CONCLUYÓ FASE DE ALEGATOS FINALES ANTE EL CONSEJO DE ESTADO SOBRE NULIDAD DE LICENCIA AMBIENTAL DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO El QUIMBO

El 23 de febrero de 2022 el Centro de Estudios para la Justicia Social Tierra Digna, cómo demandante dentro del proceso de Nulidad Simple de la Licencia Ambiental de la Represa El Quimbo, interpuesta en el año 2014, y la Asociación de Afectados del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo, en su condición de coadyuvante, radicaron 4 documentos de Alegatos Finales dentro del término establecido por el Consejo de Estado.

Los alegatos de conclusión que complementan la demanda fueron presentados en tres capítulos: (i) El análisis del material probatorio recaudado donde se prueba la ocurrencia de cada uno de los 3 cargos alegados durante el procedimiento de expedición de la Resolución 899 de 2009 y sus modificaciones: a) falsa motivación al omitir el Diagnóstico Ambiental de Alternativas; b) expedición irregular, sustentado en la indebida sustracción de la Reserva Forestal y el no cumplimiento de los estudios de vulnerabilidad; c) infracción de las normas debido a la interpretación errónea del Marco jurídico aplicable dentro del procedimiento de expedición de la licencia ambiental en materia de impactos ambientales, económicos y culturales del proyecto (ii) Análisis de las consecuencias legales de los hechos probados y la violación constitucional y legal en cada uno de los cargos presentados; y finalmente, (iii) las razones fácticas y jurídicas que probaron durante este proceso, la incertidumbre vigente que comporta esta represa por la falta de estudios técnicos de calidad sobre la estabilidad de la misma ante los distintos riesgos que se pueden presentar para los próximos 40 años, y cómo esta acción de nulidad simple es un medio idóneo que busca proteger el interés general y la vida de miles de familias.

Durante la etapa probatoria previa se logró que se allegaran e incorporarán en debida forma ocho (8) estudios, evaluaciones y conceptos emitidos por las autoridades competentes para el control y veeduría frente al proceso de licenciamiento ambiental para la construcción de esta hidroeléctrica que fueron realizados durante procedimientos de auditoría o control a los entes demandados lo que significa que garantizaron el conocimiento previo, su controversia y el debido proceso de las autoridades ambientales demandadas y la empresa dueña del proyecto. Además de nuestros argumentos para desvirtuar las pruebas contenidas y apreciadas por los sujetos procesales en la demanda y sus contestaciones, se escucharon los testimonios del geólogo Julio Fierro quien ratificó que no se realizaron estudios rigurosos, ni existieron diseños adecuados con suficiente valoración del riesgo sísmico ni existe un plan de contingencia que responda a las magnitudes de un proyecto como el Quimbo, donde actualmente se presentan filtraciones por entre el cuerpo de la presa; el Profesor Emérito Manuel Rodríguez Becerra calificó como grave la omisión por parte de las autoridades ambientales del Diagóstico Ambiental de Alternativas –DDA- caso del Quimbo, que consideró fundamental para determinar la conveniencia o no de este tipo de proyectos para la sociedad y Julio Carrizoza Umaña quien resaltó que en nuestras circunstancias de riesgo e incertidumbre por la variedad de clima, la diversidad biológica, se requiere conocer todos los elementos interrelacionados en el territorio con estudios bien detallados para la toma de decisiones y no como ocurrió en el Quimbo.

El propósito de la parte demandante fue demostrarle a la Justicia Administrativa Colombiana que se ha puesto en riesgo el interés ecológico y la vida de miles de Colombianos cuando autoridades ambientales cómo la ANLA y el Ministerio de Medio Ambiente no cumplen con exigirle a empresas cómo EMGESA el cumplimiento riguroso de los procedimientos y la normatividad ambiental durante el otorgamiento y expedición de actos administrativos complejos cómo lo son aquellos que otorgan permisos de licenciamiento ambiental en proyectos de construcción de grandes infraestructuras hidroeléctricas en nuestro país.

Se ratificó que nuestra gran preocupación es que frente a la INCERTIDUMBRE AMBIENTAL cómo consecuencia del cambio climático (pandemia global, precipitaciones torrenciales, alteraciones inesperadas de cuencas no previstas, sismos, terremotos, etc.) no se cumplan las rigurosidades técnicas necesarias, exigidas y que obliga la ley para prevenir y evitar que estos proyectos extractivos generen mayores impactos que como en el caso de la represa El Quimbo ha demostrado que durante más de 12 años se han emitido estudios rigurosos de casi todas las autoridades de control estatal y local alertando de graves vacíos en los informes geológicos, detrimentos patrimoniales, sociales y el latente riesgo para la vida por la falta de verificación y exigencia de estudios técnicos que eran requisito previos para conceder esta licencia. Lo más grave es que estas alertas han sido desestimadas y no tenidas en cuenta tanto por la autoridad ambiental cómo por la empresa constructora. Hoy estudios rigurosos de estas autoridades han determinado que la represa el Quimbo es la más INEFICIENTE de Colombia y la que más impactos ha ocasionado.

Como demandantes consideramos que es URGENTE un pronunciamiento jurisprudencial por parte del Consejo de Estado sobre lo que está sucediendo en materia ambiental en nuestro país y lo que sería una adecuada interpretación normativa de los procedimientos administrativos en materia de licenciamiento ambiental en Colombia. Además, que debería pronunciarse sobre lo vinculante y obligatorio que tanto para la autoridad ambiental cómo para las empresas dueñas de estos megaproyectos son los seguimientos, llamados y advertencias hechas por los entes de control local y nacional con competencia para hacerlo sobre los riesgos que está comportando este tipo de infraestructuras energéticas y las medidas que se deben tomar con el fin de lograr su finalidad en la función pública que es aplicar los principios de prevención y precaución ambiental.

Las víctimas de los megaproyectos extractivos en Colombia esperan que la decisión de fondo del Consejo de Estado sea un paso para el restablecimiento de todos sus derechos vulnerados y la preservación de la vida ante la destrucción de los ecosistemas que como en el caso de las empresas operadoras de las represas también son responsables de la crisis climática.  

Miller Armín Dussán Calderón

Coadyuvante demanda de Nulidad PHEQ