Declaración política de la constituyente minero energética y ambiental
Las organizaciones y delegados de procesos de resistencia social contra la política minero energética y los agronegocios del gobierno nacional, reunidos en Constituyente, los días 29 y 30 de noviembre declaramos:
1.- La humanidad vive una encrucijada frente a la estabilidad planetaria y la sustentabilidad de la vida en la tierra, que se evidencia en la contaminación de las fuentes hídricas subterráneas y superficiales, en el deterioro de los suelos fértiles y la consecuente afectación de la biodiversidad. Producto de ello, se han generado aumento de los gases de efecto invernadero, en donde los mayores aportantes son el Gas metano y el CO2, que repercuten en el aumento de la temperatura planetaria (18°C) y, en consecuencia, en el cambio climático. Naciones Unidas ha reconocido que la causa principal del cambio climático se encuentra ligada a la utilización masiva, desde hace décadas, de los hidrocarburos como la principal fuente de energía, con su consecuente liberación de CO2.
2.- Colombia y el actual gobierno contribuyen a la destrucción del planeta. Recientemente, Santos anunció que se concesionarán hasta 17.6 millones de hectáreas para la exploración de hidrocarburos, flexibilizando aún más la legislación ambiental con las “licencias exprés”, y autorizando el sistema fracking, favoreciendo aún más a las empresas transnacionales, pasando por encima de la rigurosidad que requieren los Diagnósticos Ambientales de Alternativas y negando el autogobierno sobre los territorios de las comunidades étnicas y campesinas. En la actualidad se impulsan 150 grandes represas y existen un poco más de 30 solicitudes de licencias ambientales en la ANLA para proyectos hidroeléctricos en todo el país. Los proyectos contemplan desde grandes centrales hidroeléctricas como las de Ituango, Hidrosogamoso y El Quimbo, hasta pequeñas microcentrales, como las 8 proyectadas para el Sumapaz y las 14 solicitudes de licenciamiento para el Huila. A lo anterior, se suma el Plan Maestro de Aprovechamiento del Río Magdalena en convenio con el Gobierno de China, la empresa estatal Hydrochina, con el propósito de privatizar el río para megaproyectos de generación de energía y transporte de carga como “uno de los pilares estratégicos para la competitividad de la Nación, debido a los bajos costos y el desarrollo de infraestructura logística” para el estímulo de la inversión privada.
3.- En Colombia la energía es producida prioritariamente para la exportación a favor de la demanda de las empresas transnacionales de la industria minero-energética, petrolera y los agronegocios o para el consumo nacional de estas mismas industrias. Además, es necesario tener en cuenta que: a) este tipo de energía permite acceder al mercado carbono, negocio que garantiza a las grandes empresas y países desarrollados, continuar contaminando el ambiente, b) las industrias que consumen mayores cantidades de energía y de mayor voltaje la pagan entre 85 y 100 pesos KW/hora. Los pobres en Colombia la consumen a 417 pesos el KW/h, c) La energía generada por hidroeléctricas (macro y microrepresas) no es renovable, ni limpia.
4.- Las consecuencias de la explotación de hidrocarburos y en general de todo el modelo extractivista financiarista por despojo de las poblaciones son devastadoras. Destruyen los territorios con potencialidad agroalimentaria, menoscaban la soberanía territorial, afectan las cuencas hídricas, destruyen los suelos fértiles y depredan la biodiversidad a manos de empresas transnacionales y multinacionales que exportan sus ganancias y nos dejan las repercusiones ambientales que ellos han originado. Ha sido este modelo extractivista, el que ha perpetuado la opresión y despojo con complicidad de los gobiernos, que por medio de leyes le brindan un marco legal a su actuar.
5.- En nuestro país no solo registramos con preocupación el avance de este modelo, sino que se evidencia en los diálogos de paz adelantados en la Habana que el Estado se ha negado a replantearlo y, más allá de sus buenas intenciones de solucionar el problema de violencia ligado al conflicto armado, no se resuelven las problemáticas del conflicto socioambiental que se agudizan al no garantizar la gobernabilidad sobre los territorios de las comunidades y al imponer el despojo de las mismas y la destrucción del medio ambiente. Las elites del país y las multinacionales no van a negociar el modelo económico en la Mesa de Diálogos con cualquiera de las insurgencias, por eso mismo se hace necesario reactivar la lucha y consolidar un movimiento social y popular que afiance la defensa del territorio y proponga una nueva visión de país, sobre la base del buen vivir y la reconstrucción de las relaciones sociedad – naturaleza. La unidad en la lucha y la claridad en las visiones políticas son la apuesta para la fortaleza del movimiento.
6.- Llamamos, en consecuencia, a la unidad en contra de ese modelo financiero extractivista, teniendo en cuenta que nuestras reivindicaciones han sido resultado de su implementación e incentivo no solo en nuestro país, sino como estrategia global, por lo cual no podemos seguir aislados en distintos sectores. Se requiere, por tanto, construir una agenda común para fortalecer las resistencias que se impulsan desde las regiones donde priman las alternativas sociales y comunitarias, donde se desafía el modelo de desarrollo hegemónico contraponiendo sus formas de vida y posibilitando otras para el Buen Vivir y el Vivir Bien:
a) Construir un nuevo modelo económico que garantice la pervivencia de los pueblos a través del fortalecimiento de las economías campesinas, indígena, afrodescendientes y de los sectores populares. La autonomía territorial es un factor determinante en la construcción de una política económica de producción de alimentos y un nuevo modelo minero energético soberano y autónomo. Para tal fin, se requiere de una legislación socioambiental alternativa a la mercantilización de los bienes comunes, surgida desde la organización y la resistencia social de las comunidades y fundamentada en una nueva relación entre el hombre y la naturaleza donde se armonice la equidad social con la justicia ambiental. En consecuencia, se debe suprimir toda normatividad que permita el monopolio transnacional sobre las semillas y el conocimiento ancestral, la derogatoria del Código minero y de los respectivos títulos en territorios colectivos y en zonas ambientales y de producción campesina y étnica y de las licencias ambientales de todos los proyectos minero – energéticos que vienen causando graves afectaciones económicas, sociales ambientales y culturales y abstenerse de otorgar licencias ambientales que actualmente cursan para dichos proyectos. Implica de manera inmediata la moratoria de la política minero energética.
b). Convocamos a un movimiento nacional constituyente que confronte el modelo extractivista, depredador de la vida y la naturaleza. Por lo cual es necesario constituir una Mesa Nacional sobre Política Minero Energética con la participación de las organizaciones sociales y representantes de las comunidades afectadas, los ministerios de ambiente, minas y energía, agricultura, los entes de control y otras autoridades competentes así como el sector académico como escenario de discusión de la política minero energética soberana y autónoma. Se debe propender por la sustitución progresiva de la cultura fósil y la construcción de otro modelo de producción, distribución y gestión de la energía y de definición de prioridades. Un modelo reticular, descentralizado y eficiente basado en plantas de energía renovable de pequeña escala, que acerquen la generación de energía al consumo, eliminando la necesidad de enormes líneas de transmisión, que prohiba el despilfarro energético, que prevea la efectiva participación de las comunidades locales en los procesos de toma de decisión, de planificación y gestión y que no perjudique la salud de las personas y el medio ambiente. Esta Mesa Nacional que impulse el movimiento debe ser convocada a comienzo del 2015 con representación de todas las organizaciones que padecen conflictos socioambientales.
c) Construir colectivamente entre comunidades indígenas y afrodescendientes y campesinas un Modelo de BUEN VIVIR desde la diversidad, con relaciones territoriales solidarias entre comunidades, fortalecimiento de mercado interno y reconstrucción de relaciones urbano rurales entre sectores populares. Reafirmar la autonomía territorial, el gobierno propio, la jurisdicción indígena y el control territorial.
d) Declaratoria de la producción indígena, campesina y afrodescendiente, de la Soberanía y Autonomía Alimentaria y la conservación, libertad de circulación y manejo de semillas ancestrales y nativas como de utilidad pública e interés social de la Nación.
e) La conservación de las Empresas Comunitarias producto de las luchas campesinas de la Década de los 70, las Zonas de Reserva Campesina constituidas y su conformación y su reconocimiento legal en los lugares del país en donde las comunidades lo decidan por las condiciones agroecológicas y económico-sociales, de las Reservas Forestales Protectoras de la Amazonía, territorios interetnicos, los macizos, páramos, sus valles y la calidad agrológica de los suelos; la tradición y vocación agroalimentaria de las regiones y la importancia de Defender la Soberanía, Seguridad y Autonomía Alimentarias argumentada por Movimientos Sociales y Organizaciones ambientalistas.
f) Garantizar por parte del estado la naturaleza inalienable, imprescriptible e inembargable de los ecosistemas hídricos y la defensa del agua como derecho fundamental y bien público y contra la mercantilización de la misma.
g) Las empresas solicitantes y beneficiarias de las licencias ambientales no deben adelantar ni contratar los Estudios de Impacto Ambiental.
h) Exigir el cumplimiento estricto de la Sentencia T-135/13 de la Corte constitucional, y, específicamente, la garantía de los derechos fundamentales donde el afectado es un sujeto de derechos y, en consecuencia, las empresas no deben intervenir en su caracterización en los proyectos.
i) – Exigir al Estado colombiano el cumplimientos de las obligaciones internacionales y, específicamente, a atender adecuadamente a las víctimas de desplazamiento forzado a causa de la implementación de proyectos de “desarrollo” y a adoptar soluciones efectivas al problema.
Las anteriores propuestas para la Agenda Común se plantean en el contexto de una Asamblea Constituyente que implica la movilización permanente desde los territorios como escenarios de construcción de nuevos sujetos ecosociales plurales para el Buen Vivir de las comunidades.
https://www.youtube.com/watch?v=i0cxPx3YP1c
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Henry Carvajal -