DETRIMENTO PATRIMONIAL POR COMPRA DE PREDIOS IMPRODUCTIVOS PARA VÍCTIMAS DEL QUIMBO

La Contraloría General de la República CGR, en su “Informe Auditoría Financiera Agencia Nacional de Tierras ANT- (Vigencia 2018), publicado en junio de 2019, en su hallazgo No. 25 “Adquisición de predios sin disponibilidad de recurso hídrico”, identificó que el INCODER (hoy ANT) compró 430. 88 hectáreas distribuidas en 4 predios, tres en el Agrado y uno en Paicol Huila por un valor total de $ 3.263.515.154 no aptos para cultivo, toda vez que no se pueden adecuar para el riego.

Según el “Documento de cooperación celebrado entre la gobernación del Departamento del Huila, los municipios del Agrado, Garzón, Altamira, Gigante, Paicol y Tesalia, Ministerio de Minas, de Agricultura y Emgesa” que fue incorporado a la Licencia Ambiental del PH el Quimbo, se establece la obligación del INCODER/ANTde adquirir 2.700 hectáreas para que sean adecuadas por Emgesa y entregadas a la comunidad afectada por el proyecto.

La ANT reconoció que los predios adquiridos no contaron con la presentación  previa a Emgesa del estudio de viabilidad para la construcción de la infraestructura de riego por gravedad, razón por la cual la CGR estableció que “el INCODER inobservó el principio de planeación, economía y eficacia e incurrió en detrimento patrimonial que deberá investigarse disciplinariamente”. Adicionalmente, señaló que la Agencia Nacional de Tierras no ha tomado acciones al respecto para subsanar la irregularidad y resolver de fondo las necesidades de la comunidad.

A cambio de subsanar la irregularidad y garantizar el cumplimiento de la obligación de restituir la actividad productiva según el Documento de Cooperación, la solución que proponen el Gobierno Nacional, representantes de los alcaldes de la zona de afectación y el Procurador Agrario Ambiental del Huila, integrantes de la Mesa de Seguimiento al Quimbo, es modificar la Licencia Ambiental para que la Agencia Nacional de Tierras -ANT- logre la entrega de las 430 hectáreas, compradas irregularmente, a unos pocos beneficiarios con la posibilidad de adecuarlas con otros sistemas de riego a más bajo costo.

Adicionalmente, pretende favorecer a Emgesa para que no cumpla con la adecuación de las 2700 hectáreas, debido a que  de manera engañosa y fraudulenta, en complicidad con la Agencia Nacional de Licencias Ambientales,  presionó a 422 personas de un total de 426 beneficiarias para que firmaran un acta mediante el cual “renuncian en forma total y definitiva a cualquier compensación e indemnización por cualquier otra forma de perjuicio, así como a cualquier reclamación judicial o extrajudicial que pretenda compensaciones o indemnizaciones adicionales” a cambio de renunciar al derecho a tierras productivas para lo cual la compañía les entregó un irrisorio capital semilla entre 25 y 28 millones de pesos. La modificación va en contravía del objetivo general de la licencia ambiental del PHEQ, de restituir la actividad productiva.  

Después de 8 años de incumplimiento, la CGR expresa que “se puede evidenciar que la ANT no cuenta con la planeación presupuestal necesaria para la compra de las 2700 hectáreas”. Y al no contar con un presupuesto apropiado difícilmente se puede cumplir con el Documento de cooperación, generando falsas expectativas en la comunidad que posteriormente no son satisfechas.

Ante la gravedad de los hechos Asoquimbo envió un derecho de petición a la Comisión Nacional de Seguimiento al Quimbo exigiendo el cumplimiento estricto de la Licencia y más aún cuando se ha identificado un Área potencial de 17.718,95 has., ubicadas dentro de los seis municipios de influencia del proyecto. Además, que se investigue a los responsables del detrimento patrimonial.