LA UNIVERSIDAD PÚBLICA COLOMBIANA EN LA MIRA DEL BANCO MUNDIAL Y LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO, Y LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA EXILIADA EN SU PROPIA TIERRA

La democratización del conocimiento es aquí una de las demandas fundamentales de un orden alternativo. La recomendación entonces es construir una propuesta alternativa frente a la propuesta del Estado, pero a través de discusiones y debates exentos de sectarismos, descalificaciones, exclusiones y violencias. Y trabajar para que esa propuesta alternativa prenda en la ciudadanía con miras a que la haga suya, y se genere así un movimiento social regional y nacional en defensa de la educación pública.

1. A lo largo del desarrollo de las tres etapas del capitalismo –la mercantilista, la industrial y la correspondiente al capitalismo financiero- se han producido diferentes teorías del valor. Los preclásicos ingleses y los fisiócratas franceses sostuvieron la idea según la cual el trabajo es la fuente y el origen del valor, tomando así forma la teoría del valor-trabajo. Esta será retomada por Adam Smith en su libro LA RIQUEZA DE LAS NACIONES, pero pronto, en esa misma obra, la abandona y expone por lo menos otras seis teorías del valor.

Marx, en el primer tomo de EL CAPITAL, analizando la teoría del valor-trabajo, formula su teoría de la plusvalía, en la cual revela la explotación a que es sometido el proletariado por la burguesía, que se apropia, sin pagarlo, de una parte del tiempo laborado por el trabajador, reconociendo así un antagonismo clasista entre el capital y el trabajo.

La labor de la economía política burguesa posterior a Marx se centrará en el propósito de sustituir la teoría del valor-trabajo por otra u otras teorías del valor que eviten dar pie al surgimiento de una teoría de la explotación. Es así como los llamados economistas posclásicos la reemplazan por una teoría psicológica del valor desde la orilla de la demanda, consistente en una idea de acuerdo con la cual el valor de una mercancía dependerá de las preferencias del consumidor, concepto sustentado en la filosofía hedonista de Jeremy Bentham para quien el individuo se enfrenta en su existencia al binomio placer-dolor. Un objeto o artículo determinado adquirirá entonces carácter de mercancía en la medida que suministre placer al consumidor.

Luego los economistas neoclásicos o teóricos de la Utilidad Marginal, fundadores de la economía moderna, propondrán una teoría subjetiva del valor de carácter ahistórico y al margen de las clases sociales, que explican por una combinación de escasez y utilidad, y que es en realidad una teoría de la formación de los precios y el funcionamiento de los mercados, con el propósito manifiesto de contrarrestar la influencia creciente de las tesis de Marx en Europa.

En las primeras décadas del siglo XX un economista neoclásico o de la Utilidad Marginal, el austro-británico Alfred Marshall, uno de los padres de la economía ortodoxa moderna, afirmará que “la parte que la naturaleza juega en la producción  tiende a rendimientos decrecientes y la parte que el hombre juega tiende a rendimientos crecientes”, (ver el segundo volumen de su libro Principios de Economía e Industria y Comercio publicado en 1919).  Es decir, el conocimiento producido por el hombre es una mercancía que puede acrecentar la acumulación capitalista. Después, en el marco del modelo de Estado neoliberal –impuesto en América Latina bajo las directrices del Consenso de Washington (década de los ochenta del siglo XX) en el que se abandonan las teorías del Estado Benefactor o proteccionista promulgado por Keynes- se considerará que el valor de una mercancía dependerá de la cantidad de conocimiento depositada en ella. Nace así el mito reciente del capitalismo financiero, el de la Desmaterialización de la Producción, desde donde se apoya la idea de la desvalorización del trabajo humano y de las materias primas. El conocimiento, en la era neoliberal, es el nuevo nicho de acumulación del capitalismo.

Alvin Toffler en La Tercera Ola establece tres periodos en la evolución social por él denominados la Sociedad Agrícola, la Sociedad Industrial y la Sociedad de la Información, evolución causada por la interacción o confluencia de fuerzas religiosas, culturales, económicas y sociales determinantes de transformaciones radicales en el hombre individual y social, y en sus comportamientos. Peter Drucker en La Sociedad Post-capitalista, Bill Gates en Camino al Futuro y Don Tapscott en Economía Digital evidenciarán que la Sociedad de la Información adquiere dos nuevas vertientes: la Sociedad del Conocimiento y la Sociedad Virtual, que se están transformando en el curso de solo pocos años. La característica de la Sociedad del Conocimiento es su cada vez mayor importancia en términos económicos, políticos, sociales, educativos, militares y de poder.

En su informe de 2005 intitulado Hacia las Sociedades del Conocimiento, la UNESCO aclara que las expresiones “sociedad de la información” y “sociedad del conocimiento” no son sinónimas. Precisa que “La noción de sociedad de la información se basa en los procesos tecnológicos. En cambio, el concepto de sociedades del conocimiento comprende dimensiones sociales, éticas y políticas mucho más vastas. El hecho de que nos refiramos a sociedades, en plural, no se debe al azar, sino a la intención de rechazar la unicidad de un modelo “listo para su uso” que no tenga suficientemente en cuenta la diversidad cultural y  lingüística, único elemento que nos permite a todos reconocernos en los cambios que se están produciendo actualmente. Hay siempre diferentes formas de conocimiento y cultura que intervienen en la edificación de las sociedades, comprendidas aquellas muy influidas por el progreso científico y técnico moderno. No se puede admitir que la revolución de las tecnologías de la información y la comunicación nos conduzca –en virtud de un determinismo tecnológico estrecho y fatalista- a prever una forma única de sociedad posible” (p. 17).

Pero antes de lo anterior el informe consigna: “Cabe preguntarse si tiene sentido construir sociedades del conocimiento, cuando la historia y la antropología nos enseñan que desde la más remota antigüedad todas las sociedades han sido probablemente sociedades del conocimiento, cada una a su manera…Hoy como ayer, el dominio del conocimiento puede ir acompañado de un cúmulo importante de desigualdades, exclusiones y luchas sociales. Durante mucho tiempo el conocimiento fue acaparado por círculos de sabios o iniciados. El principio rector de esas sociedades del conocimiento reservado era el secreto. Desde el siglo de las Luces, los progresos de la exigencia democrática –basada en un principio de apertura y en la lenta aparición de un ámbito público del conocimiento- permitieron la difusión de las ideas de universalidad, libertad e igualdad. Esta evolución histórica fue unida a la propagación de conocimientos por intermedio del libro, y luego de la imprenta, y también a la difusión de una educación para todos en la escuela y la universidad. Este ideal de conseguir un ámbito público del conocimiento…no se puede considerar como un logro definitivo” (p. 17).

Hasta aquí la UNESCO. Y, agregamos nosotros, mucho menos se puede garantizar el logro de ese ideal en países dependientes a los que se ha impuesto, desde los círculos mundiales del poder capitalista, el modelo macroeconómico neoliberal, con el apoyo arrodillado de las burguesías nacionales, como es el caso colombiano. A partir de ese momento desaparece la noción de derechos sociales y se hablará entonces de derechos individuales, incluido el derecho a la educación. Acceder a la educación y la cultura es algo que debe proporcionárselo el individuo mismo y el Estado se apartará progresivamente de ese proceso para entregar la educación, y con ella la generación, apropiación, transmisión y aplicación del conocimiento, al ámbito de lo privado.

No es entonces casual que desde la imposición de la llamada apertura económica en el marco de la globalización neoliberal durante el gobierno de César Gaviria hasta hoy, las políticas educativas y los planes de reforma se orienten a la privatización de la educación pública, que no ha logrado nunca conjugar cubrimiento y calidad educativa.

De algunos años hacia acá es el Banco Mundial el que dicta las políticas y reformas educativas para convertir a las universidades estatales en simples formadoras de mano de obra calificada e intelectualmente flexible para las empresas multinacionales, alejando las funciones universitarias del interés público nacional para dirigirlas al servicio del aparato corporativo fundamentalmente extranjero.  Este ataque se orienta también contra la educación media a través de las estrategias de los organismos financieros como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo.

El énfasis del Banco Mundial está puesto en el desarrollo del Capital Humano para alcanzar la competitividad en el mercado mundial. (Banco Mundial (1999). La Educación en América Latina y el Caribe. Washington, DC. Banco Mundial). De manera similar, en el documento del Banco Interamericano de Desarrollo (2005), la preocupación por reformar y mejorar los sistemas educativos de la región está basada en “cerrar la brecha” entre países de América Latina y el Caribe y sus competidores en el marco de lo que se considera un aumento de la competencia internacional y de las necesidades de habilidades centradas en el conocimiento para el desarrollo de las economías nacionales. (Banco Interamericano de Desarrollo. Hacia la expansión del capital de conocimiento en América Latina y el Caribe. Una estrategia del BID para la educación y la capacitación, junio de 2006).

La segunda versión de la teoría del capital humano llama la atención sobre las prerrogativas de las que se beneficiaron hasta ahora las escuelas y las universidades. Sus cultores advierten que aunque cambien contenidos por competencias, deben estar preparadas para disputar en el campo del saber con nuevas agencias educadoras. En circunstancias en las que se multiplican las industrias del conocimiento, la soberanía de la que venían disfrutando para definir qué era una buena educación, se halla sujeta a un proceso de intensa erosión, pues no son solo las escuelas y universidades las que ostentan autoridad para ejercer ese derecho. Dicha potestad enfrenta un doble desafío: por un lado, la creación de “mercados” del conocimiento; por otro, la aparición de nuevos y variados espacios de producción y distribución que rivalizan con las instituciones tradicionales y ponen en cuestión sus incumbencias específicas.

Actualmente la sociedad se estructura en torno a las tecnologías de la información, las cuales transforman la sociedad en el sentido de una alteración de las fuentes de crecimiento económico y de las relaciones sociales y de poder. El capital y el trabajo pierden relevancia, y el crecimiento económico y la productividad se supeditan al control y aplicación de la información, al tiempo que la última explica la supremacía del capital financiero sobre el industrial. El surgimiento de una economía informacional y global denota la existencia entrelazada de dos cuestiones: la productividad y competitividad de las empresas, regiones o naciones “(…) dependen fundamentalmente de su capacidad para generar, procesar y aplicar con eficacia la información basada en el conocimiento”; además, “(…) la producción, el consumo y la circulación, así como sus componentes (capital, mano de obra, materias primas, gestión, información, tecnología, mercados), están organizados a escala global, bien de forma directa, bien mediante una red de vínculos entre los agentes económicos” (Castells (2000). La Era de la Información. Economía, Sociedad y Cultura. La Sociedad Red, vol. 1. México: Siglo XXI Editores).    

Por lo anterior el problema actual no es solo el caso de Colombia. Se trata de una ofensiva contra todas las universidades públicas de América Latina que enfrentan las estrategias impulsadas por la agenda para la reforma educativa del Banco Mundial, cuyos conceptos fundamentales para la docencia y la investigación son privatización, desregulación y “orientación” para el mercado. El propósito de hacer de la educación superior algo completamente autofinanciable significa, en los hechos, despojar a la población latinoamericana de la educación pública, gratuita, obligatoria y de calidad. De esta forma aumentaría por la vía de la enseñanza y la investigación, la carga a la sociedad, liberando, por así decirlo, el gasto público que es desviado de manera creciente al gasto no productivo.

Entonces a la universidad, que pasaría a ser una especie de ente autista de espaldas a las necesidades y potencialidades del país, y a los imperativos del desarrollo humano y sostenible, no podrá llegar sino un bajo porcentaje de la población, y los posgrados serán solo para el disfrute de las élites que puedan pagarlos.

Es la mercantilización y la nueva y más profunda elitización del conocimiento. La reforma educativa que quiere imponer el gobierno de Santos en Colombia es igual a la que ha querido implantar el gobierno de Piñera en Chile y nuestra Universidad Surcolombiana no será inmune a ella. ¿Seremos indiferentes a lo que se nos avecina? ¿Aceptaremos pasivamente que las universidades públicas, la nuestra entre ellas, son viables solo como mercado?  ¿Aceptaremos, por extensión, que Colombia misma es viable solo como mercado?

2. El concepto de autonomía universitaria supone la facultad de autogobierno o autodeterminación por parte de estos centros de estudio e investigación; es una categoría jurídica que acompaña a la Universidad desde su creación misma, y que, en Colombia, apenas en 1991 fue reconocida constitucionalmente en el artículo 69 de la Carta. Y, además, la autonomía universitaria se reafirma en la normatividad concordante: Ley 30 de 1992, artículos 3, 28 y 57; Decreto Extraordinario 1210/93, artículo 3, “Por el cual se reestructura el Régimen Orgánico especial de la Universidad Nacional de Colombia”; y la jurisprudencia constitucional concordante, Corte Constitucional, Sentencia T-492/92, M.P. José Gregorio Hernández.

Pero como parte del proceso de acondicionamiento del país a las exigencias de la negociación del TLC con EE. UU., Álvaro Uribe Vélez expidió el Decreto 2566 de 2003, mediante el cual reforma el Sistema de Educación Superior para adaptarlo a las nuevas condiciones del “libre comercio de los servicios y la apertura del mercado de la educación”. El TLC exige que la educación, en todos los niveles, quede al libre juego de la oferta y la demanda, con el fin de incluir a instituciones privadas extranjeras, dueñas de grandes capitales y alta dosis de movilidad, que se instalarán en el país en las modalidades presencial, semipresencial o las llamadas “virtuales”, para disputar dicho mercado a las nacionales.

Por ello se viene adecuando el actual modelo educativo a las circunstancias de la competencia, implementando un sistema de créditos académicos estándares de los paquetes de formación, la homologación entre universidades nacionales y extranjeras, y la movilidad de los alumnos-clientes en el comercio educativo. Los créditos, generadores de caos académico y administrativo, barren con las carreras semestralizadas y las sustituyen con un sistema normativo donde los estudiantes-clientes, con flexibilidad y sin restricción, pueden comprar créditos académicos en un mercado libre, que por razones de escala y atracción favorece la cobertura y la tasa de utilidad de las universidades, pero en menoscabo de la calidad.

Y es así como durante el uribato el proyecto gubernamental proponía desmontar la financiación estatal a las universidades públicas, al obligarlas a buscar sus propios recursos por la vía de la “autofinanciación”, puesto que en el marco liberalizador dicha financiación se constituiría en subsidios que distorsionan el mercado y estimulan la competencia inequitativa y desleal, por lo cual las multinacionales extranjeras, apoyadas en los derechos de compensación negociados en el TLC o ALCA, lo podrán demandar ante tribunales internacionales obligándolo a altas indemnizaciones para “reparar el daño”.

Este modelo impuesto por Uribe desmonta la autonomía académica y la libertad de cátedra, y orienta el control ideológico de las universidades en un aprendizaje caótico de competencias básicas y laborales, cuyo objetivo es preparar mano de obra barata en los países pobres sin aspiraciones de desarrollo. Para países pobres, educación pobre al servicio de las maquilas de las multinacionales.

Y desde 2004 el Ministerio de Educación Nacional participaba en las reuniones de trabajo de la negociación del TLC en el grupo liderado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en especial en las mesas que tenían que ver con servicios transfronterizos, comercio electrónico, acceso a mercados y propiedad intelectual. El actual proyecto de ley que la ministra de educación presentó al Congreso Nacional (septbre-2011) “Por la cual se organiza el sistema de educación superior y se regula la prestación del servicio público de la educación superior”, está inspirado en el Decreto 2566 de 2003 de Uribe Vélez.

Se aprobó recientemente el TLC entre Colombia y Estados Unidos y la propuesta de reforma educativa del gobierno de Juan Manuel Santos encaja a la perfección en el espíritu entreguista y colonialista de las élites nacionales que nos convertirá en una neocolonia norteamericana.

3. La Constitución de 1991 se ha definido como garantista de los Derechos de los Ciudadanos, es decir, se supone que nos regimos por un Estado Social de Derecho. “Pero la realidad ha demostrado que el Estado no cumple con su obligación constitucional de garantizar la protección y la realización de los Derechos Fundamentales, todo lo contrario, está al servicio de los intereses privados del capital nacional y de las corporaciones transnacionales que hoy controlan la vida, la fuerza de trabajo, la salud, la educación, la recreación, la producción de bienes y servicios y…la política minero energética, agroalimentaria del país” (Ver Dussán Calderón, Miller, “El Estado Garantista de Derechos Desaparece al Transformarse en Supuesto Mediador entre Transnacional Emgesa Endesa y Afectados por el Megaproyecto El Quimbo, 2011).

Y así como en el caso de El Quimbo la Directora de Licencias, Permisos y Trámites Ambientales del MAVDT confirma que la función del Estado no es garantizar los derechos de los pescadores artesanales sino servir de supuesto mediador entre la transnacional y los pescadores afectados, así mismo el proyecto de reforma de la educación superior presentado por la ministra del ramo convierte a ese Ministerio y al Estado mismo en simple mediador entre el pueblo colombiano y el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional y las transnacionales norteamericanas. En palabras más sencillas, los pescadores artesanales de El Quimbo pasaron de ser pescadores a ser pescados, y a la Universidad colombiana, de aprobarse el proyecto de reforma, le pasará lo mismo que a Gregor Samsa en La Metamorfosis de Kafka: se convertirá en un simple apéndice deformado del capitalismo financiero internacional y su lógica de mercado.          

4. Si nos tomamos el trabajo de leer, releer y comprender la misión y visión de la Universidad Surcolombiana, encontramos que la primera consiste en “la formación integral de ciudadanos profesionales a través de la asimilación, producción, aplicación y difusión de conocimientos científicos, humanísticos, tecnológicos, artísticos y culturales, con espíritu crítico, para que aborden eficazmente la solución de los problemas del desarrollo humano integral de la región Surcolombiana con proyección nacional e internacional, dentro de un marco de libertad de pensamiento, pluralismo ideológico y de conformidad con una ética que consolide la solidaridad y la dignidad humana”.

Y en cuanto a la visión se consigna que “En las dos primeras décadas del siglo XXI, la Universidad Surcolombiana será una Institución universitaria líder de la dinamización de los procesos académico-culturales necesarios para que la comunidad regional surcolombiana se constituya y autodetermine democráticamente en una perspectiva de paz con justicia social, identidad regional y nacional, integración latinoamericana, fraternidad universal y desarrollo sostenible”.

Pero hoy la dirección de nuestra casa de estudios, que está aquejada además por multitud de problemas de toda índole, ha manifestado que la Universidad ha decidido seguir un camino autárquico de acuerdo con el cual no asume ninguna responsabilidad en la realización de prácticas extramuros, lo cual equivale a encerrarse en su malla periférica y edificios como si la región que le da su nombre, el país, Latinoamérica y el mundo no existieran. Si esto no es ir en contravía de lo que proclama en su Misión y Visión, solicitamos con carácter urgente nos aclaren el sentido que quieren darle ahora a la teleología de la USCO. ¿Podrá realizar desde ese exilio lo que registra en su misión y visión? ¿Aceptaremos encerrarnos pero abriremos las puertas al Caballo de Troya que trae en su vientre a los tecnócratas yuppies del Banco Mundial y a los agentes de las transnacionales?

5. ¿QUÉ HACER? Eso tendremos que decidirlo los estamentos que integran nuestra comunidad educativa articulados con las organizaciones de las universidades públicas colombianas, en una síntesis que integre nuestra problemática como Universidad Surcolombiana y la reflexión de las universidades públicas del país ante la amenaza de la privatización transnacionalizada.

El Nuevo Orden Mundial agenciado desde el neoliberalismo globalizado lleva consigo una Nueva División Internacional del Conocimiento en la era de la revolución tecnológica. La crisis es de fondo. La solución implica planteamientos profundos de descolonización de la imaginación, del conocimiento y del corazón. A más de 500 años de la Conquista, una revisión de la internalización de la dependencia y del sometimiento para producir una Agenda Latinoamericana es imperativa. Sin una recuperación de la esperanza y la confianza en nosotros mismos, no hay posibilidad de alternativas. Las dominaciones históricas se han basado en el control del trabajo, de la naturaleza, de la mujer y de la cultura (identidad-soberanía) de nuestros pueblos. Una agenda latinoamericana debe partir dialécticamente de esas contradicciones con una perspectiva y lógica del trabajo, la naturaleza, la mujer y la cultura, como fuentes originarias de un proyecto propio.  La democratización del conocimiento es aquí una de las demandas fundamentales de un orden alternativo. La recomendación entonces es construir una propuesta alternativa frente a la propuesta del Estado, pero a través de discusiones y debates exentos de sectarismos, descalificaciones, exclusiones y violencias. Y trabajar para que esa propuesta alternativa prenda en la ciudadanía con miras a que la haga suya, y se genere así un movimiento social regional y nacional en defensa de la educación pública.

 

GUSTAVO BRIÑEZ VILLA

Profesor Universidad Surcolombiana

Neiva, 25 de octubre de 2011