Declaración de Plataforma Sur de Organizaciones Sociales a propósito de la instalación de la "Mesa de Concertación para El Quimbo", realizada en la Casa de Nariño
1.- Introducción
Durante el año que culmina, los huilenses hemos asistido a la controversia pública más importante de los últimos tiempos que compromete la suerte del desarrollo de la región, la vida de nuestras comunidades, de los recursos hídricos y nuestra capacidad de decidir democráticamente nuestro destino económico, social, político y ambiental.
De la mano de las comunidades directamente afectadas por la construcción del megaproyecto hidroeléctrico de El Quimbo, localizado en el corazón de la tierra de La Gaitana y con el acompañamiento de la Plataforma Sur de Organizaciones Sociales, de las personalidades democráticas y responsables ética y ambientalmente, los opitas, cada vez en mayor número, venimos construyendo caminos de concertación y alternativas viables a las pretensiones del gobierno nacional y de su concesionaria, la multinacional Emgesa, de convertir al Huila, a nombre de un desarrollismo desaforado, en un inmenso charco de agua exclusivamente destinado a la generación de energía para los mercados principalmente internacionales y de espaldas a las verdaderas demandas del desarrollo regional humano y sostenible de nuestro territorio y del país.
En efecto, previo a algunas visitas de campo y ejercicios de discusión en terreno y concertación, por iniciativa de las comunidades locales de El Agrado (La Escalereta), Gigante y Garzón, con el acompañamiento de la Plataforma Sur de Organizaciones Sociales, se convocó al Primer Foro El Quimbo: ¿crecimiento o desarrollo sostenible?, realizado el 31 de Julio en la Asamblea del Huila.
El Foro confirmó la duda, como en el refrán popular "de eso tan bueno no dan tanto" y permitió a las comunidades presentes ratificar su oposición al ‘negocio de El Quimbo', no sólo por los contundentes argumentos científicos, sino porque como está planteado, y fue reconocido por la misma multinacional Emgesa, tiene como único propósito la generación rentable de energía para la empresa, sin que a nuestro departamento ni al país le genere ninguna ganancia económica, social, cultural ni ambiental.
Durante el foro, al contrastar los argumentos presentados por el Director Administrativo de Emgesa, los representantes del gobierno y los de algunos gremios económicos con los aportados por miembros de las comunidades académicas y representantes de las comunidades locales, se expresaron dos visiones del desarrollo:
Una primera visión que reduce el desarrollo al crecimiento económico. Para el caso, se afirma desde algunos círculos de poder que se trata de una gran inversión para el desarrollo y el progreso que convertiría al Huila en "una potencia energética nacional y como paso previo el fortalecimiento de la industria piscícola y el turismo", compatible con la necesidad de cumplir con El Plan Nacional de Desarrollo y la Agenda de Productividad y Competitividad Nacional, así como con la Agenda Interna de Productividad y Competitividad del Huila. Desde esta perspectiva la opción es hacer parte de un ‘negocio' en el que priman los intereses particulares sobre el interés público, ocultando que los denominados ‘dinosaurios modernos' (las represas) están en desuso en el mundo y en América Latina y que existen otras alternativas energéticas viables y sostenibles que contribuyen al bienestar de las comunidades como la eólica, solar, atómica o las micro-represas.
Otra visión define el desarrollo como mejoramiento integral de la calidad de vida de las comunidades, para lo cual debe asegurarse la sostenibilidad ambiental, económica, social y cultural. Desde esta perspectiva, se insiste en la importancia de garantizar la seguridad y soberanía alimentarias, el acceso a los recursos como el agua y la tierra, la defensa de las economías campesinas y de las unidades productivas de los medianos y pequeños productores, el derecho al trabajo, a la conservación del tejido social y al sentido de pertenencia; a la preservación de los ecosistemas estratégicos y a la participación de las comunidades en la elaboración y verificación de los planes, programas y proyectos que aseguren el desarrollo humano sostenible.
El 28 de agosto se realizó en la USCO el II Foro "El Quimbo: Asunto Ético y Político" donde se planteó que frente a la frustración que significó Betania, la construcción de un nuevo embalse para la generación de energía no puede derivar de nuevo en ganancias para sus inversionistas, contratistas y políticos involucrados, y miseria y pobreza para el resto de los huilenses y las generaciones futuras que vivirán el rigor de las alteraciones ambientales provocadas por este tipo de megaproyectos. En efecto, la mayor responsabilidad directa de estas consecuencias, que podrían evitarse, recaerán en las elites dirigentes, por su miopía y egoísmo, por su ignorancia y subordinación a todo tipo de intereses extranjeros.
Se sostuvo en el II Foro, que la construcción de estos megaproyectos, es una gran tentación para el ejercicio de la corrupción y la falta de transparencia. Las experiencias históricas señalan que estos mega proyectos, usualmente están asociados a tres factores fundamentales: uno, relacionado con el modelo de desarrollo neoliberal de apropiación privada de los bienes y recursos en pocas manos; otro, con un estilo autoritario y despótico de tomar las decisiones desde el centro, y el tercero, con la facilidad para el manejo y la dilapidación de los recursos públicos, es decir, para ejercer la corrupción, por un lado de los funcionarios públicos y por el otro, el soborno a las comunidades.
El mismo Banco Mundial ha obligado a las empresas comprometidas con estos megaproyectos a aplicar y desarrollar el concepto de "la responsabilidad social empresarial", en términos de la sostenibilidad de estas apuestas económicas con una visión integral del desarrollo. Implica, además, que el crecimiento económico y la productividad de las empresas deben asociarse simultáneamente con la defensa de las libertades y los derechos de las personas, de los mecanismos de participación ciudadana, es decir, muchos de los propios promotores de estos megaproyectos, han visto que hay una responsabilidad ética, aún, en la lógica empresarial, que es indelegable. Por supuesto, que si hablamos de una responsabilidad ética, es porque no debería haber un negocio sobre la faz de la tierra que atente contra los derechos fundamentales de los pueblos, ni contra la armonía de la naturaleza, en otros términos, ningún negocio puede ser éticamente posible, si significa cercenar las libertades, los derechos, particularmente el derecho a la vida y al territorio.
Como resultado de este Foro se conformó la Mesa Regional de Discusión y Formulación de Alternativas para la Zona de El Quimbo y se propuso un Equipo Interdisciplinario de Investigación y Consulta que indague y sistematice sobre los impactos sociales, culturales y ambientales y de construcción de propuestas regionales de desarrollo humano sostenible para las comunidades de dicha zona.
Somos conscientes, como lo expresamos en nuestros documentos, que en este hecho que estamos enfrentando, se expresa una de las principales falencias de nuestro sistema político que está construido para que determinadas decisiones de política pública que afectan y a veces cambian radicalmente la vida de comunidades enteras, se tomen sin ningún procedimiento democrático y de participación ciudadana.
Para el caso de El Quimbo, quienes decidieron la construcción del proyecto fueron los interesados en el negocio y unos funcionarios públicos que no están sometidos a control político directo y en un proceso de decisiones que no pasan por ningún debate público. Este es uno los problemas de fondo de la democracia representativa formal. Unos funcionarios prevalidos del hecho de ser designados por servidores elegidos democráticamente, toman decisiones que afectan la vida de miles o millones de personas para bien o para mal.
En el caso de El Quimbo se ejemplifica esta falencia del sistema político colombiano: Los ciudadanos no tienen poder de decisión sobre las políticas públicas fundamentales. Y ni siquiera las instancias representativas como el Congreso, las Asambleas Departamentales y los Concejos Municipales. Para el caso que nos ocupa, jurídicamente ninguna de estas corporaciones tiene competencia para decidir. Los únicos que si la tienen son las oficinas dependientes del poder ejecutivo en los ministerios del Medioambiente y de Minas y Energía, como lo precisó el abogado Asprilla.
¿Qué podemos hacer desde el ámbito jurídico cuando las decisiones políticas han sido tomadas y el contrato adjudicado a Emgesa? Cuando resta un solo paso que es el otorgamiento de la licencia ambiental, trámite regulado por la Ley 99 de 1993, es necesario solicitar su aplazamiento, porque en consonancia con la Constitución de 1991, se deben tramitar dos aspectos importantes: uno, revisar toda la información para el otorgamiento de la licencia ambiental que es pública. Y dos, solicitar la realización de una audiencia pública, que puede ser a petición del Procurador, el Defensor del Pueblo o de una parte de la comunidad.
Pero, desafortunadamente, la audiencia pública no tiene efecto decisorio. Y en general la experiencia colombiana nos dice que en el caso de estos megaproyectos, el Minambiente siempre termina concediendo la licencia.
En consecuencia, se requiere no sólo apelar al uso de los mecanismos de participación ciudadana, sino, de suscitar la mayor movilización social y política posible de lograr debido a que las posibilidades jurídicas de enfrentar una demanda y ganarla son muy limitadas.
Es necesario aclarar que en Colombia el estudio de impacto ambiental está lejos de ser un estudio científico riguroso e imparcial sobre los impactos de un proyecto. Todo lo contrario: es la defensa técnico-jurídica contratada y pagada por la empresa interesada en el proyecto, de modo que el estudio de impacto nunca es imparcial.
2.- En qué vamos
Desde el comienzo supimos de la magnitud del reto que tendríamos que enfrentar. Por eso iniciamos este largo proceso de construcción de consensos y alternativas a los desafíos planteados por el megaproyecto mediante encuentros directos con las comunidades, talleres, seminarios, campañas de divulgación de los impactos negativos, foros, audiencias populares y debate en el Congreso cuya primera fase culminó el pasado 11 de diciembre con el encuentro en la Casa de Nariño con el Presidente Uribe y donde ratificamos nuestra decisión indeclinable de oponernos a la construcción de la represa, en las condiciones que está planteada y por las consideraciones que hemos expuesto en el curso de los distintos foros y debates públicos.
En Efecto, El 11 de diciembre de 2008 el presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, instaló en Casa de Nariño la Mesa de Concertación de El Quimbo, con el fin de buscar consensos entre las comunidades, el Estado y la empresa EMGESA, que favorezcan los intereses regionales y nacionales, frente a la construcción de la Hidroeléctrica de El Quimbo. Con inexplicable ausencia del gobernador del Huila, Luis Jorge Sánchez García, participaron: el presidente Uribe, representantes de las comunidades y alcaldes de la zona afectada, Plataforma sur de Organizaciones Sociales, la mayoría de los parlamentarios huilenses, la Corporación Autónoma del Alto Magdalena, la Universidad Surcolombiana, el ministro de Minas y Energía, Hernán Martínez, la Vice Ministra del Medio Ambiente y los representantes de la constructora española Emgesa.
Allí básicamente se defendieron dos posiciones: 1) La del Presidente Uribe, quien aseguró que la represa no tendrá reversa porque la decisión de su construcción obedeció a propósitos asociados a la estrategia nacional de seguridad energética, avalada por la solicitud de cuatro ex gobernadores del Huila y porque una vez acogida ésta, y firmado el contrato de concesión, no se puede debilitar la confianza inversionista, y aseguró que su gobierno dará garantías a la región y a las comunidades para que haya equilibrio y los actores no resulten afectados. 2) La de Plataforma Sur de Organizaciones Sociales, recogiendo la vocería de amplios sectores de las comunidades afectadas, y las conclusiones del debate en el Congreso de la República, planteó: Tal como está pactado el contrato de concesión, la construcción de la hidroeléctrica representa una inmensa pérdida para la región en lo económico, lo sociocultural y lo ambiental, favoreciendo exclusivamente los intereses de EMGESA. Además, se requiere de un estudio previo confiable y acorde con los intereses nacionales, regionales y locales que garantice el desarrollo equitativo y sostenible, como condicionante a la expedición de la licencia ambiental.
3. Argumentos de Plataforma Sur sobre la inviabilidad del megaproyecto.
1. El Gobierno Colombiano no ordenó a una entidad nacional confiable el estudio socioeconómico sobre el Megaproyecto, previsto en el Parágrafo del Art. 6º de la Ley 56/81 que a la letra dice: "...en el caso de obras pertenecientes a empresas privadas, el estudio socio-económico será hecho por la entidad que señale el Gobierno" y que garantice la defensa de los intereses nacionales, regionales y locales. Por el contrario, el Gobierno se basó para el otorgamiento de la concesión, en estudios realizados por la empresa EMGESA, que como se ha demostrado en los diferentes foros sobre el Tema, desconocen, o no tienen en cuenta, aspectos prioritarios para las comunidades y la región. Además, es obvio que no se puede ser juez y parte a la vez.
2. Directivos de EMGESA, en sus diferentes propuestas, presentan las obras de mitigación y los pagos que efectuará la transnacional a favor de las comunidades o de las entidades territoriales como compensaciones o concesiones, cuando en realidad son parte de las obligaciones legales contempladas en el Plan de Manejo Social. Estas compensaciones son ínfimas en relación con la productividad cesante y con las utilidades de la Multinacional. De acuerdo con las cifras presentadas por el Dr. Eduardo Patarroyo, exdirector de la CAM, durante el debate en el Senado el 13 de diciembre de 2008, con el agravante que la concesión es a término indefinido, se resumen así:
- EMGESA reconoció finalmente que, con la construcción de la represa, la productividad cesante anual ascendería a $ 31.980 millones, valores presentes, (corrigiendo la cifra divulgada inicialmente de $ 15.100 millones -muestra de la poca confiabilidad de las cifras expuestas por la Multinacional-), que calculada a 50 años representaría $ 1.599.000 millones. La compensación anual ofrecida es de $ 7.038 millones (incluidos impuestos predial y de industria y comercio), que por los mismos 50 años representaría $ 351.900 millones, lo que equivale a una pérdida para la región, en el supuesto de que no haya mejora en la productividad actual, de $ 1.247.100 millones. Esta es apenas una aproximación de la entrega de nuestro patrimonio en aras de la "confianza inversionista", pregonada por el presidente Uribe y apoyada por gremios y sectores de la dirigencia política tradicional.
- La astronómica pérdida regional contrasta con las proyecciones de las utilidades que recibiría EMGESA, en el evento de realizarse la hidroeléctrica en las condiciones actualmente contratadas: la inversión inicial de $ 1.575.000 millones, (US 700 millones), se recuperaría en los primeros 12 años, si se tiene en cuenta que la utilidad anual sería de $ 157.500 millones, (US 70 millones). En los 38 años restantes EMGESA obtendría una utilidad neta de $ 5.980.000 millones, (US 2.660 millones). De estas gigantescas cifras solamente habría que deducir los $ 14.000 millones iniciales, (US 6.22 millones), que pagaría por una sola vez la multinacional, para una utilidad neta de $ 5.966.000 millones, (US 2.651.55 millones). Los dueños del territorio resultamos siendo los grandes perdedores económicamente, sin tener en cuenta los daños colaterales sobrevinientes, mientras que los "inversionistas" resultarían como inmensos beneficiarios.
Uno de estos daños colaterales consiste en que el proyecto solamente es unipropósito, es decir, para la generación rentable de energía para la empresa, sin que ni al Departamento ni al país le genere ninguna otra ganancia económica, social, cultural ni ambiental en la zona. No obliga a EMGESA a realizar otras inversiones distintas a las pactadas en el contrato de concesión. En otros términos, no existe ninguna oportunidad para los grandes negocios con los que sueñan algunos empresarios del Huila.
3. Probablemente el presidente Uribe, presionado por las comunidades, y repensando la magnitud del mal negocio, en el Consejo Comunitario No. 219 realizado el 29 de noviembre de 2008 en el Municipio de la Plata Huila, expresó que "el gobernador del Huila dispone de una platica" para invertir en la construcción de la Hidroeléctrica, entendimos como participación accionaria. En la instalación de la Mesa de Concertación, adicionalmente manifestó la necesidad de garantizar "equidad y sostenibilidad en el negocio". Sin embargo, desconoció la propuesta de condicionar la licencia ambiental a la realización de un estudio de impactos económicos, ecológicos y socioculturales, el cual sería realizado por la USCO, lo que además había sido aprobado en el debate del Congreso y avalado por el Minambiente. Estaríamos abocados a la aprobación inmediata de la licencia ambiental para iniciar la obra a comienzos del año próximo y, la Mesa de Concertación, quedaría a merced de lo que EMGESA ofrezca para satisfacer apetitos de particulares y oficiales de los transaccionistas del Huila y del país.
4. Quizás todo lo anterior explica que en julio de 1997 el Ministerio del Medioambiente afirmara que "ninguna de las alternativas presentadas en el diagnóstico ambiental era viable". Y en noviembre de 2007, ante una solicitud de Emgesa con un mes de anterioridad, el mismo Minambiente conceptuó, considerando sólo los aspectos pecuarios y agrícolas, que el proyecto Quimbo era "socioeconómicamente viable" ¿Qué cambió en 10 años, para que el concepto virara 180 grados? (ver oficio no 5742 del 9 de mayo de 2008 dirigido al Senador Jorge Enrique Robledo por el Director de Desarrollo Rural Javier Romero Mercado)
5. Sin notificar previamente a los municipios ni a ninguno de los afectados, como lo consigna la legislación colombiana para estos casos, y sin que se hubiese expedido la Licencia Ambiental, el presidente de la República mediante Resolución número 321 del 1 de septiembre de 2008, declaró de utilidad pública e interés social a favor de Emgesa, "los terrenos necesarios para la construcción y operación del proyecto hidroeléctrico El Quimbo". Con esta autorización EMGESA podrá reclamar "la expropiación e impondrá las servidumbres que sean necesarias" en caso que los titulares de los bienes se nieguen a vender. Este proceso no fue debidamente consultado ni acordado previamente con los implicados, generando desconcierto y malestar dentro de las comunidades directamente afectadas y en la comunidad regional en general, teniendo en cuenta que no se les ha permitido conocer los graves impactos sociales, económicos, ecológicos y sociojurídicos que produciría la realización del megaproyecto.
4. Propuestas para la Mesa de Concertación de El Quimbo
Extraña que el liderazgo reclamado al gobernador del Huila por diferentes actores económicos, sociales y políticos en torno a la defensa de los intereses regionales, no haya sido asumido, lo que implicó la ausencia de una posición unificada y desembocó en la dispersión de muchos de los participantes, durante la instalación de la Mesa de Concertación. Esto, además, facilitó al Presidente imponer su particular punto de vista y propiciar los apetitos transaccionistas de la mayoría de los sectores políticos tradicionales. En consecuencia, no hubo consensos en torno a los aspectos fundamentales de la problemática generada por la concesión de la Hidroeléctrica de El Quimbo.
Ante la falta de coordinación desde el gobierno departamental y de los municipios afectados, Plataforma Sur reclama la responsabilidad de los miembros de la Mesa de Concertación, frente a la necesidad de construir una agenda unificada, para lo cual formulamos las siguientes propuestas, sobre la base del rescate de los consensos previamente logrados.
1. Partir del reconocimiento pleno de la vigencia de todos los puntos concertados en el Debate del Congreso Nacional y otros escenarios previos, a saber:1) El Proyecto hidroeléctrico como está planteado es un negocio que sólo favorece los intereses económicos de la multinacional EMGESA. 2) La resolución 321 del primero de septiembre que declaró de "utilidad pública los terrenos necesarios para la construcción de la represa" tiene vicios de inconstitucionalidad al violar el debido proceso de los directamente afectados, razón por la cual se deben apoyar las acciones de tutela y nulidad en curso. 3) El Ministerio de Ambiente debe supeditar la licencia ambiental a las conclusiones del estudio de impactos, bajo la coordinación de la USCO, financiado por el Departamento del Huila, por un monto de $ 110 millones, en cumplimiento de lo prometido por el señor Gobernador, y en donde se garantice la defensa de los intereses nacionales, regionales y locales.
2. Desarrollar en la Mesa Regional de Análisis y Alternativas, una agenda que permita llevar propuestas unificadas a la Mesa de Concertación para El Quimbo. Éstas deben ser producto de la investigación realizada por el equipo de USCO y alimentar el marco de decisiones estratégicas sobre la conveniencia o no del proyecto, tal como viene siendo formulado por la multinacional Emgesa y el gobierno nacional.
3. Los integrantes de la Mesa de Concertación deben operar en cuatro comisiones, según los ejes previstos en el estudio: económica, ecológica, sociocultural y sociojurídica, las cuales deben proveernos a los huilenses de los insumos necesarios para la toma de decisiones. .
4. EMGESA debe entregar por escrito sus propuestas en torno a los ejes de estudio, tanto a las comisiones de la Mesa de Concertación, como al equipo responsable de la investigación, para su respectivo análisis y debate público.
5. Solo sobre la base de asegurar las condiciones mínimas de viabilidad y sostenibilidad económica, social y ambiental de El Quimbo, gestionar la posible participación del Huila como accionista y miembro de la Junta Directiva de la Concesionaria EMGESA, a través de la mediación del Alcalde Samuel Moreno, habida cuenta que el Distrito Capital tiene participación mediante su Empresa de Energía de Bogotá en la mencionada concesionaria. Alternativamente, estudiar la viabilidad de la participación accionaria de las mismas comunidades y otros sectores regionales para asegurar el control por el Departamento de la Empresa de Energía del Huila, de tal manera que ésta actúe como socio gestor buscando aliados estratégicos externos.
6. En todo caso, la garantía de realización de nuestro pliego de reestructuración del megaproyecto está asociado con el impulso de diversas acciones de organización, divulgación y movilización social local, regional, nacional e internacional, orientadas a asegurar los derechos de las comunidades afectadas y los intereses regionales, con las cuales la Plataforma Sur de Organizaciones Sociales está comprometida desde el comienzo.
5. Nuestra responsabilidad
La dirigencia política debe responder si es ético avalar o respaldar el negocio en las condiciones como está planteado por Emgesa, que favorece exclusivamente sus intereses en contra del desarrollo humano sostenible del Huila y de la calidad de vida de las comunidades locales. Pero también compete a la dirigencia empresarial asumir su propia responsabilidad y no continuar difundiendo el falso discurso del desarrollo y el progreso de los huilenses como cortina de humo para ocultar su aspiración a participar de las dádivas y migajas que vienen mendigando a la empresa española Emgesa, debido a que no existen las condiciones básicas para que todos los actores involucrados pueden decidir en términos de ganar. Los académicos y tecnócratas del Huila también tienen que responder por la forma como se impuso a sus espaldas el megaproyecto, por la ausencia de estudios o por la complacencia con el mismo bajo el supuesto de las bondades para el desarrollo regional.
Las comunidades, reclaman la solidaridad humana de defensa de la vida, del territorio, del río Magdalena, del agua, de la libertad, de la participación y de la movilización social y responsabilizan de las consecuencias que pueda tener la implementación de este megaproyecto, en las condiciones en que están planteadas, a nuestra clase dirigente política, empresarial y académica. Esta demanda implica la participación directa de las organizaciones sociales, políticas y de la ciudadanía en generar todas las acciones de resistencia civil contra la construcción de este tipo de represas y la formulación de alternativas viables que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de nuestras comunidades.
Desde ya anunciamos y ratificamos nuestro decidido compromiso con la comunidad local, regional, nacional e internacional por construir un mundo libre de los modernos dinosaurios y nuestra adhesión incondicional a la declaración Internacional de Lorica, Córdoba, Colombia, por la defensa de las comunidades, el río, el agua, la libertad y la vida de los Huilenses .
Neiva, Cuenca del Alto Magdalena, diciembre 15 de 2008
PLATAFORMA SUR DE ORGANIZACIONES SOCIALES
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