LA DOBLE FAZ DE LUZ HELENA SARMIENTO DE LA ANLA
El trastorno disociativo de la identidad de la jefe de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –ANLA- es cada día más evidente. La tensión psíquica ha sido ocasionada por la “silla giratoria” debido a que proviene del sector privado transnacional de quien depende y en el sector público es asediada por los fuertes movimientos de resistencia contra la política minero energética y sus impactos ambientales y sociales causados por las corporaciones transnacionales que la sostienen.
Prueba de lo anterior ha sido su tozudez contra las exigencias argumentadas de Asoquimbo de suspender la Licencia Ambiental al Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo, incluso cuando hoy se adelanta por parte de la Contraloría (CGR) un proceso de responsabilidad fiscal en su contra por detrimento patrimonial que supera los 352.000 millones de pesos por los daños ambientales y sociales causados por las obras de Emgesa.
El 28 de diciembre de 2012, mediante Resolución 1142 la ANLA, por enésima vez, modifica la Licencia Ambiental al proyecto El Quimbo atendiendo las exigencias de Emgesa.
Asoquimbo no interpuso recurso de reposición porque de antemano se conoce la orden de la ANLA. Todos los recursos jurídicos le han sido negados acogiendo integralmente las exigencias de EMGESA. El argumento ha sido el mismo. Hay que garantizar la continuidad del Proyecto porque hace parte de los compromisos ya adquiridos por el gobierno anterior y el actual y no se puede afectar “la confianza inversionista” de empresas transnacionales como la Enel y Endesa.
Incluso, se contratan abogados con la condición, no sólo, de negar cualquier solicitud de Asoquimbo sino para blindar a la institución y, específicamente, a su jefe Sarmiento, de posibles demandas que la impliquen por omitir sus obligaciones o por desobediencia a Emgesa en el caso de que se atreva, por ejemplo, a aceptar la actualización del censo socioeconómico a raíz de las “deficiencias encontradas por el departamento Nacional de Estadística DANE y el INCODER”, según la CGR.
Sin embargo, producto de los movimientos de resistencia y de las inocultables afectaciones sociales y ambientales causadas por la política minero energética, que condujo a la Contralora Sandra Morelli a declarar la "Emergencia ambiental", la directora de la ANLA se ve obligada a mostrar la otra cara, con la angustia reflejada en su rostro, por la posible pérdida de sus nexos con sus protectoras las empresas privadas.
El 17 de enero de 2013 la ANLA expide la Resolución 0024 por medio de la cual se impone medida preventiva de suspensión inmediata de la totalidad de las obras y actividades al Proyecto Ecoturístico Los Ciruelos ubicado al interior del Parque Nacional Natural Tayrona, en jurisdicción del Distrito de Santa Marta, invocando el principio de precaución contemplado en la Ley 99 de 1993 hasta que se evalúe y conceptúe “el real y actual grado de representatividad del ecosistema bosque seco tropical presente en el área de influencia directa e indirecta del proyecto, de los daños inminentes e irreversibles y los efectos sobre las especies de flora y fauna del Parque Nacional Natural Tayrona”.
Los daños causados por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo son superiores a los del Proyecto Ecoturístico El Ciruelo, debido a que destruirá el ecosistema bosque seco tropical de 842 hectáreas presente en el Quimbo, Reserva Forestal Protectora de la Amazonía, y los daños ambientales y sociales ya causados, son inconmensurables e irreversibles.
Ahora Portfolio.co, el 6 de febrero informa que la ANLA negó 8 licencias ambientales para explotar carbón en el Cesar con el argumento según el cual las empresas Drummond; CCX, Prodeco, y Goldmam Sachs, no cumplen con las exigencias del país en esa materia.
Pero se niega la suspensión de la Licencia Ambiental al Proyecto Hidroelectrico El Quimbo cuando el Ministerio de Ambiente, no exigió la realización de un Diagnóstico Ambiental de Alternativas (DAA) “estudio que permitiría evaluar y comparar las diferentes opciones para el desarrollo del proyecto, con el fin de optimizar y racionalizar el uso de los recursos ambientales y evitar o minimizar los riesgos, efectos e impactos negativos (Decreto 1753 de 1994). Hoy no queda ninguna duda: si se hubiera realizado el estudio las comunidades y el país no serían víctimas de los daños causados, irreversibles por la magnitud de los impactos, reconocidos por la CGR.
La directora de la ANLA por su doble faz continuará impávida observando el desastre a la espera del nuevo giro de la silla, cuando la resistencia social esté recuperando el territorio y la dignidad ahora que se anuncia el inicio del Paro Cívico Regional el 14 de marzo, día internacional contra represas.
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Benito Camelas Uribe -
Oscar Gil -