¿Moción de censura?

Jorge Morelli

Un Ministro que proyecta una reforma constitucional y una política pública que diseñó como funcionario del Estado y que embarcó a 117 alcaldes en créditos a altísimos intereses a una tasa de UVR + 11 %  que no podían ser prepagados antes de 19 años, para invertir en acueductos, que obligó al gobierno a cubrir la deuda de los llamados "bonos Carrasquilla" de nuestros impuestos (495 mil millones) y que terminó siendo beneficiario al enriquecerse como intermediario del Grupo Financiero de Infraestructura (GFI), el principal inversor del proyecto y socio de Konfigura Capital, confirma que su actuación es propia de la denominada "puerta giratoria" que se define como "el hecho de que un alto cargo público se marche a trabajar a una empresa privada, obteniendo beneficio de su anterior ocupación pública y produciendo conflictos de interés entre la esfera pública y la privada, en beneficio propio y en perjuicio del interés público".

La política diseñada por el Ministro Carrasquilla fue aprobada por parlamentarios quienes, posiblemente, también aprovecharon la oportunidad para enriquecerse a través de la contratación directa y convenios interadministrativos firmados  por alcaldes afines a sus intereses políticos que comprometieron recursos futuros del Sistema General de Participaciones en contratos de obras no funcionales, o que no se hicieron pero que dejaron empeñados a los municipios, sin interventoría externa que permitieran verificar la idoneidad, la experiencia y la capacidad de las entidades contratadas.

Lo anterior es confirmado por Juan Pablo Rueda quien tituló en  Portafolio “Embolatados 400 mil millones de pesos de bonos Carrasquilla” al referirse al Informe presentado por   el ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, quien anunció “denuncias penales con el fin de establecer qué pasó con el dinero de los bonos de agua, o bonos Carrasquilla, destinado a obras de acueducto y alcantarillado aprobadas por Óscar Iván Zuluaga cuando era ministro de Hacienda”.

A raíz del debate sobre control político al Ministro Carrasquilla por presuntos actos de corrupción convocado por el Senador Jorge Robledo para el 18 de septiembre se viene planteando si es posible convocar a una moción de censura que de acuerdo con el artículo 6 del Reglamento del Congreso para que sea aprobada requiere del 10 por ciento de los congresistas de Senado o Cámara y que la mayoría absoluta del Senado vote en favor de esta, es decir, 54 votos.

Si se tiene en cuenta que los partidos políticos que se declararon como coalición de gobierno cuentan con 54 senadores y posiblemente se sumen la mayoría de los 30 senadores de Cambio Radical y el Partico Liberal declarados independientes, sin lugar a dudas, votaran a favor de Carrasquilla y la iniciativa no prosperará. Se trata de una decisión política contra la ética civil que se impondrá debido a que la mayoría de los parlamentarios y de los ministros hacen parte de un gobierno corporativo, al servicio de las empresas de las cuales son socios, donde “la puerta giratoria” se ha normalizado como uno de los fundamentos de la relación Estado mercado, en la época de la globalización del neoliberalismo.