ACCIONES DE RESISTENCIA CONTRA INVASIÓN MINERA Y BONOS CARBONO
El Movimiento Social Defensores del Territorio DT, como expresión territorial de las luchas de resistencia contra el extractivismo minero energético (represas, fracking, minería a gran escala) y los agronegocios, por la Defensa de la Vida y un nuevo modelo minero energético y alimentario soberano y autónomo, CONVOCA a la realización de Plantones frente a las sedes de las alcaldías de Neiva, el jueves 21 de julio a las 10 de la mañana y de Garzón el 22 de julio a las 2 pm, contra la invasión minera concertada entre la Agencia Nacional de Minería -ANM- y las Alcaldías Municipales, desconociendo la participación ciudadana y comunitaria.
Producto de la movilización social se impidió la realización de las Audiencias Públicas Informativas en los Municipios de Pitalito, Isnos, San Agustín y Elias y mediante los autos 148, 149 y 150 del 13 de julio de 2022 la ANM suspendió las Audiencias de Neiva, Palermo y Garzón.
El 17 de Julio de 2022 se realizó el Taller sobre “Invasión minera y Bonos Carbono”, en la Universidad Surcolombiana con transmisión virtual donde participaron representantes de la CUT, CRIHU, Asoquimbo, Corporación el Curíbano, UP, Colombia Humana del Huila y se conectaron miembros de organizaciones sociales de los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Caquetá, Putumayo, académicos y comunicadores de Territorio Verde, entre otros. Durante el evento se dio a conocer que del total de 141 solicitudes de Proyectos Mineros se viabilizaron 72 por la ANM y 15 alcaldías mediante actas de “coordinación y concurrencia” que cubren un área equivalente a 18.365 hectáreas del Huila. El tipo de minería relacionados en las Actas son oro, plata, cobre, platino, paladio, rutenio, rodio, osmio, molibdeno, plomo y Zinc y sus concentrados y derivados; arenas y gravas de río, arcillas, recebo, mármol; roca o piedra caliza.
Los participantes en el Taller acordaron: 1) Exigir la suspensión de todo el proceso de adjudicación de concesiones mineras y se investigue por las autoridades competentes la naturaleza de cada empresa, el origen de su capital y si los alcaldes municipales que suscribieron las actas de coordinación y concurrencia, aprobando las solicitudes de proyectos mineros, están impedidos por conflicto de intereses. 2) Solicitar al próximo gobierno detener la invasión minera y los proyectos extractivos minero energéticos de represas, fracking, minería a gran escala, agronegocios y reglamentar las Consultas Populares de carácter decisorio. 3) Realizar y socializar el contenido del Taller Invasión Minera y Bonos carbono en Garzón, Pitalito y Florencia, crear una coordinación en representación de organizaciones sociales, sindicales, ambientales, de Derechos Humanos del Huila defensoras de la Vida y el Territorio y construir una Agenda Mínima compartida con otras regiones, por un nuevo modelo minero energético soberano y autónomo, gestionado por las comunidades y que responda a sus necesidades; sustentado en otras alternativas como la energía solar, eólica, geotérmica, cogeneración y biomasa, entre otras, que implica una transición energética que parte de considerar la energía como un bien común y no como una mercancía, es decir, asociada a “los negocios verdes” como los bonos carbono; por la autonomía y el poder territorial que armonice las relaciones entre el campo y la ciudad y por la paz con justicia socioambiental contra la paz corporativa.
Se destaca la reflexión crítica sobre las propuestas del Gobierno de Petro sobre los bonos carbono y el rechazo a los mercados verdes y a los Pagos por Servicios Ambientales y se propuso que el Estado debe concertar con las comunidades un fondo especial para la financiación de Programas de conservación y reforestación de los bienes naturales comunes como el Amazonas, el Macizo Colombiano, Serranía de Chiribiquete, bosques, páramos, ríos, destinado a compensar a las comunidades indígenas, campesinas, afro que habitan esas regiones con inversión en compra de tierras, proyectos agroecológicos, Seguridad Alimentaria, como los auténticos protectores de la naturaleza. El estado debe respetar los preceptos de derecho mayor, derecho propio y ley de origen, y de las funciones ambientales de las autoridades indígenas; como también los principios de autodeterminación, la autonomía, la participación efectiva y el derecho fundamental a la consulta previa y las consultas populares libres e informadas; a la identidad, cultural, los derechos sobre tierras, territorios y recursos, que implican el reconocimiento de las prácticas territoriales ancestrales y sus planes integrales de vida y las formas de producción de campesinos y afros como la agroecología.
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