Blogia
Miller Armín Dussán Calderón

Guerra y Paz

A PROPÓSITO DE LA COLABORACIÓN MILITAR

Cuando el Gobierno de Bush decidió unilateralmente invadir a Irak, el Gobierno del presidente Uribe apoyó incondicionalmente esa nefasta determinación sin consultar a los ciudadanos. La guerra fracasó porque la intención era perversa: apropiarse del petróleo a nombre de la lucha por la democracia y contra el terrorismo. El gobierno de Aznar apoyó la intervención con la presencia de militares españoles cuya consecuencia fue cientos de muertos y heridos producto del atentado en Atocha, Madrid. Los ciudadanos se levantaron y exigieron la verdad y el retiro de las tropas españolas del territorio Iraki. La respuesta la dieron en las urnas: cambiaron a Aznar por el presidente Zapatero quien en menos de seis meses cumplió con el mandato ciudadano: retiró las tropas y mantuvo la seguridad en España. El gobierno colombiano, al igual que en el pasado sin consultar al Congreso, las Cortes y los Ciudadanos está fraguando en secreto un acuerdo para que el Gobierno de EUA opere en siete bases militares en nuestro territorio bajo el supuesto de la lucha contra las drogas y el terrorismo. No se conocen aún resultados éxitosos en el mundo.

Colombia posee el 10% de la biodiversidad natural y genética de todo el planeta. Ha sido invadida por las transnacionales energéticas, mineras, de agrocombustibles, comunicaciones, protegidas por la "confianza inversionista" y "la seguridad democràtica". Casos degradantes como las minas de oro de Cajamarca y la hidroeléctrica de El Quimbo, son ilustrativas. A los EUA, al igual que en Irak, no les preocupa acabar con el negocio de las drogas, ni proteger la democracia, sino la explotación de nuestros recursos por parte de las transnacionales, la obstaculización de los procesos de integración regional y la destrucción de las organizaciones sociales y políticas que resisten por la defensa del territorio, la biodiversidad, los recursos naturales y humanos. Vienen por todo en Colombia y de paso crean las condiciones para intervenir en toda la región para apropiarse de nuestra biodiversidad, en especial, la Amazonia. En EUA se enseña que la Amazonía no es nuestra y que debe estar al servicio de los intereses de EUA.

Si la intención es la lucha contra la droga y quieren continuar con la fracasada estrategia guerrerista, ¿Por qué no instalan o fortalecen con tecnología de punta bases militares, en particular, en sus fronteras para evitar la producción y el consumo de drogas en EUA y el ingreso de las mismas a su país provenientes de diversos lugares del mundo? ¿Por qué no penalizan y colocan presos a los narcotraficantes norteamericanos? ¿Por qué el gobierno colombiano no ha solicitado en extradición a ningún narcotraficante de EUA que por proteger el consumo está estimulando la producción de la droga y la guerra en Colombia? ¿Por qué, entonces, no hacemos un convenio para que los militares colombianos también utilicen todas las bases de EUA para contribuir en la lucha contra los narcotraficantes norteamericanos que protegen la producción y consumo de la droga? A los gobiernos de EUA y de Colombia no les interesa acabar con el negocio de la droga, razón por la cual intensifican la guerra y de paso el negocio de las armas para incrementar la rentabilidad económica tanto de los traficantes de allá y en menor cuantía para los de acá.

Los ciudadanos tenemos derecho a conocer la verdad: Las bases militares favorecen la acumulación del capital al servicio de las transnacionales a través del control del territorio y la destrucción de cualquier iniciativa de integración regional y de desarrollo equitativo y sustentable por parte de nuestros pueblos. Los ciudadanos tenemos derecho a exigir la verdad sobre el contenido del "convenio de colaboración" y a decidir en defensa de nuestra soberanía. De igual manera como diferentes países de la región reclaman conocer el contenido y la intencionalidad del "convenio" los ciudadanos de Latinoamérica tenemos el legítimo derecho de exigir a cualquier país de la región que expliquen sus convenios de colaboración militar con cualquier potencia del mundo, en escenarios como UNASUR donde se pueden coordinar acciones conjuntas para prevenir cualquier intento de intervención en Latinoamérica y el Caribe. Somos los ciudadanos quienes tenemos que decidir sin someternos a la voluntad de los gobernantes. A ellos los elegimos no para que manden sino para que gobiernen obedeciendo a nuestra voluntad y garantizando nuestros derechos. No olvidemos que los hombres y mujeres realmente libres son aquellos capaces de decidir colectiva y argumentativamente el destino de sus propias vidas y de su propio país. Nosotros somos capaces de resolver nuestros conflictos sin ninguna subordinación. No más embrujamientos autoritarios en ningún lugar del planeta.

ACUERDO HUMANITARIO Y NEGOCIACIÓN POLITICA EN COLOMBIA

Miller Armín Dussán Calderón[1].

 

En las grandes movilizaciones del 4 de febrero y del 6 de marzo al igual que en la reciente reunión del Grupo de Río realizada en Santo Domingo existieron expresiones que reclamaban por el Acuerdo Humanitario y la búsqueda de la Paz en Colombia.

El debate se profundizó a raíz de la liberación de Clara Rojas y Consuelo González de Perdomo y los acontecimientos que tuvieron lugar el 1 de marzo de 2008, cuando, según la declaración de la cumbre de Río, "Fuerzas Militares y efectivos de Colombia incursionaron en territorio de Ecuador, en la provincia de Sucumbíos, sin consentimiento expreso del gobierno de Ecuador, para realizar un operativo en contra de miembros de un grupo irregular de las Fuerzas Armadas y Revolucionarias de Colombia (FARC), que se encontraba clandestinamente acampando en el sector fronterizo ecuatoriano".

El presidente Hugo Chávez en su informe anual ante la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela abrió la polémica al plantear que los dos principales grupos guerrilleros colombianos "son verdaderos ejércitos, que ocupan espacio en Colombia...hay que darles reconocimiento a las Farc y al Eln son fuerzas insurgentes que tienen un proyecto político, que tienen un proyecto bolivariano que aquí es respetado". Además, agregó que para normalizar las relaciones con el Estado colombiano es necesario que este gobierno les quite al Eln y a las Farc el calificativo de grupos "terroristas". A tal solicitud y exigencia el gobierno de Colombia respondió que "el uso de la fuerza o solamente su amenaza contra la democracia, es puro terrorismo...En Colombia los grupos violentos atentan contra la democracia; en consecuencia, el calificativo que merecen es el del terroristas", "...por atentar contra una democracia respetable y por sus métodos de exterminio de la humanidad".

En Colombia esta polémica no es nueva. El expresidente, Alfonso López Michelsen, venía sosteniendo que "...los grupos insurgentes de Colombia en su condición de tales tienen el carácter de grupos políticos; no se requiere que haya una declaratoria oficiosa de los gobiernos para que tengan tal estatus". Además, el jurista y político recuerda que "en su acción político-militar incurren en actos violentos que no siempre pueden ser englobados con el carácter de actos terroristas cuando ocurren en acciones de guerra contra los gobiernos; y que también son responsables de delitos de lesa humanidad. Pero, el que incurran en ellos no hace que pierdan su carácter de actores políticos, ni que por ser tales pueden reclamar en su beneficio la impunidad, o la inimputabilidad(...)."

Carlos Gaviria Díaz en declaraciones recientes sostuvo que es "muy distinto" el reconocimiento de la calidad de insurgente, que el reconocimiento de beligerancia, especialmente en el Derecho Internacional las consecuencias son fundamentalmente diferentes. Para el jurista tanto las Farc como el Eln cometen "sin duda alguna" "actos terroristas", los cuales "deben ser castigados con el rigor de la legislación nacional e internacional". Agrega que "no obsta para que se le reconozca un status de insurgente porque son insurgentes". Concluye planteando que el reconocimiento del status de insurgente facilita un proceso de Paz.

Por su parte, en la declaración  del Grupo de Río se hizo referencia a "un grupo irregular de las FARC" omitiendo el reiterado calificativo de "terroristas" que le atribuye el gobierno colombiano. Además, en el punto 7 de la declaración se consigna que los países miembros tienen la obligación de realizar una "búsqueda conjunta de soluciones a los conflictos que afectan la región", lo cual indica que hacia el futuro miembros del Grupo de Río podrían participen como facilitadores en los procesos de liberación de secuestrados, el intercambio humanitario y la solución negociada al conflicto que implica necesariamente el reconocimiento del status político de los "grupos irregulares" por parte del gobierno colombiano.

Es evidente que el conflicto armado interno, a raíz de la reciente crisis con el Ecuador, reafirma su carácter de conflicto internacional, razón por la cual su solución pasa por la mediación de la comunidad internacional involucrando directamente tanto a la región suramericana como norteamericana y la Unión Europea.

La solución del mismo, dada su complejidad requiere de esfuerzos mayores de comprensión. En tal sentido, considero pertinente hacer referencia a los aportes del politólogo estadounidense e investigador del Departamento de Gobierno y Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Georgetown, Marc Chernick, quien ha estudiado diversos procesos de paz en el continente y recientemente publicó el libro ‘Acuerdo Posible' editado por ediciones Aurora, donde presenta una valoración crítica de los diálogos durante las presidencias de Belisario Betancur, Virgilio Barco, César Gaviria, Ernesto Samper y Andrés Pastrana.

Parte de reconocer que en ninguno de los procesos de negociación se ha logrado el objetivo de la paz, sin embargo concluye afirmando que ésta es posible únicamente a través de la negociación con la guerrilla de una agenda que debe incluir: una reforma agraria, el cese a la violación de los derechos humanos por parte de todos los actores, la reorientación de las Fuerzas Armadas y de la Policía para que garanticen la paz interna después del conflicto, la incorporación de los guerrilleros a la arena electoral y acuerdos de política social y distribución de los recursos nacionales.

Cuestiona la política militar del gobierno de Álvaro Uribe, principalmente la que ha desarrollado para erradicar los cultivos ilícitos, argumentando "que no es la vía más conveniente para terminar con el conflicto". Según explica, el narcotráfico no es la causa, sino una forma de financiación de los grupos armados. Si bien sirvió para hacer más compleja la guerra al permitir la entrada a narcotraficantes y a grandes ejércitos de paramilitares, no dio origen a ésta.

El negocio ilícito ha hecho que el conflicto en Colombia se haya escalado y degradado. A ese respecto, el autor recuerda que el ex presidente Pastrana argumentaba antes de acordar con Estados Unidos el Plan Colombia que "un proceso de paz exitoso sería la más eficiente política contra el narcotráfico. Esto le permitiría al Estado expandir su presencia a lo largo y ancho del territorio nacional y trabajar con los actores armados en aras de la construcción de instituciones legítimas y alternativas económicas viables".

Pero Estados Unidos transformó esa formulación y "argumentó que una lucha exitosa contra el tráfico de drogas debilitaría las bases de los recursos de la guerrilla y los paramilitares y, por lo tanto, reduciría el conflicto".

Ese plan de Estados Unidos es el que se ha venido implementando en Colombia desde finales de la administración de Pastrana y durante toda la de Uribe, lo que hace que el autor piense "que la paz está lejos".

Sostiene en su libro que: "A casi seis años de gobierno, es evidente que las estrategias iniciales de Uribe frente a las Auc, el Eln y las Farc son insuficientes para lograr la paz. Las Auc se han desmovilizado, pero el paramilitarismo continúa. El Eln tiene algunos incentivos para hacer la paz y una menor capacidad para continuar la guerra, pero el gobierno no ha querido ceder en aspectos importantes para sacarlo del campo de batalla. Y desde el inicio de la administración de Uribe, las Farc han demostrado una capacidad de retirada estratégica y de avanzada en sus propios tiempos".

Aunque reconoce que el Plan Patriota y el posterior ‘Plan Consolidación' han tenido avances en sus operaciones militares, sostiene que "no ha logrado tener una ventaja militar significativa". Para Chernick, el incremento de la actividad militar puede traer muchas ventajas sicológicas y políticas para quien golpee más duro, "pero no sería lo más conveniente para negociar la paz".

Según dice, para que se pueda considerar que el conflicto ha madurado y los diálogos en la mesa sean exitosos, se necesita que los bandos, en este caso las Farc y el gobierno, tengan un "empate mutuamente nocivo". Esto quiere decir que "el mejor momento para arreglar un conflicto es, primero, cuando ninguna de las dos partes es capaz de derrotar a la otra -un empate- y, segundo, cuando el padecimiento de la guerra se vuelve inaceptable o insoportable para ambas partes-"mutuamente dolidas". Cuando ambas condiciones se dan de forma simultánea, la guerra está "madura" para el acuerdo.

Cuando llegue ese momento en Colombia, según el autor, será necesaria la participación de un tercero (un país amigo, por ejemplo) en las negociaciones, porque el gobierno no puede ser parte y juez en el diálogo.

El problema está en determinar en qué momento las condiciones planteadas por Chernick se cumplen para avanzar en el proceso de negociación cuando el gobierno colombiano viene intensificando las operaciones militares e incrementando el presupuesto para la guerra convencido de que la derrota militar es posible como única alternativa para la paz. La insistencia en la política de lucha contra el terrorismo no dejaría ningún espacio a la negociación política distinto al sometimiento de las FARC después de haber sido derrotada militarmente por cuanto no se le podría reconocer ningún estatus político. La ilusión del triunfo militar subyace en los discursos que sostienen que las Fuerzas Armadas fortalecidas militarmente, con más presupuesto, con la cooperación militar y de inteligencia por parte de Estados Unidos, el pago de recompensas por información que permita la captura o la eliminación de insurgentes sería la mejor estrategia de sometimiento del adversario.

No obstante esta postura guerrerista cabe señalar que la opción de la guerra expresa de una u otra manera una concepción profunda de la política razón por la cual no puede estar inscrita simplemente en la salida militar. Es por ello que no se puede descartar la negociación política al conflicto armado ni al reconocimiento del poder del adversario. Volver a la mesa implica valorar las nuevas condiciones de fuerza generadas por el escalamiento inevitable de una guerra que se está transformando en irregular. Pero igualmente entender que la negociación es la única alternativa para avanzar en la construcción de la democracia porque es mejor una negociación imperfecta, incluso en medio de la guerra, a una guerra perfecta en donde una supuesta victoria no equivale a la consecución de la paz sino a la imposición de una dictadura. En ese sentido es alentador el mensaje de la cumbre de Río de "búsqueda conjunta de soluciones a los conflictos que afectan la región" pero que requiere de la creación inmediata de las condiciones de facilitación para contener la intensificación y degradación de la guerra.

La acción inmediata es presionar el Acuerdo Humanitario a través de la movilización social permanente en Colombia, con la colaboración de la comunidad internacional y, específicamente, el Grupo de Río.

Es pertinente recordar que el Protocolo II de Ginebra (1949) fue creado para aplicarlo a los conflictos armados internos "que se desarrollen en el territorio de una Alta Parte contratante entre sus fuerzas armadas y fuerzas armadas disidentes, grupos armados organizados que bajo la dirección de un mando responsable, ejerzan sobre una parte de dicho territorio un control que les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas y aplicar el presente protocolo". Estos conflictos están regulados por el artículo 3 común a los Convenios de Ginebra y el Protocolo Adicional II de 1977

Uno de los principales aportes del DIH ha sido la posibilidad de que las partes en conflicto suscriban acuerdos de índole humanitaria que permitan la humanización de las hostilidades. Los procesos de Nicaragua y El Salvador proporcionan los principales contenidos de estos acuerdos:

  • Protección y respeto a los derechos humanos
  • Creación de comités internacionales de verificación
  • Administración de justicia independiente, y
  • Adopción de medidas legales para combatir la impunidad.

El artículo 6, num.5 Protocolo Adicional II de 1977 establece que "a la cesación de hostilidades, las autoridades en el poder procurarán conceder la amnistía más amplia posible a las personas que hayan tomado parte en el conflicto armado o que se encuentren privadas de libertad, internadas o detenidas por motivos relacionados con el conflicto armado". De esta manera, el Derecho reconoce que un proceso de paz es fruto de una negociación política y que existen ciertas concesiones en aras de la reconciliación nacional, siempre y cuando no se trate de delitos de lesa humanidad.

A pesar de no existir consenso en torno al intercambio humanitario o ley de canje, la fuente legal para proceder a éste radica en el DIH, específicamente en el Artículo 3 común y en el Protocolo Adicional II de 1977, considerados como norma imperativa del Derecho Internacional.

Cabe destacar que para el DIH el canje de secuestrados por personas detenidas o presas no está contemplado en el marco de conflictos armados internos. La figura de prisioneros de guerra y el canje de los mismos solamente están establecidos para los conflictos internacionales. Sin embargo, no existe impedimento para ser tratados en los conflictos internos.

La legislación colombiana establece que solamente se puede otorgar indultos o amnistías a las personas procesadas por delitos políticos (rebelión, sedición y asonada). Jurídicamente es viable la realización de un intercambio humanitario. Pero su concreción está subordinada al reconocimiento del status político y/o al estado de beligerancia que exige la insurgencia debido a que el Gobierno del presidente Uribe no solo desconoce la naturaleza política del conflicto sino que atribuye a los grupos guerrilleros el calificativo de "terroristas". Además, existen los "inamovibles" como no al despeje de los municipios de Florida y Pradera y la exigencia del no retorno de los guerrilleros liberados a sus organizaciones.

Para el intercambio humanitario las FARC sólo consideran canjeables los denominados rehenes políticos por guerrilleros presos, razón por la cual algunos analistas consideran que es más apropiado referirse al Acuerdo Humanitario por sus alcances, en especial, lo relacionado con los secuestros extorsivos.

El Dr. Alfonso López Michelsen señaló que el intercambio Humanitario "es casi obligatorio, por lo menos en teoría para los Estados y para los alzados en armas" y que  "para adquirir la categoría al tratamiento total del Derecho humanitario y llegar a un acuerdo, se requiere no estar en condición de delincuente común, no haber sido calificado nacional o internacionalmente como terrorista" Continua sosteniendo que el Acuerdo Humanitario no es el prólogo de la Paz, es "una operación autónoma por medio de la cual se llega a realizar, sin consecuencias posteriores fruto de esas condiciones, un acuerdo para ser más llevadera la situación de los cautivos"...la idea de un Acuerdo para el canje de prisioneros con condiciones, como ocurre en Colombia, no cabe dentro del Acuerdo Humanitario".  Un Acuerdo condicionado, como el envío de guerrilleros al exterior, el lugar donde se celebran las conversaciones tendientes al canje es un acuerdo político no humanitario.

En consecuencia, dada el nivel de confrontación existente entre el Gobierno y las FARC y los inamovibles que cada una de las partes plantean como condiciones para cualquier acercamiento, implica que no estamos frente a la posibilidad de un intercambio Humanitario sino de un Acuerdo Político que va más allá del diálogo directo entre el Gobierno y la Guerrilla y que tiene como protagonista principal a la comunidad política colombiana con la colaboración de la comunidad internacional. El logro de éste acuerdo puede convertirse en el preámbulo para avanzar en la negociación política del conflicto armado y la construcción de la democracia real en nuestro país.



[1] Profesor Titular de la Universidad Surcolombiana, Doctor en Educación y Sociedad por la Universidad Autónoma de Barcelona.

TODOS EN PIE POR EL ACUERDO HUMANITARIO Y LA PAZ

Este es el grito que convoca a millones de personas en Colombia y el mundo para exigir ¡Acuerdo Humanitario Ya! ¡No más ejecuciones, no más fosas comunes, no más desplazamientos forzados, no más desaparecidos, no más secuestrados! Esa es la exigencia de una sociedad hastiada con estos delitos de lesa humanidad y con los tratos crueles, indignos e inhumanos a que están sometidas las víctimas.

Saludamos la reciente decisión unilateral de las Farc de liberar a Gloria Polanco, Jorge Eduardo Gechen, Orlando Beltrán y Luis Eladio Pérez. Agradecemos las gestiones humanitarias del presidente de Venezuela, Hugo Chávez y demás gobiernos de países amigos, de la senadora Piedad Córdoba, del Comité Internacional de la Cruz Roja, así como la solidaridad de organizaciones sociales y personalidades de Colombia y otros lugares del mundo. Este ha sido un camino efectivo para avanzar ahora en el Acuerdo Humanitario.

El Gobierno y las Farc deben someterse al cumplimiento del derecho humanitario. Es hora de acoger la propuesta de Francia, España y Suiza para una zona desmilitarizada y con presencia internacional, que permita el encuentro, el diálogo y la liberación en un tiempo acordado y limitado de todos los plagiados. Anuncios de rescate o cerco militar, así como nuevos secuestros, no favorecen un clima propicio para eventuales acuerdos.

Expresamos nuestra indignación por los miles de asesinatos y desapariciones forzadas cometidas por grupos paramilitares que siguen operando en el territorio nacional. Estos crímenes de guerra se ponen en evidencia con el descubrimiento de más de cuatro mil fosas comunes en donde ocultaron los cadáveres, luego de someter a las víctimas a crueles torturas. Más de cuatro millones de personas han sido desplazadas y sus tierras arrebatadas. También motivan indignación y rechazo los crímenes de agentes del Estado y las muertes de civiles, presentados como "bajas en combates" y las detenciones arbitrarias que terminan siendo falsos positivos de la fuerza pública.

Reafirmamos que este conflicto armado no tiene solución militar. La costosa guerra del Estado no es el camino para superar el conflicto ni las armas de la guerrilla son la vía para resolver sus causas. La acción inmediata es presionar el Acuerdo Humanitario a través de la movilización social permanente en Colombia, con la colaboración de la comunidad internacional y, específicamente, el Grupo de Río. El logro de éste acuerdo puede convertirse en el preámbulo para avanzar en la negociación política del conflicto armado y la construcción de la democracia real en nuestro país.

 

 

Isabel Cristina Gutiérrez y Miller Dussán durante el Foro "Seminario internacional sobre experiencias de alternatividad penal en procesos de paz organizado por la Escuela de Cultura de Paz de la Universidad Autónoma de Barcelona en 2004 en el Parlamento de Cataluña.

Seminario internacional sobre experiencias de alternatividad penal en procesos de paz

Seminario internacional sobre experiencias de alternatividad penal en procesos de paz

Síntesis de las ponencias presentadas en el seminario organizado por la Escuela de Cultura de Paz de la Universidad Autónoma de Barcelona en el Parlamento de Cataluña (2004), elaborada por Miller Dussán.

 

Hernando Valencia Villa de la Universidad Carlos III, Madrid y Carlos Gaviria Díaz, hoy senador del PDA y entonces candidato presidencial.

 

 

El evento fue organizado por la Escuela de Cultura de Paz de la Universidad Autónoma de Barcelona, entidad comprometida con el estudio de procesos de paz y con la búsqueda de soluciones políticas y negociadas en los conflictos armados. Su director Vincens Fisas durante la apertura del Seminario enfatizó el especial compromiso con el pueblo colombiano, “un pueblo hermano que se merece un futuro de paz y Justicia”.

 

Se refirió igualmente al proceso de desmovilización de las autodefensas y al Proyecto de Ley de Alternatividad Penal en los siguientes términos:“Una correcta desmovilización de las autodefensas y desmonte del paramilitarismo será muy importante para diseñar en un futuro próximo un proceso justo y equilibrado que haga posible una negociación con las guerrillas. Si la desmovilización de las Autodefensas se hace mal y con impunidad, se puede pagar muy caro en cuanto a encontrar posibilidades reales de avanzar hacia la paz”.

 

“El debate actual sobre la aplicación de la justicia en Colombia no debe obviar, por ejemplo, la reparación de los atentados cometidos contra la libertad y la seguridad de tantas personas, y en virtud de las obligaciones que se derivan de la ratificación de los instrumentos internacionales del derecho internacional de los derechos humanos y del DIH”.

 

“Un proceso donde únicamente se contemple la desmovilización de una parte de los actores, está condenado al fracaso si no es capaz de abrir la puerta a compromisos mayores que permitan una solución política y negociada con el resto de actores”.

 

“Ningún proceso de paz puede completarse si no se escucha a las víctimas y se concierta con ellas una reparación justa. En todo caso, siempre es la sociedad, no el Estado ni las élites en conflicto, quien acaba decidiendo el modelo de justicia, reparación y reconciliación, pues es la sociedad, la gente de a pie, la que ha sufrido en carne propia, la muerte, el exilio, las desapariciones, el secuestro, los atentados, los desplazamientos, la tortura y el miedo.“

 

Se debe construir un inteligente equilibrio entre lo que es capaz de hacer la sociedad colombiana y lo que pueda aportar la sociedad internacional”.

 

Por su parte, Esteban Beltrán, Director de Amnistía Internacional España manifestó que “el proceso de desmovilización de los grupos paramilitares tiene graves fallos. El gobierno colombiano está permitiendo que los miembros de los grupos paramilitares desmovilizados vuelvan a ser reclutados legalmente. Porque lo que en realidad se está haciendo es “reciclarlos” incorporándolos a empresas privadas de seguridad o a otras estructuras creadas por el gobierno sin tener en cuenta su participación en violaciones de derechos humanos”.

 

Agregó además que “la actual política del gobierno Colombiano no ha traído consigo una mejora sustancial de la situación de los derechos humanos porque concede impunidad a los autores de violaciones de derechos y permiten que estas continúen. Esta política amenaza con privar a las víctimas de su derecho a la verdad, la justicia y la reparación plena”.

 

Hizo referencia a que todas las partes que intervienen en el conflicto interno (las fuerzas armadas, en colaboración con grupos paramilitares y la guerrilla) son responsables de graves y sistemáticas violaciones de DD. HH y del DIH. Enfatizó que en el caso de Colombia ha aumentado el suministro de armamento a los guerrillas, incluidos grandes cargamentos de Perú y Venezuela. En los últimos años EE.UU., Francia, Alemania, España y Sudáfrica han suministrado grandes cantidades de armas ligeras a las autoridades colombianas y, en los últimos días el propio gobierno de Colombia ha admitido la compra de tanques a España para utilizarlos en el conflicto armado, sin que se sepa que exista alguna condicionalidad en el ámbito de los derechos humanos”.

 

Sobre el particular informó de la solicitud de A.I. de congelación de la venta de armas que hará España a Colombia condicionada a que el país cumpla las 24 recomendaciones de Naciones Unidas en derechos humanos y no existan garantías de que los tanques, obuses y aviones españoles no se usarán "contra civiles inocentes". Como soluciones propuso enfrentar la impunidad de todos los culpables directos a través de los mecanismos nacionales y del Tribunal Penal Internacional. La regulación del comercio de armas que haga efectivo los embargos y que prohíba la exportación de armas a los países con sistemáticas violaciones de los DD. HH. y, sanciones a los gobiernos y grupos armados que sigan cometiendo crímenes de guerra o de lesa humanidad.

 

James Lemoyne, representante Especial del Secretario General de Naciones Unidas para Colombia, señaló que en los procesos de paz, negociación y reconciliación es imposible olvidar la demanda de justicia: “No es aceptable contemplar la impunidad en negociaciones de guerra. La demanda de perdón y amnistía no se puede garantizar sin el conocimiento de la verdad y la reparación de las víctimas”.

 

Lo más importante es vincular a la sociedad en los procesos de reconciliación, agregó. Sin embargo, cree que una la negociación bien hecha con los paramilitares es posible y necesaria no obstante la complejidad del proceso por las características del paramilitarismo y la continuidad de la guerra por parte de los grupos insurgentes. Considera de suma importancia la mediación de la OEA, pero le preocupa que la Ley de Alternatividad no contemple una “comisión de la verdad” ni los mecanismos para garantizar las demandas de las víctimas.

 

Roberto Garretón, representante para América Latina y el Caribe del Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos insistió en que en la demanda por la verdad, justicia y reparación hay que enfrentar todas las dimensiones de la impunidad: la jurídica, la política, la moral y la histórica a través de dos valores éticos y dos instrumentos jurídicos y políticos. A la impunidad política, histórica y moral se oponen el valor de la verdad y como instrumento moderno las Comisiones de la verdad y a la impunidad jurídica, el valor de la justicia a través de los tribunales nacionales, y cuando no funcionan, los tribunales extranjeros operando en la base de la jurisdicción universal y los tribunales internacionales.

 

Michael Fruhlinng, director de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia declaró que dado “el carácter pluridimensional del conflicto armado interno exige para su cabal superación un enfoque multiforme e integral que implica para el Estado la implementación de medidas en los campos Político Democrático y del Estado de Derecho; de las políticas económicas, sociales y humanitarias; el de las políticas militares y el de la adopción y puesta en práctica de una estrategia de negociación adecuada con los grupos armados e ilegales”.

 

Subrayó que en las acciones emprendidas para poner fin al conflicto armado, “deben tener el reconocimiento y las garantías de los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación” y reconoció la importancia de un debate público en torno a la propuesta gubernamental de alternatividad penal sobre cuyos principales aspectos expresó sus observaciones y recomendaciones.

 

El alto funcionario planteó que para honrar el derecho a la verdad “todo proceso de negociaciones para la paz entre el Estado colombiano y grupos armados al margen de la ley” deberá tener una “comisión de esclarecimiento” o extrajudicial que, “en condiciones de independencia e imparcialidad, esclarezca los factores políticos, sociales y económicos que contribuyeron al conflicto armado interno y a la crisis de derechos humanos” en Colombia.

 

Natalia Springer, consultora experta en Justicia Transicional al cuestionar el Proyecto de Alternatividad Penal sostuvo que “no es la aplicación de la justicia sino las decisiones de impunidad las que generan situaciones de no reconciliación” y que “existen mecanismos alternativos que combinados con los tradicionales son efectivos para la reconciliación”. Hizo una propuesta sistemática de los mecanismos como contribución al caso colombiano.

 

Luís Carlos Restrepo, Alto Comisionado de Paz de Colombia, planteó que “frente a la desconfianza colectiva frente a negociaciones políticas con guerrilleros el mandato se enmarcó en la seguridad democrática que incluye la salida negociada”. Precisó que el debate se centra en la forma de alcanzarla y, desde el gobierno, se optó por “la combinación entre la acción militar y la persuasión”. Se refirió a la necesidad de la negociación con mediación internacional a partir de la “declaratoria unilateral de cese de hostilidades por parte de los grupos ilegales”.

 

Frente a la Alternatividad Penal sostuvo que el proyecto se rige por los valores de la verdad, justicia y reparación. Sin embargo, reconoció la existencia de cuestionamientos en figuras como “la libertad condicional” la “no extinción de dominio ni extradición”, entre otras, y la importancia del debate promovido desde el Parlamento. Concluyó manifestando que el Gobierno debe acoger las decisiones que finalmente adopte el Congreso.

 

Catalina Díaz Gómez, en representación de la Comisión Colombiana de Juristas expresó que “el Proyecto de Ley 85 del 2003 es inconveniente y contrario a la Constitución Política y a las obligaciones internacionales del Estado Colombiano en materia de derechos humanos porque no garantiza los derechos a la verdad, la justicia y la reposición”. Denunció que además de que las penas previstas por el Proyecto de Alternatividad “son irrisorias”; el Estado renunciará a la justicia y que las víctimas no recibirán reparación alguna, el Proyecto legitimará una serie de bienes y fortunas adquiridos de forma ilegítima (gracias a la violencia y/o el narcotráfico)”.

 

En relación con las recomendaciones y propuestas se sostiene que una “alternatividad penal inspirada en una genuina conveniencia para el bien común implica, en relación con los paramilitares en Colombia, la consideración de la responsabilidad que tienen y han tenido en el fenómeno el Estado y los agentes estatales, así como el desmantelamiento definitivo de sus apoyos. También debe incluir la consideración de la responsabilidad de las personas que hayan financiado y respaldado la actividad de los grupos paramilitares, para garantizar su total desarticulación. De lo contrario, no se producirá más que un simulacro de paz”.

 

Hernando Valencia Villa (Universidad Carlos III, Madrid) con relación al proyecto de Alternatividad Penal sostuvo que “no solo no contribuye a la solución civilizada del conflicto armado sino que también puede generar un nuevo ciclo de barbarie e impunidad, de venganza y violencia en el país”. Agrega que “la propuesta no parece ser otra cosa que una amnistía general para los grupos paramilitares; omite toda sanción penal para los crímenes de guerra y de lesa humanidad, reduce la reparación de las víctimas a gestos simbólicos y arriesga el establecimiento de la verdad pública y la construcción de la memoria histórica al ponerla en manos de una débil Comisión de Verificación cuyas composición y funciones también quedan confiadas a la discreción presidencial”. Concluye indicando que “el conflicto armado interno y la catástrofe humanitaria resultante no pueden superarse sin un proceso de paz, reconciliación nacional y transición a la democracia, el cual exige a su vez un cambio de régimen político y social”.

 

Carlos Gaviria, senador de Colombia propuso un debate deontológico a partir de los postulados de la Constitución Política de 1991 a la que denominó “Carta de Paz” por tratarse de un camino hacia “una democracia auténtica de derechos y libertades”. Partió de considerar que “la justicia no es un obstáculo para lograr la paz” sino todo lo contrario “es garantía de una paz duradera”. La pregunta según el senador es ¿para qué se sanciona? para lo cual hay que tener en cuenta la tradición jurídica desde las escuelas retributiva y preventiva. Se preguntó si “es legítimo que un jalador de carros pase 8 años en una cárcel y que a un responsable de graves delitos contra la humanidad no le ocurra nada”.

 

Pero más importante aún es el cuestionamiento de ¿quién perdona? Y si ¿acaso el Estado es victima? Concluyó resaltando la importancia de estudiar las propuestas de Natalia Springer, sobre el particular, y la necesidad de recoger los postulados y experiencias que sobre Alternatividad Penal se han difundido durante el Seminario.

 

Gladys Ávila en representación de la Asociación de Familiares de Detenidos- Desaparecidos –Asfades- subrayó que una política de paz, “debe plasmar postulados que permitan garantizar nuestros derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral”. Agregó que “las víctimas y los familiares no podemos aceptar una reconciliación que tenga como base un perdón ligado a los crímenes de lesa humanidad, amparados en leyes de punto final u otros mecanismos de impunidad”.Insistió en que el proyecto de Ley de Alternatividad “no tiene legitimidad, pues no fue gestado y elaborado sin consultar y sin discusiones previas con los diferentes sectores de la sociedad”. Concluyó señalando que una verdadera política de paz debe ser producto de “una concertación amplia donde confluyan todos los sectores priorizando el sentir de las víctimas, con el acompañamiento de una comisión constituida por órganos internacionales de Derechos Humanos”.

 

Rafael Pardo, senador de Colombia al referirse al Proyecto inicial de Alternatividad Penal del Gobierno planteó que “está en contravía de los principios de proporcionalidad, igualdad y ruptura de la separación de poderes”. Tampoco, “tiene los elementos para garantizar la paz, no asegura la desmovilización ni desestimula la delincuencia, cubre cualquier tipo de delitos y no garantiza la seguridad jurídica de quienes se acogen al beneficio”.

 

Señaló que “no me gusta la Ley sino la idea de negociar con las autodefensas por ser conveniente” y por estar regulada legalmente cuando se trata de “mandos unificados”. Agregó que el esfuerzo por una sola mesa de negociación es importante al igual que la verificación por parte de la OEA.

 

Destacó las Audiencias Públicas que se están desarrollando en el Congreso con la participación de expertos, partidos políticos, altos funcionarios del Estado, ciudadanos y las regiones. Al indicar que “las autodefensas son consecuencia del conflicto, el problema no es solamente armado sino económico, político y social” razón por la cual se requiere de “una política de extinción de dominio para suprimir el estímulo económico que nutre a las autodefensas, una respuesta de seguridad donde hay grupos de autodefensa, permitir la organización política de las mismas y una respuesta institucional a los sectores armados de ser sustitutos del Estado”. Concluyó manifestando que las “audiencias han dado la materia prima y el gobierno debe modificar la Ley”.

 

José Miguel Vivanco, de Human Rights Watch, manifestó que es esencial que no se ignore la demanda de justicia y la importancia de fortalecer el Estado Social de Derecho: “nos preocupa el proyecto del gobierno porque protege a personas –bien sean paramilitares o de la guerrilla– que han planeado, dirigido o ejecutado varios de los crímenes más atroces que se hayan cometido en nuestra región”.Vivanco leyó un párrafo de la revista The Economist en el que se daba cuenta de cómo los 850 paramilitares desmovilizados en Medellín regresaron a las calles tras un programa de rehabilitación de tres semanas. Y preguntó: “¿es este el modelo a seguir?”.

 

Recordó que existe consenso en la Comunidad Internacional de la obligación de las gobiernos de derogar normas que favorezcan la impunidad y que atenten contra los derechos humanos.

 

Una observación general a los anteriores postulados permite afirmar que los ponentes colombianos y extranjeros coinciden en señalar que un verdadero proceso de reconciliación nacional no es posible sin el establecimiento de la verdad (memoria) la justicia (castigo) y la reparación de las victimas, razón por la cual el gobierno colombiano debe modificar el proyecto de Alternatividad Penal a partir de las exigencias y propuestas provenientes de diversos actores de la sociedad colombiana y de la comunidad internacional.

 

Espero con la divulgación de esta síntesis aportar elementos para la reflexión acerca de la necesidad de comprometernos en la búsqueda de salidas políticas al conflicto colombiano.

Coyuntura y procesos de paz en Colombia

Coyuntura y procesos de paz en Colombia

Trascripción de la intervención de Miller Dussán realizada en la Casa de Mon el 27 de febrero de 2002, a propósito del panel "Coyuntura política y proceso de paz en Colombia" organizado por el Regidor de Participación Ciudadana y Solidaridad, Pere Alcocer. Participaron también Francisco Santos en representación de la Fundación País Libre y Daniel Pecaut de la Escuela de Altos Estudios Sociales de París.

 

Francisco Santos, entonces representante de la Fundación País Libre; Miller Dussán; Pere Alcober, regidor de Participación Ciudadana y Solidaridad; Daniel Pecaut de la Escuela de Altos Estudios Sociales de París (de izq. a der.).

 

 

A partir de los años 80 se inicia la historia de los procesos de negociación política entre el Gobierno Colombiano y los grupos guerrilleros. El primer intento surge en el Gobierno de Belisario Betancourt en 1985 quien nombró una Comisión de Paz y acordó la estrategia de negociación en tregua que consistía en la generación de escenarios para legalizar la oposición armada otorgándole garantías a movimientos de izquierda que permitieran convertir su poder militar en poder político y cese general del fuego ofensivo con verificación bilateral.

 

El resultado inicial fue la creación de la Unión Patriótica (UP) como expresión política del movimiento insurgente, integrada por el Partido Comunista y diversos sectores de la izquierda colombiana que en las elecciones del 1984 llegó a tener una importante representación parlamentaria.

 

El resultado final fue la ruptura del proceso en 1987, el exterminio de líderes de la UP: (3500) por parte del paramilitarismo a través de la guerra sucia o guerra de baja intensidad dentro del contexto de la confrontación este-oeste, Estados Unidos y antigua URSS, según la cual la izquierda era considerada como subversión.

 

Las valoraciones críticas parten de considerar que el fracaso obedeció a la oposición de los militares y los gremios económicos que acusaban al presidente de entregar el país a las guerrillas; a la naturaleza del modelo inscrito en la estrategia de las FARC de "combinación de todas las formas de lucha"; la toma del Palacio de Justicia por parte del grupo insurgente M-19 y el avance del paramilitarismo.

 

En 1989 se produce un nuevo intento de negociación en tregua durante el Gobierno de Virgilio Barco con el M-19, el Quintín Lame, el EPL, en lo que se conoce como modelo centroamericano. La nueva estrategia implicaba la desmovilización y el desarme a cambio de garantías políticas y compensaciones económicas.

 

Como resultado de este modelo se logró la reinserción de combatientes a la vida civil y la realización de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).

 

Este proceso se cumplió en el contexto de la caída del muro del Berlín. Sin embargo, se produjeron circunstancias críticas como el bombardeo a Casa Verde, sede del Secretariado de las FARC, el mismo día en que se elegían los constituyentes, lo cual implicaba la no aceptación por parte de los principales grupos insurgentes -las FARC y el ELN- de los resultados de la Constituyente. A lo anterior se suma el asesinato de tres candidatos presidenciales, dos de la UP y Luís Carlos Galán del liberalismo por parte de los grupos paramilitares apoyados por el narcotráfico. El M-19 que había logrado una alta representación en la ANC se diluyó como proyecto político alternativo y se mantuvo la guerra de baja intensidad no obstante la caída del Muro de Berlín.

 

El último experimento fallido inició en 1988 con el mandato del Presidente Andrés Pastrana. Se trata del modelo de negociación en guerra con las FARC, concebido como estrategia que reconoce la legitimidad de los intereses en conflicto de las partes claves involucradas.

 

Esta negociación se desarrolló a través de una agenda común que hace referencia a aspectos estructurales relacionados con el cambio del modelo económico, las reformas agraria, urbana, política, educativa, judicial, fuerzas armadas, Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario, entre otras. Se considera uno de los avances más significativos en el proceso. Este proceso se desarrolló a través de dos Planes: El Plan A, denominado ‘zanahoria' y el plan B oculto calificado como ‘plan garrote'.

 

El Primer plan establecía la creación de un espacio para la negociación: 42.500 Km.2 denominado por el presidente ‘Laboratorio de Paz' o por otros ‘Zona de Distensión'. Las reglas iniciales establecían que el gobierno de los cinco municipios de la zona sería el elegido conforme a la Constitución. Se creó una Policía Cívica por acuerdo entre las partes bajo la dirección de los alcaldes. La seguridad de la región estaba bajo la responsabilidad de las FARC. La justicia, finalmente se la adjudicó esta organización (supresión de la fiscalía y funcionamiento de la oficina de quejas y reclamos). En la zona no operarán las fuerzas militares. Se previó una comisión de verificación.

 

Se construyeron igualmente escenarios para el debate y la negociación como las ‘Audiencias Públicas' organizadas por un ‘Comité Temático' bilateral con el propósito de escuchar diferentes propuestas de las organizaciones sociales, gremios económicos, personalidades, relacionadas con los temas de la agenda común. Las primeras 23 audiencias realizadas en Villa Nueva Colombia (Los Pozos, San Vicente del Caguán) se refirieron al tema crecimiento económico y generación de empleo, donde se presentaron 2.500 propuestas que según lo acordado por las partes, una vez sistematizadas, deberían ser objeto de estudio por parte de la Mesa Nacional de Diálogos y Negociación. A nivel internacional se realizaron diálogos sobre modelos de desarrollo exitosos y sistemas políticos, entre otros, en España, Suiza, Roma, Noruega y Suecia; y uno específico sobre política antinarcóticos con presencia de varios países en el Caguán.

 

Paralelamente se creó una Mesa Especial sobre mecanismos y acuerdos diferentes a la agenda común encargada del estudio de propuestas en torno a intercambio de prisioneros de guerra, creación de comisiones de verificación y acompañamiento, humanización del conflicto, cese del fuego y hostilidades, entre otros.

 

De manera oculta funcionó el Plan B que dependía de la misma naturaleza del modelo de negociación en medio del conflicto y de la confrontación de los intereses de fondo. El Estado buscaba el fortalecimiento militar a través del Plan Colombia para negociar barato: despeje a cambio de reinserción.

 

Las FARC con su estrategia de ‘combinación de todas las formas de lucha' pretendían ahorrarse la guerra para cambiar el modelo de producción. De todas maneras dejaban abierta la posibilidad de la negociación.

 

No se pueden desconocer los resultados positivos del modelo:


  • La agenda pactada entre el Gobierno y las FARC, además del temario, expresa una nueva conceptualización de la paz, como estructural o positiva, es decir, Paz con justicia Social.
  • Las audiencias públicas y el Comité Temático, reconocían en cierta medida que la paz no es un asunto de cúpulas sino que implica la participación de la sociedad.
  • La zona de despeje, tan controvertida, había sido un escenario de cogobierno donde la insurgencia corría el riesgo de deslegitimarse si aplicaba las mismas prácticas de la política tradicional.
  • La creación del Movimiento Bolivariano como una posibilidad de dar relevancia a lo político sobre lo militar.
  • La firma de un acuerdo de intercambio de prisioneros enmarcado dentro del DIH abrió posibilidades de humanización del conflicto.
  • El acompañamiento de la comunidad internacional facilitó la distensión en momentos críticos de posible ruptura y abrió posibilidades de mediación.
  • Movilización de organizaciones sociales en defensa de la solución política.
  • Este proceso se cumplió en una coyuntura compleja caracterizada por varios factores:
  • Hegemonía político-militar de Estados Unidos después de la caída del Muro de Berlín.
  • La Pax americana como garantía de una zona de libre comercio hemisférico (ALCA) a través de la imposición del Plan Colombia.
  • La política antinarcóticos de intensificación de las fumigaciones cuyos efectos han sido contrarios: a mayor fumigación mayor incremento de la producción del cultivo. Oposición a la legalización bajo el control de los países desarrollados.
  • Narcotización de la guerra. Estados Unidos ha utilizado el argumento de la droga para hacer la guerra que es otro negocio que los llena de dólares. Se conoce que la coca está siendo desplazada por drogas químicas, lo cual supone producción y consumo en el mismo sitio. Colombia está importando ‘éxtasis'.
  • Imposición de las políticas del FMI, de subsanar el déficit fiscal para garantizar el pago de la deuda externa (2001 se destinó el 41% del presupuesto nacional para el pago del servicio de la deuda).
  • Neoliberalismo económico que ha dejado como resultado el crecimiento de la ‘bomba social': concentración de la riqueza.("Mientras en 1990 el 10% de los colombianos más ricos tenía ingresos 40 veces mayores que los del 10% más pobre, en el año 2000 esa proporción se había elevado a 60 veces". "Casi 33 de los 43 millones de colombianos son pobres y 9 de ellos viven en la miseria" Estudio de Planeación Nacional).

 

A partir de la Guerra contra el terrorismo funcionarios de Washington decidieron que las organizaciones guerrilleras pasaron de ser narcotraficantes a terroristas que amenazan la seguridad hemisférica e insinúan la eliminación de las restricciones sobre el uso de la ayuda militar a fin de apoyar al Estado Colombiano en la lucha contra la insurgencia. Además, se nombra a Otto Reich, Subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental (halcón aliado de los ‘contra' en Nicaragua) y se entregan 14 helicópteros Blackhawk al ejército nacional en momentos en que el proceso de paz se interrumpía.

 

"La transformación de las estrategias estadounidenses en Colombia tiene una correlación paradójica con la forma en que Hollywood ha representado las amenazas globales y, en particular, su tipificación de la crisis colombiana. Películas como ‘Prueba de vida' (2001) y ‘Collateral Damage' (2002) identifican a la guerrilla colombiana, que secuestra extranjeros y cuyos atentados trascienden las fronteras nacionales, como un ‘nuevo enemigo' en el contexto internacional" como lo advierte Arlene B. Tickner.


  • Deslegitimación del Estado al no tener el monopolio de la fuerza debido al fortalecimiento militar de la insurgencia, el paramilitarismo, los grupos privados de seguridad, etc. y crisis de gobernabilidad ante la incapacidad de atender las necesidades básicas de la población.
  • Deslegitimación progresiva del proyecto político de la insurgencia producto de acciones que afectan a importantes sectores de la sociedad (‘pescas milagrosas', secuestros, aplicación de la ‘norma 002' de impuestos, destrucción de la infraestructura, etc.).
  • Tendencia a la atomización y desintegración de los partidos tradicionales, Liberal y Conservador que en la actual coyuntura electoral se dedican únicamente a avalar para las corporaciones públicas a las microempresas electorales clientelistas y corruptas a nivel regional e incluso a candidatos que respaldan a las autodefensas.
  • Legitimación de proyectos autoritarios como el de Álvaro Uribe quien hoy encabeza las encuestas de intención de voto y la presión por la salida militar del conflicto.
  • La inexistencia de cohesión de la denominada sociedad civil por la polarización de intereses.
  • Crecientes violaciones de los derechos humanos y del DIH.
  • Destrucción de ecosistemas estratégicos con la política de fumigaciones.

 

La ruptura del proceso: de Eros a Tánatos: Una tragedia anunciada

 

Primero hay que tener en claro que el gobierno aceptó negociar en medio de la guerra al calor del triunfo electoral de 1988 cuando los entendimientos con Manuel Marulanda, jefe de las FARC fueron decisivos para el triunfo electoral de Andrés Pastrana. Esto implicaba el reconocimiento político del estatus de beligerancia y las formas de financiación del grupo insurgente. El 20 de enero de este año, cuando estábamos ad portas de la ruptura, gracias a la mediación internacional, se estableció de nuevo la prórroga del proceso con una agenda precisa para definir una posible tregua para disminuir el conflicto con verificación internacional a partir del 7 de abril.

 

En el acuerdo se mantuvo la idea originaria de continuar la negociación en guerra. En ese sentido, como lo señala la revista Semana en su última edición la ruptura era inevitable, "no como producto del secuestro del senador liberal Eduardo Gechen por cuanto las FARC no estaban violando ninguna letra del acuerdo que se había firmado sino el espíritu de reconciliación nacional que es un concepto más simbólico que jurídico".

 

La decisión de si se debía esperar hasta el 7 de abril o romper antes se tomó teniendo en cuenta dos factores: Primero, Pastrana ya no tenía ningún espacio político después de la última acción de las FARC y, segundo, tanto el presidente como la insurgencia eran conscientes que si bien las negociaciones avanzaban en algunos puntos no iba a existir una tregua real con verificación, por cuanto los militares no aceptarían que los inmovilizaran en todo el territorio nacional ni la guerrilla estaba dispuesta a concentrar a todos sus efectivos en el Caguán, desmovilizando los casi 100 frentes que operan en todo el país. Pero además, la tregua implicaba la liberación de los secuestrados y a no continuar con esta práctica repudiable.

 

Sobre este punto tampoco había acuerdo. En consecuencia, lo que se iba a firmar el 7 de abril no era una tregua sino mermar el conflicto que no solucionaba los dos problemas centrales: localización y secuestro. Un acuerdo con estas limitaciones y una opinión pública insatisfecha por los escasos resultados del proceso presionaría al presidente a levantarse de la mesa de negociaciones y a ser acusado por las FARC como un retiro unilateral del gobierno y responsabilizarlo por el fracaso. La otra alternativa de prorrogar el proceso hasta el siete de agosto en esas condiciones precarias provocaría mayor indignación nacional convirtiendo la posible elección de Álvaro Uribe en un gran plebiscito nacional contra la zona de distensión. Sería una acción humillante que le impedía a Pastrana ocupar "un lugar en la historia" como lo manifestó en el discurso de ruptura.

 

Por lo anterior según analistas "el presidente no tuvo que sufrir para tomar la decisión cuando le informaron del secuestro del Avión de AIRES con el senador Gechen. Pero como era conciente de que había aceptado la negociación en medio del conflicto le tocó hacer un poco de malabarismo conceptual para justificar el rompimiento cuando en su discurso de ruptura dijo que las FARC estaban cometiendo múltiples actos ilícitos en la Zona de distensión"; hechos estos que ya habían sido denunciadas por el Senador Germán Vargas Lleras, razón por la cual hoy se sostiene que la inverosímil versión presidencial fue aceptada con complicidad colectiva.

 

Claro está que Pastrana contó con la torpeza de las FARC de secuestrar civiles en un avión comercial lo cual atenta contra el DIH, circunstancia que le permitió denunciarlo como un acto de terrorismo, que encajaba perfectamente en los nuevos valores que imperan en el mundo después del 11 de septiembre con lo cual lograba resolver las contradicciones con los Estados Unidos que venían presionando la ruptura por cuanto para el Gobierno de Bush, las FARC son una organización terrorista. Después de la ruptura, el Secretario de Estado para el Hemisferio Occidental, Bernard Aronson declaró que "Colombia entrará de lleno a ser parte de los planes de la administración Bush en su guerra contra el terrorismo"

 

El modelo de negociación en medio de la guerra entró en crisis irreversible como consecuencia de haberse centrado más en los mecanismos (Plan B) que en la agenda común lo cual condujo al escalamiento del conflicto, la deslegitimación del proceso y de los actores directos gobierno- FARC cuya expresión política es el fortalecimiento de los proyectos autoritarios que favorecen la política global de los Estados Unidos de lucha contra el terrorismo y la imposición del ALCA.

 

El terror que se impuso recientemente que sin duda tenía objetivos políticos y militares en relación con el 7 de abril fecha en que vencía el plazo de la Zona de distensión, estaba en contravía del rechazo que siente la gente hacia el terror y la violencia que paradójicamente los conduce a apoyar proyectos autoritarios y cuyas víctimas van a ser los movimientos contestatarios.

 

No cabe duda que la lógica de la guerra impuso sus reglas de juego tanto al Gobierno como a las FARC, mediante acciones y despliegue de fuerza que condujeron al fracaso del actual proceso de paz y que contribuyó a que los insurgentes perdieran el norte político en la conducción de las conversaciones. Las recientes acciones de las FARC dirigidas contra la infraestructura económica, el derribamiento de las torres eléctricas, los atentados contra los acueductos, el asedio bélico contra la población civil han terminado desvirtuando la intención de búsqueda de la paz con justicia social.

 

Paradójicamente el Gobierno de Pastrana por su parte nada tenía que ofrecer en el proceso de paz por cuanto la política económica del Estado colombiano-empleo, tierras, petróleo- depende en últimas del FMI y de la Organización Mundial del Comercio; la lucha contra el paramilitarismo está en manos de quien hasta ahora lo ha generado, financiado y protegido y el Plan Colombia no ha sido un pacto sino una estrategia impuesta por los Estados Unidos.

 

La ruptura se produce en una coyuntura de extrema incertidumbre que plantea nuevos escenarios críticos:

 

Primero: Tánatos o la derrota del Talibán: La política de lucha contra el terrorismo no dejaría ningún espacio a la negociación política distinto al sometimiento de las FARC después de haber sido derrotada militarmente por cuanto no se le podría reconocer ningún estatus político. La ilusión del triunfo militar subyace en los discursos que sostienen que las Fuerzas Armadas fortalecidas militarmente durante la administración Pastrana, con más presupuesto, con la cooperación militar y de inteligencia por parte de Estados Unidos, la declaratoria del Estado de conmoción interior y el reclutamiento de un millón de colombianos civiles sería la mejor estrategia de sometimiento del adversario.

 

Frente a este escenario surgen múltiples interrogantes:

 

¿Es posible ganar una guerra si la conducción de la misma está en manos de una institucionalidad deslegitimada? ¿Puede conducir la guerra la actual administración que demostró ser incapaz de conducir la negociación? ¿Es razonable que un país quebrado y descompuesto a punta de impunidad, con un Estado de bolsillo y manejado por intereses creados, anhele un principio rector basado en una sólida autoridad? ¿Qué ocurriría si la guerra que se propone no puede ser convencional? ¿No se estaría legitimando la acción del paramilitarismo, la guerra irregular y sucia que se intensificaría aún más por la superioridad aérea de las Fuerzas Armadas? ¿Es posible ganar una guerra con las recetas del FMI?

 

Es evidente, como lo advierte el sociólogo Alfredo Molano que "la eficacia de la guerra sucia obligará a poner entre paréntesis la Constitución con los nuevos estatutos de seguridad y con su aplicación se esconderán las crecientes violaciones de los Derechos Humanos y del DIH. Los medios serán fuertemente autocensurados, el paramilitarismo ganará espacio político y crecerá militarmente, poniendo en cuestión el poder de la fuerza pública y degradando la guerra a niveles que podrían justificar la intervención Humanitaria de los Estados Unidos, cuya participación desplazará los buenos oficios de la ONU y de los países amigos de la negociación".

 

Existe igualmente un serio cuestionamiento a la fórmula reiterada de combatir a la subversión con represión militar cuyo efecto ha sido el mismo durante medio siglo: el fortalecimiento de la insurgencia, abonado por el recrudecimiento de la violencia, razón por la cual el candidato presidencial Luís Eduardo Garzón pronostica que el gobierno y la guerrilla tendrán que volverse a ver las caras después de otro millón de muertos.

 

Hoy se ha comenzado a cuestionar la afirmación según la cual tenemos un ejército más profesional y mejor armado por cuanto no ha sido capaz de responder con eficacia la contraofensiva de la insurgencia. Para tener un ejército eficaz habría que renunciar a toda inversión social, incrementar la militar y sacrificar la democracia.

 

De otra parte, como sostiene Antonio Caballero el resultado de las ofensivas contraguerrilleras ha sido el fortalecimiento de la guerrilla debido a los desplazamientos, huérfanos, sobrevivientes del exterminio de la izquierda que han ido a parar en brazos de la subversión.

 

La vuelta a Eros: negociación política en otros escenarios

 

Después de empezar a despertar del sueño patriotero de tánatos por los escasos resultados post Caguán, importantes sectores de la opinión nacional que a través de los medios atizaron la guerra, una vez conocieron la declaración de las FARC en el sentido de que hablarían con un futuro gobierno se apresuraron a manifestar que hay que mantener "la rendija abierta de la negociación" pero con la condición de que la insurgencia de manera unilateral se someta previamente a las exigencias de cese al fuego y hostilidades que reclamaba el gobierno en la mesa de negociación a cambio de mantener la zona de despeje.

 

El doctor Álvaro Uribe, quien encabeza las encuestas de intención del voto para la presidencia de la República señaló que "las FARC le den de inmediato al país una señal de paz, que se abstenga de actos terroristas. Que decreten un cese de hostilidades y que busquen reanudar el diálogo con el Gobierno del Presidente Pastrana, a través de la comunidad internacional, sin zona de despeje, sinceramente, con avances inmediatos a favor de la paz. Eso le traería un gran alivio a la patria". Paradójica declaración en momentos en que el gobierno de Pastrana les retiró el reconocimiento de estatus político y les adjudicó el de terroristas que después del 11 de septiembre habían adquirido por decisión de Washington.

 

La opción de la guerra expresa de una u otra manera una concepción profunda de la política razón por la cual no puede estar inscrita simplemente en la salida militar como lo ha planteado Clausewitz Es por ello que no se debe descartar la negociación política al conflicto armado cuyas reglas del juego deben ser consensuadas porque de una u otra manera equivale al reconocimiento del poder del adversario.

 

El punto de partida para el reinicio de una posible negociación con las FARC debe ser clarificar la naturaleza de su organización. Hay que ser coherentes. Si se trata de una organización terrorista que ha renunciado a su ideología política de izquierda para beneficiarse de sus actividades ilícitas no puede ser considerada como interlocutora válida para el Estado por cuanto éste representa la legitimidad. En este caso la única alternativa sería aceptar las decisiones de fuerza que imponga Washington.

 

En segundo lugar: Si se le reconoce de nuevo su estatus de beligerancia y se le convoca al diálogo hay que tener en cuenta que con la ruptura el presidente Pastrana como lo plantea el doctor Gómez Buendía quemó la posibilidad de alcanzar una paz negociada con la subversión por mucho tiempo. Volver a la mesa implica valorar las nuevas condiciones de fuerza generadas por el escalamiento inevitable de una guerra que se puede transformar en irregular. Cada una de las partes intentará imponer en mejores condiciones las nuevas estrategias de negociación al no ser que una de ellas salga victoriosa e instaure una dictadura.

 

Sin embargo, no se pueden descartar la presencia de otras variables distintas a la militar con respecto a la mejor vía para alcanzar los objetivos políticos. Entre ellas la situación internacional de "cero tolerancia hacia la violencia" después del 11 de septiembre, el cambio de actitud de la Unión Europea y México hacia la guerrilla colombiana, la variable nacional del rechazo ciudadano a la violencia y el respaldo a proyectos autoritarios, además de las valoraciones éticas, financieras y sociales.

 

Considero que el modelo de negociación no fracasó por la existencia de la zona de despeje por cuanto el gobierno era consciente de que históricamente su presencia había sido inoperante y que las FARC la continuarían utilizando en mejores condiciones para fortalecerse financiera y militarmente. Hoy con el ingreso sin mayores resistencias del Ejército a las cabeceras municipales de la región queda claro que los graves problemas del país no dependían del Caguán como se utilizó especialmente por parte de los medios de comunicación privados, apoyados en las acciones atroces de la guerrilla, para presionar a la opinión pública a favor de la guerra.

 

Tanto el Estado como la insurgencia utilizaron el proceso de negociación con fines estratégicos. Para las FARC hacía parte del principio leninista de ‘combinar todas las formas de lucha' para acceder a la toma del poder. Para el gobierno, la oportunidad legítima de fortalecer el ejército a través del Plan Colombia y obligar al adversario a negociar barato, es decir, sin comprometer su política económica y social.

 

Ahí están los resultados: la ruptura del proceso y la declaratoria de guerra con lo cual se evita nuevamente sacar adelante las reformas aplazadas, en nombre de la "defensa de las instituciones", hace medio siglo. Razón tenía el editorialista del periódico El Tiempo cuando días antes de la ruptura titulaba "Crece la bomba social: Mientras la clase dirigente siga siendo indiferente a la bomba social que encierran las cifras de pobreza y de miseria cada vez mayores, será imposible imaginar un país viable con una democracia sólida. Aquí la única guerra posible es aquella en la cual los colombianos de verdad nos propongamos, no importa cuales tengan que ser los sacrificios, derrotar la pobreza y la inequidad. Es una lástima que los actos violentos de la guerrilla y el proceso de paz concentren tanta atención y le hagan sombra al que es el tema crucial de esta Colombia de comienzos de siglo".

 

Siempre he defendido la solución negociada al conflicto como única alternativa para avanzar en la construcción de la democracia real en Colombia porque es mejor una negociación imperfecta, incluso en medio de la guerra, que una guerra perfecta en donde la victoria no equivale a la consecución de la paz sino a la imposición de la dictadura. En ese sentido es alentador para los colombianos la reciente declaración del Secretario General de la ONU cuando al lamentar profundamente la ruptura del diálogo de paz y llamar a que se adopten medidas especiales para proteger a la población civil en la antigua zona de despeje, reitera que los 40 años de conflicto en Colombia requieren una solución negociada como respuesta a sus profundas causas sociales y políticas y coloca sus buenos oficios a disposición de las partes, si así lo requieren.

 

Creo que la salida inmediata es precisamente acceder a los buenos oficios del Secretario General para que a través de una mediación internacional se presione tanto al gobierno Colombiano como al Secretariado de las FARC para que sometan sus actuaciones en el campo de la guerra ante una comisión de observadores internacionales y se vayan generando mecanismos de persuasión para el reinicio de los diálogos una vez se posesione el nuevo Gobierno.

 

De igual manera se debe presionar para que en la zona de despeje funcione una comisión permanente de los Países Amigos para la protección de la población civil ante el posible asedio de los paramilitares y de los excesos del ejército y acoger la Plataforma de la Amazonía de hacer de esta zona un escenario neutral sin ningún tipo de presión militar para eventuales diálogos futuros. Lo anterior debe ser complementado con la resistencia civil a la guerra.

 

Espero como colombiano que esta opción mediadora y la acción de los movimientos sociales contra la guerra nos permita ver la luz al final del túnel para impedir la presencia arrasadora del tánatos de los Estados Unidos en nuestro país a nombre de "la justicia infinita".