EL ESTADO GARANTISTA DE DERECHOS DESAPARECE AL TRANSFORMARSE EN SUPUESTO MEDIADOR ENTRE TRANSNACIONAL ENDESA EMGESA Y AFECTADOS POR EL MEGAPROYECTO EL QUIMBO

La Constitución Política de Colombia de 1991 se ha definido como garantista de los Derechos de los Ciudadanos, es decir, se supone que nos regimos por un Estado Social de Derecho.

Pero la realidad ha demostrado que el Estado no cumple con su obligación constitucional de garantizar la protección y la realización de los Derechos Fundamentales, todo lo contrario, está al servicio de los intereses privados del capital nacional y de las corporaciones transnacionales que hoy controlan la vida, la fuerza de trabajo, la salud, la educación,  la recreación, la producción de bienes y servicios y, específicamente, la política minero energética, agroalimentaria del país.

Una prueba de lo anterior es la concesión del megaproyecto hidroeléctrico El Quimbo a la transnacional  privada Endesa Emgesa por el Gobierno de Alvaro Uribe. Cuando se expidió la Resolución 321 del 1 de septiembre de 2008 declarando de utilidad pública e interés social "los terrenos necesarios para la construcción y operación del proyecto”, sin que se hubiese expedido la Licencia Ambiental, no se notificó previamente a los afectados generando desconcierto y malestar dentro de las comunidades directamente perjudicadas y en la comunidad regional en general, teniendo en cuenta que no se les había permitido conocer los graves impactos sociales, económicos, ecológicos y sociojurídicos que produciría la realización del megaproyecto y que hoy han sido reconocidos, motivo de medidas preventivas por los daños causados al medio ambiente y a las poblaciones.

Las comunidades fueron sometidas a la incertidumbre y al abandono total por parte del Estado y presionadas a “negociar” directamente con la transnacional en condiciones desventajosas. En la práctica, se les redujo a  simples contrapartes y todos sus bienes y valores de uso y de existencia se minimizaron como objetos de mercado, arrebatándoles su condición de Sujetos de Derechos y desconociendo la existencia de las instituciones y de sus personeros como garantes de los mismos.

La Asociación de Afectados por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo -Asoquimbo- asumió la defensa de los intereses y derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales de los asociados en la medida en que estos resultaban vulnerados, amenazados o disminuidos por las acciones y omisiones derivadas, en forma directa o indirecta, de la construcción del proyecto.

Ante la ausencia del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial -MAVDT-y los organismos de control, Asoquimbo aprobó la Declaratoria de Desobediencia Civil y la realización de acciones de resistencia para exigir al Estado, responsable de la expedición de la Licencia Ambiental y de sus modificaciones cometiendo incluso fraude procesal y falsa motivación para favorecer a Emgesa, el cumplimiento de  sus obligaciones constitucionales de protección de todos los Derechos Fundamentales de los Afectados y, específicamente, la indemnización por los daños causados a las poblaciones por la imposición del proyecto y la restitución de su actividad productiva para lo cual se acudió  a Derechos de Petición.

Como respuesta  a uno de los  Derechos de Petición formulado por los pescadores artesanales desalojados por Emgesa de su hábitat natural y que se encuentran en sus cambuches en las Playas del Río Magdalena, contigua a la Vereda Domingo Arias del Municipio de Paicol Huila, resistiendo bajo amenaza de desalojo por amparo policial concedido a la empresa a nombre de la utilidad pública y la seguridad ciudadana, la Directora de Licencias, Permisos y Trámites Ambientales del MAVDT confirma que la función del Estado no es garantizar sus derechos sino servir de supuesto mediador entre las partes:

“Respecto de la problemática de la población de pescadores artesanales, le manifestamos que actualmente un equipo técnico de este Ministerio, …está en el área de influencia del proyecto surtiendo las gestiones necesarias para construir entre EMGESA S.A. E.S.P. y la comunidad en cuestión, puntos de acuerdo a través de la mediación, gestión esta que se desarrolla de forma coordinada con la Defensoría del Pueblo y con el acompañamiento de autoridades como el INCODER y la Procuraduría General de la Nación.

Ahora bien, en caso de que no sea posible establecer puntos de acuerdo entre la empresa y la comunidad de pescadores artesanales, este Ministerio analizará la posibilidad de establecer medidas adicionales para conjurar la problemática”[1]

El MAVDT y demás autoridades estatales hacen presencia tardía negando su responsabilidad como garantes de los Derechos de los Afectados al asumir un supuesto rol de “mediadores” entre pescadores individualizados, objetos de mercado y la transnacional Emgesa, obligándolos a “construir puntos de acuerdo” después de haber sido destruida su actividad productiva y su proyecto de vida, cuando se supone que en la Licencia Ambiental, expedida por el Estado quedaron establecidas y garantizadas las compensaciones para todas las poblaciones afectadas como productores y ciudadanos colombianos que se presume son protegidos por El Estado Social de Derecho.

Más grave aún. Si los pescadores no aceptan las condiciones impuestas por Emgesa, el Estado no asume la responsabilidad de protegerlos indemnizándoles y restituyendo sus proyectos de vida afectados desde el momento en que se declaró la utilidad pública y se expidió la Licencia Ambiental” sino que “analizará la posibilidad de establecer medidas adicionales” se supone a las preventivas de suspensión de algunas obras y prohibición de compra de predios impuestas a la empresa mediante la Resolución 1096 ante el inocultable hecho de destrucción del medio ambiente y de las cadenas productivas por el desalojo de los trabajadores de sus predios por parte de Emgesa. Dichas medidas, según lo anunció el viceministro de ambiente, Carlos Castaño  serán derogadas en el menor tiempo posible debido a que no se pueden afectar la “confianza inversionista” ni la imagen corporativa de las transnacionales locomotoras del “desarrollo y progreso del Huila”.

No cabe duda de que el Estado no establecerá ninguna “medida adicional para conjurar la problemática de los pescadores” ni de las demás poblaciones afectadas, presionándolos para que renuncien a sus derechos y acepten las migajas económicas que ofrece la empresa ante la grave situación de vulnerabiliad a que han sido sometidos al ser desplazados por el Estado o se desmovilicen y busquen como única opción vincularse a la delincuencia aceptando las ofertas de subsistencia de cualquier grupo violento al margen de la Ley, mientras la transnacional continúa con su rentístico negocio protegida por el Estado.

Funcionarios del MAVDT, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría Agraria Ambiental, convertidos ahora en “mediadores” y no defensores de los Derechos del Pueblo han sido denunciados por las comunidades porque pretenden legitimarse como representantes del nuevo “estado mediador y tardío” destruyendo a las organizaciones sociales representativas de los afectados como lo es Asoquimbo, acordando previamente con Endesa Emgesa la forma de intervención a su favor como ocurrió recientemente con el Procurador Agrario Ambiental del Huila responsable de montar un fallido proceso de judicialización de las acciones de resistencia civil de los afectados y con delegados del MAVDT y de la Defensoría Nacional del Pueblo que condicionaron su “mediación” entre Emgesa y reducidos grupos de afectados a la no presencia de directivos de su organización Asoquimbo, al considerarlos como un obstáculo para la búsqueda de un acuerdo entre las partes. Se recurre al desconocimiento de los derechos constitucionales a la organización y participación, como mecanismo para intentar legitimarse como auténticos voceros subordinados a las transnacionales que sin lugar a dudas les reconocerán sus buenos oficios.

El “estado mediador” de la actual época de control corporativo de los territorios por el capital nacional y transnacional no sólo cumple la función de garantizar todas las condiciones para la mayor inversión y rentabilidad del capital sino que subordina la política a la biopolítica, es decir,  al totalitarismo, que destruye las organizaciones sociales, cuyo propósito y objeto es la gestión de la vida, su administración y mercantilización bajo los nombres de globalización y la jerga de la competitividad y la eficacia donde desaparecen los ciudadanos, razón por la cual corresponde a las comunidades organizarse y resistir hasta convertirse en verdaderos sujetos de derechos capaces de decidir y construir autónomamente otro mundo posible, el del Buen Vivir  de los excluidos y humillados pero indignados.

Miller Armín Dussán Calderón

Profesor Universidad Surcolombiana

Miembro de Asoquimbo

 

Neiva, septiembre 9 de 2011

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[1] Dirección de Licencias, Permisos y Trámites Ambientales. Asunto. Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo Rad. M.A.V.D.T.: 4120-E1-94854-2011, 6 de septiembre.