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Miller Armín Dussán Calderón

A PROPÓSITO DE LA COLABORACIÓN MILITAR

Cuando el Gobierno de Bush decidió unilateralmente invadir a Irak, el Gobierno del presidente Uribe apoyó incondicionalmente esa nefasta determinación sin consultar a los ciudadanos. La guerra fracasó porque la intención era perversa: apropiarse del petróleo a nombre de la lucha por la democracia y contra el terrorismo. El gobierno de Aznar apoyó la intervención con la presencia de militares españoles cuya consecuencia fue cientos de muertos y heridos producto del atentado en Atocha, Madrid. Los ciudadanos se levantaron y exigieron la verdad y el retiro de las tropas españolas del territorio Iraki. La respuesta la dieron en las urnas: cambiaron a Aznar por el presidente Zapatero quien en menos de seis meses cumplió con el mandato ciudadano: retiró las tropas y mantuvo la seguridad en España. El gobierno colombiano, al igual que en el pasado sin consultar al Congreso, las Cortes y los Ciudadanos está fraguando en secreto un acuerdo para que el Gobierno de EUA opere en siete bases militares en nuestro territorio bajo el supuesto de la lucha contra las drogas y el terrorismo. No se conocen aún resultados éxitosos en el mundo.

Colombia posee el 10% de la biodiversidad natural y genética de todo el planeta. Ha sido invadida por las transnacionales energéticas, mineras, de agrocombustibles, comunicaciones, protegidas por la "confianza inversionista" y "la seguridad democràtica". Casos degradantes como las minas de oro de Cajamarca y la hidroeléctrica de El Quimbo, son ilustrativas. A los EUA, al igual que en Irak, no les preocupa acabar con el negocio de las drogas, ni proteger la democracia, sino la explotación de nuestros recursos por parte de las transnacionales, la obstaculización de los procesos de integración regional y la destrucción de las organizaciones sociales y políticas que resisten por la defensa del territorio, la biodiversidad, los recursos naturales y humanos. Vienen por todo en Colombia y de paso crean las condiciones para intervenir en toda la región para apropiarse de nuestra biodiversidad, en especial, la Amazonia. En EUA se enseña que la Amazonía no es nuestra y que debe estar al servicio de los intereses de EUA.

Si la intención es la lucha contra la droga y quieren continuar con la fracasada estrategia guerrerista, ¿Por qué no instalan o fortalecen con tecnología de punta bases militares, en particular, en sus fronteras para evitar la producción y el consumo de drogas en EUA y el ingreso de las mismas a su país provenientes de diversos lugares del mundo? ¿Por qué no penalizan y colocan presos a los narcotraficantes norteamericanos? ¿Por qué el gobierno colombiano no ha solicitado en extradición a ningún narcotraficante de EUA que por proteger el consumo está estimulando la producción de la droga y la guerra en Colombia? ¿Por qué, entonces, no hacemos un convenio para que los militares colombianos también utilicen todas las bases de EUA para contribuir en la lucha contra los narcotraficantes norteamericanos que protegen la producción y consumo de la droga? A los gobiernos de EUA y de Colombia no les interesa acabar con el negocio de la droga, razón por la cual intensifican la guerra y de paso el negocio de las armas para incrementar la rentabilidad económica tanto de los traficantes de allá y en menor cuantía para los de acá.

Los ciudadanos tenemos derecho a conocer la verdad: Las bases militares favorecen la acumulación del capital al servicio de las transnacionales a través del control del territorio y la destrucción de cualquier iniciativa de integración regional y de desarrollo equitativo y sustentable por parte de nuestros pueblos. Los ciudadanos tenemos derecho a exigir la verdad sobre el contenido del "convenio de colaboración" y a decidir en defensa de nuestra soberanía. De igual manera como diferentes países de la región reclaman conocer el contenido y la intencionalidad del "convenio" los ciudadanos de Latinoamérica tenemos el legítimo derecho de exigir a cualquier país de la región que expliquen sus convenios de colaboración militar con cualquier potencia del mundo, en escenarios como UNASUR donde se pueden coordinar acciones conjuntas para prevenir cualquier intento de intervención en Latinoamérica y el Caribe. Somos los ciudadanos quienes tenemos que decidir sin someternos a la voluntad de los gobernantes. A ellos los elegimos no para que manden sino para que gobiernen obedeciendo a nuestra voluntad y garantizando nuestros derechos. No olvidemos que los hombres y mujeres realmente libres son aquellos capaces de decidir colectiva y argumentativamente el destino de sus propias vidas y de su propio país. Nosotros somos capaces de resolver nuestros conflictos sin ninguna subordinación. No más embrujamientos autoritarios en ningún lugar del planeta.

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