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Miller Armín Dussán Calderón

¿Los congresistas estarán dispuestos a reformar su augusto cuerpo legislativo?

¿Los congresistas estarán dispuestos a reformar su augusto cuerpo legislativo?

 

El Pacto Histórico anunció que el 26 de julio radicará el Proyecto de Ley sobre Reforma al Congreso.
Se supone que la iniciativa debe ser sometida a un gran debate y movilización nacional y no a un acuerdo por arriba.
Debe ser parte de una Reforma Laboral que se fundamente en el principio "de cada quién según su capacidad a cada quien según su trabajo", razón por la cual quienes fueron elegidos como representantes del pueblo al servicio del interés público no pueden gozar de un Régimen Especial de privilegios aprobados por los mismos parlamentarios muchos de los cuales son dueños y/o accionistas de grandes empresas privadas nacionales y/o transnacionales o del sistema financiero.
Si el Congreso tiene la potestad de legislar, la reforma debe regir a más tardar a partir de enero del 2023 y no para los futuros legisladores como se informa a través de los medios.
No se trata simplemente de una reducción del salario cuantificado en 25 mínimos. Todo lo contrario, debe ser parte del establecimiento de un Salario Básico Profesional asociado a una Reforma constitucional que establezca la obligatoriedad de la Educación Pública hasta la obtención de un titulo de pregado universitario y que se reconozca también a quienes sin poseer titulos profesionales cuenten con una amplia experiencia y saberes propios de la diversidad cultural.
El trabajo dedicado a legislar debe ser igual al exigido para cualquier empleado o trabajador equivalente a 8 horas diarias de lunes a viernes y vacaciones de 15 días hábiles al año.
El Régimen pensional debe ser igual al de los demás empleados públicos y deben suprimirse las primas especiales, gastos de representación, entre otros.
Los costos de las UTL de 40 millones por Congresista deben modificarse, una por Bancada,  que garantice la financiación requerida para la contratación de equipos de investigación interdisciplinarios reconocidos de universidades públicas y/o centros especializados que son necesarios para apoyar el estudio de las Reformas producto de iniciativas colectivas y no individuales.
Las UTL por congresista se han convertido en estímulos a la corrupción y fuentes de negociación para lograr respaldos electorales o transacciones para favorecer a "amigos o familiares.
La reforma también debe limitar la reelección a dos periodos sea inmediata o posterior y garantizar la equidad de género en igualdad de condiciones.
El ausentismo debe ser penalizado no sólo con la pérdida de investidura sino del ejercicio de funciones públicas de por vida.
Una reforma al congreso no puede establecer privilegios para quienes fueron elegidos como servidores públicos que deben ser ejemplo de dedicación al trabajo y de transparencia en la toma de decisiones en cumplimiento de las obligaciones de garantizar todos los derechos establecidos en la Constitución en igualdad de condiciones para todos.
El elegido, al conocer que no cuenta con privilegios, estará motivado por el interés de servir al pueblo y no a nivel personal de apropiarse los bienes públicos o de legislar a favor suyo, de su familia o de grupos de aduladores suborninados.
En otros términos, deben tener claro que fue elegido para obedecer al constituyente primario y no para mandar como si los electores fuesen sus esclavos.
Es evidente que una Reforma en los términos planteados será objeto de rechazo, incluso por la mayoría de los parlamentarios, incluidos del Pacto Histórico, que se hicieron elegir a codazos a través de listas cerradas, sin mayor respaldo popular, motivados por los privilegios, con énfasis en lo económico, de que gozan los congresistas.
Lo más probable es que se aprueben unas reformas mínimas a partir de 2026 que no los afecta pero pensando en su reelección.
Por esa razón, la convocatoria que hace Petro de realizar actos culturales en todas las plazas públicas municipales el 7 de agosto deben convertirse en el inicio de las grandes movilizaciones sociales exigiendo que todas las propuestas de Reformas sean producto del debate desde los movimientos sociales territoriales y no desde arriba en pactos secretos estimulados por "mermeladas".
Ninguna reforma a favor del pueblo ha sido aprobada por el Congreso sin la resistencia social.
Ante la imperiosa necesidad de reformas sociales como la Agraria Integral hay que iniciar por la recuperación de tierras o la del sistema educativo, movilizando desde ya a todos los actores sociales.
Ejemplos recientes lo confirman como los levantamientos populares contra la Tributaria de Carrasquilla; las acciones estudiantiles que lograron matrícula cero o las grandes rebeliones contra el neoliberalismo, destacando la participación de los jóvenes, las guardias indígenas, organizaciones defensoras del territorio contra el modelo extractivista, que fueron decisivos en ampliar la representación parlamentaria progresista y en la elección del nuevo Gobierno en cabeza de Petro Francia.

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