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Miller Armín Dussán Calderón

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA SE COMPROMETE CON AFECTADOS QUE PROTESTAN CONTRA EL PROYECTO HIDROELÉCTRICO EL QUIMBO HUILA

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA SE COMPROMETE CON AFECTADOS QUE PROTESTAN CONTRA EL PROYECTO HIDROELÉCTRICO EL QUIMBO HUILA

El 19 de noviembre de 2012, comerciantes, transportadores y pobladores del municipio de Gigante Huila, paralizaron la actividad comercial y se movilizaron hasta el lugar de acceso a las obras del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo, exigiendo la suspensión definitiva de la Licencia Ambiental y la indemnización y restitución de su actividad productiva destruida por las empresas Endesa Enel Emgesa.

En horas de la tarde, El Señor Roberto Carranza Rada, Gerente Departamental de la Contraloría General de la República, -CGR- recibió a una Comisión representativa de los afectados quienes expusieron la gravedad de los impactos sociales y ambientales que resumieron en la destrucción de la actividad productiva, los tejidos sociales y los ecosistemas, el incremento del desempleo, la delincuencia, la prostitución, los arrendamientos y la pérdida significativa de los ingresos de todas las poblaciones de la zona de El Quimbo.

Denunciaron los incumplimientos de la Licencia Ambiental, tales como, la no compra por parte del Gobierno de 2700 hectáreas y su adecuación con distritos de riego por gravedad y drenaje por parte de Emgesa, con el propósito de compensar a jornaleros, partijeros, mayordomos, pescadores, entre otros, que fueron desalojados de los predios donde siempre han laborado y que ahora cuando han empezado a recuperarlos en defensa del Derecho al Trabajo, son amenazados con desalojos violentos solicitados por Emgesa a los alcaldes municipales a través de amparos policivos.  Además, se denunció la forma como Emgesa viene estafando a las comunidades, para reducir el valor de las compensaciones, al presionarlas para que les vendan sus predios a cambio de cumplir con la obligación del reasentamiento, individual y colectivo, la restitución de la actividad productiva, la conservación de los tejidos sociales y culturales, tal como lo establece la Licencia Ambiental.

De igual manera se declaró que otra forma de estafa por parte de Emgesa ha sido enviar, especialmente a los no residentes, a realizar un curso en el SENA, pagándoles a cada uno por debajo de un salario mínimo, como supuesta indemnización, mientras lo realizan, y posteriormente se les entrega una mínima suma de dinero como capital semilla, como compensación, que no garantiza la restitución de la producción en condiciones dignas, estables y permanentes como lo consigna la Licencia Ambiental. Con este mecanismo se pretende desmontar el compromiso de las 2700 hectáreas

Los delegados de las comunidades, denunciaron ante la Contraloría las amenazas de desalojo de que fueron objeto por el Señor Camilo Castrillón, exdirector del SENA, quien al parecer cambió su oficio de responsable de “lo social” a jefe de seguridad de la compañía.

Por su parte, el Gerente Departamental de la CGR, reconoció la gravedad de las denuncias y se comprometió a gestionar de inmediato una audiencia con la Doctora Sandra Morelli, Contralora General de la República con participación de delegados de todas las poblaciones afectadas por el Proyecto.

La contraloría reafirmó que “el censo continua abierto”  y que “nunca ha cambiado la posición frente al informe del Censo, por el contrario estamos haciendo seguimiento a los organismos que de una u otra forma se encuentran involucrados en el manejo del mismo”. Además, se confirmó del inicio del proceso de responsabilidad fiscal por más de 352.000 millones de pesos contra la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales por detrimento patrimonial, ante la destrucción de las cadenas productivas y el ambiente, que explican las protestas contra el Proyecto El Quimbo.

Se aclaró igualmente que de ser aprobados los Planes Básicos de Ordenamiento Territorial, asesorados y financiados por Emgesa a través de CODEIN, los alcaldes y concejales de los municipios que se comprometan incurrirán en faltas disciplinarias.

Finalmente, los indignados, advirtieron a la Contraloría su decisión de participar en un Paro Cívico Regional exigiendo la suspensión definitiva de la Licencia Ambiental al Proyecto, causa del deterioro de la calidad de vida de todos los pobladores del Centro del Huila.

1 comentario

Kamil -

Tengo entendido que el documento emitido por contraloría consiste en un informe cocluyendo existen fallas, pero no dice que el censo continúa abierto. O es que existe otro documento.