JUSTICIA: COJEA PERO NO LLEGA

 

Plantón frente al Palacio de Justicia de Neiva

El Estado Neoliberal Corporativo impone una legislación para el despojo y el ecocidio como garantía de acumulación de riquezas por parte de las empresas transnacionales, contra los derechos Económicos, Sociales, Políticos y Culturales de las víctimas del desarrollo. Las Cortes y los Tribunales actúan condicionados por los intereses de dichas corporaciones.

En el caso del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo, el Consejo de Estado, por solicitud de la ANLA, aplazó para el 26 de julio de 2019 la Audiencia Inicial de la Demanda de Nulidad de la Licencia Ambiental de dicho proyecto, interpuesta por el Centro de Estudios para la Justicia Social “Tierra Digna”.

El recurso de nulidad fue radicado en noviembre de 2014, contra la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Después de 5 años el Consejo de Estado, mediante auto de mayo de 2019, de manera tardía, negó la solicitud de medida cautelar preventiva de suspensión de las obras de la hidroeléctrica “El Quimbo”, incurriendo en el perjuicio de mora que incrementaría los daños ocasionados por Emgesa y el Estado y denunciados por Asoquimbo e instituciones como la Contraloría General de la República, que solicitó la apertura de un proceso de responsabilidad fiscal ante un presunto daño patrimonial por irregularidades en el trámite de la licencia, así como  el grave impacto social, ambiental y económico que surgió dentro de la expedición de la misma.

El Tribunal Administrativo del Huila, cinco años después, negó la solicitud de desacato de la Sentencia T-135/13, que ordenó la realización de un nuevo censo de afectados del PH El Quimbo y la restitución de los derechos constitucionales, cuando era evidente que no se garantizó el derecho a la participación ni existió control del proceso por parte de la Procuraduría.

El Juzgado Séptimo Administrativo de Neiva en Sentencias proferidas en primera instancia, declaró la nulidad de varios Acuerdos municipales que prohibieron las actividades minero energéticas que afectan el Patrimonio Ecológico y la vocación agropecuaria de las localidades. Recientemente el Tribunal Administrativo del Huila admitió el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de nulidad del Acuerdo del Concejo Municipal de Timaná que sin lugar a dudas ratificará la decisión del juez a favor del Ministerio de Minas y de las empresas petroleras.

La inoperancia de la justicia ha sido catastrófica. Cerca de 30.000 víctimas de desaplazamiento y pérdida de la actividad productiva. Ni un milímetro de restitución de 5200 hectáresas, de las cuales 2700 debieron haber sido comprarlas por el Estado y adecuadas por Emgesa con distritos de riego por gravedad, de las cuales el INCODER derrochó cerca de 3 mil millones de pesos en la compra de 373 hectáreas y sólo sirven 26 para la actividad productiva. La cuenca alta del río Magdalena, continua contaminada afectando la salud de pescadores artesanales y sobre todo la soberanía alimentaria de miles de campesinos sin tierras disponibles para cultivar. Negación del derecho de las comunidades y de los entes territoriales que decidieron prohibir las actividades minero energéticas en defensa de la vida. La ANLA, según la Defensoría del Pueblo, modificó 117 veces la Licencia Ambiental a favor de Emgesa Enel, logrando disminuir significativamente el valor de las compensaciones sociales y ambientales. Ante las presiones judiciales la ANLA reconoció que  Emgesa, de 110 obligaciones establecidos en la Licencia sólo ha cumplido parcialmente con el 10%.

La violación sistemática de los derechos humanos por el Estado corporativo y las empresas transnacionales ha sido tan evidente que El Grupo de Trabajo Intergubernamental de la ONU sobre Corporaciones Transnacionales y otras Empresas (IGWG), ante las presiones  de los movimientos sociales y defensores de derechos humanos que reclaman la soberanía de los pueblos y el desmantelamiento del poder corporativo y su impunidad, discute actualmente un borrador cero de un instrumento internacional jurídicamente vinculante que regule las actividades de las corporaciones transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos. Sin embargo, la disputa jurídica se intensifica a raíz de que las empresas se niegan a aceptar el carácter vinculante del tratado y trasladan a los Estados y a los ciudadanos, su responsabilidad por violaciones a los derechos humanos.

Mientras la justicia cojea y nunca llega, la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), reunida en Medellín, no consideró como una de las prioridades, el tema de los asesinatos de líderes sociales en Colombia, por exigir el cese del despojo como estrategia de acumulación de tierras para proyectos extractivistas minero energéticos y agronegocios.