AGENDA MÍNIMA PARA LA DEFENSA DEL TERRITORIO

 

El Movimiento Social Defensores del Territorio DT está dispuesto a mantener un diálogo directo con el nuevo gobierno en cabeza de Gustavo Petro y Francia Márquez, en torno a una Agenda mínima alternativa a los proyectos extractivos y de mercantilización de la naturaleza como los bonos carbono.

Compartimos que los resultados electorales a favor del progresismo son producto de las resistencias históricas de los pueblos, destacando los recientes levantamientos populares contra el neoliberalismo y los  aportes de los Movimientos Sociales que de manera autónoma han venido construyendo Agendas Comunes desde los Territorios por un nuevo modelo minero energético soberano y autónomo que implica una transición ecológica y energética justa, la creación de un Sistema Agropecuario, pesquero, territorial y sustentable que privilegie la agroecología a cambio de la agroindustria y la Paz con Justicia Socioambiental.

Estas agendas se fundamentan en la “Autodeterminación como sujetos colectivos de los pueblos en movimiento”, que demandan vivir con sus cosmovisiones, razón por la cual, rechazan la instalación de proyectos extractivos de minería a gran escala, petróleo, represas, monocultivos que destruyen los ecosistemas y defienden sus planes de vida como parte de una economía propia ecosustentable con su concepción de poder, que parte de considerar que los cambios de fondo los hacen los pueblos, no vienen de arriba sino de abajo.

Se trata de los pueblos indígenas, afros, campesinos que en las recientes elecciones se movilizaron de manera organizada desde las Montañas y Serranías del Caribe y del Pacífico, demostrando su capacidad y disposición de avanzar en la construcción soberana y autónoma del poder popular.

Es comprensible y razonable el júbilo multicolor que se expresó el 19 de junio en pueblos y veredas víctimas de las violencias estructurales encarnadas en el poder criminal de todas las mafias que han gobernado el país y las expectativas en el nuevo gobierno. Pero también hay que ser conscientes de los grandes retos que hay que enfrentar debido a las presiones que ejercen diferentes sectores como el de las grandes empresas, que demandan estabilidad jurídica y garantías de inversión, con énfasis, en las energías renovables, asociadas a los mercados verdes y que el contenido de las propuestas de paz y justicia socioambiental serán objeto de negociaciones en el Congreso antes de traducirse en el nuevo Plan Nacional de Desarrollo, en un contexto desfavorable por el creciente incremento de la deuda pública y la exigencia del FMI de la solución del déficit fiscal en detrimento de la Agenda Social.

En el contexto del Diálogo Regional, el Movimiento Defensores del Territorio considera que es urgente dar respuesta a las siguientes exigencias mínimas:

Suspender definitivamente el Plan Master de privatización del Río Magdalena que contiene la construcción de 7 represas más para el Huila y de los proyectos del Plan Nacional de Desarrollo Minero con horizonte 2025 y construir un Sistema de Ríos Protegidos para la preservación de la biodiversidad Natural y genética.

Impulsar la transición energética que debe estar en manos del Estado y sus empresas como ECOPETROL y la empresa de energía del Huila dando prioridad a las energías renovables en cabeza de las comunidades, los barrios, las organizaciones sociales o comunitarias y los municipios que deben ser subsidiadas por el Estado y no concesionar proyectos de diversificación de la oferta desde el mercado asociada al negocio financiero de los Bonos Carbono a favor de las transnacionales como ENEL EMGESA que viene invadiendo el Macizo Combiano, despojando a indígenas y campesinos, para el control territorial y apropiación de nuestros Bienes Naturales Comunes como el agua.

Frente a los graves daños socioambientales causados por la construcción de la represa El Quimbo se debe garantizar la entrega de 2700 hectáreas con Distritos de Riego por gravedad en producción a poblaciones victimas de Enel Emgesa, tal como lo estableció la Licencia Ambiental; dar cumplimiento al Decreto 1277 de 2013 que estableció un programa de adjudicación de Tierras con prioridad para víctimas del Quimbo y garantizar la creación de una Zona de Reserva Campesina, donde se privilegie la agroecología a cambio de la agroindustria; garantizar la reparación de los daños causados al departamento por la destrucción de las actividades agrícolas equivalentes a 30.000 toneladas de alimentos,  que han dejado pérdidas anuales cercanas a los 50 mil millones de pesos; dar cumplimiento a la Sentencia T 135/13 de la Corte Constitucional de restitución de los derechos constitucionales vulnerados a todas las poblaciones victimas del Megaproyecto El Quimbo,

Defensores del Territorio exige celeridad a la Justicia que después de 8 años de interpuestas las demandas de nulidad de la Licencia Ambiental del Quimbo ante el Consejo de Estado y de supuesto delito por daños ambientales en la Fiscalía 3 de Bogotá y de haber agotado todos los trámites, aún no existe pronunciamiento de fondo.