CRECE INCERTITUMBRE ANTE EL AVANCE DE PROYECTOS EXTRACTIVOS EN EL HUILA

 

Reunión Juntas Acción Comunal San Agustín

Cuando aún se encuentran vigentes el Plan de Aprovechamiento del Río Magdalena que incluye 7 represas más para el Huila; la aprobación de 12 áreas de exploración petrolera concesionada a nueve compañías transnacionales del Valle Superior del Magdalena VSM 16- para fracking; se avanza con la imposición de 72 Proyectos Mineros que cubren un área equivalente a 18.365 hectáreas  y la compra de predios a bajos costos en el Macizo Colombiano por la Empresa Enel  Emgesa para el negocio financiero de los Bonos Carbono, a nombre de supuestas compensaciones ambientales por los daños causados por la represa El Quimbo,  sin aún haber dado cumplimiento a la mayoría de las obligaciones establecidas en la Licencia Ambiental, como la restitución de la actividad productiva y del trabajo de miles de víctimas del despojo y el ecocidio.

La incertidumbre se apodera de campesinos, indígenas, pescadores artesanales, poblaciones que habitan en las cuencas de los ríos, entre otros, quienes ven amenazado su derecho a permanecer en sus territorios por parte de transnacionales, con el aval de las instituciones estatales, cuya estrategia es el despojo para la apropiación de los Bienes Naturales Comunes y el incremento de sus riquezas.

Frente a esta realidad preocupa que el presidente Petro en su encuentro con la Sra. Kristalina Georgieva, directora general del FMI haya expresado que este organismo se “alista a prestar todo su apoyo al Programa de revitalización de la Selva Amazónica” que sin lugar a dudas, hace parte de la financiarización de la naturaleza y de sus funciones: ciclo hídrico, aire, fotosíntesis y riqueza genética.

Es decir, la naturaleza es concebida como activo financiero estratégico y simple "sumidero de carbono", dentro de la lógica de los "mercados verdes" y los Bonos de Carbono, contrario a la visión de indígenas y campesinos que la defienden como Bien Natural Común contra su mercantilización.

Esta lógica se está imponiendo en el Macizo Colombiano a favor de Enel Emgesa, que ya ha comprado más de 1.500 hectáreas y continua presionando a las comunidades para apoderarse prácticamente de este ecosistema, protector de la biosfera, a nombre de contribuir a “la descarbonización del planeta” ante la crisis climática y en contra de la Justicia Socioambiental.

Por esa razón, no se han tomado decisiones por parte del Gobierno de impedir que los campesinos sean desplazados del Macizo, en coherencia con su reconocimiento como sujetos de derechos y en aplicación del Acuerdo de Escazú.

Se exige parar la invasión y el desplazamiento forzado de campesinos, teniendo en cuenta, entre otros, que corresponde a la ANLA, aprobar el Plan de cumplimiento de las obligaciones ambientales del PHEQ, que debe ser presentado previamente por Enel Emgesa para efectos de seguimiento y verificación y que la CGR en su informe de evaluación de la gestión de la Autoridad del 2020 solicitó apertura de investigaciones disciplinarias y penales al encontrar 18 graves hallazgos y denunciar la inoperancia en la vigilancia a la transnacional y que es deber del Estado garantizar todas las condiciones a los campesinos para generar riquezas a través de formas agroecológicas de producción y respetar su derecho a permanecer en el territorio, que al igual que las Comunidades Indigenas, son los auténticos protectores de este Bien Natural Común convertido ahora en mercancía.

Además, es urgente que la ANLA disponga de los recursos legales, no solo sancionatorios, sino aquellos que obligan a reparar todos los daños causados a la Región y a las Víctimas por la construcción de la represa El Quimbo y que deben ser valorizados de inmediato por parte de la Contraloría General de la República con la participación de las organizaciones sociales de afectados, como Asoquimbo, razón por la cual se le ha propuesto al Ministerio de Ambiente expedir un Decreto de constitución de la Mesa Nacional de Seguimiento y verificación a todas las obligaciones establecidas, donde exista una interlocución con las instituciones, orientada exclusivamente a responder a las demandas de los afectados y no a modificar la Licencia para favorecer intereses de la Empresa o ambiciones personales de funcionarios gubernamentales.

Cabe destacar que el Gobierno actual ha reiterado que no continuará autorizando la construcción de grandes represas ni de nuevos proyectos de exploración y explotación petrolera y la declaratoria de la moratoria de los Proyectos Mineros. En tal sentido, es urgente que se traduzca en normas que anulen el Plan Maestro de Aprovechamiento del Río Magdalena, de las áreas de explotación petrolera como las del Valle Superior del Magdalena VSM 16- para fracking y el Plan Minero que en el caso del Huila avanza con la imposición de 72 Proyectos.

Estas decisiones, son fundamentales para no continuar “cocinando a nuestro planeta y expandiendo un modelo de negocio inconsistente con la supervivencia humana”, como declaró el presidente de las Naciones Unidas en la reciente Cumbre de Davos.