A propósito del proyecto de construcción de una nueva hidroeléctrica sobre el Río Magdalena
Movilización social en defensa del territorio y las comunidades de El Quimbo
Por iniciativa de las comunidades locales de El Agrado (vereda La Escalereta), Gigante y Garzón, con el acompañamiento de la Plataforma Sur de Organizaciones Sociales, se convocó a todos los habitantes del Huila a reflexionar sobre los impactos económicos, sociales, ambientales y culturales que se generarían de construirse el megaproyecto El Quimbo por parte de la Empresa privada Emgesa -- multinacional española beneficiada por la licitación abierta por el gobierno-- y, a movilizarse en defensa del territorio, las comunidades locales, el Río de la Magdalena y el agua.
El proceso de reflexión inició con la formulación de varios interrogantes construidos a partir de las preocupaciones de las comunidades. Entonces, se acordó la realización de tres foros sobre El Quimbo: 1) ¿crecimiento o desarrollo sostenible?, 2) Asunto ético y político y 3) participación ciudadana y movilización Social.
Las preguntas orientadoras de los foros se resumen en:
· ¿Cómo mitigar los impactos ambientales y la reconstrucción del tejido social desde una perspectiva de desarrollo humano sostenible de la Región?
· ¿A quién beneficia el proyecto y por qué?
· ¿Cuál ha sido el impacto en el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades huilenses del Proyecto Hidroeléctrico de Betania?
· ¿Cómo proteger la biodiversidad y el recurso hídrico de las cuencas que nutren el río Magdalena que son fundamentales para conservar nuestros ecosistemas geoestratégicos y garantizar la soberanía y seguridad alimentarias?
· ¿Cuál es la responsabilidad política y ética de la dirigencia política, empresarial y académica en torno al megaproyecto?
· ¿Cuáles son los mecanismos de participación apropiados para que las comunidades incidan en la toma de decisiones para el desarrollo equitativo y sustentable de nuestra Región?
Desde un principio se generó la duda, como en el refrán popular “de eso tan bueno no dan tanto”, al señalar que de concretarse la realización del megaproyecto de construcción de la represa de El Quimbo, el Departamento del Huila se verá abocado a drásticas transformaciones, sin precedentes en las últimas tres décadas, no sólo de su paisaje natural y patrimonio cultural, sino, en estricto sentido económico de su oferta productiva y, de las condiciones y orientación de su desarrollo, sin que los huilenses se hayan percatado de las verdaderas dimensiones y alcances contenidos en las pretensiones de Emgesa. Empresarios, contratistas, políticos, columnistas, académicos, periodistas, líderes religiosos, de inmediato asumieron posiciones a favor o en contra del megaproyecto permitiendo confrontar diferentes visiones del desarrollo y, por supuesto, el interés público con el privado.
Primer foro
Durante el primer foro, realizado en el recinto de la Asamblea del Huila el 31 de julio de 2008; al contrastar los argumentos presentados por el Director Administrativo de Emgesa, los representantes del gobierno y los de algunos gremios económicos con los aportados por miembros de las comunidades académicas y representantes de las comunidades locales, se expresaron dos visiones del desarrollo:
Una primera visión reduce el desarrollo al crecimiento económico. Para el caso, se afirma desde algunos círculos de poder que se trata de una gran inversión para el desarrollo y el progreso que convertiría al Huila en “una potencia energética nacional y como paso previo el fortalecimiento de la industria piscícola y el turismo”, compatible con la necesidad de cumplir con El Plan Nacional de Desarrollo y la Agenda de Productividad y Competitividad Nacional, así como con la Agenda Interna de Productividad y Competitividad del Huila. Desde esta perspectiva la opción es hacer parte de un ‘negocio’ en el que priman los intereses particulares sobre el interés público, ocultando que los denominados ‘dinosaurios modernos’ (las represas) están en desuso en el mundo y en América Latina y que existen otras alternativas energéticas viables y sostenibles que contribuyen al bienestar de las comunidades como la eólica, solar, atómica o las micro-represas.
Otra visión define el desarrollo como mejoramiento integral de la calidad de vida de las comunidades, para lo cual debe asegurarse la sostenibilidad ambiental, económica, social y cultural. Desde esta perspectiva, se insiste en la importancia de garantizar la seguridad y soberanía alimentarias, el acceso a los recursos como el agua y la tierra, la defensa de las economías campesinas y de las unidades productivas de los medianos y pequeños productores, el derecho al trabajo, a la conservación del tejido social y al sentido de pertenencia; a la preservación de los ecosistemas estratégicos y a la participación de las comunidades en la elaboración y verificación de los planes, programas y proyectos que aseguren el desarrollo humano sostenible.
Quienes están equivocadamente convencidos de que Emgesa los hará partícipes del negocio, insisten en que la realización del megaproyecto hidroeléctrico es irreversible, que es un hecho, y al igual que Emgesa, presentan las obras de mitigación y los pagos que efectuará la transnacional a favor de las comunidades o de las entidades territoriales como compensaciones o concesiones cuando en realidad son parte de las obligaciones legales contempladas en el Plan de Manejo Social; pagos que son menores que el valor de las riquezas que se producen. Además, el proyecto es sólo unipropósito, es decir, para la generación rentable de energía para la empresa, sin que ni al departamento ni al país le genere ninguna ganancia económica, social, cultural ni ambiental. No obliga a Emgesa a realizar otras inversiones distintas a las pactadas en el contrato de concesión. En otros términos, no existe ninguna oportunidad para los grandes negocios con los que sueñan algunos empresarios del Huila.
Para las comunidades la solución no está en la reparación de los daños en beneficio de la acumulación de riquezas, sino, en no producir daños por cuanto sus efectos ambientales y sociales tienen una prolongada duración, pueden abarcar planes de vida enteros, de las familias, de las comunidades.
Los principales impactos negativos del megaproyecto, reconocidos incluso en los estudios de Emgesa se resumen en:
- Inundación de cultivos permanentes y transitorios (Gigante, Garzón y Agrado), de más de 2.000 hectáreas, además de pastos e instalaciones ganaderas.
- Inundación e inutilización de vías carreteables primarias, secundarias y terciarias, puentes vehiculares y vías peatonales.
- Desplazamiento de 427 familias y viviendas con residencia permanente.
- Desplazamiento de 1.466 personas residentes con pérdida de puestos de trabajo.
- Afectación de la producción y comercialización agropecuaria por un valor aproximado de 15.000 millones de pesos anuales (750 predios)
- Pérdida permanente de jornales de trabajo.
- Cancelación de 9 distritos de riego con un costo estimado de $112.296 millones previstos dentro del Plan de Desarrollo Departamental.
- Pérdida de soberanía y de derechos fundamentales dentro del área que ocupe la represa y sobre su zona de influencia.
- Desintegración de 8 empresas comunitarias en plena producción (40 años de antigüedad).
- Inundación de 842 hectáreas del bosque ripario, ecosistema sensible único.
Además, el represamiento del agua para la producción alimentaria implica:
- Afectación de la producción de bienes de consumo local y regional como cacao, arroz, sorgo, maíz y plátano.
- Disminución porcentual de la participación de producción agropecuaria local en el PIB regional (El Agrado, pierde 30%)
- La destrucción de experiencias históricas significativas de los procesos de reforma agraria existentes en el país (caso La Escalereta).
- La desarticulación de tejidos sociales con tradiciones históricas que tienen orígenes prehispánicos.
El debate permitió a las comunidades presentes en el Primer Foro ratificar su oposición al ‘negocio de El Quimbo’, no sólo por los contundentes argumentos científicos, sino porque como está planteado, y fue reconocido por la misma multinacional Emgesa, tiene como único propósito la generación rentable de energía para la empresa, sin contraprestaciones para el Huila.
En esta dirección las comunidades concluyeron que antes de ser concedida la Licencia Ambiental por el Ministerio respectivo se debe conformar una Mesa Regional de Discusión y Formulación de Alternativas frente a las pretensiones de la multinacional; debatir en el Congreso Nacional los impactos que generaría la construcción de la represa en la Cuenca Alta del Río Magdalena; el fortalecimiento de la veeduría y la integración de un equipo interdisciplinario de investigación y consulta para que estudie y socialice los alcances y consecuencias que traería la construcción del megaproyecto El Quimbo.
Entre algunas de las experiencias investigativas, se cuenta con el estudio “Prioridades de conservación biológica para Colombia” del Grupo Arco que dirige el holandés Willem Van Wyngaarden y, que al referirse a la zona de El Quimbo destaca la necesidad de conservar los ecosistemas sensibles asociados a la cuenca alta del río Magdalena. También, existen estudios sobre el cambio climático global y el agua, mega-proyectos y soberanía alimentaria aportados por académicos invitados como ponentes al Primer Foro, las observaciones de la CAM al estudio de Impacto Ambiental de Emgesa, la Declaración Internacional de Lorica Córdoba emanada del IV Encuentro de la Red Latinoamericana contra Represas y por los Ríos, sus Comunidades y el Agua, celebrada el pasado 26 de julio y las experiencias y saberes que se vienen construyendo desde las comunidades locales.
Segundo Foro
El 28 de agosto se realizó en la Universidad Surcolombiana el II Foro “El Quimbo: Asunto Ético y Político” donde se planteó que frente a la frustración que significó Betania, la construcción de un nuevo embalse para la generación de energía no puede derivar de nuevo en ganancias para sus inversionistas, contratistas y políticos involucrados, y miseria y pobreza para el resto de los huilenses y las generaciones futuras que vivirán el rigor de las alteraciones ambientales provocadas por este tipo de megaproyectos. En efecto, la mayor responsabilidad directa de estas consecuencias, que podrían evitarse, recaerán en las élites dirigentes, por su miopía y egoísmo, por su ignorancia y subordinación a todo tipo de intereses extranjeros.
El investigador José Jairo González sostuvo en el Foro que la construcción de estos megaproyectos, es una gran tentación para el ejercicio de la corrupción y la falta de transparencia. Las experiencias históricas señalan que estos mega proyectos, usualmente están asociados a tres factores fundamentales: uno, relacionado con el modelo de desarrollo neoliberal de apropiación privada de los bienes y recursos en pocas manos; otro, con un estilo autoritario y despótico de tomar las decisiones desde el centro, y el tercero, con la facilidad para el manejo y la dilapidación de los recursos públicos, es decir, para ejercer la corrupción, por un lado de los funcionarios públicos y por el otro, el soborno a las comunidades.
El mismo Banco Mundial, sostiene González, ha obligado a las empresas comprometidas con estos megaproyectos a aplicar y desarrollar el concepto de “la responsabilidad social empresarial, en términos de la sostenibilidad de estas apuestas económicas con una visión integral del desarrollo. Implica, además, que el crecimiento económico y la productividad de las empresas deben asociarse simultáneamente con la defensa de las libertades y los derechos de las personas, de los mecanismos de participación ciudadana, es decir, muchos de los propios promotores de estos megaproyectos, han visto que hay una responsabilidad ética, aún, en la lógica empresarial, que es indelegable. Por supuesto, que si hablamos de una responsabilidad ética, es porque no debería haber un negocio sobre la faz de la tierra que atente contra los derechos fundamentales de los pueblos, ni contra la armonía de la naturaleza, en otros términos, ningún negocio puede ser éticamente posible, si significa cercenar las libertades, los derechos, particularmente el derecho a la vida y al territorio”.
La dirigencia política debe responder si es ético avalar o respaldar el negocio en las condiciones como está planteado por Emgesa, que favorece exclusivamente sus intereses en contra del desarrollo humano sostenible del Huila y de la calidad de vida de las comunidades locales. Pero también compete a la dirigencia empresarial asumir su propia responsabilidad y no continuar difundiendo el falso discurso del desarrollo y el progreso de los huilenses como cortina de humo para ocultar su aspiración a participar de las dádivas y migajas que vienen mendigando a la empresa española Emgesa, debido a que no existen las condiciones básicas para que todos los actores involucrados pueden decidir en términos de ganar. Los académicos y tecnócratas del Huila también tienen que responder por la forma como se impuso a sus espaldas el megaproyecto, por la ausencia de estudios o por la complacencia con el mismo bajo el supuesto de las bondades para el desarrollo regional.
Las comunidades, como conclusión fundamental del segundo foro, reclaman la solidaridad humana de defensa de la vida, del territorio, del río Magdalena, del agua, de la libertad, de la participación y de la movilización social y responsabilizan de las consecuencias que pueda tener la implementación de este megaproyecto, en las condiciones en que están planteadas, a nuestra clase dirigente política, empresarial y académica. Esta demanda implica la participación directa de las organizaciones sociales, políticas y de la ciudadanía en generar todas las acciones de resistencia civil contra la construcción de este tipo de represas y la formulación de alternativas viables que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de nuestras comunidades.
Producto del II Foro fue la conformación de la Mesa Regional de Discusión y Formulación de Alternativas para la Zona de El Quimbo concebida como espacio de discusión y análisis de los impactos sociales, culturales y ambientales y de construcción de alternativas regionales de desarrollo humano sostenible para las comunidades de dicha zona.
Tercer Foro
Por la defensa del territorio y las comunidades del Alto Magdalena se realizó el III Foro El Quimbo: participación ciudadana y movilización Social el 25 de septiembre de 2008 en el Municipio de El Agrado Huila.
No obstante, que la multinacional española EMGESA afirmara que había cumplido con los requerimientos legales de acercamiento, información, interlocución y consulta con las comunidades, las administraciones municipales, departamental y las instituciones pertinentes; también es cierto, que no se avanzó en los procesos de concertación. De tal manera, que las comunidades afectadas fueron sometidas a la incertidumbre y al abandono total por parte del Estado, y se han visto presionadas a “negociar” directamente con la multinacional en condiciones desventajosas. En la práctica, se reduce a todo el mundo a simples negociantes y se desconoce la existencia de las instituciones y de sus personeros. De manera que ciudadanos del común y autoridades, presentan su “lista de mercado” donde incluyen cualquier tipo de demanda personal o colectiva sin importar que pueda estar en contravía de las Planes de Desarrollo Municipal.
El resto de los huilenses, que de manera indirecta también saldrán afectados, desconocen por completo los estudios de identificación, caracterización, evaluación de impactos y las subsiguientes medidas de manejo que la parte interesada ha presentado a las autoridades correspondientes.
La situación es aún más grave, cuando el Estado abandona su función de defender el interés público y, en especial, la soberanía nacional, y sin notificar previamente a los municipios ni a ninguno de los afectados, y sin que se hubiese expedido la Licencia Ambiental, el presidente de la República mediante Resolución número 321 del 1 de septiembre de 2008, declaró de utilidad pública e interés social a favor de Emgesa, “los terrenos necesarios para la construcción y operación del proyecto hidroeléctrico El Quimbo”, liquidando el proceso de socialización con las comunidades y las autoridades locales; garantizando que Emgesa de manera agresiva imponga sus condiciones en los procesos de concertación o expropie los bienes de las comunidades localizadas en el área de afectación del proyecto, condenándolas al desplazamiento forzoso, al hambre y a la miseria.
El gobierno argumentó que la decisión tomada hacía parte de la denominada “confianza inversionista” que no es más que el favorecimiento del capital extranjero en detrimento de los intereses nacionales. O cómo se explica que en julio de 1997 el Ministerio del Medioambiente afirmara que “ninguna de las alternativas presentadas en el diagnóstico ambiental era viable. Se alegó entonces que el impacto social no era positivo, debido a criterios como la afectación de las tierras con aptitud agrícola de la región y la dificultad de restituir la actividad productiva en la Zona”. Y en noviembre de 2007, ante una solicitud de Emgesa con un mes de anterioridad, el Ministerio de Agricultura conceptuó a petición de Minambiente, considerando sólo los aspectos pecuarios y agrícolas, que el proyecto Quimbo era “socioeconómicamente viable” ¿Qué cambió en 10 años, para que el concepto virara 180 grados?
En este hecho que estamos enfrentando, se expresa una de las principales falencias de nuestro sistema político que está construido para que determinadas decisiones de política pública que afectan y a veces cambian radicalmente la vida de comunidades enteras, se tomen sin ningún procedimiento democrático y de participación ciudadana.
Para el caso de El Quimbo, quines decidieron la construcción del proyecto fueron los interesados en el negocio y unos funcionarios públicos que no están sometidos a control político directo y en un proceso de decisiones que no pasan por ningún debate público. Este es uno los problemas de fondo de la democracia representativa formal. Unos funcionarios prevalidos del hecho de ser designados por servidores elegidos democráticamente, como lo sostuvo el abogado ambientalista Guillermo Asprilla, toman decisiones que afectan la vida de miles o millones de personas para bien o para mal.
En el caso de El Quimbo se ejemplifica esta falencia del sistema político colombiano: Los ciudadanos no tienen poder de decisión sobre las políticas públicas fundamentales. Y ni siquiera las instancias representativas como el congreso, las asambleas departamentales y los concejos municipales. Para el caso que nos ocupa, jurídicamente ninguna de estas corporaciones tiene competencia para decidir. Los únicos que si la tienen son las oficinas dependientes del poder ejecutivo en los ministerios del Medioambiente y de Minas y Energía, como lo preciso el abogado Asprilla.
¿Qué podemos hacer desde el ámbito jurídico cuando las decisiones políticas han sido tomadas y el contrato adjudicado a Emgesa? Cuando resta un solo paso: que es el otorgamiento de la licencia ambiental, trámite regulado por la Ley 99 de 1993, es necesario solicitar su aplazamiento, porque en consonancia con la Constitución de 1991, es necesario tramitar dos aspectos importantes: uno, revisar toda la información para el otorgamiento de la licencia ambiental que es pública. Y dos, solicitar la realización de una audiencia pública, que puede ser a petición del Procurador, el Defensor del Pueblo o de una parte de la comunidad.
Pero, desafortunadamente, la audiencia pública no tiene efecto decisorio. Y en general la experiencia colombiana nos dice que en el caso de estos megaproyectos, el Minambiente siempre termina concediendo la licencia.
En consecuencia, se requiere no sólo de apelar al uso de los mecanismos de participación ciudadana, sino, de suscitar la mayor movilización social y política posible de lograr debido a que las posibilidades jurídicas de enfrentar una demanda y ganarla son muy limitadas.
Es necesario aclarar que en Colombia el estudio de impacto ambiental está lejos de ser un estudio científico riguroso e imparcial sobre los impactos de un proyecto. Todo lo contrario: es la defensa técnico-jurídica contratada y pagada por la empresa interesada en el proyecto, de modo que el estudio de impacto nunca es imparcial. A esto agreguemos que el componente Plan de Manejo Social, no es ni concesión ni compensación, sino una obligación legal de todo estudio de impacto.
Este es el principal desafío para la comunidad porque para enfrentar los argumentos del estudio de impacto ambiental es necesario constituir un equipo multidisciplinario con una capacidad igual o similar a la del equipo que realizó el estudio de impacto que analice cada uno de los aspectos técnicos, sociales, económicos, entre otros, para lograr demostrar las insuficiencias e inconveniencias del estudio en cuestión. De manera que queda claro que no es suficiente el discurso político que cuestiona el proyecto.
Aparte de la audiencia pública, existen otras posibilidades. En la Ley 134 de 1994 o ley de participación política y ciudadana, está regulado el procedimiento para los cabildos abiertos, las consultas, los referendos, plebiscitos, entre otros. El artículo 105 de la Constitución Política, establece la facultad de los alcaldes de convocar consultas populares. Y el artículo 2 de la Constitución Política consagra como uno de los fines esenciales del estado “facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica administrativa y cultural de la Nación”.
El artículo 311 constitucional estipula que corresponde al municipio “ordenar el desarrollo de su territorio” y los numerales 7 y 9 del artículo 313 establecen que corresponde a los concejos municipales “reglamentar los usos del suelo” y “dictar las normas necesarias para el control, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural del municipio”.
Pero en particular los cabildos y la consulta, son mecanismos que deben ser ejecutados para asegurar que las comunidades afectadas ejerzan su legítimo derecho a decidir.
Puede concluirse entonces, que no sólo es un derecho de la ciudadanía, sino que es un deber de las autoridades municipales, tomar las medidas e iniciativas, previstas en la ley, para acordar lo más conveniente para el desarrollo del municipio y para la vida de sus habitantes, frente a un proyecto de un impacto tan significativo.
A manera de resumen y conclusión, precisemos cuáles fueron las tareas aprobadas en el Tercer Foro:
1. Entablar la acción de nulidad de la Resolución 321 que declara de utilidad pública los terrenos para la construcción del megaproyecto
2. Iniciar acción de tutela para proteger los derechos fundamentales de los afectados por la Resolución 321.
3. Realizar una consulta popular en el Municipio de El Agrado –en primera instancia– para que la comunidad decida sobre la construcción del megaproyecto hidroeléctrico.
4. Solicitar al Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial el aplazamiento de la Licencia ambiental a EMGESA por un periodo no inferior a 6 meses requerido como mínimo para realizar los estudios de Impacto Ambiental que se derivan de las recomendaciones formuladas por la CAM y de las conclusiones de los Foros organizados por las comunidades locales con el acompañamiento de Plataforma Sur de Organizaciones Sociales. Este estudio debe ser financiado por el Gobierno Departamental y realizado por el Equipo Interdisciplinario de investigación y consulta propuesto por el II Foro El Quimbo: Asunto Ético y Político realizado en la USCO.
5. Revisión integral del Contrato de Concesión, mediante el cual se autorizó por tiempo indefinido a la multinacional española EMGESA para que con recursos propios únicamente y para su único y exclusivo beneficio construya la central hidroeléctrica El Quimbo, y formulación de alternativas que garanticen el desarrollo humano sostenible de la zona y del Departamento del Huila.
6. Solicitar al Gobernador del Huila la convocatoria de un Referendo Departamental sobre el mencionado megaproyecto.
7. Organizar y movilizar a las comunidades locales y de todo el Departamento del Huila en defensa de sus propios territorios, Planes de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial desde el enfoque de desarrollo humano sostenible
8. Solicitar a los representantes del Huila ante el Senado y Cámara promuevan de inmediato un debate en el Congreso sobre el megaproyecto por cuanto afecta los intereses de toda la nación.
9. Solicitar a la Contraloría los “Estudios de valoración de bienes y servicios ambientales” con el propósito de conocer desde una fuente confiable lo que se posee.
10. Convocar a organizaciones internacionales defensoras del medio ambiente y de los derechos humanos y a la Comunidad de Naciones a pronunciarse a favor de las demandas de las comunidades del Alto Magdalena.
11. Acoger plenamente la Declaración Internacional de Lorica Córdoba emanada del IV Encuentro de la Red Latinoamericana contra Represas y por los Ríos, sus Comunidades y el Agua, celebrada el pasado 26 de Julio con representantes de pueblos indígenas, afrodescendientes, campesinos y otros sectores sociales de México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, Italia y Estados Unidos que se ocupó del análisis de la coyuntura regional, el intercambio de experiencias de resistencia contra las represas y propuso estrategias para la defensa de los territorios, el agua, la cultura y la vida.
Neiva, noviembre de 2008
7 comentarios
tania muñoz -
David -
Andrea -
cristian -
Néstor Jaime Ocampo Giraldo -
Me gustaría saber más de lo de "El Quimbo" para difundirlo en un programa radial que tenemos en la "U" FM "Meridiano Ambiental".
Un abrazo.
Néstor Ocampo Giraldo
FUNDACÍON ECOLÓGICA COSMOS
Calarcá, Quindío, Colombia.
Llermi -
una abeja -