MOVIMIENTO COLOMBIANO EN DEFENSA DE LOS TERRITORIOS Y AFECTADOS POR REPRESAS ¡RÍOS VIVOS!
Documento de trabajo de MRV frente a la actual Política mineroenergética y ambiental de Colombia
1.- Contexto Mundial de la Producción de Energía Eléctrica y el Movimiento contra Represas.
La producción y uso de la energía es el aspecto medular de todo ecosistema y demás formas de vida. Aunque millones de personas, y entre ellas cientos de líderes, no lo reconozcan, la evidencia devela que existe un fuerte encadenamiento entre las crisis actuales y la cuestión ecológica. La Tierra es un súper-organismo, la “gaia”, un sistema vivo de frágil equilibrio, severamente afectado por todas las formas de producción y organización social antropocéntricas y depredadoras de los humanos que han de superarse si hemos de aspirar a un mundo mejor. Somos humanos, pero también somos biológicos. En consecuencia y en esencia, la relación que hemos de resolver para allanar el camino hacia una eco-sociedad es la relación de profunda desigualdad e inequidad no solo entre los seres humanos, sino de éstos con todos los seres de la naturaleza. Superar la fase depredadora de la especie de que nos habla Albert Einstein.
La provisión de energía primaria a partir de los combustibles fósiles (petróleo, carbón y gas natural) ha traído como consecuencia una aceleración del cambio climático de la tierra, desencadenando grandes desequilibrios y tragedias naturales provocadas por el hombre. De ninguna manera es una idea alarmista. Se trata de la consecuencia directa del consumo de combustibles fósiles: producen la emisión de gases que contaminan y se acumulan en la atmósfera y resultan tóxicos para la vida. No son renovables, se agotarán las reservas en el medio y largo plazo de una vida humana y contaminan más que otros productos que podrían haberse utilizado en su lugar.
Existe una relación entre pobreza y consumo de energía en las sociedades humanas capitalistas o pro-capitalistas actuales.
- En los países desarrollados se consumen unos 10 kilovatios, en los países menos desarrollados se consume sólo 1 kilovatio por habitante.
- La utilización de energía está íntimamente ligada al nivel de industrialización de un país. Así, por ejemplo, Europa utiliza treinta veces más energía que un país en vías de desarrollo, y los Estados Unidos, cuarenta veces más.
- El consumo de energía eléctrica aumenta exponencialmente.
- El 88% de la energía procede del carbón, gas natural y petróleo: combustibles fósiles no renovables.
- Para 2100 (o antes) las fuentes de energía que ahora conocemos se habrán agotado.
La cantidad de energía que se consume en el mundo anualmente es aproximadamente 85 billones de KWh. Esto es lo que se puede medir, es decir, la energía que se compra, vende o comercializa. No hay forma de saber exactamente qué cantidad de energía no comercial consume cada persona (por ejemplo cuanta madera se quema, o que cantidad de agua se utiliza en pequeños saltos de agua para producir energía eléctrica). Según algunos expertos esta energía no comercial puede constituir como máximo una quinta parte del total de energía consumida. Aunque fuera este el caso, la energía total consumida por el mundo significaría sólo 1/7.000 de la energía solar que incide sobre la superficie de la Tierra cada año.
(http://www.housebanc.com/ENERGiA%20SOLAR%20FOTOVOLTAICA/cual_es_el_consumo_
mundial_de_energia.htm, 10 de julio de 2010)
En 2005 la energía hidroeléctrica suministró el 16,4% de la electricidad mundial. Aún siguen diseñándose grandes presas. Sin embargo, la energía hidroeléctrica no es probablemente una de las mejores opciones para el futuro de la producción energética en los países desarrollados dado que los mejores lugares para ello en estos países ya están siendo explotados o son incompatibles por otras razones, entre ellas por motivos medioambientales.
Los diez mayores consumidores de energía nucleoeléctrica |
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En cuanto a la gestión del agua, se requiere una revolución desde su concepción hasta su uso. La privatización y gestión de las aguas no son una opción sustentable. Las espantosas estadísticas lo demuestran: más de mil millones de personas sin acceso a agua potable aceptable, más de dos millones de niños/as que mueren cada año por el agua contaminada y el saneamiento ambiental inadecuado, cientos de millones de familias campesinas en tierras áridas pasando hambre, y ecosistemas de agua dulce que cada vez más quedan secos.
Así como la gran mayoría de las personas que viven sin acceso al agua potable vive en las zonas rurales de los países de la periferia, así también la mayoría de las 1600 millones de personas sin electricidad son campesinas. Las necesidades energéticas de las zonas rurales pobres pueden satisfacerse de la mejor manera mediante cocinas mejoradas, mini– y micro–centrales hidroeléctricas comunitarias, y otras fuentes de energía renovable, como bombas accionadas por el viento para alzar el agua subterránea. Las masivas obras hidroeléctricas que abastecen de energía mediante grandes líneas de transmisión hasta las minas, industrias y ciudades grandes rara vez benefician a la gente rural.
Tan sólo el desarrollo de la infraestructura hídrica y energética no podrá resolver los escandalosos problemas mundiales de la pobreza y desigualdad, por el contrario los agudizará. Pero – sin una realineación radical de las prioridades en los sectores del agua y la energía – la esperanza de agua y energía para todos seguirá siendo un derecho negado por el discurso del desarrollismo.
Las represas no son energía limpia
Existen por lo menos 12 razones para excluir a las grandes represas hidroeléctricas de los esfuerzos globales para promoverlas como Mecanismos de Desarrollo Limpio dados los impactos de estas megaobras sobre las personas, la naturaleza y las posibilidades del buen vivir. Las razones expuestas por la Organización Ríos Internacionales son:
- Las grandes hidroeléctricas no contribuyen a la erradicación de la pobreza.
- La inclusión de las grandes hidroeléctricas en las iniciativas renovables capturará los fondos de las nuevas energías renovables.
- Los promotores de las grandes hidroeléctricas normalmente subestiman los costos y exageran los beneficios
- Las grandes hidroeléctricas aumentan la vulnerabilidad al cambio climático.
- Las grandes hidroeléctricas no producen el beneficio de la transferencia de tecnología.
- Los grandes proyectos hidroeléctricos causan grandes impactos sociales y ecológicos negativos.
- Esfuerzos para mitigar los impactos de las grandes hidroeléctricas usualmente fallan.
- Los promotores de las grandes hidroeléctricas se oponen a las medidas para la prevención de la construcción de proyectos destructivos.
- Los grandes embalses pueden emitir cantidades significativas de gases de efecto invernadero.
- La construcción de las grandes hidroeléctricas es lenta, dispareja, inflexible, y cada vez más costosa.
- Muchos países ya son dependientes en demasía de la hidroelectricidad.
- Las grandes hidroeléctricas resultan no ser renovables debido al problema de la sedimentación.
Por otra parte, la Comisión Mundial de Represas –CMR- estableció en el año 2000, en su informe Represas y Desarrollo, que el 60% de las cuencas de los grandes ríos del mundo estaban mediana o altamente modificadas por una o más grandes represas o trasvases lo cual significaba impactos irreversibles sobre los ecosistemas, como la contaminación de las fuentes de agua dulce y la afectación de grandes zonas de biodiversidad, pero aún así sus promotores se esfuerzan por promocionarlas como producción limpia.
¿Energía para quién?
En Colombia la energía es producida prioritariamente para la exportación a favor de la demanda de las empresas transnacionales de la industria minero-energética, petrolera y los agronegocios o para el consumo nacional de estas mismas industrias, además es necesario tener en cuenta que: a) este tipo de energía permite acceder al mercado carbono, negocio que garantiza a las grandes empresas y países desarrollados, continuar contaminando el ambiente, b) las industrias que consumen mayores cantidades de energía y de mayor voltaje la pagan entre 85 y 100 pesos KW/hora. Los pobres la consumen a 417 pesos el KW/h, c) La energía generada por hidroeléctricas (macro y microrepresas) no es renovable, ni limpia. Es más barata para los inversionistas y costosa para el pueblo porque:
- Desplazan más que las guerras. Cientos de miles de personas son desalojadas de sus tierras ancestrales. En el mundo según los datos de la CMR, entre 40 y 80 millones de personas fueron desplazadas por represas hasta el año 2000. Según la ONU hasta el año 2009 por lo menos 33 millones de personas en el mundo fueron desplazadas por conflictos internos en los países.
- Reducen drásticamente las poblaciones de peces, incluyendo la extinción de algunas especies.
- Interrumpen los ciclos anuales de inundación destruyendo la producción de alimentos y de reproducción de la fauna.
- Inundan lugares de valor natural o cultural extraordinarios.
- Emiten gases de efecto invernadero como el gas metano aumentando la vulnerabilidad al cambio climático.
- Aumentan desproporcionadamente la pobreza en las regiones donde se implementan
- Se restringe el acceso al agua, la tierra y los recursos bióticos.
- Se interrumpe la pesca artesanal y la agricultura tradicional de los terrenos aluviales, a causa de los cambios en el caudal y la reducción en el asentamiento de los linos.
- Producen pérdida de tierras del valle, generalmente las más fértiles, que como en el caso de El Quimbo son escasas y básicas para garantizar la seguridad alimentaria, “suelos de formación aluvial de hasta 3 metros de profundidad efectiva, suelos orgánicos con una carga microbiológica natural de mucho valor”
- Pueden generar sismicidad inducida.
- El costo socioeconómico, ambiental y cultural no compensa los beneficios para la sociedad.
- Producen cambios dramáticos en el flujo, la calidad, cantidad y uso del agua, los organismos bióticos y la sedimentación de la cuenca del río.
- Por lo general desconocen la normatividad ambiental y de procedimientos legales en el proceso de licitación, en particular, la participación de las comunidades afectadas.
2.- Locomotoras del desarrollo energético- minero en Colombia
La construcción de los megaproyectos minero energéticos implica, entre otros aspectos, analizar qué visión de desarrollo los inspira. Existe un serio cuestionamiento mundial que se opone a la construcción de grandes represas tal como lo señalan los estudios publicados por la Comisión Mundial para Represas. No obstante, existe una ‘fiebre de represas’ en particular en América Latina donde las grandes corporaciones transnacionales y translatinas intentan acaparar el negocio de la creciente demanda de energía en la región.
Para el caso de Colombia, se afirma desde algunos círculos de poder económico que se trata de grandes inversiones para garantizar la autosuficiencia energética del país. Dónde quiera que sea se usan los mismos argumentos. Además, estos proyectos se justifican como parte del Plan Nacional de Desarrollo, de las Agendas de Productividad y Competitividad Nacional, así como las Agendas Internas de Productividad y Competitividad de cada uno de los departamentos como una de las “locomotoras del desarrollo”. Todos estos documentos fueron elaborados como parte de las adecuaciones normativas para la celebración de los TLC.
Esta postura fue ratificada por el presidente Santos, el 27 de febrero de 2012 en Popayán Cauca al expresar su apoyo incondicional a las empresas Emgesa Endesa Enel y su proyecto hidroeléctrico justificando el reciente desalojo violento de los afectados bajo el supuesto de que no permitirá la obstrucción de generación de “energía limpia y necesaria” para garantizar la “seguridad energética del país en el futuro”, cuando no es un secreto que la hidroeléctrica se subastó con la exclusiva función de producir energía para la exportación. Esto es corroborado por las investigaciones del Movimiento Ríos que ha señalado que Colombia produce más energía de la que consume, y que la instalación de tecnologías apropiadas permitirían mitigar la necesidad de construir más represas, además, en este mismo sentido, en mayo de 2011, un Informe, del Banco de Iniciativas para el Desarrollo de Antioquia señaló que “Colombia ya produce una sobre instalación de potencia eléctrica de 4761 megavatios”.
Pero también hay que mencionar el emplazamiento de otros proyectos hidroeléctricos que se ofrecen y se venden como energía limpia y renovable sin que por lo menos la totalidad de las comunidades afectadas hayan sido informadas. En la actualidad se impulsan 150 grandes represas y existen un poco más de 30 solicitudes de licencias ambientales en la ANLA para proyectos hidroeléctricos en todo el país. Los proyectos contemplan desde grandes centrales hidroeléctricas como las de Ituango, Hidrosogamoso o El Quimbo, a pequeñas microcentrales como el proyecto Sumapaz que incluye la construcción de alrededor de ocho microcentrales en los municipios de la Provincia del mismo nombre. Se suma a lo anterior el denominado Plan Maestro de Aprovechamiento del Río Magdalena en convenio con el Gobierno de China, la empresa estatal Hydrochina y Acción Social de Colombia, con un presupuesto de cooperación superior a los seis millones de dólares. El Plan incluye nuevas represas: Guarapas, 140 MW y Chillurco 180 MW (en Pitalito), Oporapa 220MW (en Oporapa), Pericongo 80 MW (en Timaná), El Quimbo 400 MW (Zona Centro del Huila), Betania 520 MW (construida en Yaguará), El Manso 140 MW (en Neiva), Veraguas 130 MW (en Aipe), Bateas 140 MW (en Villavieja) y continúan las de Basilias 140MW (en Natagaima), Carrasposo 170 MW, Nariño 200MW (en Girardot), Lame 560 MW (en purificación, Ambalema 160 MW (en Ambalema), Cambao 100 MW (en Cambao), Piedras Negras 100 MW (en Honda) y 3 represas más en Honda y el Tolima. El Plan considera que “el transporte de carga por el Río Magdalena se convierte en uno de los pilares estratégicos para la competitividad de la Nación, debido a los bajos costos y el desarrollo de infraestructura logística”
Adicionalmente para el departamento del Huila, la empresa Electrohuila viene proyectando 50 Pequeñas Centrales Hidroeléctricas -PCH- con la inversión de capital privado que se incorporarán al Sistema Interconectado Nacional para exportación. Actualmente, se han radicado 14 solicitudes ante la Corporación Autónoma del Alto Magdalena -CAM para Licenciamiento Ambiental que afectan las cuencas de los ríos: Bache (3 PCH), Las Ceibas, Cabrera, Venado, Narváez, Bedón, La Plata, Páez, Suaza, Guarapas, Naranjo, Aipe.
Según Olimpo Cárdenas Delgado, “en los últimos tres años el mercado de la energía eléctrica en el país ha movido en promedio 10 billones de pesos por año (9.7; 10.1 y 9.5)”. Hoy en el mercado eléctrico Colombiano están presentes las principales transnacionales del mundo tales como, EPSA y Emgesa, Endesa, Enel y las colombianas EPM, Isa e Isagen que son multinacionales con presencia en Centro y Sur América.
De los 14 mil GW/h que existen como reservas en el país, Antioquia posee el 43.2% lo que indica que “esta región podría garantizar el abastecimiento de energía eléctrica de todo el país”. Pero se proyectan 38 hidroeléctricas para el año 2023, 10 térmicas a gas, 16 a carbón, 4 a base de combustible líquido, para un total de 13.404 MG. Es decir, casi la misma cantidad que hoy tiene en energía eléctrica instalada el país. Razón por la cual, la denuncia de las comunidades tiene un aspecto central que nadie ha rebatido con argumentos: La energía producida es para la exportación. Ya existe interconexión con Venezuela y Ecuador y se estará construyendo la interconexión con Panamá que serán los ejes para enviarla al centro y sur del continente.
Como lo advierte Cárdenas: “Toda esta abundancia de energía en vez de ser factor de desarrollo humano, incrementa la desigualdad. Los industriales que consumen mayores cantidades de energía y de mayor voltaje pagan el KW/h mucho más barato, entre 85 y 100 pesos, porque lo pueden negociar con las empresas directamente y la compran en bloque en la bolsa de valores. Los pobres consumen a 417 pesos el KW/h”. Lo más grave es que para garantizar esta ineficiente e irracional realidad económica, los capitalistas seguirán desviando y desbordando ríos, apropiándose de las fuentes de agua, contaminando, represando, desplazando y asesinando a todos los que se opongan a su visión de desarrollo por lo que se hace necesario construir con la participación de todos los sectores de la sociedad “otro modelo de producción, distribución y gestión de la energía y de definición de prioridades. Un modelo reticular, descentralizado y eficiente basado en plantas de energía renovable de pequeña escala, que acerquen la generación de energía al consumo, eliminando la necesidad de enormes líneas de transmisión, que prohiba el despilfarro energético, que prevea la efectiva participación de las comunidades locales en los procesos de toma de decisión, de planificación y gestión y que no perjudique la salud de las personas y el medio ambiente”.
La postura de Santos evidencia el continuismo con las políticas neoliberales y las prácticas del pasado que han priorizado la confianza inversionista y la seguridad democrática para favorecer los intereses económicos de las corporaciones transnacionales frente al bienestar del pueblo colombiano, violando principios constitucionales y la ley. Desde esta perspectiva la opción es hacer parte de un ‘negocio’ que consiste en ‘invertir excedentes financieros de otras economías en la explotación de nuestros recursos naturales” en el que priman los intereses particulares sobre el interés público, ocultando que los denominados ‘dinosaurios modernos’ (las represas) están en desuso en el mundo y en América Latina y que existen otras alternativas energéticas viables y sostenibles que contribuyen al bienestar de las comunidades siempre y cuando se ponga en marcha bajo los principios de una propuesta de soberanía energética.
La locomotora minera.
Otra de las locomotoras del desarrollo del Gobierno Santos es la minería. Sobre el particular ha causado indignación el anuncio del presidente al final de la Cumbre de la Tierra Rio + 20, de declarar 17,6 millones de hectáreas del Chocó, Amazonas, Guaviare, Guainía, Vaupés, y Vichada como Reserva Estratégica Minera, cuando se suponía que la discusión era como afrontar la crisis ambiental, social y climática que enfrenta la humanidad. Santos ve en estas regiones una bolsa de minerales estratégicos como el uranio, el oro, el cobre, el coltán, este último, indispensable en la producción de teléfonos móviles, GSP, satélites artificiales, armas teledirigidas, televisores de plasma, ordenadores portátiles, cohetes espaciales y cámaras fotográficas, entre muchos otros.
Con estas últimas medidas, el presidente multiplicó por más de 1000 las áreas de Reserva Estratégica del país y estaría decretando, como dijo recientemente el ex ministro Manuel Rodríguez Becerra, el principio del fin de la riqueza biológica y cultural de la Amazonia oriental colombiana, así como de las otras áreas incluidas en esta declaratoria, ubicadas en el Chocó y en la Orinoquia.
En los ocho años de Uribe, la superficie de hectáreas con título minero pasó de 1,13 millones en 2001 a 8,53 millones en diciembre de 2010 para la explotación minera. Es decir, casi el doble de las utilizadas en actividades agrícolas (4.9 millones de hectáreas).Y las hectáreas tituladas en los páramos se duplicó con creces. Hoy en día, 6.3% de las hectáreas en los páramos (122 mil) están tituladas. Durante ese periodo Uribe firmó 1900 contratos mineros en los páramos.
Para profundizar en el modelo extractivista es preciso registrar el avance de los proyectos y las transnacionales petroleras. La Ronda 2012 ofreció 115 nuevos bloques petroleros dispersos por todo el territorio nacional. Del total de bloques ofrecidos, 12 se encuentran costa afuera y los restantes en territorio continental, en áreas montañosas y selváticas. Estos bloques sumarán un área sustancial a la ya adjudicada en la Ronda 2010 en la que fueron concesionadas para la exploración de petróleo y gas en Colombia más de 20 millones de hectáreas, lo cual implica, en total, entregar más de 30 millones de hectáreas en exploración y alrededor de 2,5 millones en explotación petrolera que si las sumamos con las mineras y las de la agroindustria, significarán un cambio radical del mapa territorial y profundos conflictos sociales, ambientales, económicos y culturales.
En el marco de las “Rondas Colombia 2012 y 2014”, según la Agencia Nacional de Hidrocarburos se han asignado 12 áreas de exploración Petrolera en el Huila concesionada a nueve compañías transnacionales, entre ellas, a la multinacional francocanadiense Alange Energy Corp en la Cuenca del río las Ceibas. El bloque denominado VSM 16 (Valle Superior del Magdalena), suspendido temporalmente producto de la resistencia social, incorpora a los municipios de El Agrado, Altamira, Elías, Garzón, Gigante, Guadalupe, Hobo, La Plata, Paicol, El Pital, Tarqui, Tesalia y Timaná que afectan las márgenes derecha e izquierda del río Magdalena y parte del río Suaza con el uso de la técnica de extracción de gas y petróleo en yacimientos no convencionales (pozos profundos) denominada fracking o fracturación hidráulica. El gobierno autorizó una licencia ambiental global a la empresa Emerald Energy para la construcción de tres plataformas multipozo al interior del Campo de Producción Gigante, y la construcción de líneas de flujo que podrán transportar agua, gas y crudo afectando el Páramo de Miraflores.
La política minero energética de Santos es producto de un cambio en el patrón de acumulación –en los tres últimos lustros, reforzando las tendencias de reprimarización de la economía basadas en la extracción intensiva de los recursos naturales, especialmente energéticos y mineros. Lo novedoso es que la reprimarización está ligada a la especulación financiera transnacional, el proceso de financiarización del capital. No se trata simplemente de un regreso al sector primario de la economía. La financierización de la naturaleza hace referencia a los títulos de propiedad sobre los patrimonios naturales, es decir, la mercantilización y privatización de los bienes naturales con la estandarización de precios, la transformación de dichos bienes en activos financieros (sujetos de transacción en bolsa y a mercados especulativos de carácter internacional). Dicha financierización implica el control político de los territorios, muchas veces asegurado con estrategias de militarización que no participan del circuito de producción y son de origen transnacional. Conlleva la pérdida de control popular de los territorios que convertidos en activos financieros son controlados por agentes externos para asegurar su disponibilidad y aprovechamiento en los mercados.
3.- Los conflictos socioambientales.
La reprimarización de la economía y la financierización de la naturaleza agudizan los conflictos socioambientales y sus costos son incuantificables por los daños causados por los megaproyectos minero energéticos: La invasión por parte de las empresas transnacionales para la explotación intensiva de los recursos naturales (minerales, petróleo, agricultura, energía) y de la fuerza de trabajo para la mayor acumulación de riquezas, destruye los territorios, la biodiversidad natural y genética, la seguridad alimentaria, los ecosistemas, los proyectos de vida por el desplazamiento de comunidades y el patrimonio cultural.
Los conflictos se definen como la manifestación de las contradicciones sociales en la relación ser humano-naturaleza. Surgen cuando las transnacionales irrumpen en el territorio y privatizan los bienes naturales comunes, fracturando las dinámicas naturales y los flujos de vida.
En Colombia hay una afectación y consecuencias muy graves debido a la profundización del modelo de explotación y acumulación por expropiación en muchos casos violenta por el control corporativo de los territorios. Uno de los indicadores es la generación de nuevos conflictos territoriales, tales como:
- Destrucción del patrimonio natural (Macizos, Páramos), y de los bienes comunes como por ejemplo, las aguas.
- Expropiación de predios y depreciación de los mismos por medio de las declaratorias de utilidad pública.
- Destrucción de las cadenas productivas y de la seguridad agroalimentaria incrementando los índices de desempleo.
- Desplazamiento forzado a causa de la implementación de proyectos de desarrollo
- Desconocimiento de la participación de las comunidades en el control y autogobierno de sus territorios debido a la legalización del ordenamiento de facto impuesto por los Megaproyectos Minero Energéticos.
-Presencia de grupos insurgentes y paramilitares que pugnan por el control del territorio y de los ecosistemas estratégicos.
- Destrucción de la producción agroalimentaria, Empresas Comunitarias, tejidos sociales.
- Persecución a la minería artesanal para favorecer a la gran minería
- Privatización de ríos y vías para la competitividad (Plan Maestro de Aprovechamiento del río Magdalena)
- Destrucción de Resguardos Indígenas e infraestructura (Puente El Paso del Colegio)
- Control del mercado interno de los estupefacientes, drogadicción y violencia.
- Degradación de la condición humana, especialmente la comercialización del sexo femenino donde se realizan los megaproyectos.
4. Resistencia Social
Los conflictos territoriales y socioambientales se expresan en las luchas contra la extracción de los patrimonios naturales, el despojo, la contaminación y/o la apropiación de dichos patrimonios. Las luchas son demandas por el mejoramiento de la calidad de vida, la garantía del derecho a la permanencia en el territorio, al disfrute de un ambiente sano, el restablecimiento de sus medios de subsistencia y respeto por sus formas de vida tradicionales. Los agentes de esas luchas por lo general son sujetos colectivos y se visibilizan a través de estrategias de movilización y resistencias construidas por ellos mismos.
Existen diferentes concepciones sobre la Resistencia. Es enfrentar el despojo como alternativa prioritaria para la defensa del territorio y la vida. Es negarse a la globalización neoliberal, al considerar la naturaleza como una mercancía. La resistencia rompe con la normalización a la que han conducido el capitalismo y el colonialismo. Es una forma utópica de soñar el futuro. En la resistencia se aprende, se construye, se potencia y se crean habilidades para las que antes las comunidades se sentían negadas. Se aprende de derecho, de comunicación, de psicología, de geología, de ecología, de biología de economía. Se discute sobre lo que antes se creía exclusividad de los expertos y se proponen y valorizan sus formas de vida.
La resistencia es una lucha donde priman las alternativas sociales y comunitarias donde se desafía el modelo de desarrollo hegemónico contraponiendo sus formas de vida y posibilitando otras para el Buen Vivir y el Vivir Bien.
Desde la resistencia se construyen nuevos conceptos: Soberanía alimentaria, los derechos de la naturaleza, el mínimo vital gratuito del agua, moratoria de la política minero-energética.
Las resistencias se expresan en la movilización contra la entrada de los megaproyectos en los territorios y a los espacios comunitarios donde permanece la vida, como la autogestión comunitaria de modelos de aprovechamiento de los bienes comunes, en procesos agroecológicos y de recuperación de semillas, en la producción de energías alternativas, en la recuperación del trueque y de mercados locales, en la agricultura urbana, en distintas formas de movilidad sustentables, en diálogos entre el campo y la ciudad, en la recuperación de la ancestralidad, de Zonas de Reserva Campesinas agroecológicas, de procesos educativos desde el saber popular y ambiental y para la construcción colectiva de conocimiento.
La resistencia consiste en “la pervivencia y persistencia de los pueblos en sus territorios, sus culturas, sus modos de conocer (desde cosmovisiones y epistemologías propias) en contraposición de un modelo de desarrollo imperante, extractivista, neoliberal y desigual que llevaría a la destrucción de sus medios de vida y sus culturas”. La resistencia busca generar nuevas relaciones sociales, ajenas a toda forma de explotación, superando el capitalismo, el patriarcalismo y el colonialismo, recuperando la dignidad y desafiando los sistemas políticos y económicos existentes. Contribuye a construir justicia social, reivindica y revaloriza los saberes, las tradiciones, la espiritualidad, las tecnologías y las relaciones más armónicas con la naturaleza y entre los seres humanos y construye relaciones más horizontales, más democráticas, más fraternas.
La resistencia es concebida como acción argumentada y propuesta alternativa, referente de identidad individual/colectiva que implica oposición radical contra la explotación, exclusión, discriminación, despojo, desplazamiento y, al mismo tiempo, construcción de poder y autogobierno de los sectores subalternos, contra el control de los territorios por el capital financiero internacional y las corporaciones transnacionales. La resistencia como referente de análisis expresa la lógica de confrontación de poderes y la forma como pretenden legitimarse en el control territorial.
La resistencia recupera el arraigo al territorio. El derecho a la soberanía hídrica y alimentaria. La naturaleza como sujeto de derechos (CP Ecuatoriana) se la asume como un ser vivo que necesita de cuidados y normatividades para su protección.
Muchas son las experiencias: La Resistencia Civil organizada por Asoquimbo por la Defensa de nuestros Territorios, el río Magdalena, la biodiversidad natural y genética, las comunidades afectadas por megaproyectos minero-energéticos y agronegocios, las que se oponen a las represas Pescadero Ituango, Hidrosogamoso, Complejo Hidroeléctrico del Oriente de Caldas Río Guarinó, Rio Manzo y La Miel I, con las exigencias de Asprocig de mitigación de impactos generados por Urra I; con las organizaciones sociales y cívicas que luchan contra la explotación minera a cielo abierto en “La Colosa”, Cajamarca, Tolima y en el páramo de Santurbán; con la asociación campesina de Inzá, Cauca en el macizo colombiano que enfrenta el poder de los terratenientes y las concesiones mineras; con las comunidades afro-descendientes que en el Pacífico exigen sus territorios ancestrales; con las comunidades indígenas de la Guajira que se oponen a la desviación del río Rancherías y, a nivel internacional, contra la represa del Zapotillo en México y Palo Viejo en Guatemala, entre otros. Nuestra resistencia es fuente de derecho alternativo y espacio de construcción de una eco-sociedad humana como respuesta a la crisis civilizatoria y expresión política en oposición radical a toda forma de capitalismo verde, incluyendo las fórmulas del desarrollo sostenible neoliberal fomentadas por la Unión Europea, el Banco Mundial y el Sistema de Naciones Unidas.
Producto de las resistencias surge la conformación del Movimiento por la Defensa de los Territorios y Afectados por Represas ¡Ríos Vivos!, sus capítulos regionales y su articulación/alianza con movimientos y redes a nivel internacional Rivers.
Hoy los desplazados por represas de los procesos organizados en Ríos Vivos suman cerca de 200.000 personas. Se trata de la desterritorialización de los mundos campesino, afro e indígenas. Es imposible el avance de grandes proyectos minero energéticos sin el despojo de esas culturas, sin el incremento de la violencia contra las mujeres, sin el deterioro ambiental, sin la militarización de los territorios, sin la opresión de los pueblos indígenas.
Entre los logros más significativos de este movimiento social se destacan:
- El posicionamiento de la temática sobre “Desplazamiento forzado por Proyectos de Desarrollo” al solicitar ante la CIDH, con el apoyo de otras organizaciones, a que se inste al Estado colombiano a cumplir obligaciones internacionales y declarar la moratoria de los proyectos minero-energéticos y la constitución de una Mesa de Trabajo con los afectados y autoridades. El Movimiento solicitó, además, se inste al Estado a atender adecuadamente a las víctimas de desplazamiento forzado a causa de la implementación de proyectos de “desarrollo” e intervenga para que se abra un proceso de diálogo entre víctimas y autoridades para adoptar soluciones efectivas al problema. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su informe de Sesiones de su 153º período ordinario, realizado en Washington del 23 de octubre al 7 de noviembre de 2014 expresó que:
“(…) La Comisión también recibió información preocupante sobre la tensión que a menudo existe entre la ejecución de proyectos de desarrollo y el ejercicio pleno de los derechos humanos para grandes segmentos de la población en las Américas. Se han dado casos de violaciones del derecho a la vida, el desplazamiento forzado, casos en los que las fuentes de agua y de los alimentos han sido cortadas, y la violencia contra los líderes que se oponen a los proyectos de desarrollo, entre otros problemas. En las audiencias relativas a varios países, la Comisión recibió información sobre el impacto negativo que muchos proyectos de desarrollo tienen en los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras y territorios, así como sobre los derechos de las comunidades afrodescendientes y poblaciones rurales y campesinas. (…) La Comisión Interamericana insta a los Estados a adoptar medidas para prevenir las múltiples violaciones de los derechos humanos que pueden resultar de la ejecución de proyectos de desarrollo, tanto en los países en los que los proyectos se encuentran, así como en los países de origen de las corporaciones, como Canadá(…)”
- La Sentencia T-135/13 de la Corte Constitucional que ordenó la realización de un nuevo censo de afectados por El Quimbo y expresó que: “es pertinente indicar que, ante el enorme impacto de las represas sobre las personas debería llevar, en algún momento no muy lejano, a quienes toman las decisiones de políticas públicas en esta materia a plantear otras opciones que destaca la Comisión para Represas que incluyen la biomasa, la energía eólica, solar, geotérmica, energía del océano y la cogeneración”. Además, la Corte instó a cumplir el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que obliga a que “antes de que se lleve a cabo cualquier desalojo forzoso, en particular los que afectan a grandes grupos de personas, los Estados Partes deberían velar por que se estudien en consulta con los interesados todas las demás posibilidades que permitan evitar o, cuando menos, minimizar la necesidad de recurrir a la fuerza. Deberían establecerse recursos o procedimientos legales para los afectados por las órdenes de desalojo. Los Estados Partes deberán velar también porque todas las personas afectadas tengan derecho a la debida indemnización por los bienes personales o raíces de que pudieran ser privadas. A este respecto conviene recordar el párrafo 3 del artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que exige a los Estados Partes que garanticen "un recurso efectivo" a las personas cuyos derechos hayan sido violados y que "las autoridades pertinentes" cumplan "toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso".
- La Contraloría Delegada para el Medio Ambiente en el “Informe Final, Actuación Especial de Seguimiento a Denuncias Ciudadanas para Exigir el Cumplimiento de Obligaciones Ambientales en la Actual Construcción de Hidroeléctricas -septiembre de 2014- estableció 14 hallazgos administrativos uno con presunta incidencia disciplinaria, contra la ANLA al señalar i) se evidencian “falencias en el otorgamiento de las licencias ambientales conferidas por la construcción de grandes centrales hidroeléctricas y debilidades en el seguimiento”, señalando que “de la lectura de las denuncias, se puede concluir que la ciudadanía no ha encontrado en la ANLA, el interlocutor público que atienda los presuntos incumplimientos a las obligaciones dispuestas en la Licencia Ambiental de la hidroeléctrica El Quimbo, limitándose a darlas a conocer a los representantes del proyecto, sin ningún tipo de seguimiento y evaluación, lo que se valida en que los afectados tuvieron que recurrir a la justicia colombiana, que a su vez reconoció sus derechos por fallas en los procedimientos del censo, según consta en Sentencia T-135 de 2013”, ii) el PH. El Quimbo constituye un riesgo no solo para la sostenibilidad económica y alimentaria de una región entera, sino que no cuenta con medidas de manejo que puedan “garantizar que el proyecto no se convierta en amenaza para los recursos naturales renovables y no renovables de la Nación, ante la falla de alguno de los elementos estructurales del mismo”, razón por la cual la suspensión de las obras de este proyecto, representa una medida oportuna y necesaria debido 1. a las amenazas no cubiertas como resultado de “la ausencia de una zonificación por amenaza volcánica relacionada con la presencia y actividades del Volcán Nevado del Huila y el Volcán Sotará”; 2. la ausencia de un modelamiento morfo dinámico relativo a las amenazas provenientes de “avenidas torrenciales, flujos de lodos, generadas por crecientes en el sector de los Ríos Páez y La Plata y el sector Río Magdalena y Río Suaza”; y 3. la ausencia de una “caracterización geométrica, cinemática y sismológica que permita establecer bajo un modelo determinístico o probabilístico la ocurrencia de sismos generados” por las diez fallas geológicas identificadas por el EIA que allí se señalan. Además, el ente de Control en relación con las centrales hidroeléctricas reconoce la necesidad de “profundizar en los argumentos que existen para no continuar con la construcción de las represas que expone el documento ´12 razones para excluir a las grandes represas hidroeléctricas de las iniciativas de energía renovable´.
- El movimiento Ríos Vivos contribuyó con la elaboración de la Agenda “Unidad en la Lucha por el Territorio y la Reforma Agraria Integral” donde se consignan iniciativas para la solución negociada del conflicto armado en Colombia, en la caracterización de las Victimas de megaproyectos y la naturaleza como víctima al sostener que los megaproyectos de desarrollo -minero energéticos y de agroindustria- son parte del conflicto armado y se propone: 1) Reconocimiento de las siguientes víctimas y actores del conflicto a) Victimas de megaproyectos, b) Victimas del desarrollo, c) La naturaleza como víctima del conflicto d) Las multinacionales y demás promotores de megaproyectos en Colombia como actores del conflicto armado. 2) Suspensión o moratoria de proyectos minero-energéticos para garantizar los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. 3) creación de una Comisión Nacional de Represas que se encargue de estudiar y dar seguimiento a los proyectos ya construidos y en construcción, para establecer la verdad de lo ocurrido en los territorios, las relaciones entre represas y conflicto armado; instaurar directrices para la toma de decisiones sobre nuevos proyectos de represas en cuanto a lo ambiental, técnico, social, cultural y económico. Mientras el trabajo de esta comisión avanza no deberán otorgarse licencias ni permisos ambientales para la construcción de proyectos y los resultados o directrices de la Comisión deberán ser adoptados mediantes proyectos de Ley o en las Política Publicas del gobierno nacional. 4) Creación de una Comisión de la Verdad Ambiental que establezca los daños que el conflicto armado y sus actores le han generado a la naturaleza, genere directrices para su reparación y garantías de no repetición en términos ambientales y sociales.
Propuesta de Agenda
1.- Detener el modelo extractivista que concentra la propiedad de la tierra, la entrega a empresas transnacionales, que destruye la economía campesina, afecta irreversiblemente la naturaleza y en especial el ciclo de reproducción del agua así como los proyectos de vida de las comunidades. En tal sentido, se requiere del control y reordenamiento territorial con la participación efectiva y real de las comunidades que ancestral y tradicionalmente han habitado los territorios dando prioridad a los usos del suelo de vocación agropecuaria sobre proyectos extractivos. En tal sentido, se propone:
- Un nuevo modelo económico que garantice la pervivencia de los pueblos a través del fortalecimiento de las economías campesinas, indígena, afrodescendientes y de los sectores populares. La autonomía territorial es un factor determinante en la construcción de una política económica de producción de alimentos y un nuevo modelo minero energético soberano. Para tal fin, se debe derogar la normatividad que permite el monopolio transnacional sobre las semillas y el conocimiento ancestral, la suspensión de títulos mineros en territorios colectivos y en zonas ambientales y de producción campesina y étnica y de las licencias ambientales de todos los proyectos minero – energéticos que vienen causando graves afectaciones económicas, sociales ambientales y culturales y abstenerse de otorgar licencias ambientales que actualmente cursan para dichos proyectos. Implica de manera inmediata:
- La suspensión de la Licencia Ambiental al Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo y la construcción de una Zona de Reserva Campesina –ZRC- a partir del Decreto 1277 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural “Por el cual se establece un programa especial de Dotación de Tierras” y en el Artículo 1 numeral 1 se refiere como primer beneficiario a las “Personas vulnerables de la zona de ejecución del proyecto hidroeléctrico ‘El Quimbo’ en el departamento del Huila, que no sean propietarias de tierras y sean sujetos de reforma agraria”.
- La suspensión de las licencias Ambientales para los proyectos Ituango e Hidrosogamoso y la exploración y explotación petrolera en el la Colosa, San Turban y Páramo de Miraflores y su declaratoria como Parque Nacional y el no otorgamiento de Licencias para la exploración y explotación petrolera en las 12 áreas aprobadas en el Huila en el marco de la “Ronda Colombia 2014”
- Suspensión del Plan Maestro de Aprovechamiento (privatización) del rio Magdalena” y no a las represas ni microcentrales en el Huila y demás cuencas hídricas hasta tanto no se debata la política minero energética y se garantice la participación efectiva de las comunidades afectadas y del sector académico. Definición de un Plan Estratégico para la protección de la Cuenca del río Magdalena y Cauca y la elaboración de Proyectos por parte de las Comunidades como un Sendero Ecoturístico y Plan de Buen Manejo de Conservación para el Cañón del Río Magdalena desde el Bosque de los Petroglíficos- Estrecho del Magdalena hasta el Puente del cruce del Municipio de Isnos.
- Indemnización por parte de las empresas a todos los afectados -víctimas del desarrollo- causado por los megaproyectos minero energéticos y agroindustriales.
2.- Declaratoria de la producción indígena, campesina y afrodescendiente, de la Soberanía y Autonomía Alimentaria y la conservación, libertad de circulación y manejo de semillas ancestrales y nativas como de utilidad pública e interés social de la Nación.
3.- Construir colectivamente entre comunidades indígenas y afrodescendientes y campesinas un Modelo de BUEN VIVIR desde la diversidad, con relaciones territoriales solidarias entre comunidades, fortalecimiento de mercado interno y reconstrucción de relaciones urbano rurales entre sectores populares. Reafirmar la autonomía territorial, el gobierno propio, la jurisdicción indígena y el control territorial.
4.- La conservación de las Empresas Comunitarias producto de las luchas campesinas de la Década de los 70; de las Reservas Forestales Protectoras de la Amazonía, sus valles y la calidad agrológica de los suelos; la tradición y vocación agroalimentaria de la región y la importancia de Defender la Soberanía, Seguridad y Autonomía Alimentarias argumentada por Movimientos Sociales y ONG ambientalistas.
5.-Impulsar y desarrollar las Zonas de Reserva Campesina constituidas y su conformación y su reconocimiento legal en los lugares del país en donde las comunidades lo decidan por las condiciones agroecológicas y económico-sociales, preservando y respetando la territorialidad ancestral indígena y los territorios colectivos de comunidades afrodescendientes.
6.- Garantizar por parte del estado la naturaleza inalienable, imprescriptible e inembargable de los ecosistemas hídricos y la defensa del agua como derecho fundamental y bien público y contra la mercantilización de la misma. Impulso a los Acueductos Comunitarios Públicos de manera autónoma.
7.- Establecer una nueva legislación socioambiental que regule el otorgamiento de Licencias para proyectos minero energéticos alternativos y soberanos lo cual implica la derogatoria del actual Código Minero y las reformas al procedimiento de licenciamiento ambiental.
8.- Solución inmediata a las demandas de los caficultores, paneleros, arroceros y demás sectores del agro afectados por los Tratados de Libre Comercio.
9.- Respaldo de la propuesta de Reforma Universitaria elaborada por la Mesa Amplia Nacional Estudiantil -MANE- en defensa de la Educación Pública y la Autonomía Universitaria que implica la Defensa del Territorio.
10.- Por una nueva Ley de Salud Pública que garantice la prestación del Servicio de Calidad, Gratuito para toda la población, la revisión y control de medicamentos provenientes de las empresas farmacéuticas y el reconocimiento de las medicinas alternativas y prácticas saludables de nuestros ancestros indígenas.
11.- Suspensión del cobro por el servicio de agua potable para toda la población.
12.- Reducción de los costos de todos los servicios domiciliarios.
13. Creación de una mesa de alto nivel donde se dialogue la política minero- energética con la participación de las comunidades afectadas, los ministerios de ambiente, minas y energía, agricultura, los entes de control y otras autoridades competentes así como el sector académico y empresarial. Las y los afectados no pueden seguir siendo tenidos en cuenta solamente para socializar los proyectos. Es necesario garantizar la participación de todos los sectores en la construcción de la política energética en virtud de garantizar el Estado Social de Derecho establecido en la Carta Política Colombia.
14. Realizar un estudio riguroso sobre Represas en Colombia por parte de un equipo interdisciplinario, la conformación de una Comisión Nacional de Represas que produzca directrices vinculantes para tomar decisiones sobre nuevos proyectos; se declare una moratoria para proyectos en curso hasta tanto se obtengan los resultados del estudio el cual a su vez, servirá de herramienta para la reparación histórica de los afectados por represas en Colombia. Esta propuesta se encuentra contemplada específicamente en el Pliego Unitario de la Cumbre Étnica, Agraria y Popular.
15. Se garantice la participación ciudadana en todas las decisiones que afecten su vida, en especial en aquellos lugares donde se presenta conflicto armado el cual mina las posibilidades de participación y beneficia los megaproyectos
16. Las empresas solicitantes y beneficiarias de las licencias ambientales no deben adelantar ni contratar los estudios de Impacto Ambiental.
17. Exigir el cumplimiento estricto de la Sentencia T-135/13 de la Corte constitucional, y, específicamente, la garantía de los derechos fundamentales donde el afectado es un sujeto de derechos y, en consecuencia, las empresas no deben intervenir en su caracterización en los proyectos.
Los megaproyectos de represas son nocivos para el ambiente, las comunidades que habitan los territorios cercanos y la sociedad en general. No importa que empresa las construya, sus efectos e irregularidades se manifiestan de la misma manera. En la actualidad, los proyectos de represas se orientan para abastecer el mercado internacional de la energía que crece aceleradamente, o las grandes necesidades energéticas de las industrias extractivas, especialmente megamineras, que se instalan en el país. En contraposición a lo que aducen los medios de comunicación, inversores y empresas constructoras, este modelo energético es excluyente y atropella la vocación de los pueblos ancestrales en los territorios.
Las represas que se han construido han desplazado miles de personas en Colombia, gran parte de ellas han tenido que cambiar su actividad económica tradicional por formas indignas de trabajo, para poder sobrevivir. Diversas comunidades rurales se han visto obligadas a migrar a las grandes ciudades, engrosando las filas de desempleados o convirtiéndose en vendedores ambulantes, obreros o personas en situación de calle. Esto se evidencia claramente con la construcción de la hidroeléctrica de Urrá I, El Quimbo e Hidrosogamoso, entre otras, donde cientos de campesinos, pescadores e indígenas fueron obligados a transformar sus costumbres, tradiciones y proyectos de vida.
Los proyectos energéticos deben surgir desde los territorios, cuando se requieran para atender necesidades locales para el buen vivir, y no desde el gobierno central hacia los territorios, lo cual ha implicado que el discurso del desarrollo y la competitividad se contraponga y vulnere los planes de vida de las comunidades que habitan las áreas afectadas por estos proyectos.
¡Aguas para la vida, no para la muerte!
