AUDIENCIA PUBLICA AMBIENTAL Y SUSPENSIÓN DE LICENCIAS EXIGE MESA POR LA DEFENSA DEL AGUA Y EL TERRITORIO DEL HUILA.

Foto Asoquimbo Mesa Ambiente, Agua y Territorio

El 28 de marzo de 2016 se reunió la Mesa Ambiente, Agua y Territorio creada por el Decreto 0489 del gobierno del Huila con el propósito central de aprobar la solicitud de Audiencia Pública Ambiental al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible con fundamento en el Decreto 330 Febrero 08 de 2007 y ante la manifiesta “violación de los requisitos, términos, condiciones y obligaciones bajo los cuales se otorgó la licencia ambiental al proyecto hidroeléctrico El Quimbo”.

Los integrantes de la Mesa acordaron incluir los estudios que demuestran los daños económicos, socioambientales y culturales aportados por la Corporación Autónoma del Alto Magdalena -CAM- y Asoquimbo y sugerencias sobre afectaciones psicosociales. Además, anexar el Informe de Misión[1] sobre el impacto del proyecto hidrológico de El Quimbo en la vulneración de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la población de varios municipios del Departamento del Huila, Colombia, elaborado por la Comisión Internacional de Juristas -CIJ-[2] “donde se formulan recomendaciones al Estado colombiano, a la empresa responsable del proyecto de El Quimbo y a la Comunidad Internacional para garantizar los derechos humanos, la protección del medio ambiente y poner fin a los abusos y exacciones cometidas contra las comunidades”.

La Mesa aprobó solicitar al Ministerio de Ambiente y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales la suspensión inmediata del proceso de licenciamiento del Proyecto Hidroeléctrico de Oporapa Huila que adelanta Emgesa y abstenerse de autorizar estudios Diagnósticos Ambientales de Alternativas -DAA- o de Impacto Ambiental -EIA- para el otorgamiento de licencias para represas en el Huila y, específicamente, los proyectos definidos en el Plan Maestro de Aprovechamiento del río Magdalena. Se adjuntará el Decreto 0489 y la carta de compromiso de “no construir más represas en el Huila” enviada por el Ministro de Agricultura Aurelio Iragorri al Gobernador del Huila, Carlos Julio González, a raíz de las movilizaciones realizadas en el Huila el 14 de marzo, día mundial contra represas, por el agua y los ríos.

Asoquimbo solicitó a la CAM suspender todos los procesos de solicitud de Licencia para 14 Pequeñas Centrales Hidroeléctricas en el Huila con fundamento en la Sentencia T-135/13 de la Corte Constitucional mediante la cual se insta al Estado a desarrollar otras alternativas energéticas como la solar, eólica, corrientes marinas, biomasa y que serán objeto de estudio de la Comisión de política minero energética de la Mesa.

El gobernador del Huila se comprometió a solicitar, en un término no mayor de 15 días, audiencia con el Ministro de Agricultura para abordar la problemática generada por el incumplimiento de la Licencia Ambiental del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo al no adjudicar 2700 hectáreas de tierras con distritos de riesgo a jornaleros, partijeros, pescadores, madres cabeza de familia, entre otros, y el cumplimiento del Decreto número 1277 del 21 de junio de 2013 "Por el cual se establece un programa especial de Dotación de Tierras" y como primer beneficiario las “Personas vulnerables de la zona de ejecución del proyecto hidroeléctrico "El Quimbo" en el departamento del Huila, que no sean propietarias de tierras y sean sujetos de reforma agraria”.

El Gobierno Departamental y el Señor Alcalde de Hobo Huila se comprometieron a coadyuvar la Acción de Tutela interpuesta por organizaciones de pescadores del municipio del Hobo, admitida el 11 de marzo de 2016 por el Juez Segundo de Familia de Neiva.

Finalmente, Asoquimbo propuso la realización de eventos académicos para analizar el Plan Master de Aprovechamiento del río Magdalena y convocó a los propietarios de tierras a no venderlas a las corporaciones transnacionales cuyo destino es el desarrollo de proyectos minero energéticos y agronegocios y  a organizarse en defensa del territorio y la vida.    

---

[1] La Misión de observación visitó a Colombia entre el 15 y el 21 de noviembre de 2015, y estuvo integrada por Philippe Texier y Belisário do Santos Junior, Comisionados de la CIJ por Francia y Brasil, respectivamente, y Sandra Ratjen, Consejera jurídica principal responsable del Programa de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la CIJ. Asimismo, la Misión contó con la asesoría del abogado Alberto León Gómez

[2] La  CIJ es una ONG internacional con sede en Ginebra (Suiza), creada en Berlín (Alemania) en el año 1952 con la finalidad de proteger y promover los derechos humanos y el imperio de la ley. Tiene estatuto consultivo ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), el Consejo de Europa y la Unión Africana. La CIJ también mantiene relaciones de cooperación con diversos órganos de la Organización de Estados Americanos.