EDITORIAL

A PROPOSITO DEL  PARO NACIONAL AGRARIO

Daniel Libreros Caicedo

La deplorable  situación que actualmente  vive  el  agro colombiano  es el resultado  de       la  historia del despojo campesino   realizado   de manera violenta   por latifundistas  asociados  con  el terror de Estado  que terminó por  producir el agro con la mayor  concentración   de la  tierra   en  la región,  combinada,  actualmente,  con la  crisis  que  el control de  las grandes empresas  transnacionales agrícolas ha  abierto en  los países dependientes  bajo las imposiciones  de la  globalización neoliberal que en el país ya  han llegado a la fase de la destrucción  de  la producción endógena  de alimentos. 

Por ello, el paro nacional agrario ha ganado una gran legitimidad  en la población  rural.  En  Boyacá y Cundinamarca en donde reside el campesinado minifundista que  produce   la mayor cantidad de bienes de la canasta familiar  básica  de los colombianos, el paro ha impactado en municipios y veredas  incluyendo las ciudades  capitales, tal y  como  lo confirmaron  los cacerolazos masivos y solidarios   en Tunja y Bogotá y  sus  poblaciones circunvecinas, caso Fusagasugá, Zipaquirá y Mosquera. Los campesinos del Páramo de Sumapaz bajaron en masa hasta la Localidad de Usme acompañando las movilizaciones  nacionales.  

En el Huila, Cauca y Nariño,  el  descontento  del pequeño productor  cafetero,  quien  no hace parte del comercio formal del café y  que  a causa  de ello  ha quedado excluido  del giro  del llamado PIC (Protección  del Ingreso Cafetero)  subsidio pactado  con el gobierno  al finalizar  el paro cafetero de principios  del año,  sirvió   de acicate   a la  convocatoria  de movimientos amplios  de rechazo  a la política  gubernamental.  Llama  la  atención   que  en el caso del Huila estas protestas rurales han logrado articularse con las  reivindicaciones sociales en contra  del control   de las transnacionales  sobre el territorio, control ejemplificado recientemente en la destrucción de las semillas orgánicas   ordenado por el ICA en el municipio de Campoalegre y por el desplazamiento continuo de los pobladores  en el área  en donde  se construye la represa  de “El Quimbo”. En Caquetá, Putumayo, Meta, Arauca  y Guaviare, zonas  de  reciente colonización,  las exigencias de  infraestructura,  electrificación, agua  potable  que  confrontan el abandono secular del Estado,   constituyen el eje  de la protesta.  A la protesta  se suman las  comunidades  indígenas que entienden  que la inversión transnacional  destruye sus territorios.

La jornada logro asociarse  con  otros  conflictos  sociales que siguen sin resolver como los transportadores, los trabajadores de la salud, los estudiantes universitarios y los maestros. Igualmente    propició   movilizaciones  urbanas  que   expresan principalmente   la desesperanza  juvenil   lo que  quedó graficado en los casos de Bosa, Suba y Ciudad  Bolívar. Sin embargo,  la gran dificultad    de este paro   se encuentra  en la incapacidad   de conseguir una dirección centralizada  del mismo.  Son tres  los pliegos  petitorios que circulan en medio del movimiento. El de las llamadas  “dignidades” (cafetera, papera, lechera) que propende por la “defensa  de la producción nacional frente  al libre comercio” orientada  bajo una  estrategia de conciliación de  clases con el empresariado rural y  los  de la Coordinadora Nacional Agraria (CNA) y  la Mesa  de Integración  Agraria (MIA)  que  articulan  principalmente las reivindicaciones de la pequeña y mediana producción  agraria y el colonato  en la perspectiva   de  una  organización  económica territorial  alterna  a la  de la ruralidad definida por el  capitalismo dependiente .  Más  allá  de que esta  división  de reivindicaciones aparece como el resultado de influencias particulares de organizaciones  de izquierda sobre sectores del campesinado, la causa  de este  fraccionamiento  debe buscarse  en  la debilidad  orgánica  y política  de los pobres  del campo. Durante las últimas décadas presenciamos  la disolución  de la  ANUC –Sincelejo, último intento nacional de centralización gremial  del campesino pobre y el debilitamiento del sindicalismo agrario a manos  del terror de Estado y la cooptación.  Este  antecedente  determina  la dispersión  sectorial y territorial  de este  paro agrario. 

El gobierno de Santos es consciente  de  esta situación. Por  ello, además  de  la  forma brutal  en que ataca la protesta dejando una secuela de muertos , heridos y judicializados,  además del despliegue militar nacional con 50.000 efectivos  para impedir  bloqueos   solo acepta  negociaciones  sectoriales. De hecho, esta táctica ya le produjo resultados  con los mineros y los indígenas en Nariño  y  ahora  se focaliza en  conseguir  la negociación  en Boyacá y Cundinamarca para luego darle tratamiento de “terroristas”a las movilizaciones restantes. El reto que se desprende es grande. La izquierda y el movimiento social deben  propugnar de manera inmediata  por  la unificación   de las protestas y por conseguir una sola mesa  nacional de interlocución con en el Estado. Esto en lo  inmediato, porque en el mediano plazo de lo que se trata es levantar propuestas que recuperen la organización nacional y la capacidad de lucha  de los pobres del campo.    

Tomado de Revista Izquierda