Prueba de lo anterior ha sido su tozudez contra las exigencias argumentadas de Asoquimbo de suspender la Licencia Ambiental al Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo, incluso cuando hoy se adelanta por parte de la Contraloría (CGR) un proceso de responsabilidad fiscal en su contra por detrimento patrimonial que supera los 352.000 millones de pesos por los daños ambientales y sociales causados por las obras de Emgesa.

El 28 de diciembre de 2012, mediante Resolución 1142 la ANLA, por enésima vez, modifica la Licencia Ambiental al proyecto El Quimbo atendiendo las exigencias de Emgesa.

Asoquimbo no interpuso recurso de reposición porque de antemano se conoce la orden de la ANLA. Todos los recursos jurídicos le han sido negados acogiendo integralmente las exigencias de EMGESA. El argumento ha sido el mismo. Hay que garantizar la continuidad del Proyecto porque hace parte de los compromisos ya adquiridos por el gobierno anterior y el actual y no se puede afectar “la confianza inversionista” de empresas transnacionales  como la Enel y Endesa.

Incluso, se contratan abogados con la condición, no sólo, de negar cualquier solicitud de Asoquimbo sino  para blindar a la institución y, específicamente, a su jefe Sarmiento, de posibles demandas que la impliquen por omitir sus obligaciones o por desobediencia a Emgesa en el caso de que se atreva, por ejemplo, a aceptar la actualización del censo socioeconómico a raíz de las “deficiencias encontradas por el departamento Nacional de Estadística DANE y el INCODER”, según la CGR.

Sin embargo, producto de los movimientos de  resistencia y de las inocultables afectaciones sociales y ambientales causadas por la política minero energética, que condujo a la Contralora Sandra Morelli  a declarar la "Emergencia ambiental", la directora de la ANLA se ve obligada a mostrar la otra cara, con la angustia reflejada en su rostro, por la posible pérdida de sus nexos con sus protectoras las empresas privadas.

El 17 de enero de 2013 la ANLA expide la Resolución 0024 por medio de la cual   se impone medida preventiva de suspensión inmediata de la totalidad de las obras y actividades al Proyecto Ecoturístico Los Ciruelos ubicado al interior del Parque Nacional Natural Tayrona, en jurisdicción del Distrito de Santa Marta, invocando el principio de precaución contemplado en la Ley 99 de 1993 hasta que se evalúe y conceptúe “el real y actual grado de representatividad del ecosistema bosque seco tropical presente en el área de influencia directa e indirecta del proyecto, de los daños inminentes e irreversibles y los efectos sobre las especies de flora y fauna del Parque Nacional Natural Tayrona”.

Los daños causados por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo son superiores a los del Proyecto Ecoturístico El Ciruelo, debido a que destruirá el ecosistema bosque seco tropical de 842 hectáreas presente en el Quimbo, Reserva Forestal Protectora de la Amazonía, y los daños ambientales y sociales ya causados, son inconmensurables e irreversibles.

Ahora Portfolio.co, el 6 de febrero informa que la ANLA negó 8 licencias ambientales para explotar carbón en el Cesar con el argumento según el cual las empresas Drummond; CCX, Prodeco, y Goldmam Sachs, no cumplen con las exigencias del país en esa materia.

Pero se niega la suspensión de la Licencia Ambiental al Proyecto Hidroelectrico El Quimbo cuando el Ministerio de Ambiente, no exigió la realización de un Diagnóstico Ambiental de Alternativas (DAA) “estudio que permitiría evaluar y comparar las diferentes opciones para el desarrollo del proyecto, con el fin de optimizar y racionalizar el uso de los recursos ambientales y evitar o minimizar los riesgos, efectos e impactos negativos (Decreto 1753 de 1994). Hoy no queda ninguna duda: si se hubiera  realizado el estudio las comunidades y el país no serían víctimas de los daños causados, irreversibles por la magnitud de los impactos, reconocidos por la CGR.

La directora de la ANLA por su doble faz continuará impávida observando el desastre a la espera del nuevo giro de la silla, cuando la resistencia social esté recuperando el territorio y la dignidad ahora que se anuncia el inicio del Paro Cívico Regional el 14 de marzo, día internacional contra represas.

14 MARZO: PARO CÍVICO POR LA DEFENSA DEL TERRITORIO

La Asociación de afectados por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo  -Asoquimbo- y el Movimiento por la Defensa de los Territorios ¡Rios Vivos!, con el acompañamiento de Organizaciones Sociales, Ambientales y de Derechos Humanos  convocan a Paro Cívico, a partir del 14 de marzo de 2013, debido a la omisión de las responsabilidades constitucionales y obligaciones establecidas en la Licencia Ambiental por parte del Ministerio de Ambiente y la ANLA y a la falta de celeridad de la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, frente al Detrimento Patrimonial  y la vulneración de los DESCA de los Afectados por el Proyecto Hidroeléctrico y reconocidos por la Contraloría General de la República.

El Paro Cívico exige: 

- La suspensión inmediata de la Licencia Ambiental al Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo y la construcción de una Zona de Reserva Campesina.

- La realización de un nuevo censo socioeconómico de afectados, con base en el Informe de la Contraloría General de la República, Sentencia del Consejo de Estado, Derecho de Petición de Asoquimbo al Ministerio de Ambiente y la indemnización por los daños causados por las transnacionales  Emgesa, Endesa, Enel.

- La suspensión de la licencia Ambiental para la exploración petrolera en el Páramo de Miraflores y su declaratoria como Parque Nacional.

- Suspensión del Plan Maestro de Aprovechamiento (privatización) del rio Magdalena" y de la construcción de nuevas represas en el Huila.

- Solución inmediata a las demandas de los caficultores y demás sectores del agro afectados por los Tratados de Libre Comercio.

- Indemnización por parte de Emgesa de todos los afectados por la destrucción del Puente El Paso del Colegio.

-  Entrega de resultados de las siguientes investigaciones:

- Proceso de responsabilidad Fiscal contra el Ministerio de Ambiente y la ANLA por detrimento patrimonial que supera los 352.000 millones de pesos, según la Contraloría (CGR), por los daños ambientales y sociales causados por las obras del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo

- Informe e implicaciones  de la visita técnica al Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo sitio presa Casa Máquinas y Obras Auxiliares”, realizado por la CGR.

- Verificación y sanciones disciplinarias y penales por parte de la Procuraduría y la Fiscalía contra los funcionarios que intervinieron en la adjudicación y modificaciones  irregulares de la Licencia Ambiental al Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo.

- Informe por parte de la CGR sobre el seguimiento a afectados de El Quimbo, víctimas de desplazamiento y desalojos por parte del Estado y control de advertencia por violación de los Derechos Humanos causada por el otorgamiento de amparos policivos a favor de Emgesa, a nombre de la “utilidad pública”.

- La averiguación por los responsables del delito de “Daños en recursos naturales” causados por el proyecto, abierta por la Fiscalía, Noticia Criminal No.410016000584201200105.

-Los resultados del  requerimiento, por parte de la Procuraduría, al Ministerio de Ambiente de pronunciamiento a fondo sobre la solicitud de Audiencia Pública Ambiental.

- Los resultados de la Comisión de funcionarios enviada por el Alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, para inspeccionar las obras de El Quimbo, con  “el ánimo de atender las demandas hechas por la población de esta zona del país”.

- Las sanciones impuestas por el ICANH a Emgesa por la destrucción del Patrimonio Arqueológico.

- Las sanciones impuestas por la ANLA a Emgesa producto del Auto 2870 del 13 de septiembre de 2011 por infracción ambiental.

- Fallo Tribunal Administrativo del Huila sobre  Acción Popular interpuesta hace 5 años solicitando la suspensión de Licencia Ambiental como medida preventiva mientras se realiza el Diagnóstico Ambiental de Alternativas

 

¡RIOS PARA LA VIDA NO PARA LA MUERTE!        ¡FUERA TRANSNACIONALES DEL TERRITORIO!     ¡EL HUILA NO SE VENDE… SE DEFIENDE!       ¡RIOS VIVOS  … PUEBLOS LIBRES! 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA ESTUDIARÁ PROPUESTAS DE ASOQUIMBO Y EL MOVIMIENTO ¡RIOS VIVOS!

El 28 de enero de 2013, Asoquimbo y el Movimiento Colombiano por la Defensa de los Territorios ¡Rios Vivos! participaron en una reunión convocada por la Contraloría General de la República -CGR-  en Bogotá para abordar las  Problemáticas Generadas por los Proyectos Hidroeléctrico El Quimbo- Huila e Ituango Antioquia.

La Delegación de la CGR estuvo integrada por Jorge E. Cruz, Contralor delegado para El Medio Ambiente, Ana María Silva, Contraloría Delegada Sector Minas y Energía, Mauricio Peñarete, Director DVF Medio Ambiente, Leonardo Arbeláez, Contralor Auxiliar para el Sistema General de Regalías –SGR- y Juan Manuel Méndez, Asesor del Vicecontralor.

La delegación de Asoquimbo y el Movimiento Rios Vivos, estuvo integrada por Miller Dussán, Saúl Vargas, Alejandro Ordoñez, Moisés Sánchez, Alexander Naranjo, Gildardo Rojas, María Camila Macías, Isabel Cristina Zuleta (de la resistencia contra Hidroituango) y el acompañamiento de Tatiana Roa, Representante de Censat Agua Viva, Juliana Millán, de Planeta Paz y Daniel Libreros, profesor de la Universidad Nacional. Además, estuvieron presentes Edilberto Sosa y William Sarria, integrantes de la Junta Directiva de “Pasión y Vida de Gigante”.

La reunión inició reafirmando el compromiso por parte de La Contralora Sandra Morelli,  de la Defensa del Patrimonio Nacional, la Evaluación de las Políticas Públicas y la toma de decisiones ante el reconocimiento, según la cual, “Colombia está al borde de un Desastre Ambiental” destacando el proceso de responsabilidad fiscal contra la ANLA, en el caso de El Quimbo. Además, se consideró de especial importancia la presencia de afectados por los Proyectos de El Quimbo y Pescadero Ituango.

La delegación de Asoquimbo y Pasíón y Vida por mi Pueblo, de Gigante Huila, hicieron entrega y radicaron en la  CGR el Derecho de Petición mediante el cual se solicita a la ANLA “se ordene a Emgesa actualizar y complementar el CENSO de población afectada por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo, y se identifiquen los impactos y medidas a que haya lugar, teniendo en cuenta el listado de población excluida del censo socioeconómico de afectados por la construcción de la  Hidroeléctricca El Quimbo”. Se anexaron aproximadamente 10.000 firmas.

A propuesta de la delegación de Asoquimbo y Rios Vivos se desarrolló la siguiente Agenda:

1.- La Declaratoria de “Emergencia Ambiental” por parte de la CGR

2.- Propuesta de Estudio de Caracterización de los afectados por los Proyectos Minero Energéticos.

3.- Vulneración de Derechos Humanos: desapariciones, desalojos violentos, desplazamiento de comunidades afectadas por parte del Estado y la presencia de grupos al margen de la Ley.

4.- Actitud de la CGR frente al comportamiento de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales: desconocimiento de Informes y decisión  del Consejo de Estado sobre Censo de Afectados en El Quimbo y negativa a Convocar una Nueva Audiencia Pública Ambiental.

5.- Afectación al Patrimonio Cultural por parte de las Empresas concesionarias (Endesa, Enel, Emgesa, Isagen, Empresa Públicas de Medellín).

6.- El Estado actual de los procesos de investigación contra la ANLA por detrimento patrimonial

7.- Acciones de Resistencia Civil: Paro Civico Regional convocado por Asoquimbo y participación del Movimiento ¡Rios Vivos!

8.- Compromisos.

En desarrollo de la Agenda, Asoquimbo, a través del profesor Miller Dussán, hizo entrega y sustentó el documento: “Argumentos y Acciones Jurídicas en Defensa del Patrimonio y de las Comunidades Afectadas por el Proyecto Hidroeléctrico el Quimbo”  en el cual se hace una caracterización general del Proyecto Hidroeléctrico en el contexto de la Política Minero Energética y el proceso de seguimiento y sistematización del mismo, a partir de la hipótesis según la cual  “si el Ministerio de Ambiente, antes de haber aprobado la Licencia Ambiental, hubiera exigido la realización de un Diagnóstico Ambiental de Alternativas (DAA) “estudio que permitiría evaluar y comparar las diferentes opciones para el desarrollo del proyecto, con el fin de optimizar y racionalizar el uso de los recursos ambientales y evitar o minimizar los riesgos, efectos e impactos negativos (Decreto 1753 de 1994), se hubiera dado la voz de alarma sobre el carácter irreversible y la magnitud de los impactos, que hoy valida la CGR al denunciar un detrimento Patrimonial que supera los 352.000 millones de pesos causados por las obras; diagnóstico determinante para declarar la inviabilidad del Proyecto y el argumento de peso para negar la respectiva Licencia” 

Asoquimbo advierte que la Crisis Humanitaria en la Región como consecuencia de la catástrofe económica, social, ambiental y cultural generada por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo, producto de la destrucción de las cadenas productivas y la seguridad alimentaria, el desplazamiento estatal, el desempleo, el daño de los ecosistemas, las afectaciones psicosociales, la ruptura de los tejidos sociales, daños al Patrimonio Arqueológico, riesgo sísmico, vulneración de todos los derechos fundamentales de los afectados y el derecho colectivo al medio ambiente se profundiza, no sólo por la generación de nuevos conflictos causados por la exploración petrolera en la Páramo de Miraflores, el anuncio de nuevas represas que afectaría la Cuenca del río Magdalena, sino por el desconocimiento y/o minimización de los impactos por parte de la ANLA y su negativa a actuar bajo el supuesto que de hacerlo sería objeto de demanda por parte de Emgesa, como es el caso de la reiterada solicitud de convocatoria a una nueva Audiencia Pública Ambiental  e inclusión en el censo e indemnización de todos los afectados por el Proyecto. En otros términos, la ANLA omite sus responsabilidades constitucionales de garantizar la protección de los Derechos Fundamentales  de los afectados y no viene realizando directamente en la zona de obras el seguimiento y control permanentes que demanda la misma Licencia Ambiental.

El informe fue complementado con las denuncias que formularon cada uno de los afectados presentes en la reunión, victimas de desalojo violento, de desplazamiento estatal, de destrucción de las cadenas productivas, el comercio y, particularmente, la pesca y la producción cafetera.

Asoquimbo, concluyó su intervención solicitando a la CGR,  celeridad en los procesos de responsabilidad fiscal contra la ANLA y su intervención eficaz para evitar que se continúe destruyendo nuestro patrimonio, vulnerando los derechos de los afectados y, específicamente, un control de advertencia frente al desalojo violento de afectados amparados en la “declaratoria de utilidad pública”

Asoquimbo reafirmó la decisión del Paro Cívico Regional, ante la omisión de las responsabilidades de la ANLA, y de organismos como la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría Agraria Ambiental. Propuso una Mesa Permanente de Control y Seguimiento a todos los proyectos energéticos, encabezada por la CGR, para que con la colaboración de organizaciones sociales y la Universidad Nacional se adelanten investigaciones como la “caracterización de los afectados” “la Cuenca del río Magdalena”, y las que surjan de la exploración de las problemáticas específicas en cada una de las regiones.

Mención especial merece la intervención de Isabel Cristina Zuleta, comprometida con el proceso de resistencia contra el Proyecto Pescadero Ituango, debido a que producto de sus puntuales trabajos de investigación y seguimiento, puso en evidencia la inviabilidad del proyecto desde el punto de vista económico, social, cultural y ambiental. Destacó sobremanera la destrucción de ecosistemas como los bosques secos tropicales, la seguridad alimentaria y la vulneración de los Derechos Humanos profundizada por la presencia de actores armados ilegales. Refirmó la necesidad de la presencia inmediata de la CGR en la zona para que confirme sus estudios y denuncias y adelante los que sean pertinentes para la protección del Patrimonio Nacional, de la Región y de los afectados.

La ambientalista Tatiana Roa y el profesor Daniel Libreros complementaron las intervenciones y se comprometieron con el desarrollo de los estudios, especialmente, el del perfil del afectado.

Por su parte, la delegación de la CGR, en cabeza de Jorge Cruz precisó los alcances  de sus funciones y se refirieron a los siguientes aspectos a destacar:

- Existe debilidad en los estudios para la adjudicación de las Licencias Ambientales en Colombia. Por lo general son expedidas en tiempos demasiados cortos, razón por la cual se requiere de la realización de estudios comparados explorando diferentes casos como E.U.A en donde las Licencias se expiden después de rigurosos análisis que requieren mínimo 8 años.

- No existen políticas sobre embalses. En tal sentido, se requieren estudios que permitan establecer cuáles serían los impactos (ejemplo 2030) de la intervención del río Magdalena a raíz del Plan Maestro de Aprovechamiento del mismo, en concesión con la Empresa Estatal Hydrochina.

- La CGR, a través de la Auditoría Río Magdalena, viene realizando consultas a las Corporaciones Autónomas sobre los estudios para la conservación de la Cuenca del  Río Magdalena, desde una visión ecosistémica.

- Es importante replicar estudios como los del río Bogotá al río Magdalena como parte del Plan General de Fiscalía –PGF-

- Se viene adelantando el proceso de responsabilidad Fiscal contra la ANLA por detrimento patrimonial por los daños ambientales y sociales causados por las obras del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo

- A la Fundación El Curíbano se le envió el “Informe  visita técnica Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo sitio presa Casa Máquinas y Obras Auxiliares”.

- A la Procuraduría y la Fiscalía General de la Nación se le envió el “Auto de  Solicitud de Apertura del Proceso de responsabilidad Fiscal contra el Ministerio de Ambiente  y la ANLA” para que se verifique si en el momento de la adjudicación y modificaciones de la Licencia Ambiental al Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo se cometieron irregularidades y en tal caso  se investiguen a los responsables disciplinaria y penalmente.  

- El Informe realizado por la Gerencia Departamental de la CGR “Denuncia de Participación Ciudadana -Censo Desarrollado por Emgesa sobre los Beneficiarios del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo-“ será revisado por el nivel Central con el objeto de verificar los resultados. 

- Se adquirió el compromiso de consultar con la Contralora la propuesta investigativa para la “caracterización de los afectados por represas”.

- Se planteó la necesidad de revisar el Código Minero para responder a los impactos ambientales y sociales causados por los trasvases, caso río Guarinó al río La Miel.

- Compromiso de realizar seguimiento a afectados de El Quimbo, víctimas de desplazamiento y desalojos por parte del Estado y recurrir a posible Control de Advertencia por violación de Derechos Humanos.

Finalmente, la CGR viene realizando un  cambio en la visión de la Gestión Fiscal que incorpore fenómenos como el desplazamiento y las afectaciones a la producción económica derivados de la destrucción de los ecosistemas.

El Movimiento ¡Rios Vivos! y Asoquimbo destacan la forma tranquila, respetuosa  y racional como se desarroló la reunión con los delegados de la CGR y la labor que cumple éste ente de control en cumplimiento de sus funciones establecidas en la Constitución y la Ley.