Facebook Twitter Google +1     Admin

REPRESA PORVENIR II: LA MUERTE ANUNCIADA DE LAS FIESTAS DEL BOCACHICO

20170124025259-encuentro-en-puerto-garza.jpg

 

Después de la celebración de las Fiestas del Bocachico, del 6 al 8 de Enero de 2017, en el corregimiento de  Puerto Garza, San Carlos, Antioquia, el 21 de enero se realizó el Encuentro de Comunidades Afectadas por Proyectos Hidroeléctricos en el Oriente Antioqueño, convocada por Las Mesas de Concertación por la Vida y la Defensa del Territorio, con el apoyo de La Mesa Social Minero Energética y Ambiental por la Paz, MOVETE, Fundación Yumaná, SINTRAISA, SINTRAISAGEN, SINTRAE, REDIPAZ, Grupo de Investigación Kavilando, Asociación Campesina de Antioquia, (ACA), Corporación Natybos.

Participaron cerca de 200 representantes de las comunidades de El Prodigio, del municipio de San Luis; del Tambores, del municipio de Puerto Nare; de los corregimientos de Samaná Norte y Puerto Garza, que pertenecen a San Carlos; de los Municipios de Cocorná, San Carlos, San Francisco, 5 concejales, Vereda Juanes, entre otros,  y de todas las organizaciones que apoyaron el Encuentro con el propósito de organizar la resistencia contra represas, Pequeñas Centrales Hidroeléctricas como Palaguas y, específicamente, por la Derogatoria de la Resolución 0168 del 13 de febrero de 2015 por medio de la cual La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, otorgó Licencia Ambiental a Celsia, empresa de servicios públicos generadora de energía, filial del Grupo ARGOS para  la construcción de  la hidroeléctrica Porvenir II, en límites de los municipios de San Carlos y Puerto Nare, en el suroriente de Antioquia, que generaría 352 megavatios en 1.075 hectáreas, sobre el río Samaná.

El río Samaná, con un área de 2.656,9 kilómetros cuadrados, es la única fuente hídrica de Antioquia, cuyo cauce no ha sido obstaculizado por obras de infraestructura para construir represas y generar energía. Sus aguas corren aceleradas entre piedras y grandes rocas, cuevas, pasajes estrechos y cascada, lugar donde la vida se recrea en la Playa Narices y la “parábola de la multiplicación de los peces” garantiza seguridad alimentaria a las gentes que danzan en las Fiestas del Bocachico que el Estado ha autorizado matar con las represas a nombre del desarrollo.

Durante el evento,  REDIPAZ y el Grupo de Investigación Kavilando que viene realizando acompañamiento a las comunidades afectadas por Porvenir II y Palaguas, presentó los resultados de su trabajo exploratorio cuyos referentes de análisis se centraron en las formas de habitar el territorio (pertenencia, arraigo, solidaridad, confianza, Seguridad Alimentaria, lugar de crianza de generaciones enteras, derecho a vivir en el territorio); conflictos socioambientales generados por los daños a las comunidades y destrucción de los ecosistemas; las amenazas ante el riesgo de perder la actividad productiva, los valores de solidaridad por la división que la empresa ocasionó en las comunidades; Paz y no repetición que demandan los habitantes y que se expresa en tranquilidad, ausencia de violencia, de zozobra, paz territorial, ante el desplazamiento estatal y la revictimización; participación efectiva de las comunidades en la toma de decisiones y el derecho a la información, vulnerados por el Estado al reducirlos a la “socialización del Proyecto por parte de la empresa de manera confusa y no clara”, sin garantizar la información veraz, actualizada, accesible y comprensible; y las formas de organización y resistencia de las comunidades, unificadas en torno a una Agenda Territorial, con redes de apoyo contra las represas y por la defensa de la vida.

La Mesa de Derechos Humanos y Protección Humanitaria del Oriente Antioqueño, ratificó lo que había denunciado  desde el mes de diciembre de 2012: “El conflicto armado que soporta desde hace más de cincuenta años nuestro país ha golpeado durante los últimos veinte años la población de San Carlos, conllevando a centenares de homicidios, desapariciones forzadas, masacres, secuestros y al desplazamiento forzado de buena parte de sus habitantes.  Justo cuando se empiezan a implementar en la localidad una serie de políticas dirigidas al restablecimiento de los derechos de las víctimas del conflicto, a la verdad, la justicia y la reparación, especialmente a generar por parte de la autoridades públicas las condiciones propicias para el retorno de la población desplazada a su veredas y lugares de origen, como producto de la eventual implementación del proyecto Porvenir II, todo este proceso se verá truncado y buena parte de la población que ha retornado a sus tres corregimientos, luego de muchos años de ausencia, será obligada en contra de su voluntad a entregar por la vía de la expropiación las tierras y las viviendas que apenas están recuperando y serán objeto de una nueva modalidad de desplazamiento ante el despojo de sus territorios”. Concluye, “La Mesa de Derechos Humanos en el ámbito de su mandato exhorta a la Autoridad Nacional Ambiental para que en el proceso de estudio de impacto ambiental como requisito previo a la concesión de la licencia ambiental para la construcción del proyecto hidroeléctrico Porvenir II, otorgue un valor preponderante al clamor de las comunidades que eventualmente serán impactadas, cuando manifiestan decididamente su rechazo generalizado al otorgamiento de la licencia en cuestión, garantizándose de esta manera los derechos constitucionales fundamentales que se encuentran en juego y les asisten, y se encuentran contenidos y valorados en la sentencia T-348 de 2012, de la Corte Constitucional”.

Por su parte, la personera de San Carlos, Marlín Rodríguez reiteró que “el proyecto infringe la Ley 1448 de 2011 y vulnera la Constitución Política de Colombia, que protege a las víctimas de la violencia. Entre el 2001 y el 2006 fueron desplazados los campesinos del corregimiento El Prodigio, en el municipio de San Luis; los del Tambores, en el municipio de Puerto Nare; además de comunidades del corregimiento de Samaná Norte y Puerto Garza, que pertenecen a San Carlos”. Expresó su indignación debido a que la Licencia otorgada para la construcción de Porvenir II se autorizó con 3000 requerimientos cuando técnicos de la ANLA habían conceptuado sobre su inviabilidad. Informó que el Consejo de Estado había admitido demanda de nulidad de la Resolución 0168 y una Acción Popular por vulneración de derechos constitucionales, como el de permanencia en el territorio, la soberanía alimentaria, el ambiente sano, ante la afectación de los ecosistemas y el no registro de múltiples plantas, entre otros.

El Concejal Arnulfo Berrio advirtió de nuevo que históricamente las personas de esa zona han sido víctimas de la violencia y el desplazamiento por parte de grupos guerrilleros y paramilitares. La historia se repite, ahora todos ellos tendrán que dejar sus tierras para siempre, pues después de que hagan la represa...no hay vuelta atrás”.

Las intervenciones de los campesinos y pescadores, ilustradas con testimonios, videos, poesía, trovas coincidieron en el rechazo a las represas y pequeñas centrales hidroeléctricas y la necesidad de proteger los ríos, los páramos y, en general, el derecho a vivir en el territorio. Reafirmaron que “la energía creada por encima del medio ambiente y del bienestar de la comunidad, sólo servirá para beneficiar a un conglomerado económico”.

Los representantes de la Mesa Social Minero Energética expresaron su respaldo a la lucha de las comunidades afectadas y la necesidad de impulsar un proceso de Diálogo Nacional por un nuevo Modelo mineroenergético y ambiental  soberano y autónomo, que responda a las necesidades nacionales del pueblo y que reconozca las soberanías alimentaria, energética, e hídrica para garantizar los derechos fundamentales individuales y colectivos y, los derechos de la naturaleza.

Los representantes de la MSME se comprometieron a socializar las conclusiones del Encuentro a nivel nacional e internacional y a promover acciones de resistencia en Defensa del Río Samaná, a apoyar la organización de las comunidades por veredas y a impulsar la movilización social por el Rió desde su nacimiento hasta su desembocadura en el Magdalena, a exigir al Consejo de Estado la nulidad de la Licencia a la represa Porvenir II y a la ANLA el no otorgamiento de Licencias Ambientales para represas en el país y, específicamente, en el departamento de Antioquia.

El encuentro concluyó destacando la amplia participación y el rechazo a la política minero energética del Estado Colombiano y el compromiso por defender para siempre Las Fiestas del Bocachico como expresión  simbólica de la defensa de la Seguridad Alimentaria y de los ¡Ríos para la Vida y no para la muerte!.

 

23/01/2017 20:53. Autor: Miller Armín Dussán Calderón #. sin tema

Comentarios » Ir a formulario

No hay comentarios

Añadir un comentario



No será mostrado.





Sitio certificado por
Adoos
garage rent
gratis plaatsen

Blog creado con Blogia. Esta web utiliza cookies para adaptarse a tus preferencias y analítica web.
Blogia apoya a la Fundación Josep Carreras.

Contrato Coloriuris