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UNA DECADA DE RESISTENCIA

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El 15 de mayo de 2019 se cumplió una década de expedición de la Licencia Ambiental del Ph El Quimbo; proyecto que viene acumulando inmensas fortunas producto del despojo, el ecocidio, el no cumplimiento de las obligaciones por la empresa y las garantías estatales para la inversión privada, pero que al mismo tiempo enfrenta múltiples acciones de resistencia por la Defensa del Territorio y la biodiversidad natural.

Para la empresa Emgesa Enel los resultados son alentadores: Las ganancias tuvieron un repunte de 15,9% al mes de septiembre de 2018, lo que significó una utilidad neta de 1.290 millones. Por generación de energía, según el Sistema de Información Eléctrico Colombiano SIEL (UPME), El Quimbo facturó en promedio, entre enero y octubre de 2016, 354.000 millones, equivalentes a $ 1.181 millones de pesos/día, $ 50 millones cada hora. Por tasa de ganancia por cargo por confiabilidad, cero riesgo durante 20 años, genere o no energía, que pagamos todos los usuarios en las facturas mensuales, viene recaudando desde el 2014, US 5.6 millones de dólares, 2015, US 11.9, 2016 US 18.9 y a partir de 2017 hasta el 2034, US 23 millones de dólares por año. A lo anterior se suman los dividendos por la apropiación del territorio que en el caso de la no restitución de la actividad productiva equivale a un detrimento Patrimonial cercano a los cincuenta mil millones de pesos por la pérdida de 36.000 toneladas de alimentos al año. Adicionalmente, recibe beneficios por la Tasa Interna de Retorno, por haber sido reconocido como Mecanismo de Desarrollo Limbio, no obstante, las objeciones presentadas por la Directora del Programa Climático de International Rivers, entre otras, el desconocimiento de las recomendaciones de la Comisión Mundial para Represas.

Estas enormes cifras de utilidad obedecen a las garantías que ofrece el Estado al inversionista extranjero que además de la seguridad jurídica, contó con la protección de la ANLA que según la Defensoría del Pueblo, modificó 117 veces la Licencia Ambiental a favor de Emgesa Enel, logrando disminuir significativamente el valor de las compensaciones sociales y ambientales.

Asoquimbo, única organización que se opuso a la construcción del Proyecto, logró el reconocimiento de sus argumentos en 4 informes de la Contraloría General de la República, un Informe de la Comisión Internacional de Jurístas que concluyó que “el Estado es internacionalmente responsable y debe reparar integralmente a las víctimas y ofrecer garantías de no repetición” y una advertencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al Estado por las afectaciones causadas y no reparadas al ambiente y a las víctimas, razón por la cual la Audiencia Pública, realizada en el 2016, solicitó a la ANLA la suspensión de la Licencia.

Hoy, después de la inoperancia de la justicia y ante las presiones de la organización, se reabrió el proceso por el supuesto delito de Daños ambientales, que cursa en la  Fiscalía 3 de Bogotá. La Corte Constitucional solicitó a la Sala de decisión Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva para que proceda frente a la exigencia de declaratoria de desacato a la Sentencia T 135/13 sobre nuevo censo de afectados del Quimbo. La Contraloría indaga por las afectaciones al Patrimonio Económico del Huila y  la Comisión de Seguimiento al Quimbo reconoció que si hay tierras para la restitución de la actividad productiva contra la versión de Emgesa.  

Las víctimas están indignadas por la no actuación de la justicia a su favor. Sin embargo, 10 años después destacan que producto de la resistencia, fuente de conocimiento y poder,  se han levantado las comunidades y han decidido prohibir las actividades minero-energéticas (represas, fracking, minería a gran estala) para proteger el Patrimonio Ecológico y su derecho a decidir y a vivir dignamente en sus territorios.

 

 

25/05/2019 16:08. Autor: Miller Armín Dussán Calderón #. sin tema

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