ASAMBLEAS CONVOCADAS POR ASOQUIMBO SE COMPROMETEN CON PARO CIVICO REGIONAL EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2013

10 de diciembre de 2012 - 14:26

El 8 de diciembre de 2012 se realizaron las Asambleas de Asoquimbo en el Centro Recreacional Manila del municipio de Garzón y en el Colegio Nacional de Gigante Huila, con la presencia de cerca de 2. 500 afectados por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo, la mayoría no incluidos en el censo de Emgesa y poblaciones que no han sido reasentadas ni compensadas y que demandan la suspensión inmediata de la Licencia Ambiental y la indemnización por los daños causados, entre ellos: jornaleros, partijeros, mayordomos, pescadores, piscicultores, comerciantes, constructores, volqueteros, areneros, transportadores, paleros, madres cabeza de familia, adultos mayores jefes de Hogar, propietarios, poseedores y ocupantes de predios, otros grupos poblacionales.

Los participantes destacaron la decisión de la Contraloría General de la República -CGR- de adelantar el proceso de responsabilidad fiscal por más de 352.000 millones de pesos contra la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales por detrimento patrimonial, ante la destrucción de las cadenas productivas y el ambiente, que explican las protestas contra el Proyecto El Quimbo.

De igual manera, la ratificación de la CGR según la cual, “el censo continua abierto” y que “nunca ha cambiado la posición frente al informe del mismo…” y la advertencia a los alcaldes y concejales de los municipios directamente afectados de incurrir en faltas disciplinarias de ser aprobados los Planes Básicos de Ordenamiento Territorial, asesorados y financiados por Emgesa a través de CODEIN.

Asoquimbo se refirió a los Autos 3511 y 3512 expedidos por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales del 13 de noviembre de 2012 “por el cual se efectúa seguimiento y control ambiental” expresando su preocupación debido a que, con escasas excepciones, dichos autos avalan “el cumplimiento de todas las obligaciones por parte de Emgesa”, sin contrastación con las comunidades académicas y las poblaciones afectadas, referidas a los Programas y Proyectos que conforman el Plan de Manejo Ambiental contenido en el Estudio de Impacto Ambiental, a través de “visitas de seguimiento” que duran máximo cinco días, como la realizada entre 12 y 16 de diciembre de 2011 para observar procesos tan complejos como el abiótico, biótico y socioeconómico o las de “seguimiento social”, realizadas con “las autoridades municipales” (alcaldes, personeros, entre otros,) quienes hablan a nombre de las comunidades afectadas por lo general para denigrar de ellas, de su organización Asoquimbo y ratificar que la empresa Emgesa cumple con las obligaciones establecidas en la Licencia Ambiental, especialmente el censo de afectados, tal como se describe en los Autos de la ANLA. Veamos algunos casos:

1.- Reunión en la Personería Municipal de Gigante, seguimiento del 22 a 26 de mayo de 2012:

“Se realizó reunión con la personera del municipio de Gigante, Liz Alejandra Forero, quien manifestó las siguientes inquietudes por parte de la comunidad sobre las actividades del proyecto:

. “Respecto al censo que realizó la Empresa en el año 2009, la personera manifiesta que a la fecha existe parte de la comunidad que no fue incluida porque no quiso dejarse censar y se escondieron, por el contrario existe gente que quiere aprovechar el momento para que sean incluidos y no tienen ninguna afectación.”

2.- Reunión en la Alcaldía Municipal de Garzón, seguimiento del 22 a 26 de mayo de 2012. Reunión con el Secretario de Gobierno, Norberto Serrano del Municipio de Garzón

“Sobre el tema de los censos considera que mucha gente no debería estar en estas listas como es el caso de los mineros, porque el municipio nunca ha desarrollado esta actividad. Los que no están son pocos porque tuvieron tiempo para ser incluidos y ahora solicitan la inclusión por interés económico”

“Sugiere que la Empresa implemente otras estrategias de información del Proyecto como son los recorridos de campo con la administración municipal por las obras del Proyecto y considera que la falta cobertura de información por parte de la Empresa porque ASOQUIMBO desinforma a la comunidad”.

De ser cierta la versión, estaría implícito el afán de lambonería, reverencia y genuflexión ante Emgesa, por parte del funcionario de la alcaldía de Garzón, quien posiblemente no se ha enterado que una de las razones por las cuales la Defensoría del Pueblo solicitó, mediante Oficio dirigido al MAVDT -radicado 4120-E1-43213 del 7 de abril de 2011, la suspensión de la Licencia Ambiental, debido a que Emgesa y el Estado, (entre ellos funcionarios de las alcaldías) “restringen el Derecho a la Información a los grupos en situación de vulnerabilidad, lo que implica que desconozcan las medidas de compensación que deben beneficiarlos”

3.- Reunión en la Alcaldía Municipal de Paicol. Seguimiento del 22 al 26 de mayo de 2012. Reunión con el Alcalde, Norberto Palomino del Municipio de Paicol, quien a nombre de la comunidad expresó:

“Sobre la querella de Emgesa contra los pescadores de Domingo Arias, por ocupación de Zona de Trabajo de Emgesa, donde estos debieron ser desalojados por la fuerza pública para solucionar este problema. El alcalde expresa que en la participación de los manifestantes existía un gran número de población que no era de la zona ni del Departamento, muchos eran oportunistas”

El Alcalde de Paicol se contradice con lo expresado el día del desalojo (ver http://www.youtube.com/watch?v=ku-hNrxQU2g) y procedió a ejecutarlo, a favor de Emgesa, contra personas afectadas por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo que se encontraban en su hábitat natural, contra la Ley 1242 de 2008, que declara COMO BIEN DE USO PÚBLICO una franja de terreno que se extiende treinta (30) metros por cada lado del cauce de los ríos de la Nación, reconociéndolos como INALIENABLES, IMPRESCRIPTIBLES e INEMBARGABLES.

Asoquimbo considera que la ANLA, con los Autos 3511 y 3512 de 2012 al “reconocer que Emgesa viene cumpliendo con sus obligaciones establecidas en la Licencia” y únicamente dispone que debe “complementar el Programa de Seguimiento y Monitoreo Social..” y “ajustar, complementar, y/o reformular Programas como el de Información y Divulgación, de Reasentamiento, de Empleo Temporal y Suministro de Servicios, de Educación Ambiental, de Restitución de Empleo, de Salubridad y Saneamiento Básico, de Atención a los Pescadores Artesanales, pretende desmontar y desconocer los argumentos de la Contraloría General de la República que justificaron la apertura de proceso de responsabilidad fiscal contra la ANLA, por detrimento Patrimonial.

De igual manera, la ANLA, pretende justificar su declaración, según la cual, "el censo se encuentra cerrado y no será objeto de apertura", en desacato a la CGR para quien “el censo continua abierto y que existen herramientas para corregirlo” apoyada en los informes de las autoridades municipales, como las personerías, a quienes advierte que “el objetivo de la participación de las personerías en la funcionalidad del edicto para la transparencia del censo es el de actuar como ente de control en esta actividad y que luego no se generen reclamos como los que se presentan actualmente con el Censo del año 2009” (pag. 7, Auto 3512).

En otros términos, para la ANLA, los reclamos actuales con el censo de 2009 son de responsabilidad de los personeros municipales por no haber actuado como “ente de control”. Y estos, ahora pretenden justificar la omisión de sus responsabilidades negando el derecho al censo y la indemnización de los excluidos del mismo, que reconoce la Contraloría General de la República, producto del Informe sobre El Censo, donde se refiere al hallazgo de “graves fallas en el censo realizado por Emgesa para identificar la población afectada por el proyecto y ante la exclusión de muchas personas impactadas que cumplen con las condiciones para ser indemnizadas y censadas”.

Ante la imposibilidad de continuar desconociendo el informe de la CGR sobre el censo, responsabilizando a los personeros por la falta de control del mismo y ante el fallo del Consejo de Estado del 6 de noviembre de 2012 que tuteló derechos fundamentales de un afectado por el Proyecto El Quimbo, ahora para intentar salir de la encrucijada, la ANLA dispone de manera confusa, en el Artículo Primero de la Resolución 3512 del 13 de noviembre de 2012, “requerir a la Empresa Emgesa para que en el término de dos (2) meses de cumplimiento a las siguientes obligaciones”, entre las que se destaca:

c) “Formular e implementar una estrategia para el manejo de las expectativas de la población relacionadas con la inclusión en el censo y por la compensación por la afectación a actividades productivas, así como de los entes de control en el mismo sentido de considerar que hay ciudadanos que deberán ser sujetos de compensación, y no fueron considerados en el censo inicial. Al respecto, es necesario señalar que esta estrategia deberá guardar coherencia con lo requerido en el programa de reasentamiento”

El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Radicación Número 41001-23-33-000-2012-00026-01, en fallo del seis de noviembre de 2012 de la Acción de Tutela interpuesta por Cristian Fernado Monje Perez, ordenó “amparar los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y trabajo del actor. En consecuencia ordena a Emgesa S.A. ESP que proceda a inscribirlo en el censo socioeconómico para la población afectada por la construcción de la hidroeléctrica de El Quimbo, dentro del término de 48 horas, contadas a partir de la notificación de la presente providencia”.

Igualmente, “el fallo del Consejo de Estado previene a Emgesa S.A. ESP para que en adelante se abstenga de incurrir en conductas que generen exclusión o discriminación frente a personas que puedan estar en la misma condición del señor Cristian Fernando Monje Pérez y en caso de verificar que tal situación se presente, proceda a inscribirlos en el censo socioeconómico”.

En la notificación que hace el Consejo de Estado “se previene a la Procuraduría General de la Nación, a la Procuraduría Regional del Huila, a la Defensoría del Pueblo, a la Personería y a la Alcaldía del municipio de Gigante para que en lo sucesivo ejerzan sus funciones constitucionales y legales de protección de los derechos humanos y asegurar su efectividad, defender los intereses de la sociedad y las demás a que haya lugar, dentro del marco señalado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en la Licencia Ambiental No. 899 del 15 de mayo de 2009”.

El 22 de Septiembre de 2.012, en el Municipio de GIGANTE, se designaron Veedores Ciudadanos de la Fundación Curíbano, tercer interviniente en el Licenciamiento del PH el Quimbo, la Asociación de Afectados por el PH el Quimbo, ASOQUIMBO, la Asociación Cultural y Ambientalista del Sur, ACAS, Corporación Com-Unidad para el Desarrollo Social, con el acompañamiento del Equipo Gestor de la Red de Veedurías Ciudadanas del Departamento del Huila para el proceso de elaboración del Censo de población ordenado por la Contraloría General de la República. Estos Veedores serán los responsables de hacer seguimiento y vigilar el cumplimiento de las decisiones de la CGR y del Consejo de Estado.

Los participantes en las Asambleas convocadas por Asoquimbo, denunciaron los atropellos cometidos por Emgesa y funcionarios del Estado y los irreversibles daños económicos, sociales ambientales y culturales causados por la empresa y, en consecuencia, se comprometieron a preparar y realizar un Paro Cívico Regional, para el primer trimestre de 2013 con los siguientes propósitos y demandas:

1) La defensa del territorio, los recursos naturales, el río Magdalena, el Macizo Colombiano, el Páramo de Miraflores y las comunidades afectadas por megaproyectos minero energéticos y los agronegocios, impuestos a nombre de las “locomotores del desarrollo” del Gobierno de Santos.

2) El retiro de las transnacionales del territorio (Endesa Enel, Emerald Energy, Hydrochina, entre otras) y, en consecuencia:

a) La suspensión inmediata de la Licencia Ambiental al proyecto Hidroeléctrico El Quimbo y la indemnización por los daños causados a todas las poblaciones afectadas.

b) Negar la solicitud de Licencia Ambiental a la Emerald Energy para la explotación del Petróleo (tres grandes Plataformas) en la Zona del Páramo de Miraflores.

c) La suspensión inmediata del Convenio suscrito entre el Gobierno Colombiano a través de Cormagdalena y el Gobierno de China, la empresa estatal Hydrochina para la Formulación e implementación del Plan Maestro de Aprovechamiento del río Magdalerna, y específicamente, la no construcción de nuevas represas en el Departamento del Huila.

3.- El acceso a la tierra de campesinos e indígenas y, específicamente, la creación de una Reserva Campesina Agroalimentaria en la Zona de El Quimbo para Jornaleros, Mayordomos, Partijeros, Pescadores y Mineros afectados por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo y la solución a las demandas del sector agrario, como la de los cafeteros.

4.- La cancelación de por lo menos 352.000 millones de pesos al Departamento del Huila y a las comunidades afectadas por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo por el detrimento patrimonial, ante la destrucción de las cadenas productivas y el ambiente, conforme al proceso de responsabilidad fiscal que adelanta la Contraloría General de la República contra la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.

5.- Sanción contra el Tribunal Administrativo del Huila por dilatar la Acción Popular que solicitó la suspensión provisional del trámite de la licencia ambiental como medida cautelar mientras se realizaban los estudios de Impacto Ambiental Alternativos, interpuesta ante la Jueza Tercera Administrativa de Neiva el día 31 de marzo de 2008, Rad. 41001-33-31-003-2008-00423-00, trasladada posteriormente al Tribunal Administrativo del Huila.

6.- Resultados de la averiguación y sanción para los responsables del delito de “Daños en recursos Naturales” causados por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo, Noticia Criminal No. 410016000584201200105, de la Fiscalía General de la Nación.

7.- Informe de la Comisión de la Procuraduría General para estudiar la problemática generada por la construcción del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo y los resultados del requerimiento al Ministerio de Ambiente de pronunciamiento a fondo sobre la solicitud de Audiencia Pública Ambiental.

8.-Informe de la Comisión de Funcionarios enviada por el Alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, para inspeccionar las obras de El Quimbo, con “el ánimo de atender las demandas hechas por la población de esta zona del país”.

9.- Informe sobre los resultados de la investigación ambiental abierta por el MADS contra la empresa EMGESA S.A. E.S.P, mediante el Auto 2870 de 13 de septiembre de 2011 con el fin de verificar las acciones u omisiones constitutivas de infracción ambiental, en el marco del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo, como consecuencia de las medidas preventivas impuestas por medio de las Resoluciones 1096 y 1349 del 14 de junio de 2011”.

10.- Exigir a la Defensoría del Pueblo interponer el recurso de Acción de Tutela y/o valoración de la ruta jurídica a seguir para la Protección de los Derechos Fundamentales de los Afectados por los daños económicos, sociales, ambientales y culturales causados por el Proyecto Hidroeléctrico garantizando la restitución inmediata de su actividad productiva, el derecho al trabajo, al medio ambiente sano y todas las condiciones necesarias para la dignificación de la persona humana y el libre desarrollo de su personalidad. En cuanto a los derechos de la población afectada y, en particular, en lo referente a los daños causados por el mencionado proyecto y no reconocidos durante el trámite correspondiente a la aprobación y desarrollo de la licencia ambiental, se solicita, adicionalmente, adelantar el proceso de documentación del caso y valorar la ruta jurídica a seguir, con el propósito de indemnizar por todos los daños causados y amparar y restablecer los derechos vulnerados.

11.- Adelantar la Visita de Seguimiento a la situación de los Derechos Humanos de las poblaciones afectadas por el Proyecto El Quimbo, programada por la Oficina de Derechos Humanos de la presidencia de la República para el 21 y 22 de diciembre de 2012

12.- El rechazo a la militarización de los territorios, la exigencia de retiro de las bases militares y batallones energéticos que garantizan la seguridad de las inversiones extranjeras en el territorio y la participación de Organizaciones Sociales en la Mesa de Diálogos para la solución política del conflicto armado y garantías para el control soberano y autónomo de nuestros territorios por las Comunidades Indígenas y Campesinas.

13.- Rechazo a los procesos de Judicialización contra líderes de Asoquimbo y de las comunidades indígenas.

ANLA, Auto 3512 de 13 de Noviembre de 2012

Parte I

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxxdWltYm9tb3ZpbGl6YWNpb258Z3g6NjdhNDI2NTRiYzJlYWQyNg

Parte II

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxyb2xhbmRvYm90ZWxsb3J8Z3g6ZmUzMDRiM2RiOWIwMTg2

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