PROCURADOR AMBIENTAL AL SERVICIO DE LAS TRANSNACIONALES ENDESA-EMGESA- ENEL

La Procuraduría General había solicitado al Ministerio de Ambiente “se sirva abstenerse de otorgar licencia ambiental para la construcción del proyecto El Quimbo”  debido a que el 95% de la zona a inundar es parte de la Reserva Forestal Protectora de la Amazonía, por ser la mejor zona agrícola del Departamento del Huila y la imposibilidad de restituir la actividad productiva por la carencia de  tierras semejantes. Las Resoluciones 0899 del 15 de mayo y 1628 del 21 de agosto de 2009  fueron expedidas “arrollando las objeciones de campesinos, pequeños propietarios, ONG, profesionales del medio ambiente y la Procuraduría”

Para reducir los costos por compensaciones ambientales y sociales - Emgesa solicitó conciliación extrajudicial ante la Procuraduría Judicial para Asuntos Administrativos, advirtiendo que “si no se modifican las excesivas cargas ambientales y obligaciones desproporcionadas impuestas… Emgesa estaría ante la imperiosa necesidad de desistir del proyecto”.  El 21 de abril de 2010 en desarrollo de la audiencia de conciliación extrajudicial, el MAVDT aceptó el chantaje de la Empresa al modificar la licencia reduciendo la inversión ambiental y social en más de 100 millones de dólares.

La conciliación fue avalada por el Procurador Delegado para asuntos Ambientales y Sociales, Oscar Darío Amaya Navas, mediante oficio del 19 de abril de 2010 dirigido al Procurador 10 Judicial Administrativo de Cundinamarca donde expresa que “esta modificación no significa menoscabo a los bienes de la Nación, ni tampoco a la situación social, económica y ambiental de las comunidades involucradas en área de influencia del proyecto”.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca improbó la conciliación extrajudicial considerando que no fueron consultadas las instancias administrativas que habían conceptuado previamente sobre el Estudio de Impacto Ambiental, desconoció la participación de la comunidad y  no se “protegió la legalidad y los intereses patrimoniales del Estado y los derechos fundamentales” como correspondía al Procurador Ambiental

El Ministerio de Ambiente recurrió, entonces, al Decreto 2820 del 5 de agosto de 2010, (expedido por este despacho dos días antes de concluir el mandato del presidente Uribe) y que fue  hecho a la medida para incorporar las pretensiones de Emgesa que habían sido  rechazadas por el Tribunal de Cundinamarca.  Según lo dispuesto en el parágrafo primero del artículo 51 Régimen de transición “…las autoridades ambientales ..”podrán realizar ajustes periódicos cuando a ello haya lugar, establecer mediante acto administrativo motivado las medidas de manejo ambiental que se consideren necesarias y/o suprimir las innecesarias”. Con fundamento en lo anterior, se expidió la Resolución No. 1814 del 17 de Septiembre de 2010  “por la cual se toman medidas de ajuste a las Resoluciones 0899 y 1628”  burlando de esta manera el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y violando el mismo Decreto 2820 debido a que no cumple de fondo con ninguna de las condiciones establecidas para modificar la licencia ambiental. (Artículo 29°).

El Señor Amaya a través del oficio del 14 de septiembre de 2010 enviado a la Dirección de Licencias, Permisos y Trámites Ambientales, reiteró el concepto de respaldo a la modificación de la licencia al considerarla “aceptable y válida” cuando ya estaba debidamente ejecutoriada, violando el Código Contencioso Administrativo y desconociendo la Sentencia  del Tribunal de Cundinamarca.

El 16 de marzo de 2011, durante la realización del foro sobre impactos de megaproyectos energético-mineros realizado en el Congreso Nacional, ante las denuncias formuladas por los afectados de El Quimbo, el Procurador Amaya se comprometió a solicitar al MAVDT la suspensión de las obras del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo y a visitar a las comunidades afectadas en la segunda semana del mes de Abril. El periódico La Nación en su edición del 11 de abril informó que el  señor Amaya estuvo en el sitio en donde se vienen ejecutando las obras de construcción acompañado de funcionarios de la CAM y el procurador regional agrario y sin contar con la participación de las comunidades afectadas como se había comprometido, declaró que “los trabajos apenas están comenzando. Encontramos que la firma encargada del contrato está dimensionando la planificación del cronograma, que hace aproximadamente dos meses comenzó y que de aquí a dos años tienen que haber cumplido con todos los compromisos que adquirieron con los municipios del área y con los cobijados con la represa, o afectados como llaman los que han denunciado la supuesta falta de cumplimiento, lo que se escucha y se capta es que hay buena voluntad y acierto para atender y cumplir y en eso confiamos”

Esta declaración ha causado indignación en las poblaciones víctimas de maltratos e incumplimientos de Emgesa que han sido verificados por el Ministerio de Ambiente y la Defensoría del Pueblo y que ante la gravedad de los mismos esta última institución solicitó a MAVDT se “suspenda la licencia ambiental a Emgesa para la realización del proyecto El Quimbo, hasta tanto no se adelanten los estudios y se implementen las medidas que garanticen el pleno ejercicio de los derechos de todas las comunidades que están siendo afectadas o que ven amenazados sus derechos por el avance de las obras del proyecto”.

No cabe duda de que el Procurador Amaya actúa como funcionario de Emgesa, contra los derechos fundamentales de los afectados, razón por la cual no sólo ha conceptuado a favor de la Empresa sino que repite sin escrúpulos su muletilla según la cual “hay buena voluntad y acierto para atender y cumplir” con la pretensión de negar sin pruebas las denuncias ya verificadas, justificar su sospechoso comportamiento y reducir el impacto causado por la solicitud de la Defensoría del Pueblo.

Las comunidades afectadas reiteran la solicitud de investigación por la responsabilidad administrativa, civil y penal del funcionario Amaya por su participaron en el Proceso de conciliación extrajudicial al no proteger  la legalidad y los intereses patrimoniales del Estado y los derechos fundamentales de la población. Reiteran la solicitud de suspensión de la licencia y de las obras del Proyecto El Quimbo y convocan a Asamblea el sábado 16 de abril a partir de las dos (2) de la tarde en la vereda Domingo Arias para definir las acciones de resistencia que garanticen el cumplimiento de la solicitud de la Defensoría del Pueblo.

 

Miller Armín Dussán Calderón

Miembro de Asoquimbo

Profesor e investigador USCO