NO BASTA CON EL COMPROMISO DEL GOBIERNO DE HACER CUMPLIR LAS OBLIGACIONES DE LA LICENCIA AMBIENTAL DEL PHEQ

 

El 12 de abril de 2023, en la Comisión V de la Cámara de Representantes, la Ministra de Ambiente, Susana Muhamad, anunció la decisión del Gobierno del presidente Petro de exigir el cumplimiento de todas las obligaciones establecidas en la Licencia Ambiental del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo -PHEQ-  y enfatizó que “Enel tiene que cumplir con la adecuación de 2700 hectáreas con riego en el Huila y la Agencia Nacional de Tierras tiene que comprar las 2700 hectáreas para que sean entregadas a familias vulneradas de los municipios sujetos de Reformas Agraria. Eso es lo que debemos hacer cumplir como Estado”

El anuncio se produjo después de 2 reuniones, una, entre la Agencia Nacional de Tierras y Asoquimbo y otra entre el Ministerio de Ambiente y la organización y con posterioridad al Plantón Cultural de Resistencia de víctimas de ENEL, el 14 de marzo en Puerto Seco Gigante.

En la reunión con la ANT, realizada el 3 de noviembre de 2022, su director Gerardo Vega expresó "su disposición de avanzar de manera rápida en la compra y adjudicación de tierras para la restitución de la actividad productiva del Huila y cuenta con los recursos económicos para ello”.

La reunión en el Ministerio de Ambiente  se cumplió el 16 de febrero de 2023. La Ministra Susana Muhamad  aseguró que entiende la urgencia y comparte la preocupación por los incumplimientos de la Licencia Ambiental y se comprometió a abordar las denuncias formuladas por Asoquimbo y su legítimo reclamo de no continuar dando trámite a la modificación de la Licencia solicitada por la empresa con relación a la restitución de la actividad productiva. La Ministra corroboró los argumentos de Asoquimbo “con nuevos documentos y 8 reuniones entre el sector ambiente y de agricultura estudiando el tema” que justificaron el compromiso gubernamental de hacer cumplir todas las obligaciones.  Además, no se puede desconocer que la acción realizada el 14 de marzo incidió en la celeridad de lo anunciado.

Hay que resaltar que durante 14 años de resistencia Asoquimbo ha acudido a todas las instituciones responsables de hacer cumplir las obligaciones establecidas en la Licencia Ambiental del -PHEQ- que a cambio de proceder a defender los intereses patrimoniales y a las víctimas, han actuado a favor de la empresa Enel Emgesa, como está registrado en estudios de organizaciones sociales, grupos de investigación, Informes de la Contraloría General de la República, audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH, Comisión Internacional de Juristas, ONU, entre otros, y que son de público conocimiento, razón por la cual, no basta con la voluntad expresada por el Gobierno de trazar una hoja de ruta sobre impactos del PHEQ  sino se consolida un gran movimiento de resistencia departamental, con solidaridad nacional e internacional a favor de las víctimas y los huilenses.

Enel, continuará utilizando su poder corporativo  y la connivencia de las instituciones, como la ANLA, para no cumplir con sus obligaciones. Prueba de lo anterior, es el Informe de Auditoría de gestión (2020) de la Contraloría General de la República al ratificar que la autoridad ambiental ha sido "ineficiente e inoportuna”, razón por la cual cursan investigaciones disciplinarias y penales y no ha ejercido sus funciones de seguimiento, incluso, después de expedido el Auto 07149 del 21 de noviembre de 2018 donde se vio obligada a reconocer por primera vez en 10 años que de 137 obligaciones, programas o requerimientos a Emgesa solo se consideran cumplidos 10.

Con relación a la restitución de la actividad productiva basta con denunciar que la ANLA a cambio de exigir la compra y adecuación de 2500 hectareas para reasentamientos, avaló el supuesto cumplimiento por parte de Emgesa cuando aún quedan pendientes 1508. 

Más grave aún. Ya en el año 2010, en un estudio realizado con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura IICA, cofinanciado por EMGESA, se relacionan los predios y describen 7.907 hectáreas viables para adecuación de tierras con destino al programa de reasentamiento (2.500 ha) y las que debían ser adquiridas por el Gobierno Nacional y adecuadas con riego por EMGESA (2.700 ha). Este estudio se hizo para justificar que existía la garantía de restitución de la actividad productiva que fue una de las condiciones para otorgar la Licencia. Sin embargo, Emgesa niega los estudios para no cumplir con la adecuación de las 2700 hectáreas y para disminuir costos ha actuado de manera ilegal, engañosa y fraudulenta, en complicidad con la  ANLA, al presionar a 422 beneficiarios para que firmaran un acta mediante la cual “renuncian en forma total y definitiva a cualquier compensación e indemnización por cualquier otra forma de perjuicio, así como a cualquier reclamación judicial o extrajudicial que pretenda compensaciones o indemnizaciones adicionales”, a cambio de un irrisorio capital semilla entre 25 y 28 millones de pesos, vulnerando el derecho a tierras productivas.

¡Por el derecho a permanecer en el territorio!... Movilización Permanente!