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Miller Armín Dussán Calderón

REFORMA TRIBUTARIA: ENTREGA DEL PAIS A LAS TRANSNACIONALES POR EL SANTOURIBISMO.

REFORMA TRIBUTARIA: ENTREGA DEL PAIS A LAS TRANSNACIONALES POR EL SANTOURIBISMO.

El ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, justifica la Reforma Tributaria como necesaria “ante la nueva realidad que vive el país, luego de que los ingresos cayeran en 24 billones de pesos debido a la caída de la renta petrolera”. Se trata entonces de disminuir la “alta tasa de tributación para las empresas, debido a que "pocas empresas pagan mucho".

La reforma beneficia a las transnacionales que condicionan la inversión en Proyectos Minero Energéticos (PINES) y agronegocios (ZIDRES)  a la reducción al máximo de las exiguas exenciones tributarias  que pagan a la nación. Los más afectados  son los sectores populares y la clase media, que tendrán que pagar más impuestos para compensar lo que esas empresas han dejado de tributar en Colombia.

Las propuestas de generalizar la base gravable del IVA y elevar su tarifa del 16 al 19 por ciento golpea a los pobres con la pretensión de recaudar 14 billones de pesos y a los trabajadores que tendrán que pagar renta a partir de  un monto superior al que hoy rige. Además, con el monotributo obliga a los pequeños negocios, a pagar IVA y a declarar renta.

La Reforma Tributaria es una exigencia de la OCDE que recomendó disminuir los impuestos para compañías. "Enfatizamos en la necesidad de bajar la carga tributaria sobre la inversión, con la reducción del impuesto al patrimonio para las empresas y el IVA a los bienes de inversión", Al mismo tiempo "ampliar la base porque es muy pequeña. Hay muchas exenciones, lo que hace difícil cumplir con el código tributario".

El gobierno de Santos coincide con las propuestas de Uribe de incluir en los Acuerdos de la Habana “mayores garantías para la inversión de las empresas nacionales y transnacionales” y “limitar en el tiempo las consultas a comunidades por decretos reglamentarios del Gobierno, a fin de que no entorpezcan el desarrollo equilibrado de la Nación”, entendido éste, como el extractivismo. Es decir, suprimir el derecho de las comunidades a decidir sobre el uso del suelo y el subsuelo a nivel de los entes territoriales, como lo ratificó la Corte Constitucional en su reciente Sentencia T-445, ahora cuando  se intensifican las luchas territoriales contra los proyectos minero energéticos, el fracking, los agronegocios (PINES y ZIDRES).  En palabras del vicepresidente Vargas Lleras se trata de que: “en unos casos el mecanismo de consulta previa se ha convertido en un mecanismo extorsivo para exigirles a los inversionistas y ejecutores de las obras compromisos que no hacen parte de la misma”.

Uribe también ha propuesto que “Los acuerdos no deben afectar propietarios o poseedores honestos, cuya buena fe debe dar presunción, no desvirtuable, de ausencia de culpa. El apoyo al campesino no implica desconocer la necesidad de la empresa agropecuaria transparente”. Es decir, proteger a quienes a nombre de la presunción de "buena fe" se apropiaron de las tierras de donde fueron desalojadas, más de 8 millones de víctimas a favor de la agroindustria, como la Palma Africana, la caña de azúcar, los grandes transgénicos “en detrimento de la economía campesina; generalizar las Zidres y debilitar más las cinco Reservas Campesinas”. Se trata de proteger a los victimarios para no restituir las tierras a las víctimas y de reducirles el valor catastral.

En conclusión, la Reforma Tributaria es “necesaria” para continuar imponiendo la Paz extractivista y neoliberal al servicio de las corporaciones transnacionales por parte del santouribismo contra la Paz con Justicia Socioambiental que se viene tejiendo desde las resistencias territoriales contra el extractivismo.

Existe el peligro de un nuevo Frente Nacional que desde ya se negocia entre las élites, posplebiscito, razón por la cual los movimientos sociales deben convocar a impedirlo desde las movilizaciones que se realizan en distintas regiones del país, exigiendo que los Acuerdos de la Habana y los que se reiniciaron con el ELN deben incorporar, entre otros, el reconocimiento a decidir autónomamente por parte de las comunidades a nivel territorial sobre el uso del suelo y el subsuelo para los Proyectos de Vida que armonicen la Justicia Social con la Ambiental para el Buen Vivir.

NO AL PACTO DE LAS ELITES SANTOURIBISTAS…SI A UNA PAZ CON JUSTICIA SOCIOAMBIENTAL.

 

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