Campesinos despojados del Quimbo protegen Patrimonio Arqueológico

El 28 de abril de 2014, día de iniciación de un nuevo paro campesino contra los TLC y por la defensa de la soberanía y seguridad alimentaria, un centenar de campesinos despojados por el Estado y Emgesa para construir  El Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo, decidieron recuperar los predios en el corregimiento de la Jagua, Garzón Huila, con el objeto de proteger el patrimonio arqueológico que viene siendo saqueado por Emgesa y exigir a la empresa y al Estado, el cumplimiento de la Sentencia T-135/13 de la Corte Constitucional que ordenó la elaboración de un nuevo censo respetando, en especial, el derecho a la participación efectiva de los habitantes de la zona.

El 21 de abril de 2014, RCN, publicó que “Huilenses le solicitan a Emgesa respeto por hallazgos arqueológicos” en referencia “a más de cien tumbas arqueológicas halladas en el corregimiento de la Jagua”

El 14 de febrero de 2014 en reunión entre delegados de Asoquimbo y la Contralora Delegada para el Medio Ambiente, Bibiana Guevara, esta funcionaria se comprometió a realizar una revisión minuciosa del proceso de licenciamiento del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo y a enviar una Comisión a la Zona con el propósito de verificar la existencia de nuevos eventos de inestabilidad geotécnica e investigar sobre posibles irregularidades en la sustracción de hallazgos arqueológicos  y daños ambientales en la Zona de construcción del P.H. El Quimbo.

Recientemente, el 13 de abril de 2014, la guardia privada de seguridad de Emgesa, con perros de caza amaestrados, retuvo a 8  campesinos durante más de seis horas en la finca La Victoria cuando regresaban de la Vereda Rodapasos, contigua a la vereda la Honda del Municipio de Gigante Huila Colombia, lugar donde siempre han cruzado para acceder a sus predios. La ANLA, mediante Resolución 181 de 2014, únicamente se había atrevido a solicitar a Emgesa “no utilizar perros de caza para ninguna actividad relacionada con el proyecto”, disposición que, por supuesto, la empresa no ha acatado, igual que el cumplimiento de las compensaciones económicas, sociales, ambientales y culturales.

Ante la inoperancia del Estado y, en especial, el Ministerio de Ambiente, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, -ANLA-  la Contraloría General de la República, -CGR- el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, campesinos afectados por el Proyecto decidieron, arriesgando sus vidas, montar guardia para impedir se continúe saqueando nuestro Patrimonio Cultural y exigir el respeto de sus Derechos a una Vida Digna, al Trabajo, al Mínimo Vital, a un Ambiente Sano, mientras estas instituciones y la prensa mantienen silencio cómplice.