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Miller Armín Dussán Calderón

Política

Declaración de la Tendencia Eco- Socialista

POR UNA ALTERNATIVA POLÍTICA A LA CRISIS DE LA GLOBALIZACIÓN NEOLIBERAL

 Conclusiones de la Reunión Nacional, Bogotá, Diciembre de 2010

Los militantes y las militantes del movimiento social y del Polo Democrático Alternativo en Colombia que suscribimos esta declaración expresamos nuestra voluntad de conformar la Tendencia   Socialista en Colombia y hacemos público las siguientes ideas y propuestas:

 1.      Crisis planetaria del capitalismo y perspectiva internacional

Manifestamos nuestra profunda convicción de que la crisis civilizatoria que padece hoy la humanidad es responsabilidad del capitalismo agresivo que degrada el trabajo, la vida, la naturaleza y la soberanía de las naciones y de los pueblos; generaliza el desempleo, reduce de manera drástica la calidad de vida de las poblaciones, propicia guerras por el control de territorios, desplaza comunidades, saquea los recursos naturales, impone un sistema destructor de la vida mediante grandes inversiones en combustibles fósiles contaminando el planeta al extremo de producir la mayor crisis ambiental que ha puesto en riesgo la existencia misma de la vida y de la humanidad.  

La crisis económica y social que viven millones de trabajadores y ciudadanos, es el resultado de la globalización neoliberal, la cual es gestionada por las elites financieras internacionales que imponen planes drásticos de ajuste, destruyen las condiciones de vida y trabajo de las poblaciones y desmontan sistemáticamente el ya precario “Estado social de Derecho” eliminando las garantías laborales y sociales y los derechos fundamentales que han sido conquistados mediante luchas y movilizaciones democráticas. Los planes de ajuste diseñados por el Fondo Monetario Internacional y los avalados por el G-20 vienen siendo cuestionados en Europa con grandes movilizaciones de masas. Las huelgas generales de Grecia, España y Francia, así como las manifestaciones estudiantiles, han despertado la simpatía y el apoyo de la ciudadanía, confirmando una vez más la capacidad de resistencia y lucha de los “de abajo” que enfrentan con organización, estrategias y movilización los dictados del capital. 

Estas resistencias han puesto de presente la necesidad de encontrar salidas políticas. En este sentido, nos declaramos partidarios de la construcción de una organización internacional anticapitalista de masas que responda a los retos de la crisis global del capitalismo. A nuestro entender, este propósito debe contar con un amplio debate programático en las organizaciones de izquierda y del movimiento social. Ante el vergonzoso papel de aliado secundario del neoliberalismo por parte de la socialdemocracia y del transfuguismo del centro-derecha, y tras el fracaso del “socialismo real”, propugnamos recuperar la estrategia del socialismo anticapitalista, democrático, ecologista, feminista y raizal. Nos declaramos partidarios de abrir amplios espacios de discusión programática de carácter nacional e internacional y crear procesos organizativos de masas a fin de diseñar una estrategia de resistencia y lucha para enfrentar el Imperio, el dominio del capital, las violencias y la injusticia social.

La Tendencia Eco-Socialista y muchas otras   expresiones del ideario socialista revolucionario,    como la autogestión democrática de la sociedad, apuntan en esa perspectiva y por ello  se declaran partidarias de la diplomacia entre los pueblos.  Expresamos nuestra solidaridad con las luchas de los trabajadores y trabajadoras y de las poblaciones en contra de los planes de ajuste fondomonetarista, así como expresamos nuestro apoyo a los pueblos agredidos por el imperialismo. Manifestamos nuestra solidaridad con los procesos soberanos de los pueblos y gobiernos de izquierda y progresistas de América Latina.

Nos constituimos también como una expresión política en franca oposición a toda forma de capitalismo verde, incluyendo las fórmulas del desarrollo sostenible de cuño neoliberal fomentadas por la Unión Europea, el Banco Mundial y el sistema de Naciones Unidas. Asimismo, nos identificamos y comprometemos con las formas de autogobierno local inspiradas en la democracia radical, la profundización de la igualdad, las formas solidarias de economía campesina e indígena, y las cosmovisiones o practicas que impulsan una sostenibilidad ambiental radical en sus territorios. Finalmente, apoyamos y desarrollamos los valores morales, éticos y culturales de los pueblos latinoamericanos, empeñados en transformar nuestras relaciones instrumentales con la tierra, la vida y los seres humanos, y todas aquellas expresiones culturales que usualmente regulan, administran y planifican los procesos de resolución de los problemas sociales, profundizando los valores del capital global y sus formas de gobernanza que agreden la dignidad humana.

2.      El gobierno de Santos profundiza el neoliberalismo y entrega los territorios al gran capital

El gobierno de Santos profundiza el modelo neoliberal. Ha presentado al Congreso de la República la propuesta de reforma constitucional denominada de “sostenibilidad fiscal” mediante la cual se prioriza el pago de la deuda pública a los grandes banqueros sobre el gasto social, destruyendo los pocos vestigios del “Estado de Derecho” e instaurando la constitucionalización de los planes de ajuste como política de Estado. Mediante esta reforma la responsabilidad  del Estado en política social queda expuesta a mayores privatizaciones, y a merced del asistencialismo y de la filantropía. La reforma a la salud que acaban de aprobar las fuerzas parlamentarias alineadas en el “Acuerdo nacional” además de acentuar la mercantilización, elimina el mecanismo de la tutela, conquista democrática de la ciudadanía. La venta de un 10% adicional de las acciones de Ecopetrol es una decisión  política  de la privatización de las áreas estratégicas de la economía del país. En las regiones continúan la  política de “confianza inversionista” que significa, entre otras, la centralización de las “regalías” en beneficio del gran capital; aumenta las concesiones en hidrocarburos y minería que alcanzan en la actualidad el 80% de la Inversión Extranjera Directa; preserva, igualmente, el proyecto  hacendista  de Palma aceitera diseñado por el gobierno anterior  bajo el lema de alcanzar 6 millones y medio de Hectáreas en el 2019 y construir las  grandes represas en diversos puntos de la geografía nacional.

Los eco-socialistas y otras corrientes partidarias del socialismo democrático,   nos oponemos al modelo extractivo de recursos naturales no renovables lo cual permite que nos articulemos al gran movimiento alternativo,  cada  vez más amplio,  que apuesta por  la transformación  del  modelo energético basado en la utilización  de combustibles fósiles  que significa la muerte de la vida, del agua, de la soberanía alimentaria y de la autonomía de las poblaciones. Nuestra propuesta consiste en exigir en lo inmediato el compromiso de los gobiernos y grupos transnacionales de reducir la emisión de gases contaminantes sobre la atmosfera a riesgo de seguir acelerando el calentamiento global que lleva al planeta  a un deterioro irreversible. Aunque las empresas multinacionales y los gobiernos que las representan siguen desconociendo estas exigencias, tal como se confirmó recientemente en Cancún, México, los pueblos y movimientos sociales insisten en una política de defensa de la vida, del agua, de la naturaleza y de la dignidad humana.

La catástrofe ambiental y climática que vive actualmente Colombia representa una tragedia para las poblaciones y sectores socialmente menos protegidos. Las enormes pérdidas humanas, sociales y económicas, confirman el deterioro  ambiental  global y la errática política estatal de la deforestación de las cuencas de los ríos, de las zonas boscosas y de los territorios generadores de fuentes de agua. De igual manera, nuestra propuesta consiste en exigir normas que impidan que los propietarios de la ganadería extensiva sigan explotando las riveras de los ríos y de las ciénagas; propendemos por la democratización de la propiedad y el uso de la tierra. La tragedia que ha devastado la mayor parte del territorio nacional y que  ha condenado a la desesperanza  a más de  dos y medio millones  de colombianos ratifica igualmente la inequidad  de la sociedad colombiana y la hipocresía de la oligarquía que mediante campañas caritativas, encubre el paupérrimo alza del salario mínimo para más de 4 millones de personas y sume a 7 millones en el desempleo. La mayor parte de los damnificados son habitantes pobres de campos y ciudades ubicados en zonas vulnerables, sin vivienda adecuada, carente de  infraestructura y saneamiento básico, y asistencia estatal.

Nos pronunciamos en contra del modelo extractivo porque devasta el hábitat de las comunidades  étnicas y campesinas, porque destruye el ciclo del agua que es el ciclo de la vida y porque erosiona suelos que debieran servir a la producción de alimentos y garantizar la soberanía alimentaria.  Por las mismas razones nos oponemos a la producción extensiva  de palma  aceitera y a la construcción de represas. En conjunto, estas inversiones expresan un modelo económico basado en el control corporativo de los grandes grupos financieros  extranjeros y nacionales sobre los territorios, soportado en el terror de Estado, el para-militarismo y la militarización  de las poblaciones.  

Los Eco-socialistas promovemos la democracia real en los territorios; somos partidarios de los derechos de las comunidades que históricamente los han habitado, y tienen el mandato de decidir y gestionar autónomamente sus recursos. Propendemos la creación de reservas campesinas agroalimentarias auto -sostenibles, apoyadas con presupuestos públicos y por un reordenamiento territorial basado en las necesidades de las poblaciones y que garantice  la preservación de la naturaleza y la biodiversidad. Consideramos que en los planes de vida de los pueblos indígenas, en los mandatos agrarios  y en las iniciativas campesinas, en las  conclusiones de los Cabildos y del Congreso de los Pueblos se encuentran los fundamentos   de un programa alternativo, y que a la vez posibilitan su unificación. Reafirmamos la convicción, para el logro de estos objetivos, de abrir un escenario de solución política al conflicto armado, lo que implica el impulso de un frente amplio de todos los colombianos afectados por estas políticas destructivas de la vida y del ecosistema. Respaldamos las luchas de los sindicatos, organizaciones barriales, estudiantes que demandan autonomía, financiación y democratización del conocimiento en beneficio de la sociedad, defensores de la salud pública, usuarios del crédito de vivienda. El propósito es la unificación en una plataforma común y el diseño de un plan de movilizaciones y resistencia.

Expresamos nuestra solidaridad con las luchas sociales y comunitarias en varias regiones  del país en contra de la devastación territorial; con los trabajadores de la caña de azúcar en el valle geográfico del Río Cauca que enfrentan persecuciones laborales y judiciales por parte de los dueños del megaproyecto del azúcar y el etanol; respaldamos las comunidades que resisten en el  departamento  del Huila en contra del proyecto hidroeléctrico El Quimbo de las multinacionales  Enel-Endesa Emgesa y las que se oponen a las represas Pescadero  Ituango, Hidrosogamoso,  Complejo Hidroeléctrico del Oriente de Caldas Río Guarinó, Rio Manzo y La Miel I, por la defensa de sus territorios, la biodiversidad y las poblaciones amenazadas con destierro; con  las exigencias de Asprocig de mitigación de impactos generados por Urra I; con las organizaciones sociales y cívicas que luchan contra la explotación  minera a  cielo abierto en  “La Colosa”,  Cajamarca, Tolima y  en el páramo de Santurbán que contaminaría las fuentes de agua de más de 2 millones de personas; con la asociación campesina de Inzá,  Cauca en el macizo colombiano que enfrenta el poder de los terratenientes y las concesiones mineras; con  las comunidades afro-descendientes que en el Pacífico exigen sus territorios ancestrales y, a nivel internacional, apoyamos la lucha contra la represa del Zapotillo en México. Respaldamos  la Jornada Nacional contra los Megaproyectos y por la defensa de los territorios convocada para el 14 de Marzo del 2011 y la marcha nacional de mujeres campesinas propuesta  para el primer  trimestre  del año entrante.    También impulsamos una visión y un trabajo político con equidad de género, que   posibilite  a las mujeres una  participación realmente democrática   en la construcción de propuestas y en la toma de decisiones.  Por ello damos especial importancia a los espacios que se inscriben  en la   perspectiva   de unificar resistencias  en Latinoamérica con perspectiva de género y  consecuentes  con ello,  convocamos a  la  Conferencia Mundial   de Mujeres que se realizará  en Caracas el 8 de Marzo  del 2011.

3)      El supuesto reformismo del gobierno de Santos                                        

Manteniendo  los lineamientos  centrales del anterior gobierno, Santos intenta una política de legitimación del régimen político y de adecuación de la política exterior al actual contexto internacional.  En esta materia y en el poco tiempo que lleva su mandato, Santos  ha atendido la grave crisis internacional que suscitó el gobierno de Uribe con Ecuador y Venezuela al tiempo que procura un protagonismo en UNASUR. Detrás de este giro en política exterior existen muchos intereses económicos, comerciales y políticos. El arreglo diplomático con los países fronterizos ha servido para recuperar el monto importante de divisas por concepto de exportaciones en momentos en que la economía norteamericana se encuentra en recesión y ha abierto posibilidades a nuevos mercados, particularmente en Asia. La promoción de María Emma Mejía a la secretaría general de UNASUR y las gestiones bilaterales de la cancillería  previas a esta propuesta, confirman  que existe un interés del gobierno de Santos por ganar credibilidad internacional y actuar como “caballo de Troya” conformando un bloque con los gobiernos de México, Perú y Chile, portavoces de la diplomacia estadounidense en la región y tratar de hegemonizarlo.

Entre  tanto la incondicionalidad  gubernamental con Estados Unidos permanece intacta: en  lo  militar, asesoría directa a la llamada “seguridad democrática”, ejecución de Plan Colombia, fumigaciones indiscriminadas en zonas agrarias. Hasta tal punto llega la presencia directa de tropas norteamericanas que ingenieros militares aparecieron en público  ofreciendo asesoría altruista para resolver el problema de inundaciones en el Canal del Dique. En materia comercial el gobierno busca obtener la prolongación de las preferencias arancelarias mientras espera la aprobación del TLC por parte del Congreso estadounidense  de mayoría republicana.

En el plano nacional, Santos ha intentado legitimar las instituciones a través del llamado  “Acuerdo de Unidad Nacional” el cual empezó con un consenso parlamentario entre los partidos de la coalición de gobierno y resolvió el conflicto institucional  entre el Presidente de la República y la Rama Judicial. Este propósito legitimador intenta incluir de manera corporativa, varios sectores de la burocracia sindical y líderes de algunas organizaciones populares, para cogestionar la política neoliberal. Prueba de ello es el ofrecimiento del Ministerio del Trabajo al actual Presidente de la CGT y el apoyo gubernamental a la OPIC en el caso de los indígenas y a “Nuevo Liderazgo” en el de los campesinos. Esta política pretende, en lo social, dividir al movimiento popular. En lo ideológico busca consolidar la hegemonía del ideario neoliberal. Estamos en presencia de una versión endógena del “transformismo” político, el cual surge en una correlación de fuerzas desfavorable para el movimiento social y popular, y en donde el Establecimiento rechaza cualquier compromiso con las clases subalternas. Su pretensión es integrar el movimiento popular y hacerlo funcional a la lógica del capital y domeñar cualquier proyecto alternativo surgido “desde los de abajo”. Los líderes de este “transformismo”, desmoralizados por varias derrotas, sufridas en décadas anteriores y corrompidos por el gran capital, han pasado a las filas de la burguesía y del Imperio. Semejante “transfuguismo” merece nuestro repudio.                     

Un elemento complementario de esta estrategia legitimadora lo constituye el proyecto de “ley de víctimas” dentro del cual, el problema de los desplazados se presenta como si se tratara de la restitución plena de las tierras usurpadas por el paramilitarismo en las últimas décadas.  A todas luces, esta hipótesis es falsa. El  Ministro de agricultura  al presentar el proyecto  ha  prometido   la restitución de un millón de hectáreas en un lapso de varios años, desconociendo el reciente informe de la “Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado”   que  coordina Luis Jorge Garay, y concluye que el despojo de las tierras supera los 6,6 millones de hectáreas.   La evidente diferencia de tierras apunta a propiciar el protagonismo de los grandes inversionistas nacionales y extranjeros que recibirán estos campos a título de concesión. De hecho, el Estatuto Rural que impulsó el gobierno de Uribe y que fue derogado por la Corte Constitucional por no haber cumplido con el requisito de la consulta previa a las comunidades étnicas, incluye las Zonas de Inversión Empresarial, figura jurídica mediante  la cual se entregaban por concesión y a perpetuidad  las tierras fértiles a los capitalistas rurales en toda la geografía nacional. Después de la aprobación de la ley de víctimas, los discursos oficiales se orientan a justificar ante el Congreso de la República una versión similar al Estatuto Rural uribista. Adicionalmente, las tierras devueltas estarán condicionadas a que los campesinos de manera obligatoria se asocien en proyectos vinculados con la agro-exportación, los cluster empresariales y las cadenas productivas de las grandes empresas transnacionales. El proyecto persigue la formalización del mapa de la propiedad rural “post-conflicto”, el mapa del despojo,  para adecuar el mercado de tierras a las exigencias de la globalización neoliberal tanto en  inversiones agro-exportadoras como en la explotación de hidrocarburos y minerales. Esta adecuación, a su vez, es el escalón previo a la titularización financiera de la producción y comercialización de la agricultura. En el diseño gubernamental el mercado de capitales encontrará otra área de expansión en el campo globalizado y los operadores financieros en las bolsas de valores saludarán las nuevas posibilidades de negocios que abren los derivados agrícolas.  

Sin embargo, a causa de la presión internacional, de las denuncias sobre la violación sistemática a los derechos humanos en el campo y el hecho de ostentar el vergonzoso título de ser el segundo país en el mundo en número de desplazados internos,  el actual gobierno  se ha visto obligado a reconocer el destierro de millones de compatriotas y promete con el retorno a sus lugares de origen. Insistimos que se trata de una política residual, secundaria, cuyo objetivo principal es legitimar la transición a la globalización de la agricultura.

4)      La crisis del Polo Democrático Alternativo y la Tendencia Eco-socialista

La grave crisis por la que atraviesa el PDA obedece en primer lugar a la conspiración envolvente orquestada desde el poder del establecimiento político, el cual ha utilizado todos los medios para destruir la oposición política e impedir las posibilidades de gobierno de la izquierda democrática. Lamentablemente este proceso destructivo contó con el apoyo de dos factores que han minado sus posibilidades históricas: a) la conducta de Gustavo Petro quien se desplazó hacia el centro-derecha y se ha empecinado en un “acuerdo político” con las élites. Su salida es sólo una solución parcial que devela las intenciones del Establecimiento. b) la incondicionalidad del Comité Ejecutivo Nacional con la Alcaldía de Samuel Moreno ante las graves acusaciones de corrupción y clientelismo; de otra parte, durante su mandato el alcalde Moreno se ha caracterizado por desligarse del Partido en la definición de sus políticas, violando los compromisos adquiridos desde cuando se oficializó su candidatura. Además, su gobernabilidad está inscrita dentro del modelo de ciudad neoliberal y clientelista que impulsaron las anteriores administraciones. 

La crisis del Polo contiene diversos problemas estructurales. El PDA desde su origen ha sido un frente de partidos y organizaciones políticas que surgió por necesidad de las exigencias legales para la participación electoral. Hasta ahora no ha trascendido de su proyecto electoral. Ello explica en parte la sistemática ausencia de organicidad que se compensa con una severa centralización burocrática donde predominan el parlamentarismo y el clientelismo. Su funcionamiento ha sido reducido al logro de “consensos por arriba”, sin articulaciones con el movimiento social, sin reglas y respeto por la democracia de las bases y de los militantes. A pesar de sus limitaciones el PDA desempeña un papel muy importante en la transformación democrática de Colombia, y hoy es la única fuerza política de oposición con reconocimiento de masas y como canal de expresión política es orientadora de la organización y movilización de los ciudadanos y trabadores.

Los socialistas   consideramos  necesario defender el PDA como conquista política de los oprimidos. Para ello, proponemos  en primer lugar declarar el estado de emergencia y promover la más amplia democratización. Valoramos la idea de llamar a todos y todas los militantes y simpatizantes a realizar asambleas locales y regionales amplias en dónde se discuta  el actual estado de cosas y se formulen propuestas alternativas  en la perspectiva de  convocar  el  Congreso  del PDA a más tardar en el primer semestre del 2011. El propósito es generar un giro político acorde con los retos y la complejidad de los problemas del momento político. Nuestra propuesta busca construir la máxima democratización y deliberación del partido para proyectar su potencia creadora. En este sentido, promovemos que la reunión de Dirección Nacional de enero 21del 2011 asuma los retos de la crisis, la organización del partido y la participación en la plataforma de lucha social, los procesos electorales y las reglas de juego para convocar el Congreso del Partido. Necesitamos un Polo que piense el país y trace una estrategia de lucha ante la política del Imperio y la globalización neoliberal. Requerimos una amplia movilización social contra el paquete de ajuste y un fortalecimiento de nuestra estrategia para enfrentar el Imperio, el gobierno neoliberal y el gran capital.

La Tendencia  Eco-socialista y los socialistas   en general,   convocamos   a la ciudadanía y a los trabajadores a hacer realidad estos propósitos.

Firman:

CORRIENTE ECOSOCIALISTA DE BOGOTÁ: (Marta Mosquera,  Cristina Guerrero, Blanca Lilia Rodríguez, Luisa Fernanda Malo Rodríguez, Daniel Libreros Caicedo, Germán Martínez, Mario Avellaneda); 

PRESENTES POR EL SOCIALISMO-CALI; (Mónica Medina, Juan Pablo Ochoa, Alberto Bejarano, Sigifredo Arévalo, Jorge Enrique Almario, Carlos Cobo, Carlos Junca);

MOVIMIENTO 14 DE JUNIO:    José Oney Valencia.

CORRIENTE ECOSOCIALISTA VALLE DEL CAUCA: (Martha Jiménez, Cesar Vargas, Alvaro Marmolejo, Carlos Lozano,  Jesús Franco);

CÍRCULOS SOCIALISTAS  DE  ANTIOQUIA :    Jaime Nieto, Camilo Ruiz.

CORRIENTE  ANTICAPITALISTA. IBAGUÉ-TOLIMA: (María Fernanda Botero, Jorge Gantiva Silva, Julio Cesar Carrión, Alexander  Martínez Rivillas, Carlos Arturo Gamboa, Sebastián Gutiérrez);

COLECTIVO SOCIALISTA DE  TIERRA ADENTRO—CAUCA:   Lolita Orozco  y Jairo Arias

ESPACIO CRÍTICO—BARRANQUILLA: (Oscar Torres, José Ignacio Consuegra, Edmundo Carmona, Ricardo Angulo, Antonio Avendaño);

COLECTIVO ECOSOCIALISTA-HUILA: (Miller Dussán,  Nemesio Gómez, Juan Carlos Niño).

ASOCIACION JUVENIL BOICOT- META   (Diego González, Fabián Fuentes, Leonardo Buitrago, Johnny Gutiérrez, Luis Rivera Pérez, Abraham Rivera, Miguel Ruiz M. )

EL POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO DEBE CONVOCAR A VOTAR EN BLANCO EL 20 DE JUNIO DE 2010

“…Queridos conciudadanos, dijo el primer Ministro, el resultado de las elecciones que hoy se han realizado en la capital es el siguiente, partido de la derecha, ocho por ciento, partido del medio, ocho por ciento, partido de la izquierda, uno por ciento, abstenciones, cero, votos nulos, cero, votos en blanco ochenta y tres por ciento….”

                                                                

                                                                    José Saramago, en Ensayo sobre la lucidez

 

  

El Polo Democrático Alternativo en su Ideario de Unidad expresa su oposición radical al neoliberalismo que ha sumido a la humanidad en la peor crisis económica, social, política, cultural y ecológica.

 

En Colombia, los gobiernos neoliberales son los responsables de la degradante inequidad  social y la vulneración de los Derechos Humanos y el DIH agravados por la “confianza inversionista”, la “seguridad democrática” y la “cohesión social”, políticas del gobierno de Uribe para garantizar el control del territorio al servicio de los intereses del capital nacional y transnacional fundamentado en la “cultura mafiosa”: paraeconomía, (afán de enriquecimiento ilícito, concentración de la riqueza en las mafias, agro ingreso seguro), ecocidio, (proyectos viales, mineros, agrocombustibles, hidroeléctricos) parapolítica, (ejecuciones extrajudiciales, yidispolítica, clientelismo, corrupción, persecución sistemática del DAS a la oposición y órganos judiciales, desarraigo y desplazamiento forzado).

 

El PDA, producto de las luchas de resistencia social y de convergencia de sectores democráticos y de izquierda, condena el enfoque policial y militar de la “seguridad democrática” y propone la seguridad y libertad humanas construidas participativamente como ejes de la gobernabilidad democrática y la legitimidad institucional garantizando los DDHH, el DIH y los DESCA para todos los ciudadanos, como garantía de dignidad, sostenibilidad y  justicia social.

 

Nuestro programa de gobierno parte de reconocer que “Colombia es uno de los países más desiguales de América y que el sistema económico profundiza la inequidad, no genera trabajo productivo y destruye el medio ambiente”. La seguridad social es un negocio para unos pocos y no un derecho para todas y todos. La política está corrompida por la criminalidad y la violencia y, en muchas regiones, el Estado está cooptado por las mafias.

 

Nuestro propósito es desarrollar una política integral de desarrollo y paz que fortalezca el poder de los ciudadanos como sujetos de derechos; política centrada en el derecho al trabajo, la gratuidad y calidad de la salud, la educación, la recreación y el agua potable así como en transferir la tierra cultivable a los campesinos mediante la creación de Reservas Agroalimentarias subsidiadas por el Estado que garanticen soberanía, seguridad y autonomía alimentarias como condiciones mínimas para la superación del conflicto.

 

En tal sentido, privilegiamos las acciones de resistencia por la soberanía económica, política y militar, razón por la cual defendemos nuestro territorio, la biodiversidad natural y genética, y nos oponemos a la construcción de todo tipo de megaproyectos ecocidas a favor de las trasnacionales y, en especial, aquellos que atenten contra la producción autónoma de los campesinos, pequeños propietarios e indígenas y que destruyan nuestros ecosistemas.

 

Al reafirmar nuestro compromiso con el legado histórico democrático y de izquierda radical del POLO y nuestra coherencia programática que se expresó en el debate presidencial convocamos a VOTAR EN BLANCO reivindicando los siguientes puntos mínimos que fueron consensuados en la  Dirección Nacional del Polo y que en su integridad no son compartidos por el Partido Verde debido a nuestras profundas diferencias en las concepciones sobre el modelo económico y social”

 

1. La superación de la influencia de la mafia sobre el Estado Colombiano.

2. La verdad, justicia y reparación sobre los crímenes de lesa humanidad y el cese del hostigamiento al poder judicial, a los partidos de oposición y a los movimientos sociales.

3. La aplicación de una política para extinguir la propiedad de la tierra en manos del narcotráfico y las mafias, y su entrega a los campesinos, a las víctimas y a los desplazados.

4. Una nueva política de relaciones internacionales de Colombia basada en la soberanía política, económica y militar y fundada en el respeto a los principios del derecho internacional.

5. Creación de sistemas públicos en los que el trabajo, la salud y educación sean derechos humanos fundamentales.

 

6.  La defensa del territorio, la biodiversidad natural y genética y la soberanía, autonomía y seguridad alimentaria y energética sustentables. (nuevo)

 

La campaña por el VOTO EN BLANCO privilegia la Movilización Ciudadana. En tal sentido, se propone una Jornada Nacional contra el Estado mafioso y por la Justicia Social, con anterioridad al 20 de junio, y la convocatoria al III Congreso Nacional del Polo.

 

El voto en blanco es un voto válido que debe ser contabilizado y podrá invalidar las elecciones si llega a ser la mitad más uno de los votos validos registrados. No pretendemos tal propósito jurídico. El voto en blanco representa, en la actual coyuntura electoral, resistencia civil contra el régimen político uribista y un mecanismo de construcción de democracia y cultura ciudadana

 

Miller A. Dussán Calderón

Conversante PDA

El Quimbo: De la Licencia Ambiental a la Voluntad Popular

El director de la Corporación del Alto Magdalena” –CAM-, señor Ariel Borbón, una vez aprobada la Licencia Ambiental para la construcción de El Quimbo anunció que “nuestro papel de ahora en adelante es el de supervisión y control sobre todas las acciones que desarrolle la empresa” (Diario del Huila 16 de mayo de 2009). En otros términos, ahora sí va a intervenir para que se cumpla con los lineamientos ambientales establecidos en la Resolución 899 del 15 de mayo y lo incluido en este acto administrativo del “acta de capitulaciones” firmada por el gobernador y los alcaldes de lo municipios de la zona afectada por el megaproyecto. Él hizo parte de la “mesa de concertación” y se retiró de la sesión final como mecanismo de presión para que la empresa incrementara la oferta económica por la afectación ambiental al considerar que el valor real a compensar por 900 mil metros cúbicos de biomasa (flora) es de $100.000 millones y no de $10.000 millones según los estimativos de Emgesa. Con anterioridad a la licencia ambiental dijo que "el estudio de Emgesa no compensa justamente ni al departamento, ni a las comunidades. La información no valora dichos impactos ambientales, no hay una valoración efectiva sobre el impacto que se causa y por tal razón las obras de mitigación que se causan son muy pocas comparadas con el daño que se va a generar".

 

De lo anterior se infiere que la principal preocupación del director de la CAM ha sido el dinero a cambio de los daños ambientales, es decir, el valor de cambio (como criterio único de análisis) excluye los valores de uso y de existencia  que son categorías reconocidas por las comunidades ambientalistas para el estudio de este tipo de megaproyectos. En consecuencia, la CAM decide ajustar “los estudios técnicos” al propósito de reclamar mayores compensaciones económicas por los daños causados y satisfacer la decisión autoritaria del Uribe (el proyecto va porque va), en correspondencia con el modelo que reduce el desarrollo al crecimiento económico donde prima el interés particular (el negocio) sobre lo público en oposición al desarrollo humano, equitativo y sustentable orientado al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades. Su intervención ahora es para que se cumpla estrictamente con los parámetros del negocio al servicio de la multinacional y, en mínima cuantía, de sus vasallos opitas a cambio de la entrega del territorio, el río Magdalena y la biodiversidad.

 

Lo anterior explica la actitud asumida por la dirección de la CAM de no preocuparse, previo a la licencia ambiental, por los estudios complementarios para precisar la naturaleza de los ecosistemas caracterizados como sensibles únicos, como el caso de los bosques riparios y de los recursos hidrobiológicos del Río Magdalena. Tampoco insistió ante la Contraloría para que realizara los estudios de valoración de bienes y servicios ambientales. Ni solicitó a la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales para que se verificara, la validez de los estudios de impactos, social, ambiental y cultural de la represa El Quimbo, como lo exigió reiteradamente Plataforma Sur.

 

Diferente fue la actitud de la Procuraduría General al solicitar al gobierno “se sirva abstenerse de otorgar licencia ambiental para la construcción del proyecto El Quimbo”, con base en los siguientes argumentos extractados del concepto publicado recientemente:

 

- En la Zona de Reserva Forestal de la Amazonía fijada por la Ley 2 de 1959, queda el 95% del proyecto Quimbo.

- El Decreto Ley 2811 de 1974, en su artículo 208 al referirse a la construcción de represas y embalses establece que “la licencia se otorgará cuando se haya comprobado que la ejecución de las obras y el ejercicio de las actividades no atenta contra la conservación de los recursos naturales renovables”.

- El concepto Técnico de Minambiente del año 2008 dice que “No es conveniente que se inunden unas de las mejores tierras con aptitud agrícola de la región, cuando se considera que el Huila es pobre en tierras productivas y porque es difícil restituir la actividad productiva por la dificultad de encontrar tierras semejantes”

- En el auto 2945 de 2008 Minambiente exige que “la empresa Emgesa deberá solicitar la respectiva sustracción de la reserva (forestal de la Amazonía) ante la Dirección de Ecosistemas de éste Ministerio…y deberá presentar la información como una nueva versión del estudio de impacto ambiental”

 

El director de la CAM y los sectores de las élites gubernamentales y empresariales que siempre han respaldado el Megaproyecto, fingieron al manifestar que compartían el concepto del Ministerio Público. Un caso ejemplar es el  del Contralor Constantino Trujillo  quien anunció “la contratación de Uriel Amaya, experto en derecho y control ambiental de la Universidad Externado de Colombia, para que represente a la Contraloría Departamental en el caso de la Ley 56, ‘que no sólo exige el estudio socioeconómico, sino las compensaciones adicionales a los avalúos que las tierras y los proyectos deben tener para los huilenses y que adicionalmente se determine qué va a pasar con la riqueza hídrica del Huila, aguas arriba de la hidroeléctrica una vez esta se construya” (La Nación 4 de mayo de 2009). Sin embargo, una vez el presidente presentó ante sus vasallos opitas de las mismas élites la parodia de licencia ambiental, el pasado 15 de mayo, celebraron con júbilo como excelentes bufones y se callaron frente a la solicitud de no otorgamiento de la misma solicitado por la Procuraduría

 

Plataforma Sur de Organizaciones Sociales desde el comienzo exigió al Gobierno Colombiano se ordenara a una entidad nacional confiable el estudio socioeconómico sobre el Megaproyecto, previsto en el parágrafo del Art. 6 de la Ley 56/81 para evitar su condicionamiento a los estudios sesgados de Emgesa. El no cumplimiento de esta exigencia trajo como consecuencia que en la “mesa de concertación” El Quimbo, al no contar con la información científica y técnica básica requerida para la toma de decisiones, no se hubiese avanzado en acuerdos rigurosos en beneficio de nuestra región, razón por la cual el Gobernador convocó a una especie de conclave burocrático empresarial donde se firmó el “Acta de Capitulaciones” y que hoy uno de los firmantes, el alcalde de Gigante, asediado quizás por las aflicciones de su conciencia reconozca que: "debo decir como Alcalde que el pueblo giganteño no está de acuerdo con esta determinación (la licencia ambiental). La verdad quedamos muy preocupados porque no vislumbramos un futuro halagüeño para nuestro municipio y su gente. La licencia no tenía reversa, todo se hizo en un proceso de concertación muy rápido, llegamos a estos escenarios públicos a dejar constancia sobre las implicaciones que esto podría tener para todos, por eso quedará para la historia que el pueblo de Gigante nunca estuvo de acuerdo con esa hidroeléctrica, es muy difícil que una sola golondrina llame agua" (Diario del Huila, 16 de mayo de 2009). Positivo que haya anunciado sumarse a la desobediencia civil en defensa de su territorio.

 Los estudios solicitados por Plataforma Sur (ver http://plataformasur.blogia.com) seguirán vigentes como uno de los argumentos para continuar la lucha de resistencia por la defensa del territorio, el rió Magdalena, la biodiversidad, el Macizo Colombiano, las comunidades y por una política energética soberana y sustentable. También servirán de constancia contra versiones de prensa según las cuales con la licencia ambiental “todos ganamos” cuando sabemos que el único favorecido es Emgesa, quien violando los protocolos internacionales de responsabilidad social empresarial engañó a los huilenses y favoreció a las  élites gubernamentales, empresariales y a sus contratistas. Y por supuesto, también se favorece, la CAM debido a que al no asumir su responsabilidad ética en la formulación de estudios rigurosos en defensa de nuestros ecosistemas recibirá su respectivo porcentaje como parte sustantiva del negocio y, por supuesto, la sanción moral de los huilenses

 Las comunidades avanzaron, aunque poco, en sus demandas compensatorias gracias a la presión del movimiento social de resistencia acompañado por las organizaciones sociales, entre ellas Plataforma Sur. Ahora declaramos nuestro legítimo derecho a  la desobediencia civil y la movilización permanente en defensa de lo nuestro porque entendemos que hay un gran trecho entre la licencia ambiental y la voluntad popular.

 

Plataforma Sur de Organizaciones Sociales

 

Miller Dussán Calderón

José Jairo Gonzáles Arias

Belén Alarcón Alarcón

 

Neiva, 19 de mayo de 2009

Conclusiones Programáticas de la Asamblea del PDA-Huila

 Presentación

El presente documento es una síntesis de las principales conclusiones aprobadas por la Asamblea Departamental del PDA-Huila con relación al Programa “Huila con Derechos para todos”, la construcción de los Planes de Desarrollo Alternativos y de la Agenda sobre Acuerdo Humanitario y Paz, el apoyo a las iniciativas de las organizaciones sociales para presionar su inclusión en el Plan de Desarrollo del Gobierno del Huila y la necesidad de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente con el propósito de expedir una nueva reforma al actual régimen político, deslegitimado por el proceso de la parapolítica y el autoritarismo excluyente y clientelista del Gobierno de Uribe.

En el contexto regional, el PDA-Huila, a pesar de las adversidades, cuenta con inmensas potencialidades políticas para la construcción de un proyecto político alternativo y de cambio regional, congruente con las aspiraciones y demandas de un significativo y creciente sector de la población Huilense y en coherencia con las nuevas realidades políticas nacionales y latinoamericanas que nos permitan consolidar el empoderamiento regional y local de las comunidades, para asegurar el futuro poder regional y nacional para el PDA que queremos los huilenses. En tal sentido, debe continuar su lucha por la inclusión social y el pluralismo político y oponerse a todas las prácticas clientelistas y de soborno de la voluntad popular, apoyadas en el nefasto sistema de contratistas y la financiación de las campañas a costa del erario público.

1.- Construcción participativa del Plan de Desarrollo Alternativo del Huila y los Planes Municipales con fundamento en el Programa de Unidad del PDA y el Programa para la gobernación “Huila con Derechos para Todos”.

El Plan de Desarrollo Alternativo se fundamenta en la Seguridad Humana como garantía de derechos para todos (económicos, sociales, culturales y ambientales – DESCA -, Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario), construido con la participación de las comunidades a través de escenarios como las Asambleas Públicas Constituyentes, Plataformas de Organizaciones Sociales, Redes Comunitarias y Ciudadanas, Comités Locales, etc. El desarrollo, la paz y la transparencia como ejes del plan parten de la necesidad de crear, con el apoyo de la ciencia, las tecnologías y demás saberes acumulados, reservas campesinas con mercados y centros de asistencia técnica con programas de desarrollo rural empresarial, mercados alternativos, la economía solidaria,, las microcadenas productivas y agroindustriales, el ecoturismo, compatibles con un mercado justo de Integración Latinoamericana, para garantizar la seguridad y la soberanía alimentarias, el empleo digno, la superación de la pobreza y la convivencia ciudadana.

Esta propuesta es alternativa al Plan de Desarrollo del Gobierno Departamental centrado en la “seguridad democrática” con un enfoque policial y militar orientada a la protección del Estado y sus instituciones en detrimento de los derechos de los ciudadanos y como garantía para estimular la acumulación y concentración del capital a partir de la producción masiva de agrocombustibles (mal llamados biocombustibles) y demás iniciativas económicas impuestas por las transnacionales a través de la Agenda Interna de Productividad y Competitividad en el marco del fallido Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de América.

2.- Construcción de la Agenda Pública para la Región Surcolombiana sobre Acuerdo Humanitario y Negociación Política del conflicto.

La Agenda Pública tiene como propósito central la construcción de escenarios para el logro de acuerdos humanitarios y de negociación a partir de agendas públicas construidas desde el sur por todos los actores involucrados en el conflicto económico, social, político y cultural que se viene expresando históricamente a través de diversas formas de violencia. Parte de reconocer que la solución política del conflicto es la única garantía de seguridad humana.

Esta propuesta responde al clamor nacional e internacional por el Acuerdo Humanitario y la Paz expresado en las grandes movilizaciones sociales realizadas recientemente en importantes ciudades del país y del mundo y al reconocer que en la región surcolombiana el conflicto se ha degradado por la intensificación de la crisis humanitaria y se ha profundizado al involucrar directamente a todos los gobiernos de la región sur y del Caribe a raíz de la incursión de efectivos de las fuerzas militares de Colombia en territorio ecuatoriano. Al reafirmar su carácter de conflicto interno-internacional, tanto el Acuerdo Humanitario como la solución política del mismo pasan necesariamente por la mediación de la comunidad internacional tanto de los países de la región sur como de norte América y la Unión Europea.

La complejidad del conflicto demanda nuestra responsabilidad en torno a su comprensión lo cual exige una re-lectura desde el sur como parte fundamental de una agenda que no solo reconozca e involucre a todos los actores en su solución política, incluidos los mediadores internacionales, sino que fortalezca las iniciativas latinoamericanas de integración económica y de defensa del Derecho Internacional como respuesta a cualquier intento de desestabilización de la Región a nombre de la seguridad, el unilateralismo y la guerra preventiva con el propósito de frenar dicho proceso de integración e imponer por la fuerza la hegemonía política, económica y militar de los Estados Unidos, como ocurrió recientemente con la violación de la soberanía del Ecuador por parte del Gobierno Colombiano condenada por el Grupo de Río y la OEA.

El PDA-Huila comprometido en su ideario con una propuesta de desarrollo y paz que garantice la materialización de los derechos de las ciudadanas y los ciudadanos se compromete desde ya a convocar a todos los actores para la construcción de la Agenda Humanitaria y de Paz.

Convocamos a todos los gobiernos del sur de Colombia, a todas los partidos políticos, a las organizaciones sociales, a la academia, el periodismo, las comunidades religiosas, los parlamentarios liberados por las FARC, en fin, a todos los ciudadanos a participar con sus iniciativas en la construcción de la Agenda de Paz como una contribución real a la superación de esta tragedia humana y a la realización del Estado Social de Derecho.

3.- Inserción del PDA en los diferentes movimientos y sectores sociales, y potenciación de nuevas formas organizativas, de comunicación y de representación social, a nivel local y departamental.

Es tarea prioritaria la construcción de un Plan de Acción que tenga como norte el programa “Huila con Derechos para todos”, y que se traduzca en los Planes de Desarrollo Alternativos a nivel Departamental y Municipales y la Agenda sobre Acuerdo Humanitario y Paz. Desde estas perspectivas se debe profundizar en la formación política, articulada a las experiencias académicas que se vienen construyendo sobre Ciencias Políticas asociadas a la creación de Centros de Estudios Regionales, Observatorios Sociales y del Conflicto, y la creación de Redes de Organizaciones en cada Municipio y de Radios Ciudadanas y Comunitarias, que logren comunicarse a través de la apropiación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación- TIC-. Estas acciones deben estar orientadas a consolidar el trabajo al interior de todas las organizaciones populares y a su movilización permanente en defensa de intereses específicos, integradas al gran proyecto de construir región y país, sustentado en el empoderamiento real de las comunidades locales. En este sentido es inaplazable la construcción de una propuesta regional alternativa vista desde la surcolombianidad en armonía con las nuevas tendencias nacionales e internacionales de consolidación de un nuevo ordenamiento económico, social, político y cultural en América Latina.

4.- Apoyo a las iniciativas de las organizaciones sociales y la academia surgidas de las Mesas de concertación para incorporar al Plan de Desarrollo Departamental y los Planes Municipales.

Las organizaciones sociales coinciden en señalar que sus iniciativas, en general, no son incorporadas a los Planes de Desarrollo Departamental y Municipales razón por la cual los espacios de concertación con las comunidades no dejan de ser simples ejercicios de legitimación de las propuestas gubernamentales previamente aprobadas con los gremios económicos para estimular la acumulación y concentración de la riqueza. Esta apreciación producto de las experiencias ya vividas es una de las justificaciones para avanzar en la propuesta de los Planes de Desarrollo Alternativo.

No obstante lo anterior, se considera que a través de la movilización social y la presión sobre el Gobierno a través de los Consejos Departamentales y Municipales de Planeación aún es posible la negociación de propuestas mínimas que favorezcan los intereses comunitarios. En tal sentido, el PDA apoya todas las iniciativas surgidas de las organizaciones sociales, entre las cuales mencionaremos algunas que han surgido de las mesas de concertación:

  • Cambiar el enfoque policial y militar de la “seguridad democrática” por el enfoque de derechos de la seguridad humana, construida participativamente. En tal sentido, fortalecer la gobernabilidad en democracia participativa y la legitimidad institucional garantizando los DDHH, el DIH y los DESCA para todos los ciudadanos, como garantía de dignidad, sostenibilidad y justicia social.
  • Generar en las instituciones educativas y en las organizaciones sociales y comunitarias, estrategias comunicativas y pedagógicas para la comprensión y tramitación de los conflictos y el ejercicio de los DDHH, el DIH y los DESCA.
  • Crear escenarios de diálogo, negociación y acuerdos humanitarios para la solución de los conflictos y el restablecimiento de los derechos de las victimas. Es prioritario incluir la construcción de una Agenda Pública para el Acuerdo Humanitario a través del Consejo Departamental de Paz.
  • Construir el Plan de Seguridad Integral Ciudadana, urbana y rural, a través de la Secretaría de Gobierno y el Consejo Departamental de Paz.
  • Crear zonas de reservas campesinas con mercados y centros de asistencia técnica con programas de desarrollo rural empresarial, mercados alternativos, la economía solidaria, las microcadenas productivas y agroindustriales, el ecoturismo, para garantizar la seguridad y la soberanía alimentarias, el empleo digno, la superación de la pobreza y la convivencia ciudadana.
  • Las inversiones estatales en educación, salud, servicios públicos domiciliarios y, en general, la inversión productiva, debe realizarse mediante el sistema de economía solidaria. El Estado debe garantizar el fomento y la financiación de los Programas y proyectos del sector solidario.
  • Desarrollar políticas públicas para el corredor biológico del Huila y los parques naturales del Puracé, Cueva de los Guácharos y Nevado del Huila y las propuestas identificadas en el Plan estratégico para el Macizo colombiano.
  • Fortalecer la Red Pública Hospitalaria de Salud y de los programas de atención básica y saneamiento ambiental, priorizando los de prevención de la enfermedad y promoción de la salud. - Crear proyectos de desarrollo social, cultural y ambiental que garanticen la participación de los jóvenes.
  • Apoyar financieramente la Creación del Centro de Estudios Regionales en la Universidad Surcolombiana para la producción y apropiación de conocimientos y tecnologías que sean pertinentes para la solución de los principales problemas de la región surcolombiana.
  • Implementar un sistema de conectividad a INTERNET gratuito y creación de Centros Comunitarios de desarrollo cultural con programas de alfabetización informática para toda la población. - Iniciar la ampliación progresiva de la educación pública preescolar gratuita a tres grados.
  • Crear el Sistema de Formación Permanente de Docentes del Departamento del Huila para fortalecer el desarrollo de la ciencia, la apropiación adecuada de las Tecnologías de la información y la comunicación, el desarrollo de innovaciones e investigaciones pedagógicas, la consolidación de proyectos educativos institucionales, comunitarios y locales y la construcción de cultura ciudadana. Él sistema debe incluir la formación de docentes de las comunidades aborígenes a partir de la etnoeducación. Los Programas de formación continuada de docentes deben ser orientados por la Facultad de Educación de la Universidad Surcolombiana previo estudio sobre la pertinencia de dichos programas. El gobierno Departamental destinará un porcentaje mínimo de regalías petroleras para el Fondo de Formación Permanente de Docentes. - Incorporar en los Planes de Desarrollo Departamental y Municipales los Planes de Vida de los pueblos indígenas.
  • Reconocer como entes territoriales con jurisdicción y competencias propias los resguardos y /o territorios de la población aborigen y aprobar políticas de inclusión e integración social de la población afrocolombiana. - Crear la Secretaría de mujer y géneros para el fortalecimiento de sus especificidades culturales y la garantía de todos los derechos sin ninguna discriminación.
  • Fomentar políticas para la erradicación del trabajo infantil, mediante apoyo e incentivos a las familias pobres para que puedan criar a sus hijos y mantenerlos en el sistema escolar. - Creación de Centros de Comunicación Comunitaria para fortalecer el tejido social comunitario con pleno acceso a las TIC, apoyo a las radios y prensa comunitarias, a la creación y la investigación cultural y al trabajo de los gestores culturales.
  • Desarrollo de Programas de acompañamiento y restitución de derechos a las víctimas del conflicto.
  • Establecer acuerdos con la ONG Transparencia Internacional para la vigilancia de los recursos públicos y crear los Concejos Visibles.

5.- Apoyo a la convocatoria de una Asamblea Constituyente para la superación de la crisis de legitimidad del Régimen Político generada por la parapolítica y el autoritarismo.

El PDA-Huila participará en las comisiones especiales encargadas de proponer las temáticas y las formas organizativas para garantizar la convocatoria de la Asamblea Constituyente, para finales del 2009, encargada de suscribir un nuevo pacto de convivencia social donde participen todos los actores y movimientos sociales incluidas las organizaciones de insurgentes.

Neiva, 13 de abril de 2008

POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO - PDA-HUILA

Miller A. Dussán Calderón

Responsable de la orientación programática