Seminario internacional sobre experiencias de alternatividad penal en procesos de paz

Síntesis de las ponencias presentadas en el seminario organizado por la Escuela de Cultura de Paz de la Universidad Autónoma de Barcelona en el Parlamento de Cataluña (2004), elaborada por Miller Dussán.

 

Hernando Valencia Villa de la Universidad Carlos III, Madrid y Carlos Gaviria Díaz, hoy senador del PDA y entonces candidato presidencial.

 

 

El evento fue organizado por la Escuela de Cultura de Paz de la Universidad Autónoma de Barcelona, entidad comprometida con el estudio de procesos de paz y con la búsqueda de soluciones políticas y negociadas en los conflictos armados. Su director Vincens Fisas durante la apertura del Seminario enfatizó el especial compromiso con el pueblo colombiano, “un pueblo hermano que se merece un futuro de paz y Justicia”.

 

Se refirió igualmente al proceso de desmovilización de las autodefensas y al Proyecto de Ley de Alternatividad Penal en los siguientes términos:“Una correcta desmovilización de las autodefensas y desmonte del paramilitarismo será muy importante para diseñar en un futuro próximo un proceso justo y equilibrado que haga posible una negociación con las guerrillas. Si la desmovilización de las Autodefensas se hace mal y con impunidad, se puede pagar muy caro en cuanto a encontrar posibilidades reales de avanzar hacia la paz”.

 

“El debate actual sobre la aplicación de la justicia en Colombia no debe obviar, por ejemplo, la reparación de los atentados cometidos contra la libertad y la seguridad de tantas personas, y en virtud de las obligaciones que se derivan de la ratificación de los instrumentos internacionales del derecho internacional de los derechos humanos y del DIH”.

 

“Un proceso donde únicamente se contemple la desmovilización de una parte de los actores, está condenado al fracaso si no es capaz de abrir la puerta a compromisos mayores que permitan una solución política y negociada con el resto de actores”.

 

“Ningún proceso de paz puede completarse si no se escucha a las víctimas y se concierta con ellas una reparación justa. En todo caso, siempre es la sociedad, no el Estado ni las élites en conflicto, quien acaba decidiendo el modelo de justicia, reparación y reconciliación, pues es la sociedad, la gente de a pie, la que ha sufrido en carne propia, la muerte, el exilio, las desapariciones, el secuestro, los atentados, los desplazamientos, la tortura y el miedo.“

 

Se debe construir un inteligente equilibrio entre lo que es capaz de hacer la sociedad colombiana y lo que pueda aportar la sociedad internacional”.

 

Por su parte, Esteban Beltrán, Director de Amnistía Internacional España manifestó que “el proceso de desmovilización de los grupos paramilitares tiene graves fallos. El gobierno colombiano está permitiendo que los miembros de los grupos paramilitares desmovilizados vuelvan a ser reclutados legalmente. Porque lo que en realidad se está haciendo es “reciclarlos” incorporándolos a empresas privadas de seguridad o a otras estructuras creadas por el gobierno sin tener en cuenta su participación en violaciones de derechos humanos”.

 

Agregó además que “la actual política del gobierno Colombiano no ha traído consigo una mejora sustancial de la situación de los derechos humanos porque concede impunidad a los autores de violaciones de derechos y permiten que estas continúen. Esta política amenaza con privar a las víctimas de su derecho a la verdad, la justicia y la reparación plena”.

 

Hizo referencia a que todas las partes que intervienen en el conflicto interno (las fuerzas armadas, en colaboración con grupos paramilitares y la guerrilla) son responsables de graves y sistemáticas violaciones de DD. HH y del DIH. Enfatizó que en el caso de Colombia ha aumentado el suministro de armamento a los guerrillas, incluidos grandes cargamentos de Perú y Venezuela. En los últimos años EE.UU., Francia, Alemania, España y Sudáfrica han suministrado grandes cantidades de armas ligeras a las autoridades colombianas y, en los últimos días el propio gobierno de Colombia ha admitido la compra de tanques a España para utilizarlos en el conflicto armado, sin que se sepa que exista alguna condicionalidad en el ámbito de los derechos humanos”.

 

Sobre el particular informó de la solicitud de A.I. de congelación de la venta de armas que hará España a Colombia condicionada a que el país cumpla las 24 recomendaciones de Naciones Unidas en derechos humanos y no existan garantías de que los tanques, obuses y aviones españoles no se usarán "contra civiles inocentes". Como soluciones propuso enfrentar la impunidad de todos los culpables directos a través de los mecanismos nacionales y del Tribunal Penal Internacional. La regulación del comercio de armas que haga efectivo los embargos y que prohíba la exportación de armas a los países con sistemáticas violaciones de los DD. HH. y, sanciones a los gobiernos y grupos armados que sigan cometiendo crímenes de guerra o de lesa humanidad.

 

James Lemoyne, representante Especial del Secretario General de Naciones Unidas para Colombia, señaló que en los procesos de paz, negociación y reconciliación es imposible olvidar la demanda de justicia: “No es aceptable contemplar la impunidad en negociaciones de guerra. La demanda de perdón y amnistía no se puede garantizar sin el conocimiento de la verdad y la reparación de las víctimas”.

 

Lo más importante es vincular a la sociedad en los procesos de reconciliación, agregó. Sin embargo, cree que una la negociación bien hecha con los paramilitares es posible y necesaria no obstante la complejidad del proceso por las características del paramilitarismo y la continuidad de la guerra por parte de los grupos insurgentes. Considera de suma importancia la mediación de la OEA, pero le preocupa que la Ley de Alternatividad no contemple una “comisión de la verdad” ni los mecanismos para garantizar las demandas de las víctimas.

 

Roberto Garretón, representante para América Latina y el Caribe del Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos insistió en que en la demanda por la verdad, justicia y reparación hay que enfrentar todas las dimensiones de la impunidad: la jurídica, la política, la moral y la histórica a través de dos valores éticos y dos instrumentos jurídicos y políticos. A la impunidad política, histórica y moral se oponen el valor de la verdad y como instrumento moderno las Comisiones de la verdad y a la impunidad jurídica, el valor de la justicia a través de los tribunales nacionales, y cuando no funcionan, los tribunales extranjeros operando en la base de la jurisdicción universal y los tribunales internacionales.

 

Michael Fruhlinng, director de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia declaró que dado “el carácter pluridimensional del conflicto armado interno exige para su cabal superación un enfoque multiforme e integral que implica para el Estado la implementación de medidas en los campos Político Democrático y del Estado de Derecho; de las políticas económicas, sociales y humanitarias; el de las políticas militares y el de la adopción y puesta en práctica de una estrategia de negociación adecuada con los grupos armados e ilegales”.

 

Subrayó que en las acciones emprendidas para poner fin al conflicto armado, “deben tener el reconocimiento y las garantías de los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación” y reconoció la importancia de un debate público en torno a la propuesta gubernamental de alternatividad penal sobre cuyos principales aspectos expresó sus observaciones y recomendaciones.

 

El alto funcionario planteó que para honrar el derecho a la verdad “todo proceso de negociaciones para la paz entre el Estado colombiano y grupos armados al margen de la ley” deberá tener una “comisión de esclarecimiento” o extrajudicial que, “en condiciones de independencia e imparcialidad, esclarezca los factores políticos, sociales y económicos que contribuyeron al conflicto armado interno y a la crisis de derechos humanos” en Colombia.

 

Natalia Springer, consultora experta en Justicia Transicional al cuestionar el Proyecto de Alternatividad Penal sostuvo que “no es la aplicación de la justicia sino las decisiones de impunidad las que generan situaciones de no reconciliación” y que “existen mecanismos alternativos que combinados con los tradicionales son efectivos para la reconciliación”. Hizo una propuesta sistemática de los mecanismos como contribución al caso colombiano.

 

Luís Carlos Restrepo, Alto Comisionado de Paz de Colombia, planteó que “frente a la desconfianza colectiva frente a negociaciones políticas con guerrilleros el mandato se enmarcó en la seguridad democrática que incluye la salida negociada”. Precisó que el debate se centra en la forma de alcanzarla y, desde el gobierno, se optó por “la combinación entre la acción militar y la persuasión”. Se refirió a la necesidad de la negociación con mediación internacional a partir de la “declaratoria unilateral de cese de hostilidades por parte de los grupos ilegales”.

 

Frente a la Alternatividad Penal sostuvo que el proyecto se rige por los valores de la verdad, justicia y reparación. Sin embargo, reconoció la existencia de cuestionamientos en figuras como “la libertad condicional” la “no extinción de dominio ni extradición”, entre otras, y la importancia del debate promovido desde el Parlamento. Concluyó manifestando que el Gobierno debe acoger las decisiones que finalmente adopte el Congreso.

 

Catalina Díaz Gómez, en representación de la Comisión Colombiana de Juristas expresó que “el Proyecto de Ley 85 del 2003 es inconveniente y contrario a la Constitución Política y a las obligaciones internacionales del Estado Colombiano en materia de derechos humanos porque no garantiza los derechos a la verdad, la justicia y la reposición”. Denunció que además de que las penas previstas por el Proyecto de Alternatividad “son irrisorias”; el Estado renunciará a la justicia y que las víctimas no recibirán reparación alguna, el Proyecto legitimará una serie de bienes y fortunas adquiridos de forma ilegítima (gracias a la violencia y/o el narcotráfico)”.

 

En relación con las recomendaciones y propuestas se sostiene que una “alternatividad penal inspirada en una genuina conveniencia para el bien común implica, en relación con los paramilitares en Colombia, la consideración de la responsabilidad que tienen y han tenido en el fenómeno el Estado y los agentes estatales, así como el desmantelamiento definitivo de sus apoyos. También debe incluir la consideración de la responsabilidad de las personas que hayan financiado y respaldado la actividad de los grupos paramilitares, para garantizar su total desarticulación. De lo contrario, no se producirá más que un simulacro de paz”.

 

Hernando Valencia Villa (Universidad Carlos III, Madrid) con relación al proyecto de Alternatividad Penal sostuvo que “no solo no contribuye a la solución civilizada del conflicto armado sino que también puede generar un nuevo ciclo de barbarie e impunidad, de venganza y violencia en el país”. Agrega que “la propuesta no parece ser otra cosa que una amnistía general para los grupos paramilitares; omite toda sanción penal para los crímenes de guerra y de lesa humanidad, reduce la reparación de las víctimas a gestos simbólicos y arriesga el establecimiento de la verdad pública y la construcción de la memoria histórica al ponerla en manos de una débil Comisión de Verificación cuyas composición y funciones también quedan confiadas a la discreción presidencial”. Concluye indicando que “el conflicto armado interno y la catástrofe humanitaria resultante no pueden superarse sin un proceso de paz, reconciliación nacional y transición a la democracia, el cual exige a su vez un cambio de régimen político y social”.

 

Carlos Gaviria, senador de Colombia propuso un debate deontológico a partir de los postulados de la Constitución Política de 1991 a la que denominó “Carta de Paz” por tratarse de un camino hacia “una democracia auténtica de derechos y libertades”. Partió de considerar que “la justicia no es un obstáculo para lograr la paz” sino todo lo contrario “es garantía de una paz duradera”. La pregunta según el senador es ¿para qué se sanciona? para lo cual hay que tener en cuenta la tradición jurídica desde las escuelas retributiva y preventiva. Se preguntó si “es legítimo que un jalador de carros pase 8 años en una cárcel y que a un responsable de graves delitos contra la humanidad no le ocurra nada”.

 

Pero más importante aún es el cuestionamiento de ¿quién perdona? Y si ¿acaso el Estado es victima? Concluyó resaltando la importancia de estudiar las propuestas de Natalia Springer, sobre el particular, y la necesidad de recoger los postulados y experiencias que sobre Alternatividad Penal se han difundido durante el Seminario.

 

Gladys Ávila en representación de la Asociación de Familiares de Detenidos- Desaparecidos –Asfades- subrayó que una política de paz, “debe plasmar postulados que permitan garantizar nuestros derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral”. Agregó que “las víctimas y los familiares no podemos aceptar una reconciliación que tenga como base un perdón ligado a los crímenes de lesa humanidad, amparados en leyes de punto final u otros mecanismos de impunidad”.Insistió en que el proyecto de Ley de Alternatividad “no tiene legitimidad, pues no fue gestado y elaborado sin consultar y sin discusiones previas con los diferentes sectores de la sociedad”. Concluyó señalando que una verdadera política de paz debe ser producto de “una concertación amplia donde confluyan todos los sectores priorizando el sentir de las víctimas, con el acompañamiento de una comisión constituida por órganos internacionales de Derechos Humanos”.

 

Rafael Pardo, senador de Colombia al referirse al Proyecto inicial de Alternatividad Penal del Gobierno planteó que “está en contravía de los principios de proporcionalidad, igualdad y ruptura de la separación de poderes”. Tampoco, “tiene los elementos para garantizar la paz, no asegura la desmovilización ni desestimula la delincuencia, cubre cualquier tipo de delitos y no garantiza la seguridad jurídica de quienes se acogen al beneficio”.

 

Señaló que “no me gusta la Ley sino la idea de negociar con las autodefensas por ser conveniente” y por estar regulada legalmente cuando se trata de “mandos unificados”. Agregó que el esfuerzo por una sola mesa de negociación es importante al igual que la verificación por parte de la OEA.

 

Destacó las Audiencias Públicas que se están desarrollando en el Congreso con la participación de expertos, partidos políticos, altos funcionarios del Estado, ciudadanos y las regiones. Al indicar que “las autodefensas son consecuencia del conflicto, el problema no es solamente armado sino económico, político y social” razón por la cual se requiere de “una política de extinción de dominio para suprimir el estímulo económico que nutre a las autodefensas, una respuesta de seguridad donde hay grupos de autodefensa, permitir la organización política de las mismas y una respuesta institucional a los sectores armados de ser sustitutos del Estado”. Concluyó manifestando que las “audiencias han dado la materia prima y el gobierno debe modificar la Ley”.

 

José Miguel Vivanco, de Human Rights Watch, manifestó que es esencial que no se ignore la demanda de justicia y la importancia de fortalecer el Estado Social de Derecho: “nos preocupa el proyecto del gobierno porque protege a personas –bien sean paramilitares o de la guerrilla– que han planeado, dirigido o ejecutado varios de los crímenes más atroces que se hayan cometido en nuestra región”.Vivanco leyó un párrafo de la revista The Economist en el que se daba cuenta de cómo los 850 paramilitares desmovilizados en Medellín regresaron a las calles tras un programa de rehabilitación de tres semanas. Y preguntó: “¿es este el modelo a seguir?”.

 

Recordó que existe consenso en la Comunidad Internacional de la obligación de las gobiernos de derogar normas que favorezcan la impunidad y que atenten contra los derechos humanos.

 

Una observación general a los anteriores postulados permite afirmar que los ponentes colombianos y extranjeros coinciden en señalar que un verdadero proceso de reconciliación nacional no es posible sin el establecimiento de la verdad (memoria) la justicia (castigo) y la reparación de las victimas, razón por la cual el gobierno colombiano debe modificar el proyecto de Alternatividad Penal a partir de las exigencias y propuestas provenientes de diversos actores de la sociedad colombiana y de la comunidad internacional.

 

Espero con la divulgación de esta síntesis aportar elementos para la reflexión acerca de la necesidad de comprometernos en la búsqueda de salidas políticas al conflicto colombiano.