AUDIENCIA DE PRUEBAS: CONFIRMA POTENCIALES AMENAZAS POR AUSENCIA DE DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE ALTERNATIVAS Y VIOLACIÓN DE LA LEY SUSTANCIAL

El 20 de septiembre de 2021 Julio Santafé, director del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo en su fase de construcción, compareció ante el Consejo de Estado en la Audiencia de Pruebas en el marco de la acción de nulidad de la Licencia Ambiental del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo interpuesta, por el Centro de Estudios Tierra Digna con la coadyuvancia de Asoquimbo.

Del interrogatorio formulado por el Magistrado y los demandantes a Julio Santafé se evidenció que 1) No se realizaron nuevos estudios de campo de configuración geológica del terreno que eran determinantes para la localización del sitio donde se construyó la represa y el manual de diseño y ejecución de obras, al confirmar que los estudios de prefactivilidad del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo se basaron  en estudios elaborados en 1995 que fueron presentados en 1997 por la Central Hidroeléctrica de Betania al Ministerio del Medio Ambiente que declaró inviable las tres alternativas formuladas para generar electricidad sustentado en  “la desproporción entre el área de inundación y la poca generación de electricidad en la zona del Quimbo y la afectación estructural del área productiva”.  2) El no realizar DAA para determinar la localización del Quimbo explica que se hizo con criterios extratécnicos, entre ellos, disminuir costos del Proyecto, razón por la cual el diseño y la construcción de las obras registran graves fallas que se confirman con los testimonios de Julio Santafé al declarar que en el año 2017 regresó a la dirección del PHEQ “para ocuparse de las reparaciones relacionadas con impermeabilidad, la junta horizontal y filtraciones” que comprueban la validez de las denuncias formuladas en el Diario Virtual El Caracolí de circulación regional del 17 de agosto de 2019, por el señor Alexander Arpino, geómetra italiano quien trabajó para la empresa IMPREGILO en la fase de construcción de la represa, entre ellas, que “se utilizó material distinto así que tendrán que hacer construcción de muro de hormigones, refuerzos, serán problemas constantes que no acabarán este año ni el próximo, ni en 10 años. Esta es una represa que nació mal, y cuando las cosas nacen mal, toda la vida serán mal. Nunca se podrá dormir tranquilo”.

Los testimonios del Señor Santafé confirman además, las advertencias y los hallazgos formulados por la Contraloría General de la República en sus Informes Técnicos y de Auditoría a la gestión de la ANLA y caracterizados como de incidencia penal y disciplinaria, los estudios sobre Amenazas y Riesgos del PHEQ realizados por el Grupo Terrae, dirigido por el Ingeniero Julio Fierro, profesor de la Universidad Nacional y del Servicio Geológico Colombiano y la validez de los cargos formulados en la demanda de nulidad sobre la “falsa motivación, expedición irregular y violación de la ley sustancial”.

Es inocultable que los daños económicos y socioambientales causados a las víctimas, los ecosistemas y los intereses de los huilenses recae principalmente en ENEL Emgesa que decidió, sin realizar el Diagnóstico Ambiental de Alternativas y basándose en estudios desactualizados, que la única opción era construir el Proyecto en el lugar donde está localizado, actuando al mismo tiempo como dueña e interventora del mismo, sin control riguroso por parte de la ANLA, razón por la que debe responder por el despojo y el ecocidio.

Hay que destacar el rigor como ha actuado la parte demandante con el acompañamiento de asesores jurídicos y técnicos al demostrar con testimonios y estudios especializados que las acciones de resistencia realizadas durante más de una década han sido fundamentadas y han logrado un reconocimiento, especialmente, por organizaciones sociales y de defensoras de Derechos Humanos a nivel nacional e internacional y que el juicio de nulidad de la Licencia que se adelanta el Consejo de Estado y la demanda por el supuesto delito de daños ambientales que cursa en la Fiscalía 3 de Bogotá deberán mostrar resultados positivos si se actúa en derecho como lo esperan las comunidades defensoras de la Vida y los Territorios.

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