Destierro y soberanía
Domingo, 12 de Agosto de 2012 13:01
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Luz Marina Escobar, campesina huilense habitante de la zona donde se construye el embalse de El Quimbo, declaró: “Estamos ahora peor que antes de llegar la represa, por eso pedimos que se nos defiendan los derechos, ya que nos quiere desplazar el mismo Gobierno”.
La construcción de la Hidroeléctrica El Quimbo sigue generando preocupación en el Huila.
“¿Y quién cuando yo muera consolará el paisaje?”: José Eustasio Rivera.
Gustavo Briñez*
Luz Marina Escobar, campesina huilense habitante de la zona donde se construye el embalse de El Quimbo, declaró: “Estamos ahora peor que antes de llegar la represa, por eso pedimos que se nos defiendan los derechos, ya que nos quiere desplazar el mismo Gobierno”.
Las palabras de Luz Marina no deben parecer extrañas en Colombia, uno de los países con más biodiversidad en el mundo en donde se encuentra más del 10% de la flora y la fauna del planeta, pero en el cual el 40% del territorio está concesionado o solicitado por empresas multinacionales para realizar proyectos de extracción de minerales o hidrocarburos, o para mega-proyectos energéticos, situación debida a la política minero-energética del Gobierno Nacional, y de consecuencias significativas para el ecosistema y las comunidades rurales.
Para su implementación ha promovido cambios normativos que permiten la expropiación unilateral de bienes, bajo la declaración de tales actividades como de utilidad pública e interés social. Según la organización no gubernamental Peace Brigades International, son las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes las que más sufren los daños ambientales, culturales y socio económicos causados por estos mega-proyectos, cuyos territorios han sido escenario del 80% de las violaciones de los Derechos Humanos en Colombia durante los últimos diez años, y de donde, no por obra del azar proviene el 87% de la población desplazada. Se trata, en síntesis, del gran zarpazo del capital trans-nacional en el marco de la globalización neoliberal, no sólo contra Colombia sino contra varios países del mundo.
En este contexto el Estado se ha convertido en un simple mediador en el conflicto que enfrenta a las comunidades afectadas con el poder de las empresas multinacionales.
Entre 1976 y 2005 Colombia ha dependido fundamentalmente de las exportaciones mineras y agrícolas hasta alcanzar en 2011 más del 70% del universo exportado. Con el fin de estimular el crecimiento y diversificar el aparato productivo colombiano las políticas de apertura privilegian la atracción de la inversión extranjera directa (IED), en especial a través de los mega-proyectos agenciados por empresas transnacionales.
Sin embargo las cifras muestran que la IED se ha focalizado hacia sectores de industria extractiva, comercio y servicios, pero la industria manufacturera y el sector agropecuario no hacen parte de sus objetivos al punto que, como lo ha registrado Proexport, entre 2007 y 2008 se concentró en minería y petróleo hasta duplicarse, mientras que la dirigida al sector industrial cayó en un 66%.
Así las cosas, se pone de presente que la IED en Colombia cumple la función de contener la Modernidad y prolongar el atraso y la dependencia.
A partir de lo consignado en los dos párrafos anteriores cabe hacerse varias preguntas: ¿Se puede hoy seguir hablando de soberanía nacional? ¿Las comunidades afectadas por los mega-proyectos mineros y energéticos están obligadas a callar porque sus acciones de resistencia en defensa del territorio son estigmatizadas por el Estado, como evidencia de un supuesto contubernio con grupos alzados en armas? ¿Deberán las comunidades académicas renunciar a su derecho y deber de pensar el país y el mundo, y a producir conocimiento útil, para que la sociedad en su conjunto tome decisiones calificadas que fundamenten la tarea de construir agenda pública y acción política por parte del Gobierno, dirigidas a la construcción de un país más libre, democrático y humano? ¿Es la función de las fuerzas militares pedir la judicialización de la protesta social y de la libertad de expresión?
La Universidad Surcolombiana es conocida en la sociedad huilense como “La Universidad que nació en la calle”, pues su creación fue producto de un movimiento social que hace un poco más de 40 años se tomó las calles de Neiva, exigiendo la fundación de un centro de educación superior en donde pudieran formarse ciudadanos, para abordar eficazmente la solución de las necesidades del departamento. Es un centro de pensamiento en que debe propiciarse el debate científico y humanístico sobre los problemas relevantes de la región Surcolombiana.
Se cumple el objetivo
En cumplimiento de la misión de esta universidad el profesor Míller Dussán Calderón, adelanta hace 4 años un proceso de investigación sobre los modelos de desarrollo y las implicaciones de la actual política minero-energética con especial referencia al caso del proyecto hidroeléctrico de El Quimbo, que agencia la empresa trans-nacional Emgesa-Enel. La investigación se realiza bajo los lineamientos de la Investigación-Acción-Participativa, lo cual generó la creación de un movimiento social en función de la defensa del territorio, del río Magdalena, de la soberanía nacional y de los proyectos de vida de los pobladores por las afectaciones ambientales, sociales, económicas y culturales causadas por la construcción de la represa, hechos que han sido reconocidos por los entes de control a través de indagaciones e investigaciones a la empresa y al Ministerio de Ambiente.
La investigación del profesor Dussán ha develado la actuación del Estado que se dedica de manera autoritaria a defender los intereses de la empresa y no los derechos de la población afectada. Pero frente a la contundencia de los argumentos del profesor Dussán y los pobladores de la región para sustentar la inviabilidad del proyecto, el coronel Juan Francisco Peláez, comandante de la Policía-Huila que más parece ser un agente defensor de los intereses de la transnacional y no un oficial que debe velar por el respeto de los derechos de la población, ha denunciado ante la Procuraduría al profesor Dussán acusándolo de promover protestas y movilizaciones que alteran el orden público.
De esta manera se violenta la autonomía universitaria y los derechos fundamentales a la libre expresión, a la organización de las comunidades y a la protesta social.
Lo anterior sienta un grave precedente a nivel nacional, pues es un ataque al pensamiento crítico y a la Misión de la Universidad; Institución que no puede estar al margen de los problemas del desarrollo humano integral que afectan su entorno sino que, por el contrario, debe proponer soluciones a los mismos para mejorar la calidad de vida de la población, dentro de un marco de libertad de pensamiento, pluralismo ideológico y de conformidad con una ética que consolide la solidaridad y la dignidad humana. El problema no es sólo del profesor Míller, es de todos los académicos y ciudadanos del país que han decidido asumir la defensa de la soberanía nacional; de lo público y del derecho a proponer modelos alternativos propios, como resultado de investigaciones en que la comunidad sea sujeto y no objeto, y que conduzcan a la dignificación de la vida frente a la actitud agresiva del capital transnacional, que para salir de su crisis arremete contra el hombre y la naturaleza. Aquí está también en juego la autonomía universitaria para decidir qué investigar y cómo investigar, sin ceder a las imposiciones que en este campo pretendan instituir las multinacionales.
Gustavo Briñez, académico
*El documento es el resultado de una conversación sostenida entre académicos de la Universidad Surcolombiana entre quienes se destacan: William Torres, Gustavo Briñez, Justo Morales, Carlos Monje, Jesús Gamboa, Aldemar Macías. Quienes definieron elaborar un documento a propósito del impacto de la política Minero-energética a los procesos políticos, sociales, económicos, ambientales, culturales, académicos e investigativos en el País. El encargado de la Redacción fue el profesor Gustavo Briñez.
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Miller Dussán C. -