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Miller Armín Dussán Calderón

AUDIENCIA DE PRUEBAS: POTENCIALES AMENAZAS POR CARENCIA DE ESTUDIOS EN EL QUIMBO

AUDIENCIA DE PRUEBAS: POTENCIALES AMENAZAS POR CARENCIA DE ESTUDIOS EN EL QUIMBO

Filtraciones en El Quimbo

El 13 de septiembre de 2021 Lucio Rubio, gerente general de Enel Colombia compareció ante el Consejo de Estado en la Audiencia de Pruebas en el marco de la acción de nulidad de la Licencia Ambiental del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo interpuesta, por el Centro de Estudios Tierra Digna con la coadyuvancia de Asoquimbo.

Del interrogatorio formulado por los demandantes a Lucio Rubio, se evidenció que 1) los estudios que sustentaron el diseño y construcción del proyecto el Quimbo no contaron con información primaria actualizada geológica, geofísica, estratigráfica, geoestructural, hidrogeológica, sísmica, tectónica y de amenazas naturales, previo a la etapa de diseño y determinación de la localización del Proyecto, para lo cual era fundamental el Diagnóstico Ambiental de Alternativas para la aprobación y otorgamiento de la licencia ambiental. 2)  En el Plan de riesgo y contingencias no se definió y desarrolló el escenario de filtraciones en el muro central de la presa, el dique auxiliar, los estribos y la casa de máquinas ni se cuenta con estudios especializados sobre el origen y posibles consecuencias sobre el río Magdalena y las poblaciones aguas abajo de ocurrir un desembalse catastrófico. Tampoco está definido quién es el responsable de dicho plan y quién debe asumir los costos directos e indirectos de los escenarios de riesgo de los proyectos El Quimbo y Betania. 3) se desconoce el aporte, las implicaciones y situaciones de riesgo del proyecto hidroeléctrico El Quimbo en cuanto sismicidad inducida a escala local y regional desde su operación.

La inexistencia del Diagnóstico Ambiental de Alternativas y de los estudios de campo actualizados confirman, de una parte, las advertencias y los hallazgos formulados por la Contraloría General de la República en sus Informes Técnicos y de Auditoría a la gestión de la ANLA y caracterizados como de incidencia penal y disciplinaria y, de otra, la validez de los cargos formulados en la demanda de nulidad sobre la “falsa motivación, expedición irregular y violación de la ley sustancial”.

Especial atención merece las consecuencias para las víctimas del proyecto, los ecosistemas y los intereses de los huilenses. Está claro que la única preocupación del Enel Emgesa y el Gobierno era cumplir con el cronograma de obras bajo el supuesto de garantizar la seguridad energética del país frente a un eventual apagón, ocultando que el verdadero interés era obtener las mayores ganancias al menor costo posible lo que explica las 117 modificaciones a la licencia, entre ellas, la ampliación de las fechas para los reasentamientos, sus equipamientos y las unidades productivas, dilatando el cumplimiento de la restitución de las actividades productivas, desconociendo a más de 30.000 afectados que solicitaron ser incluidos en el nuevo censo ordenado mediante Sentencia T 135/13 de la Corte constitucional, el no retiro de la totalidad de la biomasa antes de proceder al llenado del embalse y el desconocimiento de los pescadores artesanales víctimas de la destrucción de su actividad productiva por efecto de la contaminación del río Magdalena, la solicitud de desalojo a nombre de amparos policivos, la violencia ejercida contra los manifestantes, la estigmatización, amenazas y judicialización de líderes sociales al considerarlos como obstáculos para la imposición del Proyecto, incluso, como se ha registrado en muchos casos hacerlos desparecer.

No cabe duda de que la falsa motivación, expedición irregular y violación de la ley sustancial para favorecer la acumulación de riqueza, recae principalmente en ENEL Emgesa que decidió, en contravía de la normatividad, que la única alternativa era construir el Proyecto en el lugar donde está localizado, actuando al mismo tiempo como dueña e interventora del mismo, sin control riguroso por parte de la ANLA, razón por la que debe responder por los daños económicos y socioambientales.

Pero igualmente, indigna la sentencia de Alvaro Uribe “El Quimbo va porque va”, una declaratoria de guerra contra los afectados y los huilenses respaldada unánimemente por Gobernadores, alcaldes, parlamentarios, gremios económicos, entre otros.

Hay que fortalecer las resistencias contra toda la política extractivista del Estado (represas, fracking, minería a gran escala) en Defensa del Territorio y la Vida para el Buen Vivir.

https://www.facebook.com/millerdussan/videos/823236921694890

 

 


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