UNIVERSIDADES PUBLICAS EXIGEN GRATUIDAD DE MATRÍCULAS

Estudiantes de las Universidades Públicas han convocado a la Movilización Social por la Defensa de la Universidad Pública de Calidad, Obligatoria, Universal, Abierta, Participativa, Deliberante y Gratuita como garantías para la producción y apropiación de la ciencia que demanda la construcción de una nueva sociedad ecosocial para el Buen Vivir, en un contexto donde la autonomía de las universidades ha sido usurpada por el poder del Estado y la mercantilización de la educación y la cultura al servicio del control corporativo de nuestros territorios por las transnacionales y el capital financiero.

A raíz de la crisis social, económica y sanitaria generada por  la pandemia del Covid-19, sectores representativos del movimiento estudiantil convocaron a respaldar la propuesta denominada Matrícula Cero, para todos los estudiantes de pregrado, teniendo en cuenta que la gran mayoría de quienes acceden a las universidades públicas son de los estratos 1 y 2 y que diversos estudios coinciden en señalar que a partir del segundo semestre de 2020 habrá una reducción de las matrículas hasta en un 40% debido a que muchas familias ya no tienen la capacidad económica para continuar con el pago de las mismas.

Consideran que para garantizar la progresividad del derecho se creen Fondos Comunes donde el mayor aporte provenga del Gobierno Nacional y donde contribuyan gobiernos Departamentales y Municipales y de la reasignación de algunos gastos y rubros específicos de las universidades que se han visto reducidos en medio de la pandemia y que han sido asumidos por las familias de los estudiantes en los lugares de confinamiento.  

Sin embargo, la respuesta del gobierno nacional ha sido crear un supuesto “Fondo Solidario” donde se destinarán escasos 97 mil millones de pesos para apoyar el pago de matrícula de  las universidades públicas, para jóvenes de los estratos 1 y 2  y líneas de crédito a través de ICETEX con disminución de interés al IPC que implica un desconocimiento del carácter gratuito de dichas instituciones.

Paradójicamente, como lo demostró el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, en su estudio sobre “La transparencia en el uso de los recursos para atender la emergencia”  el Gobierno Nacional estaría entregando menos de mil millones de pesos para atender la pandemia que representa menos de un punto porcentual de Producto Interno Bruto -PIB-, en contraste con las cifras oficiales, que mienten al afirmar que han dispuesto en ayudas el 11% del PIB, equivalente a 117 billones de pesos, más de 2 millones por Colombiano pero que en realidad fueron a parar a los intermediarios financieros.

El Gobierno creó el Fondo de Mitigación de Emergencias -FOME- que cuenta con 25.6 billones de los cuales 5.7  fueron a parar a las EPS y cerca de 19 billones de pesos aún no han sido destinados para atender a los sectores más pobres de la población y, específicamente, para garantizar la gratuidad de las matrículas de la Educación Pública. Además, existe otra fuente proveniente de la emisión de dinero que puede decretar la Junta directiva del Banco de la República para que se convierta en línea de apoyo directo o subsidios a las universidades públicas como las matrículas y las necesidades que vienen demandando los trabajadores de la salud. 

Con base en lo anterior se ha elaborado un Proyecto de Acuerdo de Garantía al derecho a la educación Pública para que el Consejo Superior de la Universidad Surcolombiana, apruebe que a partir del segundo semestre del 2020 ningún estudiante de pregrado de la Universidad Surcolombiana  pagará matrículas ni derechos académicos y que la Universidad suministrará la alimentación para los estudiantes que por sus precarias condiciones económicas lo soliciten y recursos pedagógicos para todos como conectividad a internet, tablets y acompañamiento sicosocial de manera permanente.

Además, basta con considerar que según el artículo 69 de la Constitución Política de Colombia “se garantiza la autonomía universitaria. Las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley… el Estado facilitará mecanismos financieros que hagan posible el acceso de todas las personas aptas a la educación superior. Y la UNESCO reconoce que la educación es un derecho humano fundamental que ocupa el centro mismo de su misión y está indisolublemente ligado a la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) y a muchos otros instrumentos internacionales en derechos humanos. El derecho a la educación es uno de los principios rectores que respalda la Agenda Mundial Educación 2030.

Para el logro de la gratuidad de la matrícula se requiere de la articulación y movilización de todos los movimientos sociales y, especialmente, la declaración inmediata de desobediencia civil exigiendo a las directivas de la USCO que proceda a matricular a partir del 2 semestre de 2020 a todos sus estudiantes de pregrado sin el cobro de matrículas.