El Quimbo: De la Licencia Ambiental a la Voluntad Popular

El director de la Corporación del Alto Magdalena” –CAM-, señor Ariel Borbón, una vez aprobada la Licencia Ambiental para la construcción de El Quimbo anunció que “nuestro papel de ahora en adelante es el de supervisión y control sobre todas las acciones que desarrolle la empresa” (Diario del Huila 16 de mayo de 2009). En otros términos, ahora sí va a intervenir para que se cumpla con los lineamientos ambientales establecidos en la Resolución 899 del 15 de mayo y lo incluido en este acto administrativo del “acta de capitulaciones” firmada por el gobernador y los alcaldes de lo municipios de la zona afectada por el megaproyecto. Él hizo parte de la “mesa de concertación” y se retiró de la sesión final como mecanismo de presión para que la empresa incrementara la oferta económica por la afectación ambiental al considerar que el valor real a compensar por 900 mil metros cúbicos de biomasa (flora) es de $100.000 millones y no de $10.000 millones según los estimativos de Emgesa. Con anterioridad a la licencia ambiental dijo que "el estudio de Emgesa no compensa justamente ni al departamento, ni a las comunidades. La información no valora dichos impactos ambientales, no hay una valoración efectiva sobre el impacto que se causa y por tal razón las obras de mitigación que se causan son muy pocas comparadas con el daño que se va a generar".

 

De lo anterior se infiere que la principal preocupación del director de la CAM ha sido el dinero a cambio de los daños ambientales, es decir, el valor de cambio (como criterio único de análisis) excluye los valores de uso y de existencia  que son categorías reconocidas por las comunidades ambientalistas para el estudio de este tipo de megaproyectos. En consecuencia, la CAM decide ajustar “los estudios técnicos” al propósito de reclamar mayores compensaciones económicas por los daños causados y satisfacer la decisión autoritaria del Uribe (el proyecto va porque va), en correspondencia con el modelo que reduce el desarrollo al crecimiento económico donde prima el interés particular (el negocio) sobre lo público en oposición al desarrollo humano, equitativo y sustentable orientado al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades. Su intervención ahora es para que se cumpla estrictamente con los parámetros del negocio al servicio de la multinacional y, en mínima cuantía, de sus vasallos opitas a cambio de la entrega del territorio, el río Magdalena y la biodiversidad.

 

Lo anterior explica la actitud asumida por la dirección de la CAM de no preocuparse, previo a la licencia ambiental, por los estudios complementarios para precisar la naturaleza de los ecosistemas caracterizados como sensibles únicos, como el caso de los bosques riparios y de los recursos hidrobiológicos del Río Magdalena. Tampoco insistió ante la Contraloría para que realizara los estudios de valoración de bienes y servicios ambientales. Ni solicitó a la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales para que se verificara, la validez de los estudios de impactos, social, ambiental y cultural de la represa El Quimbo, como lo exigió reiteradamente Plataforma Sur.

 

Diferente fue la actitud de la Procuraduría General al solicitar al gobierno “se sirva abstenerse de otorgar licencia ambiental para la construcción del proyecto El Quimbo”, con base en los siguientes argumentos extractados del concepto publicado recientemente:

 

- En la Zona de Reserva Forestal de la Amazonía fijada por la Ley 2 de 1959, queda el 95% del proyecto Quimbo.

- El Decreto Ley 2811 de 1974, en su artículo 208 al referirse a la construcción de represas y embalses establece que “la licencia se otorgará cuando se haya comprobado que la ejecución de las obras y el ejercicio de las actividades no atenta contra la conservación de los recursos naturales renovables”.

- El concepto Técnico de Minambiente del año 2008 dice que “No es conveniente que se inunden unas de las mejores tierras con aptitud agrícola de la región, cuando se considera que el Huila es pobre en tierras productivas y porque es difícil restituir la actividad productiva por la dificultad de encontrar tierras semejantes”

- En el auto 2945 de 2008 Minambiente exige que “la empresa Emgesa deberá solicitar la respectiva sustracción de la reserva (forestal de la Amazonía) ante la Dirección de Ecosistemas de éste Ministerio…y deberá presentar la información como una nueva versión del estudio de impacto ambiental”

 

El director de la CAM y los sectores de las élites gubernamentales y empresariales que siempre han respaldado el Megaproyecto, fingieron al manifestar que compartían el concepto del Ministerio Público. Un caso ejemplar es el  del Contralor Constantino Trujillo  quien anunció “la contratación de Uriel Amaya, experto en derecho y control ambiental de la Universidad Externado de Colombia, para que represente a la Contraloría Departamental en el caso de la Ley 56, ‘que no sólo exige el estudio socioeconómico, sino las compensaciones adicionales a los avalúos que las tierras y los proyectos deben tener para los huilenses y que adicionalmente se determine qué va a pasar con la riqueza hídrica del Huila, aguas arriba de la hidroeléctrica una vez esta se construya” (La Nación 4 de mayo de 2009). Sin embargo, una vez el presidente presentó ante sus vasallos opitas de las mismas élites la parodia de licencia ambiental, el pasado 15 de mayo, celebraron con júbilo como excelentes bufones y se callaron frente a la solicitud de no otorgamiento de la misma solicitado por la Procuraduría

 

Plataforma Sur de Organizaciones Sociales desde el comienzo exigió al Gobierno Colombiano se ordenara a una entidad nacional confiable el estudio socioeconómico sobre el Megaproyecto, previsto en el parágrafo del Art. 6 de la Ley 56/81 para evitar su condicionamiento a los estudios sesgados de Emgesa. El no cumplimiento de esta exigencia trajo como consecuencia que en la “mesa de concertación” El Quimbo, al no contar con la información científica y técnica básica requerida para la toma de decisiones, no se hubiese avanzado en acuerdos rigurosos en beneficio de nuestra región, razón por la cual el Gobernador convocó a una especie de conclave burocrático empresarial donde se firmó el “Acta de Capitulaciones” y que hoy uno de los firmantes, el alcalde de Gigante, asediado quizás por las aflicciones de su conciencia reconozca que: "debo decir como Alcalde que el pueblo giganteño no está de acuerdo con esta determinación (la licencia ambiental). La verdad quedamos muy preocupados porque no vislumbramos un futuro halagüeño para nuestro municipio y su gente. La licencia no tenía reversa, todo se hizo en un proceso de concertación muy rápido, llegamos a estos escenarios públicos a dejar constancia sobre las implicaciones que esto podría tener para todos, por eso quedará para la historia que el pueblo de Gigante nunca estuvo de acuerdo con esa hidroeléctrica, es muy difícil que una sola golondrina llame agua" (Diario del Huila, 16 de mayo de 2009). Positivo que haya anunciado sumarse a la desobediencia civil en defensa de su territorio.

 Los estudios solicitados por Plataforma Sur (ver http://plataformasur.blogia.com) seguirán vigentes como uno de los argumentos para continuar la lucha de resistencia por la defensa del territorio, el rió Magdalena, la biodiversidad, el Macizo Colombiano, las comunidades y por una política energética soberana y sustentable. También servirán de constancia contra versiones de prensa según las cuales con la licencia ambiental “todos ganamos” cuando sabemos que el único favorecido es Emgesa, quien violando los protocolos internacionales de responsabilidad social empresarial engañó a los huilenses y favoreció a las  élites gubernamentales, empresariales y a sus contratistas. Y por supuesto, también se favorece, la CAM debido a que al no asumir su responsabilidad ética en la formulación de estudios rigurosos en defensa de nuestros ecosistemas recibirá su respectivo porcentaje como parte sustantiva del negocio y, por supuesto, la sanción moral de los huilenses

 Las comunidades avanzaron, aunque poco, en sus demandas compensatorias gracias a la presión del movimiento social de resistencia acompañado por las organizaciones sociales, entre ellas Plataforma Sur. Ahora declaramos nuestro legítimo derecho a  la desobediencia civil y la movilización permanente en defensa de lo nuestro porque entendemos que hay un gran trecho entre la licencia ambiental y la voluntad popular.

 

Plataforma Sur de Organizaciones Sociales

 

Miller Dussán Calderón

José Jairo Gonzáles Arias

Belén Alarcón Alarcón

 

Neiva, 19 de mayo de 2009