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Miller Armín Dussán Calderón

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA ESTUDIARÁ PROPUESTAS DE ASOQUIMBO Y EL MOVIMIENTO ¡RIOS VIVOS!

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA ESTUDIARÁ PROPUESTAS DE ASOQUIMBO Y EL MOVIMIENTO ¡RIOS VIVOS!

El 28 de enero de 2013, Asoquimbo y el Movimiento Colombiano por la Defensa de los Territorios ¡Rios Vivos! participaron en una reunión convocada por la Contraloría General de la República -CGR-  en Bogotá para abordar las  Problemáticas Generadas por los Proyectos Hidroeléctrico El Quimbo- Huila e Ituango Antioquia.

La Delegación de la CGR estuvo integrada por Jorge E. Cruz, Contralor delegado para El Medio Ambiente, Ana María Silva, Contraloría Delegada Sector Minas y Energía, Mauricio Peñarete, Director DVF Medio Ambiente, Leonardo Arbeláez, Contralor Auxiliar para el Sistema General de Regalías –SGR- y Juan Manuel Méndez, Asesor del Vicecontralor.

La delegación de Asoquimbo y el Movimiento Rios Vivos, estuvo integrada por Miller Dussán, Saúl Vargas, Alejandro Ordoñez, Moisés Sánchez, Alexander Naranjo, Gildardo Rojas, María Camila Macías, Isabel Cristina Zuleta (de la resistencia contra Hidroituango) y el acompañamiento de Tatiana Roa, Representante de Censat Agua Viva, Juliana Millán, de Planeta Paz y Daniel Libreros, profesor de la Universidad Nacional. Además, estuvieron presentes Edilberto Sosa y William Sarria, integrantes de la Junta Directiva de “Pasión y Vida de Gigante”.

La reunión inició reafirmando el compromiso por parte de La Contralora Sandra Morelli,  de la Defensa del Patrimonio Nacional, la Evaluación de las Políticas Públicas y la toma de decisiones ante el reconocimiento, según la cual, “Colombia está al borde de un Desastre Ambiental” destacando el proceso de responsabilidad fiscal contra la ANLA, en el caso de El Quimbo. Además, se consideró de especial importancia la presencia de afectados por los Proyectos de El Quimbo y Pescadero Ituango.

La delegación de Asoquimbo y Pasíón y Vida por mi Pueblo, de Gigante Huila, hicieron entrega y radicaron en la  CGR el Derecho de Petición mediante el cual se solicita a la ANLA “se ordene a Emgesa actualizar y complementar el CENSO de población afectada por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo, y se identifiquen los impactos y medidas a que haya lugar, teniendo en cuenta el listado de población excluida del censo socioeconómico de afectados por la construcción de la  Hidroeléctricca El Quimbo”. Se anexaron aproximadamente 10.000 firmas.

A propuesta de la delegación de Asoquimbo y Rios Vivos se desarrolló la siguiente Agenda:

1.- La Declaratoria de “Emergencia Ambiental” por parte de la CGR

2.- Propuesta de Estudio de Caracterización de los afectados por los Proyectos Minero Energéticos.

3.- Vulneración de Derechos Humanos: desapariciones, desalojos violentos, desplazamiento de comunidades afectadas por parte del Estado y la presencia de grupos al margen de la Ley.

4.- Actitud de la CGR frente al comportamiento de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales: desconocimiento de Informes y decisión  del Consejo de Estado sobre Censo de Afectados en El Quimbo y negativa a Convocar una Nueva Audiencia Pública Ambiental.

5.- Afectación al Patrimonio Cultural por parte de las Empresas concesionarias (Endesa, Enel, Emgesa, Isagen, Empresa Públicas de Medellín).

6.- El Estado actual de los procesos de investigación contra la ANLA por detrimento patrimonial

7.- Acciones de Resistencia Civil: Paro Civico Regional convocado por Asoquimbo y participación del Movimiento ¡Rios Vivos!

8.- Compromisos.

En desarrollo de la Agenda, Asoquimbo, a través del profesor Miller Dussán, hizo entrega y sustentó el documento: “Argumentos y Acciones Jurídicas en Defensa del Patrimonio y de las Comunidades Afectadas por el Proyecto Hidroeléctrico el Quimbo”  en el cual se hace una caracterización general del Proyecto Hidroeléctrico en el contexto de la Política Minero Energética y el proceso de seguimiento y sistematización del mismo, a partir de la hipótesis según la cual  “si el Ministerio de Ambiente, antes de haber aprobado la Licencia Ambiental, hubiera exigido la realización de un Diagnóstico Ambiental de Alternativas (DAA) “estudio que permitiría evaluar y comparar las diferentes opciones para el desarrollo del proyecto, con el fin de optimizar y racionalizar el uso de los recursos ambientales y evitar o minimizar los riesgos, efectos e impactos negativos (Decreto 1753 de 1994), se hubiera dado la voz de alarma sobre el carácter irreversible y la magnitud de los impactos, que hoy valida la CGR al denunciar un detrimento Patrimonial que supera los 352.000 millones de pesos causados por las obras; diagnóstico determinante para declarar la inviabilidad del Proyecto y el argumento de peso para negar la respectiva Licencia” 

Asoquimbo advierte que la Crisis Humanitaria en la Región como consecuencia de la catástrofe económica, social, ambiental y cultural generada por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo, producto de la destrucción de las cadenas productivas y la seguridad alimentaria, el desplazamiento estatal, el desempleo, el daño de los ecosistemas, las afectaciones psicosociales, la ruptura de los tejidos sociales, daños al Patrimonio Arqueológico, riesgo sísmico, vulneración de todos los derechos fundamentales de los afectados y el derecho colectivo al medio ambiente se profundiza, no sólo por la generación de nuevos conflictos causados por la exploración petrolera en la Páramo de Miraflores, el anuncio de nuevas represas que afectaría la Cuenca del río Magdalena, sino por el desconocimiento y/o minimización de los impactos por parte de la ANLA y su negativa a actuar bajo el supuesto que de hacerlo sería objeto de demanda por parte de Emgesa, como es el caso de la reiterada solicitud de convocatoria a una nueva Audiencia Pública Ambiental  e inclusión en el censo e indemnización de todos los afectados por el Proyecto. En otros términos, la ANLA omite sus responsabilidades constitucionales de garantizar la protección de los Derechos Fundamentales  de los afectados y no viene realizando directamente en la zona de obras el seguimiento y control permanentes que demanda la misma Licencia Ambiental.

El informe fue complementado con las denuncias que formularon cada uno de los afectados presentes en la reunión, victimas de desalojo violento, de desplazamiento estatal, de destrucción de las cadenas productivas, el comercio y, particularmente, la pesca y la producción cafetera.

Asoquimbo, concluyó su intervención solicitando a la CGR,  celeridad en los procesos de responsabilidad fiscal contra la ANLA y su intervención eficaz para evitar que se continúe destruyendo nuestro patrimonio, vulnerando los derechos de los afectados y, específicamente, un control de advertencia frente al desalojo violento de afectados amparados en la “declaratoria de utilidad pública”

Asoquimbo reafirmó la decisión del Paro Cívico Regional, ante la omisión de las responsabilidades de la ANLA, y de organismos como la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría Agraria Ambiental. Propuso una Mesa Permanente de Control y Seguimiento a todos los proyectos energéticos, encabezada por la CGR, para que con la colaboración de organizaciones sociales y la Universidad Nacional se adelanten investigaciones como la “caracterización de los afectados” “la Cuenca del río Magdalena”, y las que surjan de la exploración de las problemáticas específicas en cada una de las regiones.

Mención especial merece la intervención de Isabel Cristina Zuleta, comprometida con el proceso de resistencia contra el Proyecto Pescadero Ituango, debido a que producto de sus puntuales trabajos de investigación y seguimiento, puso en evidencia la inviabilidad del proyecto desde el punto de vista económico, social, cultural y ambiental. Destacó sobremanera la destrucción de ecosistemas como los bosques secos tropicales, la seguridad alimentaria y la vulneración de los Derechos Humanos profundizada por la presencia de actores armados ilegales. Refirmó la necesidad de la presencia inmediata de la CGR en la zona para que confirme sus estudios y denuncias y adelante los que sean pertinentes para la protección del Patrimonio Nacional, de la Región y de los afectados.

La ambientalista Tatiana Roa y el profesor Daniel Libreros complementaron las intervenciones y se comprometieron con el desarrollo de los estudios, especialmente, el del perfil del afectado.

Por su parte, la delegación de la CGR, en cabeza de Jorge Cruz precisó los alcances  de sus funciones y se refirieron a los siguientes aspectos a destacar:

- Existe debilidad en los estudios para la adjudicación de las Licencias Ambientales en Colombia. Por lo general son expedidas en tiempos demasiados cortos, razón por la cual se requiere de la realización de estudios comparados explorando diferentes casos como E.U.A en donde las Licencias se expiden después de rigurosos análisis que requieren mínimo 8 años.

- No existen políticas sobre embalses. En tal sentido, se requieren estudios que permitan establecer cuáles serían los impactos (ejemplo 2030) de la intervención del río Magdalena a raíz del Plan Maestro de Aprovechamiento del mismo, en concesión con la Empresa Estatal Hydrochina.

- La CGR, a través de la Auditoría Río Magdalena, viene realizando consultas a las Corporaciones Autónomas sobre los estudios para la conservación de la Cuenca del  Río Magdalena, desde una visión ecosistémica.

- Es importante replicar estudios como los del río Bogotá al río Magdalena como parte del Plan General de Fiscalía –PGF-

- Se viene adelantando el proceso de responsabilidad Fiscal contra la ANLA por detrimento patrimonial por los daños ambientales y sociales causados por las obras del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo

- A la Fundación El Curíbano se le envió el “Informe  visita técnica Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo sitio presa Casa Máquinas y Obras Auxiliares”.

- A la Procuraduría y la Fiscalía General de la Nación se le envió el “Auto de  Solicitud de Apertura del Proceso de responsabilidad Fiscal contra el Ministerio de Ambiente  y la ANLA” para que se verifique si en el momento de la adjudicación y modificaciones de la Licencia Ambiental al Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo se cometieron irregularidades y en tal caso  se investiguen a los responsables disciplinaria y penalmente.  

- El Informe realizado por la Gerencia Departamental de la CGR “Denuncia de Participación Ciudadana -Censo Desarrollado por Emgesa sobre los Beneficiarios del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo-“ será revisado por el nivel Central con el objeto de verificar los resultados. 

- Se adquirió el compromiso de consultar con la Contralora la propuesta investigativa para la “caracterización de los afectados por represas”.

- Se planteó la necesidad de revisar el Código Minero para responder a los impactos ambientales y sociales causados por los trasvases, caso río Guarinó al río La Miel.

- Compromiso de realizar seguimiento a afectados de El Quimbo, víctimas de desplazamiento y desalojos por parte del Estado y recurrir a posible Control de Advertencia por violación de Derechos Humanos.

Finalmente, la CGR viene realizando un  cambio en la visión de la Gestión Fiscal que incorpore fenómenos como el desplazamiento y las afectaciones a la producción económica derivados de la destrucción de los ecosistemas.

El Movimiento ¡Rios Vivos! y Asoquimbo destacan la forma tranquila, respetuosa  y racional como se desarroló la reunión con los delegados de la CGR y la labor que cumple éste ente de control en cumplimiento de sus funciones establecidas en la Constitución y la Ley.  

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