¿LAS MASACRES COMO ARMA DE RETALIACIÓN POLÍTICA?

Rostros de jóvenes masacrados en Nariño. Foto blue radio

En menos de una semana se presentaron dos masacres a jóvenes y niños. La primera en Cali, el 11 de agosto, en un cañaveral ubicado detrás del Barrio Llano Verde y la segunda, el 15 de agosto, en Samaniego Nariño.

La organización Human Rights Watch (HRW) ya había advertido que los grupos armados ilegales han impuesto un régimen del terror en al menos once regiones de Colombia, entre ellas, Nariño, donde operan  las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), conocidas también como Clan del Golfo, y disidencias de las FARC que aprovechan la crisis del coronavirus para cometer todo tipo de abusos contra la población civil en la disputa por el control territorial.

Sobre las masacres se tejen varias hipótesis. Desde la institucionalidad gubernamental, en el caso de la de Cali, se trata de no acceder a supuesto reclutamiento por parte de bandas delincuenciales o de víctimas de grupos de exterminio o  ’limpieza social’ o que los adolescentes habrían ingresado a un predio particular y que fueron confundidos con delincuentes.

Para León Valencia Agudelo director de la Fundación Paz y Reconciliación "hay una hipótesis que circula mucho en Cali y es que a Cristian lo mató la Policía y luego, para que no hablaran los cinco jóvenes que presenciaron el asesinato, los matan". Asoció este hecho con el asesinato de líderes sociales tras la firma del acuerdo de paz.

Con relación a la de Samaniego, el gobierno plantea que es producto, supuestamente, de la confrontación entre grupos irregulares o de bandas que intentan imponer su ley contra todo aquel que esté violando el aislamiento decretado a raíz del coronavirus.

Sectores de las comunidades expresan que “no creemos esas hipótesis que dicen las autoridades que se trata de rencillas entre organizaciones ilegales, los jóvenes que estaban dentro de esas casas era jóvenes sanos, deportistas, trabajadores”.

Es un hecho que están matando sistemáticamente a desmovilizados de las FARC, a líderes sociales que reclaman tierras o sustitución manual de cultivos de uso ilícito. Y para tal efecto, no se requiere de una orden expresa.  Basta con leer o escuchar declaraciones de quienes buscan imponer el miedo, como en el caso que relata Alfredo Molano con relación a los crímenes perpetrados por el Cóndor o el pájaro León María Lozano, quien leía rigurosamente los editoriales del Siglo que eran escritos por Laureano Gómez y ya sabía qué tenía que hacer. “No era una orden. No era que Laureano lo llamara y le dijera “venga pa acá, máteme al tipo ese”.

Por esa razón es tan preocupante lo que publicó Vicky Dávila en una de sus columnas de opinión donde lanzó una amenaza velada contra la Corte Suprema de Justicia si decidiera condenar, como en efecto lo hizo, al expresidente Uribe al imponerle medida de aseguramiento domiciliaria por  los delitos de soborno y fraude procesal: “Si a Uribe lo ponen preso, les doy una pésima noticia a sus malquerientes: no se acabarán los problemas que tiene Colombia. Tampoco llegará la paz que todos deseamos. Quizás la violencia se agudice. La Corte tiene la palabra”.

O la declaración de la senadora Paola Holguín del Centro Democrático, que generó polémica al hacer un llamado a los militares retirados en los siguientes términos:  "(...) Este es un mensaje para la reserva activa. Hoy yo no les voy a pedir que salgamos en defensa de Uribe porque es Uribe, o por defender un partido, sino por defender la justicia, el Estado de Derecho y la democracia".

Estos mensajes que sin lugar a dudas pretenden “incendiar el país” posiblemente estén estimulando a grupos delincuenciales para que realicen masacres y generen miedo como arma de retaliación política y de oscuras pretensiones de continuar manteniendo el control del Estado al servicio de los intereses de quienes se oponen a una paz duradera con justicia social, que sin lugar a dudas, es respaldada por la mayoría de los ciudadanos.