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Miller Armín Dussán Calderón

Declaración de desobediencia civil

Declaración de desobediencia civil

Por impuesto al patrimonio del capital y no a los salarios de los empleados públicos para subsidiar a los sectores más pobres de la población.

El gobierno de presidente Duque ha decidido dictatorialmente decretar el "impuesto solidario por el Covid 19 " a los salarios de los empleados públicos, bajo el supuesto demagógico de subsidiar a los estratos 1, 2 y 3; recaudo que será trasladado al Fondo de Mitigación de Emergencias -FOME- del Ministerio de Hacienda.

Convocamos a la Resistencia Civil de rechazo a pagar el impuesto por ser una norma arbitraria e injusta debido a que el gobierno pretende resolver la crisis de hambruna y evitar las protestas de los sectores más pobres, apropiándose de una porción de los salarios, que probablemente será robado por el clientelismo político, a cambio de decretar un impuesto al Patrimonio de los grandes propietarios de los bancos y de las empresas que superen los cuatro mil millones de pesos que serían suficientes para atender las Necesidades Básicas de la población en confinamiento.

Es común escuchar que en Colombia nos rige un Estado Social de Derecho. Si fuera cierto, el gobierno debería actuar en justicia e imponer cargas tributarias a las grandes empresas y no concederles exenciones, como se vienen incrementando en esta época de pandemia. No lo hace porque en realidad estamos sometidos a un Estado Corporativo al servicio de las empresas y de la acumulación intensiva de riquezas.

En varias instituciones como la Universidad Surcolombiana se han propuesto cuotas voluntarias con destino a las familias más pobres de los estudiantes. Esas cuotas probablemente desaparecerán con la disposición del gobierno de centralizar los recursos del “impuesto solidario” en manos de un ministro cuestionado por corrupto, afectando directamente a las familias de los estudiantes.

En otros casos, quienes pertenecemos a organizaciones sociales como Asoquimbo, y venimos contribuyendo solidariamente con alimentos básicos con destino a más de cien familias despojadas de sus territorios por Enel Engesa para la construcción del megaproyecto hidroeléctrico El Quimbo, no estamos dispuestos a entregar parte de nuestro salario para la corrupción y menos aún para favorecer las rentas de ésta empresa criminal que invadió nuestro territorio dejando miles de víctimas que hoy viven en cuarentena en las condiciones humanas más deplorables.

En consecuencia, ratificamos nuestra convocatoria a la desobediencia civil contra el Decreto 568 del  2020, como un deber ciudadano de reclamar justicia ante la arbitrariedad, de no sometimiento al Estado Corporativo, de acción deliberada de cambio social, como una expresión de voluntad para minimizar los daños y de rechazo a la dictadura impuesta de control social y de uso de la fuerza contra quienes ejercen el derecho a la protesta reclamando del gobierno una distribución equitativa de la riqueza que garantice vivir dignamente a quienes han sido explotados, discriminados y excluidos por el régimen capitalista.

 

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