¿A QUIENES FAVORECEN LOS ASESINATOS DE LIDERES SOCIALES?

 

Foto Revista Semana. Líderes Sociales asesinados 

Desde el 2016 hasta la fecha, según la Defensoría del Pueblo, se registran  311 líderes sociales asesinados en el país que se incrementaron durante el proceso de paz y con mayor fuerza a partir de la elección de Iván Duque como presidente de Colombia, bajo el supuesto de contar con el respaldo de un gobierno y sus aliados que se identifican con estos crímenes de lesa humanidad.

Javier Ortiz, en su columna de opinión de El Espectador -Matazón infame- sostiene que “es incontrovertible que la llegada del uribismo al poder multiplica las amenazas de estos grupos al margen de la ley contra personas sin ningún tipo de protección”.

Mauricio Vargas, columnista del Tiempo en ‘Causa y Efecto’ expresa que “el fenómeno ocurre desde hace décadas. Pero se ha agravado. Primero, porque el Estado y, en especial, la Fuerza Pública descuidaron, durante las negociaciones de La Habana, las zonas de influencia de las Farc y cuando el grueso de esa guerrilla se desmovilizó, las autoridades no entraron a ejercer el debido control”.

Alberto Brunori, alto comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas en Colombia, sostiene en entrevista con El Tiempo el 8 de julio de 2018,  que “vemos muchos casos de defensores o líderes que tienen que ver con la defensa de la tierra, con la oposición a megaproyectos o con denuncias sobre cultivos ilícitos”. Agrega que, “hay que superar la investigación de casos con autores materiales e ir a las estructuras criminales detrás de estos asesinatos, creo que ese es el salto que se necesita hacer para asegurar una efectiva lucha contra la impunidad. El sicario no se mueve solo, alguien lo paga, alguien le da una instrucción y ejerce una actividad, por supuesto ilícita, criminal”.

Como lo advierte Brunori “hay que ir a las estructuras criminales” para conocer quiénes son los autores determinantes de estos crímenes.  Sin embargo, es evidente que los asesinatos están dirigidos a destruir las organizaciones sociales y los procesos de resistencia por la Defensa de los Territorios, la restitución de tierras, la sustitución de cultivos o del medio ambiente, contra los megaproyectos minero energéticos (fracking, represas, minería a gran escala), los agronegocios y el narcotráfico.

Sin lugar a dudas, estos crímenes favorecen al bloque  político  dirigido   por  Uribe   que respaldan a  Iván que  representa, de una parte,  los  intereses  del  latifundio  tradicional    que como lo señala el investigador Daniel Libreros de la Universidad Nacional “ahora  asociado  con  el  latifundio   resultado  del  despojo   que  ´produjo   la   guerra   durante  las  últimas  décadas  y  que  según   los  cálculos  más  benignos  llega  a   6 millones  de  hectáreas.    Propugna  por  el  ‘estatus  quo    rural,  porque  las    tierras   despojadas     sigan  en  manos    de  los  victimarios,    sus  testaferros   y aquellos   que   las  apropiaron  mediante  el  lavado  de  activos”.   Y, de otra,  al sector dirigido por Santos cuyos intereses están vinculados a los  grupos  financieros cuyo gobierno  estuvo dirigido  a favorecer  la  consolidación  del   control  corporativo  de  los  territorios    abriendo  oportunidades  de  negocios  a   las grandes  empresas   asociadas  a   las   cadenas  de  producción  transnacional. Lo anterior explica la alianza clasista inter-élites   que se evidenció en   el  frente  electoral  de  “los  de  arriba”  ante  la  posibilidad  de  que una convergencia en torno a mínimos democráticos con  un  personaje   ajeno  al  establecimiento  llegara  a la  Presidencia  de  la  República.

De acuerdo con Tatiana Acevedo Guerrero, en su columna ‘La capacidad colectiva de cambiar las cosas´ “Diferentes poblaciones, con agendas reivindicativas variadas, empiezan a identificarse unas con otras y a sentir una obligación moral con las demás. Quizá sea este el momento de retomar el paro cívico nacional y se abra camino largo a la empatía.