¿POR QUÉ LA CAM CONTINUA SUGIRIENDO MODIFICACIONES A LAS COMPENSACIONES AMBIENTALES DEL PROYECTO HIDROELECTRICO EL QUIMBO?

La Asociación de Afectados por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo –ASOQUIMBO-  reiteradamente ha sostenido que la  crisis económica, social, ambiental, arqueológica generada por el desarrollo del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo se origina en el desconocimiento por parte del Gobierno del presidente Alvaro Uribe del Auto No. 517 de 31 de julio de 1997 mediante el cual El Ministerio de Ambiente declaró  no viable el Proyecto, - en donde se presentaron tres alternativas- teniendo en cuenta el impacto que este generaría  sobre el componente social como resultado de la afectación de las mejores tierras con aptitud agrícola de la región y por la dificultad de restituir la actividad productiva de la zona.

En el 2007 el Gobierno subastó el Proyecto a Emgesa, declaró mediante Auto No 515 del 22 de febrero de 2008, con base en el concepto técnico No. 277 del 220208 que el PH El Quimbo “No requería de la presentación de Diagnóstico Ambiental de Alternativas (DAA)”; expidió la Resolución 321 del 1 de septiembre de 2008 declarando los terrenos de utilidad pública, saltándose el requisito de la consulta previa a los directamente afectados y desconoció  la solicitud formulada por la Procuraduría General de la Nación al MAVDT, el 9 de mayo de 2009 de “abstenerse de otorgar licencia ambiental para la construcción del proyecto El Quimbo”, debido a que “no es conveniente que se inunden unas de las mejores tierras con aptitud agrícola de la región, cuando se considera que el Huila es pobre en tierras productivas y porque es difícil restituir la actividad productiva por la dificultad de encontrar tierras semejantes”.

La Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena -CAM-  reconoció durante el debate realizado en la Asamblea del Huila, el 30 de julio de 2012, que la problemática generada por el Proyecto obedece al desconocimiento del “Diagnóstico Ambiental de Alternativas” sin justificación alguna y más aún cuando se trata de este tipo de megaproyectos  de gran impacto cuando  siempre se ha exigido el Diagnóstico en obras de menor afectación.

El Diagnóstico Ambiental, como lo señala Andrea Becerra de ILSA, en su artículo “El Quimbo, mucho más que energía”  “permitiría evaluar y comparar las diferentes opciones para el desarrollo del proyecto, con el fin de optimizar y racionalizar el uso de los recursos ambientales, y evitar o minimizar los riesgos, efectos e impactos negativos (Decreto 1753 de 1994). En otras palabras, este diagnóstico permitiría dar la voz de alarma sobre el carácter irreversible y la magnitud de los impactos de todo tipo, derivados del proyecto, y sería el instrumento para declarar la inviabilidad del mismo, y el argumento de peso para negar la respectiva licencia”.

 

Además, no se realizaron los Estudios de Valoración Económica de Impactos Ambientales, de Vulnerabilidad, de Tejidos Sociales, entre otros, con anterioridad a la expedición de la Licencia Ambiental, requisitos mínimos para determinar la viabilidad o no del Proyecto. Sólo bastó la imposición de Uribe "El Quimbo va porque va", desconociendo la Constitución y la Ley. 

La Autoridad Nacional de Lincencias Ambientales -ANLA- del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible -MADS-  tiene la competencia de hacer cumplir las obligaciones establecidas en la Licencia Ambiental y en general con todas las disposiciones en la materia. Sin embargo, es necesario puntualizar que la ANLA se ha caracterizado por modificar las obligaciones a cargo de la empresa favoreciendo sus pretensiones, al desconocer derechos de los afectados y recortar las medidas de mitigación y compensación de los impactos ambientales, a través de mecanismos como la fallida “Conciliación Extrajudicial” o la Resolución 1814 del 17 de septiembre de 2010 que contó para la modificación de la Licencia Ambiental del sustento proporcionado por la Fundación Natura, ONG que recibió de Emgesa dinero sobre el “estudio biótico” sobre El Quimbo que no fue consultado a la Fundación el Curíbano, Tercer interviniente, ni a las comunidades.

Pero lo más cuestionable hoy es que la CAM,  a cambio de exigir el DAA, continua sugiriendo  modificaciones tardías sobre “compensaciones sobre aprovechamiento forestal en las zonas de parques naturales regionales y cuencas abastecedora de acueductos municipales”  y “el cambio en el enfoque y valor del Plan de Restauración en Bosque Seco Tropical”, http://www.diariodelhuila.com/site/index.php/menu-regional/24062-presentan-nuevas-propuestas-frente-a-compensacion-ambiental , como un  fallido intento por salvar la continuidad de las obras cuando la misma corporación sabe que los daños ambientales causados por Emgesa, al igual que los sociales, son irreversibles y los costos de los mismos superan la inversión por compensaciones socioambientales. ¿Por qué la CAM nunca expresó su oposición al Proyecto cuando era consciente de la gravedad de haberse concesionado y licenciado sin el Diagnóstico Ambiental de Alternativas? ¿Cuánto es el porcentaje que le corresponde a la Corporación de desarrollarse el Proyecto, sin importar la hecatombe anunciada?

Las actuaciones de los organismos de control del Estado frente a la problemática generada por el Proyecto también han sido tardías.  Sin embargo, se espera que su intervención anunciada sirva para evitar que Emgesa y el MADS continúen desconociendo derechos individuales y colectivos y destruyendo las cadenas productivas, los ecosistemas, los tejidos sociales y el patrimonio arqueológico de la nación.  Recordemos que la Contraloría abrió indagación preliminar contra el MADS, la CAM y el INVIAS, la Procuraduría ha expresado que procederá a revisar el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo, en defensa del patrimonio público y el medio ambiente. Por su parte, la Fiscalía, específicamente la Unidad Nacional Anticorrupción y la nueva Unidad de Delitos contra el Medio Ambiente, inició las investigaciones sobre el proceso de contratación de las obras cuya construcción pudo haber sido evitada por el Ministerio de Ambiente, de no haberle otorgado licencia al proyecto, “en aplicación del principio de precaución, o respecto de las cuales este mismo Ministerio pudo haber ordenado la suspensión definitiva, teniendo en cuenta el conjunto de impactos generados por el proyecto, la mayoría de los cuales no fueron inicialmente previstos, ni a la fecha han sido debidamente valorados y compensados, haciéndose evidente otra omisión por parte de la ANLA, esta vez en ejercicio de la facultad sancionatoria en materia ambiental y de sus funciones de seguimiento y control” http://www.desdeabajo.info/component/k2/item/19634-el-quimbo-mucho-m%C3%A1s-que-energ%C3%ADa.html

Mientras estos organismos concluyen sus indagaciones, las comunidades afectadas no resisten más humillaciones, desplazamientos, desempleo, afectaciones sicosociales, destrucción de su hábitat natural y de la seguridad alimentaria, razón por la cual, de manera legítima han decidido a través de su organización Asoquimbo y del Movimiento por la Defensa y la Liberación de la Madre Tierra reiniciar las protestas sociales pacíficas, con el acompañamiento especial de las comunidades indígenas, a partir del 10 de agosto de 2012. Los propósitos son claros: 1) La Defensa de los Territorios invadidos o amenazados por la presencia de transnacionales (Endesa-Enel, Emerald Energy, Anglo Gold Ashant, Tecnica Vial, Hydrochina, otros)  y la construcción de una Política minero energética y agroalimentaria Soberana y Autónoma.  2) Reforma Agraria Integral, Reafirmación de los Resguardos de Origen Colonial y Reservas Campesinas Agroalimentarias  que garanticen el autocontrol de los territorios por las comunidades aborígenes, campesinos y legítimos habitantes de los mismos. 3) La búsqueda de una solución política al conflicto armado con intervención de todos los actores de la sociedad.