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Miller Armín Dussán Calderón

Es necesario un pacto entre la sociedad civil de la región y la Universidad Surcolombiana

 

A estas alturas muchos ciudadanos tendrán dudas sobre si se justifica la inversión de una considerable cantidad de recursos del erario en la Universidad Surcolombiana para tan sólo saber de ésta por los escándalos protagonizados a raíz de los reiterados equívocos de algunos de los miembros del Consejo Superior Universitario, máximo organismo de dirección; escándalos de los que hacen eco, no sin razón, los medios de comunicación. Desde luego que existen una serie de razones de importancia que un ciudadano del común puede ignorar respecto de la validez de las instituciones universitarias. No obstante, la duda es válida.

Sírvanos esta reflexión y el análisis de la última decisión del Consejo de Estado que declaró nula la designación del médico Luís Alberto Cerquera como rector en propiedad de nuestra Casa de Estudios.

En primer lugar, es evidente la falta de sinergia entre, por ejemplo, las administraciones locales y la academia, no solo porque muchas de las decisiones importantes para la gente se toman sin ninguna consideración del conocimiento acumulado sobre alguna materia (agroindustria, medio ambiente, salud, educación,…) sino que además tampoco se acude a la investigación científica para solucionar los problemas y las necesidades que padecemos. Existen desde luego, muchas excepciones, pero no es la regla.

Este hecho, es decir, que la gente del común sólo aprecie el valor de la producción del conocimiento de manera práctica no debe soslayarse, pero tampoco puede reducirse la discusión en este tópico a la defensa a ultranza de la libertad de conocimiento. Entre otras razones, también por un hecho práctico: es la sociedad la que provee no solo los recursos en el caso de las instituciones estatales, sino que además es sujeto de conocimiento, de saber y experiencia. De ahí que la comunidad critique el gasto en investigaciones y ejercicios académicos innecesarios o no pertinentes como se dice en medios académicos.

Por otra parte, sectores de la comunidad tienen la percepción que los dineros se despilfarran, se derrochan o se los roban, particularmente en los contratos de compras y obras civiles. Percepción que se basa en los múltiples hallazgos que periódicamente encuentran los organismos de control, cuyos informes no siempre reciben la importancia y los correctivos que merecen de parte de la administración universitaria.

Ahora, es cierto que todos estos asuntos son polémicos, pero no debemos evadirlos. Todo lo contrario, es hora de enfrentarlos sin tapujos de frente a todos los sectores de la sociedad civil.

Es decir, existe una necesidad de convocar a un amplio debate sobre la Usco que parta de la base de rescatarla, fortalecerla y potenciarla, pero sin evadir las preguntas de otros sectores de la sociedad. El resultado de esta discusión no debería ser otro que llegar a un gran PACTO SOCIAL que le permita a la institución una auténtica gobernabilidad democrática y el ejercicio de la autonomía en los términos de la Constitución y las sentencias de la Corte Constitucional, pero también a tono con una moderna concepción del concepto de autonomía, puesto que ésta no es sólo una discusión local sino también global.

Otro elemento importante para este gran debate es el principio de la defensa de lo público, como patrimonio común de todos los asociados del Estado, y en el caso de las instituciones educativas, como legado cultural sin parangón.

Esta idea de la defensa de lo público, en tiempos de usurpación del poder del Estado, implica la relación de la institución con la sociedad civil y no solo el estatus mismo de la comunidad universitaria. Se trata de una parte de mantener las garantías liberales de educación pública, laica, obligatoria y gratuita basadas en la producción y apropiación de la ciencia y en la libertad de cátedra. Y por otra parte, de responder a las demandas de la sociedad y el desarrollo para el mejoramiento de la calidad de vida.

Y como todo pacto que se respete, es para cumplirlo. Y requiere de instrumentos de verificación y seguimiento. Por eso sería necesario la creación de veedurías a dos niveles: el interno, con la participación de la comunidad educativa desde la planeación; y el externo con la participación de las organizaciones de la sociedad civil y la ayuda de organismos de renombre como Transparencia Internacional. Cerrarle el paso a las prácticas corruptas, en un ambiente institucional y social ampliamente permeado por mafias de toda categoría requiere un esfuerzo comunitario y sostenido.

En el orden interno, para garantizar la gobernabilidad democrática, la modificación del Estatuto General en lo que respecta al mecanismo de designación del rector, debe contemplar: elección directa de un equipo de Gobierno (rector y vicerrectores) por la Comunidad Educativa que según la Sentencia C-829 de 2002 de la Corte Constitucional está integrada por docentes, estudiantes y personal administrativo, con una forma de consenso de proporcionalidad y ponderación estamentaria. El equipo de Gobierno que obtenga la mayoría de votos en la consulta será designado por el Consejo Superior para un periodo de 4 años.

También en el orden interno, pero desde la perspectiva de la academia, se requiere un consenso en la definición de las grandes líneas de investigación para que respondan, como ya lo hemos advertido, a la solución de los problemas y la satisfacción de las necesidades de las comunidades surcolombianas. Requerimos entonces de la construcción de un centro de estudios regionales con todas las garantías para su funcionamiento. En esto debemos emular a las mejores universidades de Colombia y el mundo. Este centro debe integrar y coordinar diferentes iniciativas que desde adentro y desde afuera surjan.

Nos referimos por ejemplo, a las experiencias de los observatorios sociales, de conflictos, juveniles, del delito, laborales; las redes de investigación y trabajo colaborativo, las redes de comunicación y nuevas tecnologías, entre otras. Es decir, un mecanismo que haga viable la sinergia necesaria para que la Universidad pueda ser decisiva en la orientación de la planeación participativa en todos los niveles.

Estas acciones deben estar orientadas a consolidar el trabajo al interior de todas las organizaciones sociales y a su movilización permanente en defensa de intereses específicos, pero integradas al gran proyecto de construir región y país, sustentado en el empoderamiento real de las comunidades locales. En este sentido es inaplazable la construcción de una propuesta regional alternativa vista desde la surcolombianidad en armonía con las nuevas tendencias nacionales e internacionales de consolidación de un nuevo ordenamiento económico, social, político y cultural en América Latina.

Solucionar la crisis requiere sobreponernos a los comportamientos emocionales y egoístas que oscurecen el pensamiento. Requerimos potenciar y ejercitar nuestra capacidad comunicativa y dialógica, única vía de construcción de los consensos. Esta es pues una fórmula de solución que implica un debate, una reforma estatuaria, la creación de veedurías y la construcción de nuevos escenarios para el trabajo académico y de investigación como lo puede ser el centro regional que se propone.

Neiva, 29 de abril de 2008

Miller A. Dussán Calderón

1 comentario

fernando ruiz -

Hola Profesor Miller!

Estamos completamente de acuerdo con que la elección de rector sea de manera directa sin injerencia del consejo superior, pero pienso que hay discusión con elegir un equipo de gobierno, pues considero que el rector debe tener posibilidades de cambiar su quipo de gobierno, en la eventualidad de que alguno o algunos de sus principales colaboradores no este cumpliendo cavalmente con las funciones asignadas, pues ya que si es elegido no podrá ser removido por el rector. Pienselo, eso puede traer dificultades.