Pacto entre la sociedad civil de la región y la Universidad Surcolombiana para superar la crisis

En el año 2008 propuse las bases de un pacto entre la sociedad y la Usco para superar la crisis de gobernabilidad ante los escándalos protagonizados a raíz de los reiterados equívocos de algunos de los miembros del Consejo Superior Universitario, máximo organismo de dirección; escándalos de los que hacen eco, no sin razón, los medios de comunicación y que hoy se ratifican en editoriales como “torpedos en la USCO” para referirse a la inestabilidad y polarización de nuestra Casa de Estudios.  

Para empezar, dejemos en claro que los directos responsables internos de la crisis son los miembros del Consejo Superior que por sus torcidas actuaciones han conducido a que el Consejo de Estado haya declarado nula por enésima vez la designación del rector en propiedad de la USCO. De nuevo se ha negado a reformar el Estatuto General de acuerdo con las exigencias de la Comunidad Universitaria por el afán de conformar la terna de aspirantes sin criterios académicos y con candidatos que garanticen el control de la institución por el clientelismo político auspiciado desde la Gobernación del Huila. Ya se anuncian nuevas demandas por la prórroga del plazo de inscripción de aspirantes al cargo de rector sin que genere preocupación en varios de los miembros del Consejo Directivo que deben estar a la espera de ofertas económicas o compromisos previos de contratos a cambio del voto para integrar la terna.

La única viabilidad de detener el proceso sería a través de la movilización de la comunidad universitaria con el respaldo de las organizaciones de la sociedad civil y de los medios de comunicación. O intentar la nulidad de la consulta estamentaria a través del voto en blanco. En ambos casos se requiere que los universitarios de manera autónoma definamos las bases del pacto y decidamos a no continuar siendo cómplices del clientelismo político, administrativo y académico que vienen destruyendo la Misión Institucional. Es un hecho que sectores de la sociedad tienen la percepción que los dineros se despilfarran, se derrochan o se los roban, particularmente en los contratos de compras y obras civiles. Percepción que se basa en los múltiples hallazgos que periódicamente encuentran los organismos de control, cuyos informes no siempre reciben la importancia y los correctivos que merecen de parte de la administración universitaria.

La propuesta parte de la necesidad de convocar a un amplio debate sobre la Usco para rescatarla, fortalecerla y potenciarla, pero sin evadir las preocupaciones de otros sectores de la sociedad. El resultado de esta discusión no debería ser otro que llegar a un gran pacto social que le permita a la institución una auténtica gobernabilidad democrática y el ejercicio de la autonomía en los términos de la Constitución y las sentencias de la Corte Constitucional, pero también a tono con una moderna concepción del concepto de autonomía, puesto que ésta no es sólo una discusión local sino también global.

Un elemento importante para este gran debate es el principio de la defensa de lo público, como patrimonio común de todos los asociados del Estado, y en el caso de las instituciones educativas, como legado cultural sin parangón.

Esta idea de la defensa de lo público, en tiempos de usurpación del poder del Estado, implica la relación de la institución con la sociedad civil y no solo el estatus mismo de la comunidad universitaria. Se trata de una parte de mantener las garantías liberales de educación pública, laica, obligatoria y gratuita basadas en la producción y apropiación de la ciencia y en la libertad de cátedra. Y por otra parte, de responder a las demandas de la sociedad y el desarrollo para el mejoramiento de la calidad de vida.

Y como todo pacto que se respete, es para cumplirlo. Y requiere de instrumentos de verificación y seguimiento. Por eso sería necesario la creación de veedurías a dos niveles: el interno, con la participación de la comunidad educativa desde la planeación; y el externo con la participación de las organizaciones de la sociedad civil y la ayuda de organismos de renombre como Transparencia Internacional. Cerrarle el paso a las prácticas corruptas, en un ambiente institucional y social ampliamente permeado por mafias de toda categoría requiere un esfuerzo comunitario y sostenido.

Para garantizar la gobernabilidad democrática, la modificación del Estatuto General en lo que respecta al mecanismo de designación del rector, debe contemplar: elección directa de un equipo de Gobierno (rector y vicerrectores) por la Comunidad Educativa que según la Sentencia C-829 de 2002 de la Corte Constitucional está integrada por docentes, estudiantes y personal administrativo, con una forma de consenso de proporcionalidad y ponderación estamentaria. El equipo de Gobierno que obtenga la mayoría de votos en la consulta será designado por el Consejo Superior para un periodo de 4 años. El Consejo Superior debe ser reestructurado conforme a las normas que garantizan la democracia participativa y la exclusión del Gobernador del Huila quien permanece de manera ilegal en una Institución de carácter nacional, sin eximirlo de su responsabilidad de cumplir oportunamente con los recursos financieros que establece la Ley 30 de Educación Superior.

La construcción colectiva de un Proyecto Educativo de la Universidad Surcolombiana y de un Plan Decenal de Desarrollo que incluya la formulación de los planes de desarrollo de las facultades y de las sedes. Desde esta perspectiva  se requiere un consenso en la definición de las grandes líneas de investigación para que respondan a la solución de los problemas y la satisfacción de las necesidades de las comunidades surcolombianas. Requerimos entonces de la construcción de un centro de estudios regionales con todas las garantías para su funcionamiento. En esto debemos emular a las mejores universidades de Colombia y el mundo. Este centro debe integrar y coordinar diferentes iniciativas que desde adentro y desde afuera surjan.

Nos referimos por ejemplo, a las experiencias de los observatorios sociales, de conflictos, juveniles, del delito, laborales; las redes de investigación y trabajo colaborativo, las redes de comunicación y nuevas tecnologías, entre otras. Es decir, un mecanismo que haga viable la sinergia necesaria para que la Universidad pueda ser decisiva en la orientación de la planeación participativa en todos los niveles.

Es prioritario la vinculación de todos los estudiantes en proyectos de desarrollo social concertados con los gobiernos departamental y municipal, los gremios y las comunidades que contribuyan a la construcción de ciudadanía, a la conservación de los ecosistemas estratégicos y del medio ambiente, el mejoramiento de la calidad de la educación, la salud, el deporte y la recreación, a la conservación del patrimonio cultural y a la promoción de las diversas manifestaciones del arte

Solucionar la crisis requiere sobreponernos a los comportamientos emocionales y egoístas que oscurecen el pensamiento. Requerimos potenciar y ejercitar nuestra capacidad comunicativa y dialógica, única vía de construcción de los consensos. Esta es pues una fórmula de solución que implica un debate, una reforma estatuaria, la creación de veedurías y la construcción de nuevos escenarios para el trabajo académico y de investigación como lo puede ser el centro regional que se propone.

Neiva, 13 de noviembre de 2010

Miller A. Dussán Calderón

Profesor Titular de la Usco