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LAS FALSEDADES DE LA CAMPAÑA ELECTORAL A LA GOBERNACIÓN DEL HUILA

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El tema de los responsables por  los inocultables daños económicos, sociales, ambientales y culturales causados por la construcción del PH El Quimbo se convirtió en el centro del debate de la campaña electoral a la gobernación del Huila.

La confrontación ha escalado a niveles indignantes debido a que los aspirantes a la gobernación Carlos R. Chávarro y Luis E. Dussán se han transado en una disputa por ocultar, contra toda evidencia, su responsabilidad en el apoyo al proyecto y vociferar, que de ser elegidos no permitirán ni fracking, ni represas en el Huila.

Carlos Ramiro Chávarro, en su defensa del Quimbo, fue explícito al expresar que “no íbamos a ser los congresistas del Huila los que les íbamos a decir a una inversión de más de 800 millones de dólares que se fueran para otra región del país” y que las afectaciones eran insignificantes: “se van a inundar 8550 hectáreas que representan el 0.00748% del país. Se va también a afectar a 1500 personas que representan el 0.0034%”.

Luis E. Dussán resaltó que “definitivamente un proyecto de estos de generación de energía es un gran negocio, es un excelente negocio que genera excelentes utilidades, nos perece que ese debe ser también un punto central, un punto de honor para el departamento ser socios del proyecto”.

Para el parlamentario Luis E Dussán, se exigía “como requisito previo para que continúe el proyecto garantizar que el presidente de la república instale una mesa de concertación que tenga el carácter de vinculante y obligatorio en las decisiones que allí se tomen”. Otra exigencia de la bancada parlamentaria al gobierno nacional era la revocatoria del Decreto 321/2008 que declaró de utilidad pública los terrenos necesarios para el proyecto y que le da la potestad a una empresa privada hasta llegar a expropiar terrenos si los propietarios se niegan a aceptar las condiciones impuestas en la negociación. Además, decidir la entidad que debe elaborar de manera independiente los estudios socioeconómicos que fueron realizados por Emgesa.

El expresidente Uribe instaló la Mesa condicionada a que “El Quimbo va porque va” y desde el comienzo los representantes en la misma, de los Gobiernos nacional, departamental, los alcaldes de los municipios de afectación y de la bancada parlamentaria, renunciaron a los puntos de honor planteados por Luis E. Dussán en el Congreso como la derogatoria de la Resolución 321 y el estudio independiente y aceptaron la metodología con la ilusión de que el negocio quedaría mejor repartido.

Ante el fracaso de la mesa, producto de la resistencia y el rechazo del 95% de los asistentes a la Audiencia Pública Ambiental, realizada en Gigante Huila en febrero de 2009, decidieron suscribir un pacto secreto entre los Gobiernos Nacional, Departamental, alcaldes municipales y Emgesa que denominaron "Documento de cooperación" para justificar la participación social y legitimar la aprobación de la Licencia Ambiental, donde capitularon al desconocer los “puntos de honor” y no incluir exigencias mínimas como participación accionaria del Departamento del Huila como socio del proyecto, reducción de la tarifa de energía para toda la población del Huila, reversión de la concesión a la nación, modificación de la naturaleza del proyecto de unipropósito a multipropósito, compensación del PIB por pérdida de productividad y concesión de aguas para distritos de riego.

Asoquimbo, fue la única organización que se opuso a la construcción del Quimbo debido a que en el año de 1997 la empresa Central Hidroeléctrica de Betania presentó tres alternativas para la construcción de la represa El Quimbo y el Ministerio de Medio Ambiente, después de haber evaluado los impactos en sus aspectos técnicos, sociales, ambientales, económicos y culturales en la región, declaró que ninguna de las tres alternativas eran viables por las siguientes razones: Primera, “la desproporción entre el área de inundación y la poca generación de electricidad” y segunda, en la afectación estructural del área productiva, “no es conveniente que se inunden las mejores tierras con vocación agrícola de la región y sería imposible restituir la actividad productiva en la zona”.

Sin embargo, cuando se conocía que el proyecto no era viable y que la única opción era impedir su construcción, durante el Gobierno de Rodrigo Villalba, de manera irresponsable, lo incluyó en la Agenda de competitividad 2005, con el apoyo unánime de todos los sectores políticos y gremios económicos, que lograron que el presidente Uribe lo incorporara, en el año 2008, en el marco del Plan 2019 o Visión Colombia II Centenario, cuyas bases eran la confianza inversionista y la seguridad democrática.

Lo anterior explica que tanto Luis E. Dussán como Carlos R. Chávarro estaban de acuerdo con la construcción del proyecto, sin reparar que había sido declarado inviable,  razón por la cual, se opusieron a la resistencia de Asoquimbo, incluso a las acciones jurídicas, como la demanda de nulidad de la Licencia Ambiental que cursa en el Consejo de Estado donde una de las justificaciones es precisamente las razones por las cuales el mismo Ministerio de Ambiente lo había declarado inviable.

La única razón por la cual impusieron El Quimbo, a través del despojo violento, la expropiación y el incumplimiento de las exiguas compensaciones, como la restitución de la actividad productiva y en que coinciden los candidatos que se disputan mediante el engaño la gobernación del Huila es que “El Quimbo es un excelente negocio que genera excelentes utilidades” y que no se podía rechazar una inversión de más de 800 millones de dólares cuando las afectaciones para las comunidades eran mínimas.

Ahora, como candidatos, pregonan por no más represas ni fracking, otra manipulación más para pescar votos, cuando nunca se pronunciaron frente a los desalojos violentos y el ecocidio, ni defendieron las Consultas Populares y los Acuerdos Municipales que prohibieron represas, fracking, mineria a gran escala, ni han rechazado la decisión del Consejo de Estado que al autorizar las Pruebas Piloto dieron vía libre al fracking.

Precisamente esas comunidades desplazadas y ante la destrucción de las actividades productivas, los ecosistemas y bienes culturales, reclaman tener algo de vergüenza y darle excusas, públicamente, a las víctimas del Quimbo y a todos los huilenses por ser también responsables de los crímenes de Emgesa y del Estado al haber aprobado  El Quimbo.

06/10/2019 13:49. Autor: Miller Armín Dussán Calderón #. sin tema

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