REFLEXIÓN SOBRE AGENDA ALTERNATIVA PARA EL HUILA.

El Huila ha sido definida en el contexto de la globalización como una región minero energética para represas, producción petrolera, minería a gran escala, agronegocios, contra su vocación agropecuaria.

El Mapa minero Energético contiene 11 áreas para la explotación petrolera, Ronda Colombia 2012; 12 áreas para fracking, Bloque Valle Superior del Magdalena -VSM- 16, Ronda Colombia 2014; nueve represas Plan de Aprovechamiento del Río Magdalena y se suman los proyectos mineros del Plan Nacional de Desarrollo Minero con horizonte 2025.

Esta política inició con la represa El Quimbo que se impuso a través de la violencia institucional como un Proyecto de Interés Nacional que contó con el aval de todas las instituciones del Estado, parlamentarios, exgobernadores, alcaldes, jueces, medios de comunicación, incluso sectores progresistas a nombre del desarrollo y el progreso, con ofertas de contratos al por mayor y que terminó con demandas de nulidad y delito ambiental por las violaciones legales a las normas de licenciamiento, la destrucción de la actividad productiva y de los ecosistemas y el incumplimiento de las compensaciones como entrega de tierras y proyectos productivos a las víctimas del despojo.

Campesinos, pescadores y mineros artesanales agrupados en Asoquimbo asumieron la responsabilidad, en la más absoluta insularidad, de Defender el Territorio, exponiendo su vida.

Su resistencia logró detener 7 represas más para el Huila del Plan Maestro de Privatización del Río Magdalena y estimuló la aprobación de 11 acuerdos municipales que prohibieron las actividades extractivas y hoy contribuye con Comités Ambientales y organizaciones indígenas y campesinas a defender el Macizo Colombiano del negocio de los bonos carbono al servicio de las transnacionales como la ecocida Enel Emgesa, que en connivencia con alcaldes hacen ofrecimientos a líderes de la región para que persuadan a campesinos para que vendan sus tierras y abandonen el territorio.

Igual que ayer existen voces que defienden las represas como Mecanismos de Desarrollo Limpio y sin escuchar a las víctimas, ni investigar están a favor de los bonos carbono y de los Pagos por Servicios Ambientales que conciben la naturaleza como un activo financiero que ofrece "servicios ecosistémicos" y debe ser protegida por batallones e ingenieros militares para el negocio especulativo de transnacionales.

Preocupa que en el Huila no se esté debatiendo a profundidad la política minero energética del gobierno que a nivel nacional ya aprobó pilotos para fracking en el Magdalena Medio y viene avanzando con nuevas concesiones al capital transnacional para ampliar la oferta energética convirtiendo las "energías limpias" como la solar, eólica en nuevos negocios asociados a los mercados verdes.

Es el caso de Enel responsable del despojo y ecocidio en El Quimbo y que construyó 250.000 páneles solares en el Cesar a favor del interés privado.

Se especula sobre transición energética, incluso se promueve la visión empresarial y estatal de que se trata simplemente de un cambio tecnológico, de diversificar la oferta, como construir paneles solares en zonas residenciales cuando ya se vienen instalando por sectores privados como grandes negocios.

Es decir, no existe ningún cuestionamiento del modelo extractivista, financierista, causante de la crisis climática, optando por el capitalismo verde, el negocio de los bonos carbono, para la acumulación de riquezas negando que la energía es un Bien Común y Derecho Fundamental y no una mercancía.

La pregunta es cuál es la Agenda legislativa sobre política minero energética que desde los sectores progresistas se propone para el Huila.

No basta con declarar que somos defensores del territorio, del Macizo Colombiano cuando no se tienen propuestas concretas no sólo para las víctimas de Enel Emgesa que reclaman tierras, proyectos colectivos de producción, restitución de derechos, sino también para comunidades indígenas y campesinas que han sido despojados y actualmente amenazados de desplazamiento de sus lugares donde se tienen previstos todos los proyectos extractivos que ahora se reconocen como ecológicos para el negocio de los bonos carbono.

La presencia de Francia Márquez en el escenario electoral adquiere mayor sentido si promueve desde ya diálogos territoriales centrados en alternativas a la política gubernamental de diversificación de la oferta energética a favor del capital financiero y que se vienen construyendo desde los movimientos sociales que resisten a la invasión de transnacionales a los territorios.

El Movimiento Social Defensores del Territorio le ratifica la invitación para que nos aporte desde su experiencia como actora en la lucha contra la minería en el Cauca y las nefastas consecuencias de la represa La Salvajina, durante los ciclos de diálogo sobre Agenda Legislativa, previstos para iniciar el 30 de abril y que abordará temáticas como Deuda Pública y Reforma Tributaria, Renta Básica y Proyectos de Ley de inversión social, Extractivismo y Ordenamiento Territorial, Transición Energética, Sistema de Ríos Protegidos y Bonos Carbono, Reforma al Sistema de Salud, Reforma al Sistema Educativo y gratuidad de la Educación Pública, Reforma laboral y Pensional, Reforma Agraria y Construcción de Agendas para la Paz.