EL JURAMENTO HIPOCRÁTICO EN ÉPOCAS DE PANDEMIA

Gremios y sindicatos del sector salud rechazaron el decreto 538 del Ministerio de Salud que obliga a todo el personal, en ejercicio o en formación en salud, a estar preparado y disponible ante un llamado a prestar sus servicios para atender el avance de la pandemia derivada del Covid 19.

El rechazo de los profesionales de la salud se fundamenta en las pésimas condiciones en que se encuentra el sistema de sanidad, producto de su mercantilización derivada de la Ley 100, cuyas consecuencias son inobjetables como la precariedad de los salarios, la falta de estabilidad laboral y de contratos dignos, la discriminación social y las carencias de elementos y medidas preventivas de bioseguridad, que en esta época de pandemia ha cobrado la vida de varios médicos como el joven Carlos Nieto de 33 años, privando a sus hijos, Samanta de tres años y Nicolás de 1, del derecho a gozar durante su vida de los afectos profundos de su padre.

La no garantía de la bioprotección es el desconocimiento de los derechos constitucionales e irrenunciables a la vida y a la salud. Pero también plantea un dilema ético para los médicos entre el compromiso de cumplir con el Juramento Hipocrático de “no llevar otro propósito que el bien y la salud de los enfermos y a consagrar la vida al servicio de la humanidad” o sacrificar su vida misma, en condiciones indignas impuestas por los mercaderes de la salud, que en muchos casos implica la negación del derecho de sus hijos, de generaciones jóvenes a contar con la protección y el amor de sus padres que es fundamental para el desarrollo integral de la personalidad.

El personal de la salud ha expresado su disposición a cumplir con su deber, con su imperativo ético de salvar vidas, pero tiene razón al rechazar cualquier norma  que los obligue a “actos temerarios y acciones suicidas frente a una pandemia que ya ha dejado miles de pérdidas humanas en el mundo”, máxime cuando el gobierno no garantiza al personal de salud los elementos de protección personal, argumentando, además, que  “al país no le va a servir una larga lista de personal de salud muerto y sin poder detener la pandemia”.

Cuando las leyes vulneran los derechos individuales y los intereses de la mayoría es ético y legítimo rechazarlas y buscar soluciones creativas basadas en los principios éticos universales (dignidad del ser humano, igualdad, libertad, solidaridad, etc). Las leyes son válidas sólo en la medida en que se basan en la justicia y existe la obligación moral de desobedecerlas cuando son injustas.

Pero no es suficiente acudir a dichos principios éticos, sin considerar las situaciones específicas que determinan cual es la opción que se debe asumir frente a un dilema moral como el que hemos planteado entre salvar vidas de pacientes en condiciones de alto riesgo de morir o salvar la vida del trabajador de la salud, más aún, cuando de ella depende la protección y el cuidado de sus hijos menores.

En este caso, a mi juicio, priman los derechos de los niños que según el Plan de Acción de la Cumbre Mundial a favor de la Infancia, “no hay causa que merezca más alta prioridad que la protección y el desarrollo de la niña/o, de quien dependen la supervivencia, la estabilidad y el progreso de todas las naciones y, de hecho, de la civilización humana"