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Miller Armín Dussán Calderón

ACUERDO HUMANITARIO Y NEGOCIACIÓN POLITICA EN COLOMBIA

Miller Armín Dussán Calderón[1].

 

En las grandes movilizaciones del 4 de febrero y del 6 de marzo al igual que en la reciente reunión del Grupo de Río realizada en Santo Domingo existieron expresiones que reclamaban por el Acuerdo Humanitario y la búsqueda de la Paz en Colombia.

El debate se profundizó a raíz de la liberación de Clara Rojas y Consuelo González de Perdomo y los acontecimientos que tuvieron lugar el 1 de marzo de 2008, cuando, según la declaración de la cumbre de Río, "Fuerzas Militares y efectivos de Colombia incursionaron en territorio de Ecuador, en la provincia de Sucumbíos, sin consentimiento expreso del gobierno de Ecuador, para realizar un operativo en contra de miembros de un grupo irregular de las Fuerzas Armadas y Revolucionarias de Colombia (FARC), que se encontraba clandestinamente acampando en el sector fronterizo ecuatoriano".

El presidente Hugo Chávez en su informe anual ante la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela abrió la polémica al plantear que los dos principales grupos guerrilleros colombianos "son verdaderos ejércitos, que ocupan espacio en Colombia...hay que darles reconocimiento a las Farc y al Eln son fuerzas insurgentes que tienen un proyecto político, que tienen un proyecto bolivariano que aquí es respetado". Además, agregó que para normalizar las relaciones con el Estado colombiano es necesario que este gobierno les quite al Eln y a las Farc el calificativo de grupos "terroristas". A tal solicitud y exigencia el gobierno de Colombia respondió que "el uso de la fuerza o solamente su amenaza contra la democracia, es puro terrorismo...En Colombia los grupos violentos atentan contra la democracia; en consecuencia, el calificativo que merecen es el del terroristas", "...por atentar contra una democracia respetable y por sus métodos de exterminio de la humanidad".

En Colombia esta polémica no es nueva. El expresidente, Alfonso López Michelsen, venía sosteniendo que "...los grupos insurgentes de Colombia en su condición de tales tienen el carácter de grupos políticos; no se requiere que haya una declaratoria oficiosa de los gobiernos para que tengan tal estatus". Además, el jurista y político recuerda que "en su acción político-militar incurren en actos violentos que no siempre pueden ser englobados con el carácter de actos terroristas cuando ocurren en acciones de guerra contra los gobiernos; y que también son responsables de delitos de lesa humanidad. Pero, el que incurran en ellos no hace que pierdan su carácter de actores políticos, ni que por ser tales pueden reclamar en su beneficio la impunidad, o la inimputabilidad(...)."

Carlos Gaviria Díaz en declaraciones recientes sostuvo que es "muy distinto" el reconocimiento de la calidad de insurgente, que el reconocimiento de beligerancia, especialmente en el Derecho Internacional las consecuencias son fundamentalmente diferentes. Para el jurista tanto las Farc como el Eln cometen "sin duda alguna" "actos terroristas", los cuales "deben ser castigados con el rigor de la legislación nacional e internacional". Agrega que "no obsta para que se le reconozca un status de insurgente porque son insurgentes". Concluye planteando que el reconocimiento del status de insurgente facilita un proceso de Paz.

Por su parte, en la declaración  del Grupo de Río se hizo referencia a "un grupo irregular de las FARC" omitiendo el reiterado calificativo de "terroristas" que le atribuye el gobierno colombiano. Además, en el punto 7 de la declaración se consigna que los países miembros tienen la obligación de realizar una "búsqueda conjunta de soluciones a los conflictos que afectan la región", lo cual indica que hacia el futuro miembros del Grupo de Río podrían participen como facilitadores en los procesos de liberación de secuestrados, el intercambio humanitario y la solución negociada al conflicto que implica necesariamente el reconocimiento del status político de los "grupos irregulares" por parte del gobierno colombiano.

Es evidente que el conflicto armado interno, a raíz de la reciente crisis con el Ecuador, reafirma su carácter de conflicto internacional, razón por la cual su solución pasa por la mediación de la comunidad internacional involucrando directamente tanto a la región suramericana como norteamericana y la Unión Europea.

La solución del mismo, dada su complejidad requiere de esfuerzos mayores de comprensión. En tal sentido, considero pertinente hacer referencia a los aportes del politólogo estadounidense e investigador del Departamento de Gobierno y Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Georgetown, Marc Chernick, quien ha estudiado diversos procesos de paz en el continente y recientemente publicó el libro ‘Acuerdo Posible' editado por ediciones Aurora, donde presenta una valoración crítica de los diálogos durante las presidencias de Belisario Betancur, Virgilio Barco, César Gaviria, Ernesto Samper y Andrés Pastrana.

Parte de reconocer que en ninguno de los procesos de negociación se ha logrado el objetivo de la paz, sin embargo concluye afirmando que ésta es posible únicamente a través de la negociación con la guerrilla de una agenda que debe incluir: una reforma agraria, el cese a la violación de los derechos humanos por parte de todos los actores, la reorientación de las Fuerzas Armadas y de la Policía para que garanticen la paz interna después del conflicto, la incorporación de los guerrilleros a la arena electoral y acuerdos de política social y distribución de los recursos nacionales.

Cuestiona la política militar del gobierno de Álvaro Uribe, principalmente la que ha desarrollado para erradicar los cultivos ilícitos, argumentando "que no es la vía más conveniente para terminar con el conflicto". Según explica, el narcotráfico no es la causa, sino una forma de financiación de los grupos armados. Si bien sirvió para hacer más compleja la guerra al permitir la entrada a narcotraficantes y a grandes ejércitos de paramilitares, no dio origen a ésta.

El negocio ilícito ha hecho que el conflicto en Colombia se haya escalado y degradado. A ese respecto, el autor recuerda que el ex presidente Pastrana argumentaba antes de acordar con Estados Unidos el Plan Colombia que "un proceso de paz exitoso sería la más eficiente política contra el narcotráfico. Esto le permitiría al Estado expandir su presencia a lo largo y ancho del territorio nacional y trabajar con los actores armados en aras de la construcción de instituciones legítimas y alternativas económicas viables".

Pero Estados Unidos transformó esa formulación y "argumentó que una lucha exitosa contra el tráfico de drogas debilitaría las bases de los recursos de la guerrilla y los paramilitares y, por lo tanto, reduciría el conflicto".

Ese plan de Estados Unidos es el que se ha venido implementando en Colombia desde finales de la administración de Pastrana y durante toda la de Uribe, lo que hace que el autor piense "que la paz está lejos".

Sostiene en su libro que: "A casi seis años de gobierno, es evidente que las estrategias iniciales de Uribe frente a las Auc, el Eln y las Farc son insuficientes para lograr la paz. Las Auc se han desmovilizado, pero el paramilitarismo continúa. El Eln tiene algunos incentivos para hacer la paz y una menor capacidad para continuar la guerra, pero el gobierno no ha querido ceder en aspectos importantes para sacarlo del campo de batalla. Y desde el inicio de la administración de Uribe, las Farc han demostrado una capacidad de retirada estratégica y de avanzada en sus propios tiempos".

Aunque reconoce que el Plan Patriota y el posterior ‘Plan Consolidación' han tenido avances en sus operaciones militares, sostiene que "no ha logrado tener una ventaja militar significativa". Para Chernick, el incremento de la actividad militar puede traer muchas ventajas sicológicas y políticas para quien golpee más duro, "pero no sería lo más conveniente para negociar la paz".

Según dice, para que se pueda considerar que el conflicto ha madurado y los diálogos en la mesa sean exitosos, se necesita que los bandos, en este caso las Farc y el gobierno, tengan un "empate mutuamente nocivo". Esto quiere decir que "el mejor momento para arreglar un conflicto es, primero, cuando ninguna de las dos partes es capaz de derrotar a la otra -un empate- y, segundo, cuando el padecimiento de la guerra se vuelve inaceptable o insoportable para ambas partes-"mutuamente dolidas". Cuando ambas condiciones se dan de forma simultánea, la guerra está "madura" para el acuerdo.

Cuando llegue ese momento en Colombia, según el autor, será necesaria la participación de un tercero (un país amigo, por ejemplo) en las negociaciones, porque el gobierno no puede ser parte y juez en el diálogo.

El problema está en determinar en qué momento las condiciones planteadas por Chernick se cumplen para avanzar en el proceso de negociación cuando el gobierno colombiano viene intensificando las operaciones militares e incrementando el presupuesto para la guerra convencido de que la derrota militar es posible como única alternativa para la paz. La insistencia en la política de lucha contra el terrorismo no dejaría ningún espacio a la negociación política distinto al sometimiento de las FARC después de haber sido derrotada militarmente por cuanto no se le podría reconocer ningún estatus político. La ilusión del triunfo militar subyace en los discursos que sostienen que las Fuerzas Armadas fortalecidas militarmente, con más presupuesto, con la cooperación militar y de inteligencia por parte de Estados Unidos, el pago de recompensas por información que permita la captura o la eliminación de insurgentes sería la mejor estrategia de sometimiento del adversario.

No obstante esta postura guerrerista cabe señalar que la opción de la guerra expresa de una u otra manera una concepción profunda de la política razón por la cual no puede estar inscrita simplemente en la salida militar. Es por ello que no se puede descartar la negociación política al conflicto armado ni al reconocimiento del poder del adversario. Volver a la mesa implica valorar las nuevas condiciones de fuerza generadas por el escalamiento inevitable de una guerra que se está transformando en irregular. Pero igualmente entender que la negociación es la única alternativa para avanzar en la construcción de la democracia porque es mejor una negociación imperfecta, incluso en medio de la guerra, a una guerra perfecta en donde una supuesta victoria no equivale a la consecución de la paz sino a la imposición de una dictadura. En ese sentido es alentador el mensaje de la cumbre de Río de "búsqueda conjunta de soluciones a los conflictos que afectan la región" pero que requiere de la creación inmediata de las condiciones de facilitación para contener la intensificación y degradación de la guerra.

La acción inmediata es presionar el Acuerdo Humanitario a través de la movilización social permanente en Colombia, con la colaboración de la comunidad internacional y, específicamente, el Grupo de Río.

Es pertinente recordar que el Protocolo II de Ginebra (1949) fue creado para aplicarlo a los conflictos armados internos "que se desarrollen en el territorio de una Alta Parte contratante entre sus fuerzas armadas y fuerzas armadas disidentes, grupos armados organizados que bajo la dirección de un mando responsable, ejerzan sobre una parte de dicho territorio un control que les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas y aplicar el presente protocolo". Estos conflictos están regulados por el artículo 3 común a los Convenios de Ginebra y el Protocolo Adicional II de 1977

Uno de los principales aportes del DIH ha sido la posibilidad de que las partes en conflicto suscriban acuerdos de índole humanitaria que permitan la humanización de las hostilidades. Los procesos de Nicaragua y El Salvador proporcionan los principales contenidos de estos acuerdos:

  • Protección y respeto a los derechos humanos
  • Creación de comités internacionales de verificación
  • Administración de justicia independiente, y
  • Adopción de medidas legales para combatir la impunidad.

El artículo 6, num.5 Protocolo Adicional II de 1977 establece que "a la cesación de hostilidades, las autoridades en el poder procurarán conceder la amnistía más amplia posible a las personas que hayan tomado parte en el conflicto armado o que se encuentren privadas de libertad, internadas o detenidas por motivos relacionados con el conflicto armado". De esta manera, el Derecho reconoce que un proceso de paz es fruto de una negociación política y que existen ciertas concesiones en aras de la reconciliación nacional, siempre y cuando no se trate de delitos de lesa humanidad.

A pesar de no existir consenso en torno al intercambio humanitario o ley de canje, la fuente legal para proceder a éste radica en el DIH, específicamente en el Artículo 3 común y en el Protocolo Adicional II de 1977, considerados como norma imperativa del Derecho Internacional.

Cabe destacar que para el DIH el canje de secuestrados por personas detenidas o presas no está contemplado en el marco de conflictos armados internos. La figura de prisioneros de guerra y el canje de los mismos solamente están establecidos para los conflictos internacionales. Sin embargo, no existe impedimento para ser tratados en los conflictos internos.

La legislación colombiana establece que solamente se puede otorgar indultos o amnistías a las personas procesadas por delitos políticos (rebelión, sedición y asonada). Jurídicamente es viable la realización de un intercambio humanitario. Pero su concreción está subordinada al reconocimiento del status político y/o al estado de beligerancia que exige la insurgencia debido a que el Gobierno del presidente Uribe no solo desconoce la naturaleza política del conflicto sino que atribuye a los grupos guerrilleros el calificativo de "terroristas". Además, existen los "inamovibles" como no al despeje de los municipios de Florida y Pradera y la exigencia del no retorno de los guerrilleros liberados a sus organizaciones.

Para el intercambio humanitario las FARC sólo consideran canjeables los denominados rehenes políticos por guerrilleros presos, razón por la cual algunos analistas consideran que es más apropiado referirse al Acuerdo Humanitario por sus alcances, en especial, lo relacionado con los secuestros extorsivos.

El Dr. Alfonso López Michelsen señaló que el intercambio Humanitario "es casi obligatorio, por lo menos en teoría para los Estados y para los alzados en armas" y que  "para adquirir la categoría al tratamiento total del Derecho humanitario y llegar a un acuerdo, se requiere no estar en condición de delincuente común, no haber sido calificado nacional o internacionalmente como terrorista" Continua sosteniendo que el Acuerdo Humanitario no es el prólogo de la Paz, es "una operación autónoma por medio de la cual se llega a realizar, sin consecuencias posteriores fruto de esas condiciones, un acuerdo para ser más llevadera la situación de los cautivos"...la idea de un Acuerdo para el canje de prisioneros con condiciones, como ocurre en Colombia, no cabe dentro del Acuerdo Humanitario".  Un Acuerdo condicionado, como el envío de guerrilleros al exterior, el lugar donde se celebran las conversaciones tendientes al canje es un acuerdo político no humanitario.

En consecuencia, dada el nivel de confrontación existente entre el Gobierno y las FARC y los inamovibles que cada una de las partes plantean como condiciones para cualquier acercamiento, implica que no estamos frente a la posibilidad de un intercambio Humanitario sino de un Acuerdo Político que va más allá del diálogo directo entre el Gobierno y la Guerrilla y que tiene como protagonista principal a la comunidad política colombiana con la colaboración de la comunidad internacional. El logro de éste acuerdo puede convertirse en el preámbulo para avanzar en la negociación política del conflicto armado y la construcción de la democracia real en nuestro país.



[1] Profesor Titular de la Universidad Surcolombiana, Doctor en Educación y Sociedad por la Universidad Autónoma de Barcelona.

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