Informe 2014: Situación de Derechos Humanos y DIH en Colombia
El CINEP/Programa por la Paz y el Banco de Derechos Humanos y Violencia Política, el jueves 30 de abril, en rueda de prensa, hizo el lanzamiento del Número 50 de la Revista NOCHE Y NIEBLA, destacando que "ven con preocupación las sistemáticas violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, así como la continuidad de los “falsos positivos”. Adicionalmente, inquietan las coincidencias encontradas entre violaciones de los derechos humanos y las zonas mineras. El Huila es ejemplo de los conflictos causados por la política minero-energética. La criminalización, represión, judicialización de la protesta y los desalojos forzosos son las victimizaciones que más afectan a esta población. INFORME COMPLETO
La Asociación de afectados por el proyecto hidroeléctrico el Quimbo amplió el informe sustentado por OBSURDH, advirtiendo que "en manos de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado está evitar una catástrofe nacional anunciada por la contraloría causada por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo".
La anterior advertencia se fundamentó en los siguientes hechos:
El Gobierno de Alvaro Uribe, desconociendo el Auto No. 517 de 31 de julio de 1997 que declaró inviable el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo, lo subastó a la empresa Emgesa Endesa ; declaró medianteAuto No 515 del 22 de febrero de 2008 que el PH El Quimbo “No requería de la presentación de Diagnóstico Ambiental de Alternativas (DAA), expidió la Resolución 321 del 1 de septiembre de 2008declarando los terrenos de utilidad pública, saltándose el requisito de la consulta previa a los directamente afectados y desconoció la solicitud formulada por la Procuraduría General de la Nación al MAVDT, el 9 de mayo de 2009, de “abstenerse de otorgar licencia ambiental para la construcción del proyecto El Quimbo”, debido a que no se sustrajo el área de la zona de Reserva Forestal y porque “no es conveniente que se inunden unas de las mejores tierras con aptitud agrícola de la región, cuando se considera que el Huila es pobre en tierras productivas y porque es difícil restituir la actividad productiva por la dificultad de encontrar tierras semejantes”.
La CGR en el “Informe Final, Actuación Especial de Seguimiento a Denuncias Ciudadanas para Exigir el Cumplimiento de Obligaciones Ambientales en la Actual Construcción de Hidroeléctricas 2013”, del 24 de septiembre de 2014[2] tras analizar el Estudio de Impacto Ambiental – EIA presentado por EMGESA S.A. E.S.P, documento básico para la evaluación y el otorgamiento de una licencia ambiental, concluyó que el mismo “NO CUENTA con la caracterización de las amenazas naturales localizadas dentro del área de influenciadirecta e indirecta del proyecto” ni con las medidas de manejo que puedan “garantizar que el proyecto no se convierta en amenaza para los recursos naturales renovables y no renovables de la Nación, ante la falla de alguno de los elementos estructurales del mismo” y “presenta insuficiencias técnicas que permitan la caracterización ambiental en el componente físico y logre un mejor acercamiento a los aspectos de amenazas por proceso volcánicos, morfodinámicos y sísmicos que son garantes de la prevención de desastres”, lo cual, debe señalarse, hace de la ejecución de este proyecto un verdadero peligro dado que puede producirse una CATÁSTROFE DE GRAN MAGNITUD. La Contraloría reconoce, además, la necesidad de“profundizar en los argumentos que existen para no continuar con la construcción de las represas que expone el documento ´12 razones para excluir a las grandes represas hidroeléctricas de las iniciativas de energía renovable”, de la Organización ríos Internacionales.
La Corte Constitucional mediante Sentencia T-135/13 que ordenó la realización de un nuevo censo de afectados por El Quimbo advierte que: “es pertinente indicar que, ante el enorme impacto de las represas sobre las personas debería llevar, en algún momento no muy lejano, a quienes toman las decisiones de políticas públicas en esta materia a plantear otras opciones que destaca la Comisión para Represas que incluyen la biomasa, la energía eólica, solar, geotérmica, energía del océano y la cogeneración”
Sobre los impactos ambientales la Comisión Mundial de Represas plantea en su informe Represas y Desarrollo que “las grandes represas han alterado significativamente muchas de las cuencas fluviales del mundo, con impactos destructivos, duraderos, en los medios de vida y las manifestaciones socioculturales de decenas de millones de personas que viven en estas regiones”.
La Universidad de Oxford revisó 245 represas construidas entre 1934 y 2007. La gran mayoría de los proyectos no eran económicamente viables; el 96% de los casos sobrepasaron los presupuestos iniciales, generando sobrecostos que en muchas ocasiones han comprometido las finanzas de países enteros.
La Corte Constitucional mediante Auto del 9 de febrero de 2015, Magistrado Sustanciador, JORGE IVAN PALACIO PALACIO, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales y en consideración “para mejor proveer, antes de decidir de fondo acerca de la admisibilidad de la solicitud de cumplimiento presentada por Asoquimbo el 20 de enero de 2015” resolvió SOLICITAR al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva -Sala Civil Familia- que, “dentro de los diez (10) días siguientes a la comunicación de la presente providencia, rinda con destino a esta Corte un informe detallado acerca de las actuaciones que ha adelantado en el trámite del cumplimiento de la Sentencia T-135 de 2013”. La pretensión de Asoquimbo es que el Alto Tribunal declare el desacato contra Emgesa S.A. E.S.P., la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y la Procuraduría Regional del Huila por incumplir lo ordenado en la Sentencia T- 135 de 2013 y suspenda las obras del proyecto El Quimbo como medida cautelar para hacer efectivo el cumplimiento de la Sentencia y la orden de protección de los Derechos, que según el Alto Tribunal son principalmente amenazados y potencialmente violados: (i) a tener una vida digna, (ii) al mínimo vital y (iii) a la vivienda digna, al (iv) trabajo a la (v) seguridad alimentaria y (vi) derecho a un medio ambiente sano. Cabe recordar que Emgesa sólo reconoció como afectados directos 1537 personas y a raíz de lo ordenado en la Sentencia T-135, según Emgesa se inscribieron más de 28.000 que en su totalidad fueron rechazados por la compañía.
En el Consejo de Estado cursa solicitud de Nulidad de la licencia ambiental -Resolución Nos.0899 de 2009 y sus modificaciones- interpuesta el 10 de noviembre de 2014 por el Centro de Estudios para la Justicia Social Tierra Digna. Adicionalmente, se solicitó la suspensión de las obras del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo, considerando las afectaciones ambientales y sociales que instancias como la Corte Constitucional y la Contraloría General han contribuido a establecer, a través de la Sentencia T-135/13 que ordenó la realización de un nuevo censo socioeconómico y el Informe Especial del 1º de septiembre de 2014 que fuera rendido por la Contraloría Delegada del sector Medio Ambiente como resultado de una actuación especial que incluyó el análisis sobre las obligaciones establecidas en la licencia ambiental del Proyecto El Quimbo y tras analizar el Estudio de Impacto Ambiental - EIA presentado por EMGESA S.A. E.S.P, concluyó que el mismo “no cuenta con la caracterización de las amenazas naturales localizadas dentro del área de influencia directa e indirecta del proyecto".
El Tribunal Superior Administrativo del Huila -Sala Cuarta de Oralidad Magistrado Ponente Ramiro Aponte Pino, mediante Providencia del 29 de abril de 2015 resolvió "denegar la solicitud formulada por el delegado de Emgesa en el sentido de levantar o modificar la medida cautelar de suspensión del llenado del proyecto Hidroélectrico El Quimbo, debido a que la cautela en ejercicio del principio de precaución con el fin de proteger el derecho colectivo a gozar de un ambiente sano.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, -CIDH- mediante Comunicado de Prensa 131/14 de 07 de noviembre 2014 dio a conocer la Relatoría de su 153º período ordinario de sesiones realizada en Washington del 23 de octubre al 7 de noviembre de 2014. En la Audiencia sobre el “desplazamiento forzado por megaproyectos”, exige a los Estados a adoptar medidas para prevenir las múltiples violaciones de los derechos humanos que pueden resultar de la ejecución de proyectos de desarrollo.
Por las anteriores razones, está en manos de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado evitar la Catástrofe de 55 Armeros ante la falla de alguno de los elementos estructurales del Proyecto Hidroeléctrico amenazados por procesos volcánicos, morfodinámicos y sísmicos y si se tiene en cuenta que El Quimbo almacenaría 3.505.000.000 m3 de agua y arrastraría con la Central Hidroeléctrica de Betania cuya capacidad es de 1.971.000.000 m3. Armero represó 100.000.000 m3.
Para contribuir en evitar la catástrofe ASOQUIMBO ha convocado a todos los afectados y a sus familiares, organizaciones sociales, universitarios, docentes a concentrarnos el 11 de mayo frente a la Corte Constitucional, en la Plaza de Bolívar, donde se le reiterará la solicitud de suspensión de las obras del Proyecto El Quimbo y garantía de restitución de los derechos constitucionales de más de 30.000 víctimas del PH El Quimbo.
[1] El Informe final es producto de lo ordenado por la CGR, el 23 agosto de 2012, de “la apertura de un proceso de responsabilidad fiscal ante un presunto daño patrimonial, estimado en poco más de 350 mil 644 millones de pesos,comprometiendo a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) en supuestas irregularidades en el trámite de la licencia, así como en el grave impacto social, ambiental y económico que surgió dentro de la expedición de la misma”. La Contralora General de la Nación, Sandra Morelli, el 13 de octubre de 2012 en entrevista a Yamid Amat, afirmó que ‘Colombia está al borde de un desastre ambiental’ y agregó que “en el centro del país hay también hallazgos preocupantes: la represa del Quimbo, cuyas obras representan una afectación ambiental y social de enormes proporciones. Se abrió juicio de responsabilidad por un daño valorado en 352.000 millones de pesos”. http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-12303681
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