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ASOQUIMBO: LA PAZ SE CONSTRUYE DESDE LOS TERRITORIOS

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La política minero energética y los agronegocios del Gobierno de Santos es producto del regreso al sector primario de la economía basada en la extracción intensiva de los recursos naturales, especialmente energéticos y mineros.

Las empresas nacionales y transnacionales (Isa, Isagen, Endesa, Enel, Emgesa, Emerald Energy, Anglo Gold  Ashanti, Hydrochina, etc) invierten sus excedentes financieros en la explotación de nuestros recursos naturales con el propósito de incrementar su capital, explotando al máximo la fuerza laboral, desplazando  a las comunidades de sus territorios, destruyendo los tejidos sociales, la seguridad alimentaria,  la fauna, la flora e incrementando el calentamiento global.  

En la actualidad existen 31 solicitudes de licencias en la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales  -ANLA- para proyectos hidroeléctricos en todo el país. Se suma a lo anterior la imposición de nuevas represas en el Huila: Isnos, Guarapas, Chillurco, Oporapa, Pericongo, Paez, Aranzazu, La plata y Paicol, que hacen parte del Plan Maestro de Aprovechamiento del Río Magdalena en convenio con la empresa estatal Hydrochina. Lo que significará la privatización y la apropiación de una de nuestras más grandes riquezas: el agua.

Toda esta abundancia de energía en vez de ser factor de desarrollo humano incrementa la desigualdad. “Los industriales que consumen mayores cantidades de energía y de mayor voltaje pagan el KW/h mucho más barato, entre 85 y 100 pesos, porque lo pueden negociar con las empresas directamente. Los pobres consumen a 350 pesos el KW/h”.

El presidente Santos declaró 17,6 millones de hectáreas del Chocó, Amazonas, Guaviare, Guainía, Vaupés, y Vichada como Reserva Estratégica Minera. Santos ve en estas regiones una bolsa de minerales estratégicos como el uranio, el oro, el cobre, el coltán, este último, indispensable en la producción de teléfonos móviles, satélites artificiales, armas teledirigidas, televisores de plasma, ordenadores portátiles, cohetes espaciales y cámaras fotográficas, entre otros. El presidente multiplicó por más de 1000 las áreas de Reserva Estratégica del país y estaría decretando, el principio del fin de la riqueza biológica y cultural de la Amazonia oriental colombiana, así como de las otras áreas incluidas en esta declaratoria, ubicadas en el Chocó y en la Orinoquia”.

Hoy, en total, existen más de 30 millones de hectáreas en exploración y alrededor de 2,5 millones en explotación petrolera que si las sumamos con las mineras y las de la agroindustria, significarán un cambio radical del mapa territorial y profundos conflictos sociales, ambientales, económicos.

La política gubernamental pretende alcanzar la meta de 3 millones de hectáreas destinadas a la producción de agrocombustibles en 2020. Estos proyectos se han concedido despojando de los territorios a campesinas, indígenas y negros y otorgando grandes incentivos al capital a través del Programa Agro Ingreso Seguro (AIS), mientras se destruye la producción agrícola y la seguridad alimentaria a través de Tratados de Libre Comercio.

Los proyectos minero – energéticos se declaran de  utilidad pública e interés social facilitando los procesos de expropiación por vía administrativa, se flexibilizan las exigencias ambientales y se agilizan los trámites, eliminando la licencia ambiental en la fase exploratoria para el caso minería, y en la sísmica para el caso del petróleo.

Razón tiene la Contralora General de la Nación al declarar que “Colombia está al borde de un desastre ambiental. Está en riesgo porque, al lado de la explotación minera y al lado del uso de los recursos naturales, no hay autoridades ambientales que estén exigiéndole a todo el mundo, no solo a Cerro Matoso, que dejen de deforestar y de contaminar”. Afirma, además que, “en el centro del país hay también hallazgos preocupantes: la represa del Quimbo, cuyas obras representan una afectación ambiental y social de enormes proporciones. Se abrió juicio de responsabilidad por un daño valorado en 352.000 millones de pesos”, comprometiendo a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) en irregularidades en el trámite de la licencia, así como en el grave impacto social, ambiental y económico que surgió dentro de la expedición de la misma.

El ente de control halló graves fallas en el censo realizado por Emgesa para identificar la población afectada por el proyecto El Quimbo y la exclusión de muchas personas impactadas que cumplen con las condiciones para ser indemnizadas y censadas, concluyendo que ¨el censo continua abierto y que existen herramientas para corregirlo”. Sin embargo, la ANLA responde que  "el censo se encuentra cerrado y no será objeto de apertura", confirmando que está al servicio de Emgesa.

El Movimiento Rios Vivos y Asoquimbo consideran que el principal obstáculo que atenta contra el proceso de paz es la imposición de las “locomotoras del desarrollo” del Gobierno de Santos que garantiza, a nombre de la confianza inversionista y la supuesta utilidad pública, el control corporativo de los territorios por parte de las empresas nacionales y transnacionales para la ejecución  de megaproyectos minero energéticos y agronegocios.

En tal sentido, para abordar los problemas estructurales es necesario  evaluar los nuevos conflictos socio – ambientales y organizar desde los territorios a todos los afectados para construir Agendas desde lo local y regional que incluyan, entre otros, el cese inmediato del fuego y la  suspensión y no otorgamiento de Licencias Ambientales a los megaproyectos ecocidas, una política minero energética agroalimentaria autónoma y soberana, reservas campesinas, el reconocimiento de los derechos de la naturaleza y de las comunidades indígenas y campesinos. Para tal efecto, es necesario mantener la resistencia civil permanente y avanzar en nuevas acciones como la propuesta de Paros Cívicos Regionales y Nacionales, como fuentes de Derecho Alternativo y de construcción de nuevas formas de gobernabilidad como el autocontrol colectivo de nuestros territorios por los actores sociales que los habitan.

TRANSNACIONALES FUERA DE NUESTROS TERRITORIOS

09/11/2012 14:45. Autor: Miller Armín Dussán Calderón #. sin tema

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gravatar.comAutor: Pablo Enrrique Cortes A

La locomotora de Santos es una locomotora loca que arrasa y atropella sin control ni piedad con los ciudadanos y el medio ambiente;locomotora que esta al servicio de las multinacionales para que se enrriquescan mucho mas y destrocen muestro pais con la complacencia de nuestros gobernantes .

Fecha: 09/11/2012 19:00.


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